La Comunidad Campesina de San Gregorio se ubica en el distrito de San Gregorio de la provincia de San Miguel de Pallaques – Departamento de Cajamarca. Cuenta con reconocimiento oficial desde el 26 de octubre de 1943 y sus títulos de propiedad, revalidados en el marco de la Ley N° 24657, se encuentran inscritos en la Sunarp desde el año 1988.
Es una comunidad que funciona como tal, que cuenta con 330 familias comuneras empadronadas, que tiene problemas con organismos del Estado como las municipalidades que se atribuyen derechos de disponer de lotes para viviendas y recursos para otros fines como si fueran de su propiedad (entre ellos agregados para la construcción de carreteras). Pero la mayor amenaza que está afrontando proviene de una ofensiva de empresas agroexportadoras que, tal como los terratenientes de ayer, pretenden engullirse a los pequeños productores ya sean individuales o comuneros y para lo cual usan como estrategia central la instrumentalización del sistema financiero y del Poder Judicial.
Esta comunidad campesina, ubicada en el valle del río Chamán, colinda, en la parte oeste con la Comunidad Campesina de Chepén y con la cual han tenido, generalmente, una relación de buena vecindad. Lamentablemente la comunidad de Chepén está siendo víctima de la voracidad de los nuevos terratenientes agroexportadoras y en este proceso ha terminado arrastrando a la Comunidad Campesina de San Gregorio.
Hace un par de años tuve la oportunidad de ser invitado a una asamblea de la Comunidad Campesina por el joven presidente, de ese entonces, Alex Sevillano García y pude documentar una diligencia autoritaria de un fiscal provincial que no quiso reconocer, ni dar cuenta de que la diligencia que estaba haciendo a pedido de la empresa Agro Norte Corp. Lo hacían en territorio comunal. El abogado defensor de la Comunidad no hizo ningún esfuerzo por aclarar el tema. El resultado de mi visita fue la publicación de un par de notas en mi muro de Face y una nota en el programa radial Panorama Regional.
Pascual Gómez Espinoza es el actual presidente comunal y el presidente del sector Las Viejas es Alexander Sevillano García. Ellos han hecho declaraciones, hace unos días, a medios de comunicación de Chepén, denunciando que en el sector La Cruz de Talambo, en el límite de San Gregorio y la provincia de Chepén, personal de la empresa Agro Norte Corp. Ha destruido una parte del lindero comunal tradicional entre las comunidades campesinas de Chepén y San Gregorio y en especial el hito más visible, construido a un costado de la carretera de acceso al distrito de San Gregorio y constituido en un muro de cemento, ladrillo y fierro y en el que se podía leer claramente el nombre de la Comunidad y, avisaba, que se ingresaba a su territorio.
Esta empresa alega que adquirieron 8,200 hectáreas de propiedad de la Comunidad Campesina de Chepén, en un oscuro proceso legal y financiero que terminó en el remate de tierras comunales y, como el área rematada no alcanza sus pretensiones, simplemente han decidido “completarla” con gran parte de las tierras de la comunidad campesina San Gregorio que colindan con ese predio. Así de simple. Y para ello han montado una estrategia como denunciar penalmente a un grupo de comuneros como “invasores” de su nueva propiedad, restringir la acción de las rondas campesinas mediante la actuación de una fiscal y, por ahora, la destrucción reciente del hito comunal más visible y que marca el inicio del territorio comunal, por la parte oeste. Hito que documentamos en nuestra visita de noviembre del año 2023.
Los comuneros tienen argumentos sólidos que las autoridades judiciales y policiales los consideren y pongan freno a un acto de injusticia que los propietarios de Agro Norte Corp. Pretenden consumar implicando a entidades financieras y al Ministerio Público. En su favor los comuneros alegan que:
Mientras que, del otro lado, es decir de la empresa Agro Norte Corp. solo puede alegar el pago oneroso por un controvertido remate de tierras comunales de Chepén y que ha sido materia de cuestionamientos públicos y legales por parte de la comunidad agraviada. Fijada la meta de completar el hectareaje adquirido en la subasta, la empresa agroexportadora no tiene ningún miramiento si, en ese afán, también está usurpando tierras de otra Comunidad, que no ha sido parte del juicio y que pensó que sus tierras estaban suficientemente protegidas no sólo por los comuneros mismos, sino también por el propio Estado.
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*Instituto de Desarrollo Regional – INDER.
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