Se cumplieron 26 años desde que el 3 de junio del año 1999 el gobierno del ex dictador Alberto Fujimori emitiera el Decreto Supremo 017-99-AG mediante el cual confiscó 111,656 has de tierras comunales a favor del Estado para la ejecución del Proyecto Olmos, acto que generó controversias y resistencia por parte de las comunidades afectadas. Dicho decreto obtuvo fuerza de ley el mismo año mediante la emisión de la Ley 27172. Ocho años más tarde, el 2007, el expresidente Alan García escribía un infame artículo para el diario El Comercio titulado “El síndrome del perro del hortelano”, en el que señalaba: “… tierras ociosas, porque el dueño no tiene formación, ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero, pero la telaraña ideológica del siglo XIX subsiste como un impedimento”. Era la colisión de dos modelos de desarrollo; un modelo comunitario cooperativista, de economía solidaria y con participación del Estado, contra un modelo privatista que enarbolaba las banderas de modernidad y eficiencia en el marco de la imposición del neoliberalismo en el Perú. 

Veinticinco años es tiempo suficiente para evaluar en retrospectiva lo que funciona y lo que no funciona. Hoy tenemos en Olmos un proyecto que fue mutilado y privatizado, con riesgo de colapsar apenas 12 años después de haber iniciado sus operaciones. Asimismo, de 38 mil hectáreas cuya irrigación comprometieron inversión y deuda pública, 25 600 has, es decir casi el 70 % del total, quedaron en manos de un solo grupo empresarial; el grupo Gloria.

Si bien es cierto, la agro exportación genera decenas de miles de puestos de trabajo (la mayoría en condiciones precarias), Lambayeque alcanzó cifras récord en exportaciones y el Estado recaudó cientos de millones de dólares por concepto de IGV entre otros con los que se prevé (hasta ahora sigue solo en el papel) mejorar infraestructura y servicios públicos en el distrito de Olmos, el asunto de fondo es que las comunidades afectadas, como personas jurídicas (no pobladores como personas naturales), deben participar directamente de los beneficios del proyecto, es decir acceso a la tierra y el agua, ser parte de los objetivos del proyecto por el cual fueron despojados de sus tierras y desplazados incluso en contra de su voluntad.

Justicia social de verdad

Estamos hablando de redistribución de la riqueza, acceso a los medios de producción, igualdad de oportunidades, es decir, justicia social. Esto no es cosa del otro mundo, nada menos que el mismo Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional cuentan con Directrices Operacionales desde los años 90 que están dirigidas a asegurar que la población desplazada por un proyecto de desarrollo se vea directamente beneficiada por él. Es inaudito que doce años después de iniciada la irrigación recién se esté trabajando por parte del Midagri un expediente técnico para el riego de 5500 has del mal llamado “Valle Viejo” (de las cuales por cierto solo se irrigarán 4460 has) tierras que, a la fecha, no necesariamente están en manos de la comunidad o los comuneros y que además se afirme que posteriormente se buscará el financiamiento vía mecanismo de obras por impuestos cuando existe una recaudación tributaria que proviene directamente del usufructo de tierras que fueron confiscadas a la comunidad. 

Como si fuera poco, el mismo viceministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, Orlando Chirinos Trujillo, acaba de señalar ante la Comisión de Desarrollo Agrario del Congreso de la República que esperan que entre en vigencia la nueva Ley de riego tecnificado para que puedan contar con viabilidad técnica para irrigar “tierras eriazas y tierras nuevas” en referencia a las 5500 has. Con lo que queda claro que los comuneros que ocupan estos predios en el “Valle Viejo” seguirán esperando años por el agua y que las comunidades campesinas, como instituciones afectadas, ni siquiera están en la agenda.

En ese sentido, considerando las condiciones de vida de la población en las áreas de influencia del Proyecto Olmos, la situación actual de las comunidades campesinas, el nivel de avance del proyecto y estado de la infraestructura hidráulica y de riego, entre otros elementos, 26 años después de haberse confiscado las propiedades de nuestras comunidades ancestrales, podemos afirmar que es necesario buscar otras alternativas de desarrollo más eficientes, más democráticas e inclusivas que respeten los derechos de nuestros pueblos y les permitan acceder en igualdad de oportunidades a las riquezas de sus territorios.

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(*) Sociólogo y especialista en Gestión y Políticas Públicas.

 respuesta de บริà¸Â�าร el 2022-11-06.

 respuesta de 723726 el 2022-06-12.

 respuesta de 279426 el 2022-05-08.

 respuesta de actiono el 2021-06-08.

 respuesta de cipriano adanaque ypanaque el 2021-05-13.

 respuesta de Dora María Llacza Yachachín el 2020-11-09.

 respuesta de Luis Eloy CHAVEZ AGUSTI el 2020-11-07.

 respuesta de Luis Eloy CHAVEZ AGUSTI.- DNI 01327673 el 2020-10-21.

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