Ya con la presencia del Fenómeno El Niño a cuestas, una de las principales preocupaciones de las familias es que se garantice la cobertura del agua. En Lambayeque, sin embargo, el recurso hídrico cada vez se vuelve más caro, pese a que la calidad se torna precaria, situación que se evidencia año a año en las cifras de las memorias anuales de la misma Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – Epsel.
Esto impacta directamente en las familias de la región, las cuales pasaron de pagar S/1.183 por cada metro cúbico de agua potable en el 2014 a S/2.11 en el 2026, lo que representa un incremento del 78.4 %.
Tarifas que incrementan
Las cifras descritas responden a al rango de hogares que consumen entre nueve y veinte metros cúbicos de agua al mes, que es la mayor cantidad de familias lambayecanas. Lo que pagan estas familias no se condice con el ritmo de inflación. Así, se tiene que, mientras la inflación acumulada entre 2014 y agosto de 2026 fue de 53 %, la tarifa de este rango subió 78 %; lo que implica 25 puntos porcentuales más.
Dicho de otro modo, si el precio del agua solo hubiera seguido a la inflación, hoy el metro cúbico costaría alrededor de S/1.81 y no S/2.11. Esa diferencia es un alza no inflacionaria que los usuarios no ven compensada con un mejor servicio.
En el primer rango de la tarifa doméstica (0 a 8 metros cúbicos), que corresponde a los consumos más bajos, el precio pasó de S/0.991 a S/1.66 (+67.5 %), y en el tercero (más de 20 metros cúbicos), de S/2.358 a S/4.21 (+78.5 %). El cargo fijo mensual, que se cobra, aunque no se consuma agua, saltó de S/1.37 a S/4.30. Es decir, más del triple.
Consultado sobre esta situación, el gerente general de Epsel, Eduardo Vásquez Figueroa, explica que la empresa se rige por un estudio tarifario de comprende cuatro años, donde se contemplan todas las inversiones que se deben hacer. En este caso, la inversión total es de 150 millones de soles que deben gastarse según cumplimiento de metas.
Según el Estudio Tarifario 2025-2028 de la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento - Sunass, entre junio de 2018 y diciembre de 2023, Epsel aplicó siete reajustes automáticos por inflación, calculados con el Índice de Precios al por Mayor, que en conjunto elevaron las tarifas en 27 %. Luego llegaron las alzas del nuevo periodo regulatorio; en 2025, la tarifa del rango de 9 a 20 metros cúbicos subió 16.4 %, y en 2026, otro 10 %.
Durante la consulta pública del nuevo estudio tarifario, los usuarios pidieron congelar las tarifas por el estancamiento de los salarios y el alza de los precios de los alimentos, y cuestionaron el cobro de S/4.30 por cada recibo emitido. La Sunass mantuvo tanto el cargo fijo como la fórmula de incrementos.
Menos agua y cobertura
Según las memorias anuales de Epsel, la continuidad promedio del abastecimiento de agua potable cayó de 16.94 horas diarias en 2014 a 12.95 horas en 2025, y la cobertura del servicio bajó de 87.37 % a 79.97 % en el mismo lapso. Es decir, uno de cada cinco habitantes del ámbito de Epsel sigue sin conexión a la red, y quienes la tienen reciben agua apenas medio día.
En el Estudio Tarifario 2025-2028, la Sunass registra una continuidad de 12.9 horas diarias y una presión de 6.4 metros de columna de agua (una medida de la fuerza con la que el agua llega a los caños), y advierte que cerrar las brechas de calidad —continuidad, presión, micromedición y agua no facturada— exige inversiones muy superiores a las que la empresa puede financiar con sus propios ingresos.
“Nosotros nos regimos bajo la supervisión de Sunass. Tenemos planes maestros que están aprobados dentro del estudio tarifario. Ese estudio nos da los porcentajes de incremento por cada año. Nosotros tenemos que hacer inversiones y para ello requerimos de liquidez (…) A partir del año pasado hemos instalado datalogger (registrador de datos) que nos arroja con precisión cuánto es la continuidad y la presión del servicio. Esto no se tenía antes”, señala Vásquez Figueroa.
Así, explica que lo que hoy pagan los usuarios por la tarifa de agua es lo que realmente consumen. Incluso quienes no cuentan con medidor tienen un asignado que se les cobra, el mismo que está estipulado dentro de la norma. No obstante, resalta que se proyecta instalar 10 mil medidores en toda la jurisdicción de Epsel, para lo cual ya se ha avanzado en 60 % en cuanto a micromedición.
“La duración de cada medidor es de máximo cinco años. Hay muchos que ya van cumpliendo su período de vida útil y tienen que ser reemplazados. Nos vamos dando cuenta que lo que instalamos es mucho menor a lo que dejamos de usar, por eso constantemente venimos haciendo estos programas de instalación de medidores”, explica.
El agua que “se pierde”
El indicador más revelador es el Agua No Facturada (ANF), es decir, el agua que Epsel capta, trata y distribuye, pero que nunca llega a cobrar debido a fugas, roturas de tuberías, conexiones clandestinas o medidores defectuosos. En 2013, este indicador era de 40.64 % y, desde entonces, nunca ha vuelto a bajar de ese nivel: llegó a 49.27 % en 2019, alcanzó un pico de 51.1 % en 2023 y cerró 2025 en 46.67 %. Entre 2014 y 2025, el promedio fue de 46.2 %.
En términos simples, de cada diez litros que salen de las plantas, entre cuatro y cinco se pierden o no se cobran. Ese costo no desaparece, sino que, se traslada a la tarifa que pagan los usuarios formales, que terminan financiando la ineficiencia de la empresa para ubicar las fugas y el clandestinaje.
Para paliar esta situación, Vásquez Figueroa destaca que se han instalado un promedio de 60 medidadores ultrasónicos a locales comerciales que pagaban entre S/5 a S/30, cifra muy inferior a lo que realmente consumen y que incluso es menor a lo que un usuario doméstico paga, cuya cifra puede llegar hasta S/150.
“Se trata de locales comerciales como bares y restaurantes que funcionan en el centro de Chiclayo y pagaban estos montos. Hemos empezado un sinceramiento de estos locales que funcionan toda la noche y botan grasa. A estos les hemos instalado medidores ultrasónicos de última generación. Sin embargo, han sido vandalizados hasta en dos oportunidades. Hemos tomado las acciones legales porque tienen que pagar, ellos más que todos tienen que pagar lo que consumen. No les cobramos más de lo que consumen, sino que les cobramos lo que consumen como paga cualquier consumidor doméstico”, menciona.
Apunta que la empresa se encuentra en un proceso de contratación de personal en el área de gestión comercial, quienes dentro de sus funciones tienen determinar a aquellos usuarios que tienen el servicio de agua potable, pero no lo cancelan. Para esto trabajan también en la actualización del catastro, a fin de definir esta cantidad con precisión.
“De veinte viviendas que hay en una calle, 15 pueden tener conexión de agua en el mapa y cinco que aparecen, pero de algo tienen que vivir, sin agua no pueden vivir. Estamos determinando aquellos focos dentro de nuestro catastro para ir a hacer las inspecciones correspondientes. Creo que a partir de noviembre ya comenzamos a salir en conjunto a hacer esta labor. Hay consumidores de agua que son desleales al servicio que reciben de la empresa. Hacemos cortes grandes a locales, pero esperan a la noche parea volverse a reconectar clandestinamente. Acá pueden dejar de pagar el agua, pero sí pagan el teléfono y la luz de forma puntual. Eso no puede suceder”, manifiesta.
Un alcantarillado al borde del colapso
El colapso del sistema de alcantarillado de Chiclayo es una de las crisis de infraestructura y salud pública más graves de la región, producto de décadas de antigüedad, obras inconclusas y una alarmante vulnerabilidad climática. Se estima que más del 60 % de las tuberías y colectores fueron instalados entre 1952 y 1982, por lo que operan desde hace años fuera de su vida útil. En varios sectores, los conductos de concreto original se han desintegrado por la acción de los gases y han provocado socavones bajo el pavimento.
El 43 % de los colectores primarios de Chiclayo —las tuberías principales que recogen los desagües— supera los 40 años de antigüedad, lo que provoca 427 atoros al mes. La red de colectores secundarios se extiende por 472.9 kilómetros y, en el casco antiguo de la ciudad, tiene tramos en mal estado que no reciben limpieza permanente, lo que genera frecuentes aniegos.
Siete de las ocho estaciones de bombeo de aguas residuales funcionan con un solo equipo y sin grupo electrógeno, y las plantas de tratamiento San José y Pampa de Perros no han recibido mantenimiento preventivo ni correctivo desde que empezaron a operar. Por ello, la propia Sunass califica como de riesgo “muy alto” la contaminación del agua potable con aguas servidas, causada por el represamiento de colectores y los desbordes de desagüe. Ese escenario podría dejar sin servicio hasta por 24 horas a la mitad de los usuarios de Chiclayo y José Leonardo Ortiz.
A ello se suman otros factores como son un suelo de baja capacidad portante y una napa freática muy alta (agua subterránea a poca profundidad), que aceleran el deterioro de las tuberías y complican las reparaciones; y malas prácticas como las del Mercado Modelo, donde se arrojan grasas, desperdicios sólidos y vísceras de animales directamente al desagüe.
Los riesgos del Niño Costero
En Chiclayo, cuando llueve con intensidad, el agua de lluvia ingresa a las redes de desagüe doméstico, las sobrecarga y provoca que rebalsen, debido a que no cuenta con un sistema de drenaje pluvial. Así ocurrió durante los Fenómenos El Niño de 1983, 1998 y 2017.
La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño – Enfen, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y, en su comunicado del 28 de setiembre de 2026, advirtió que el calentamiento del mar frente a la costa norte se mantendría en una magnitud extraordinaria. Con colectores colapsados, bombas sin respaldo eléctrico y lagunas de tratamiento colmatadas, un verano lluvioso podría convertir las calles de Chiclayo en focos de aguas residuales y enfermedades.
Inversión millonaria sin resultados
Entre 2017 y 2025, la empresa recibió S/ 201.3 millones por concepto de donaciones y transferencias. El Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano - PNSU, aportó S/ 110.1 millones, y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, que asumió la administración de la empresa, transfirió S/ 67.5 millones, de los cuales S/ 59.8 millones llegaron solo en 2017. Otros S/ 23.7 millones figuran en las memorias sin precisar su fuente.
El problema está en la capacidad de gasto, es decir, en cuánto de ese dinero se convierte efectivamente en obras. En 2017, Epsel ejecutó apenas el 3.7% de los recursos disponibles por esta fuente; en 2018, el 16 %; en 2019, el 35.4 %; en 2020, el 38.5 %; en 2022, el 22.8 %, y en 2023, el 27.8 %. Por eso, ya en 2018 la empresa acumulaba alrededor de S/ 104 millones sin utilizar; de los cuales, S/ 58 millones provenían del OTASS y S/ 46 millones del Ministerio de Vivienda.
Al cierre de 2025, todavía quedaban S/ 51.7 millones en sus cuentas. Pese a esta inyección de recursos, los indicadores que perciben los usuarios no han mejorado; no hay más horas de agua, ni menos pérdidas, ni menos aniegos.
No obstante, Vásquez Figueroa señala que se trabaja en la elaboración del expediente técnico para la tercera planta de tratamiento, la cual está proyectada para producir 1250 litros de agua por segundo Allí se proyecta una inversión de 180 millones de soles, la cual se haría mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, para lo cual se recurriría al gobierno regional, entidad que es la única junto a las municipalidades que está facultada para desarrollar este tipo de proyectos bajo este mecanismo de inversión.
Aunque, cabe resaltar, que la proyección de OTASS sería que Epsel retorne a sus accionistas (las municipalidades provinciales), esto debido a que ya se habría cumplido con el propósito del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, que era reflotar financieramente a la empresa, cuyas cifras hoy se encuentran en azul.
Las tarifas seguirán aumentando
Pese a todo esto, la fórmula tarifaria aprobada por la Sunass para el periodo 2025-2028 fija alzas distintas para cada servicio, lo que significa que los usuarios seguirán pagando más. En agua potable: 17.4 % el primer año (2025), 10 % el segundo (2026), ninguno el tercero (2027) y 12.6 % el cuarto (2028). En saneamiento, que incluye el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales: 17.8 %, 10 %, 0 % y 12.1 %, respectivamente.
Como cada aumento se aplica sobre la tarifa ya incrementada del año anterior, el alza acumulada al cuarto año será de 45.4% en agua potable y de 45.3 % en saneamiento. A ello se suma un reordenamiento de la estructura tarifaria en el tercer año, que elevará la tarifa media en 4.4 %. Con él, el incremento acumulado llega a 51.8 % en agua potable y a 51.7 % en saneamiento, sin contar los reajustes por inflación, que se aplican por separado.
Y aun así no alcanzará. El mismo estudio calcula que Epsel necesita S/ 5657 millones para cerrar sus brechas de infraestructura, pero su programa de inversiones para estos cuatro años es de solo S/ 112.7 millones: apenas el 2 % de lo requerido. La conclusión es incómoda: los lambayecanos seguirán pagando cada vez más por un servicio que, al ritmo actual, no mejorará en el corto plazo.
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