Una inconsistencia irracional y arbitraria, lindante con el engaño y la estafa, es la que se viene dando en el Gobierno Regional de Lambayeque, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la comuna distrital de La Victoria, donde los proveedores que aceptaron prestar sus servicios o vender productos durante la emergencia decretada por las intensas precipitaciones pluviales generados como consecuencia del ciclón Yaku, hoy claman por que las ingentes sumas de dinero que les adeudan desde hace más de dos meses, les sean pagadas, pese a que existen los presupuestos para su pronta cancelación.

Si asentimos que un privado no puede financiar la ejecución de obras estatales y peor aún, venderle productos y prestarle servicios sin que los costos que demandan sean pagados en el tiempo previsto que la norma inherente de contratación lo prevé, esto constituye un enriquecimiento abusivo, que no solo convierte a los proveedores en dueño de sus penurias para lograr su propósito de recuperar por lo menos el dinero invertido, sino que lo coloca en un estatus de mendigo callejero, cuando clama por caridad por lo menos ser escuchado en sus plegarias lastimeras, para lograr convencer a los funcionarios que tienen que asumir la deuda pendiente que oportunamente debían haber pagado y no causar los estropicios que demanda su morosidad.

La burocracia que daña

El aparato estatal tiene como protagonistas principales a burócratas – unos de planta y otros ocasionales -, quienes ocupan o se hacen del cargo, algunos por su arraigo institucional, y otros por haber sido escogidos por su aparente expertis en la función pública, muchos de ellos sin sentido común y otros – en su mayoría – débiles y carentes de humanidad, cuando amparados en una disfrazada acuciosidad  y temores inconsistentes para suscribir la documentación necesaria para el trámite del pago de deudas pendientes, buscan formas descabelladas y perniciosas para postergar inmisericordemente la cancelación de las mismas que por su naturaleza misma, le permitió a la entidad superar la necesidad a costa del sacrificio y la labor del proveedor, quien ha perdido la confianza porque la mentira es cada vez más evidente, para de esta manera insana, postergar el pago de su deuda pendiente.

La falta de idoneidad

La idoneidad, según su definición, se refiere a la aptitud, buena disposición que algo o alguien tiene para un fin determinado, puede definirse también cuando se considera que alguien es adecuado, apropiado o conveniente para desempeñar cargos o funciones dentro una organización, por lo tanto, la idoneidad física, moral y fundamentalmente humana y criteriosa, son requisitos para que un funcionario esté calificado para desempeñar un cargo público, de la manera tal que los elementos concomitantes de su accionar, cumplan con su objetivo y satisfagan, en este caso, al proveedor, quien, en la mayoría de los casos, es tratado con indiferencia y total desprecio cuando osa pedir el pronto pago de su deuda pendiente por un servicio ya prestado.

La gesta del acto arbitrario

Según el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE, se visualiza una serie de Contrataciones Directas amparadas por los Decretos Supremos N° 029 y 043-2023-PCM emitidos por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se decreta acciones céleres para encarar la urgencia en sus aspectos críticos respecto al desborde de ríos y quebradas, como así también el colapso de los sistemas de saneamiento, entre otros daños causados por el fenómeno natural que arreció esta parte del país, para lo cual el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado –SEACE, generó la Guía de las Contrataciones Directas al amparo de los decretos aprobados, considerando opciones sumamente abiertas para contratar a los proveedores que pudieran realizar la labor de paliar los daños causados por dicho evento natural, normativas que han sido vulneradas con engaños que el pronto pago se realizaría de acuerdo a lo normado, lo cual hasta la fecha no ha sido así.

Las entidades involucradas en el abuso

De acuerdo al portal del SEACE, se muestra que la Sede Central del Gobierno Regional de Lambayeque realizó tres contrataciones directas, por las cuales le adeuda hasta la fecha a varios proveedores un monto cercano al millón 800 mil soles, producto del alquiler de maquinaria pesada para el encausamiento de los ríos desbordados, cisternas para la evacuación de aguas pluviales y la adquisición de combustible.

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, siguiendo la misma línea de morosidad, tiene pagos pendientes por compras directas de combustible, alquiler de cisternas y otros que no son cancelados, y, por si no fuera suficiente, la comuna de La Victoria aún mantiene pagos pendientes por alquiler de cisternas a diferentes proveedores, quienes, en todos los casos, vienen haciendo denodados esfuerzos para conseguir que dichas entidades efectivicen su cancelación.

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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