Hablar del Proyecto Olmos es hablar, sin exageraciones, del mayor hito de desarrollo económico que ha experimentado Lambayeque en las últimas décadas. No se trata solo de un proyecto hidráulico; es la prueba tangible de que cuando el Estado y la inversión privada convergen con reglas claras, los resultados pueden transformar territorios enteros.

Olmos no solo irrigó tierras; irrigó oportunidades. Generó más de 70 mil empleos, atrajo inversiones superiores a los 3500 millones de dólares y contribuyó, de manera directa, a reducir los niveles de pobreza en su zona de influencia. Cada hectárea cultivada es también una historia de progreso, de familias que dejaron atrás la precariedad para insertarse en la dinámica de la agroexportación.

Sin embargo, hoy ese mismo proyecto, símbolo de eficiencia y visión de largo plazo, enfrenta una amenaza que no proviene de la naturaleza ni del mercado, sino de la más antigua debilidad del aparato público: la improvisación.

Las recientes advertencias del gobernador Jorge Pérez Flores no deben tomarse a la ligera. Lo que está en juego no es únicamente la operación de la presa Limón, sino la continuidad de un modelo de desarrollo que ha demostrado ser exitoso. La ausencia de un financiamiento asegurado para los años 2027 y 2028 revela una preocupante falta de planificación en el Estado.

Resulta paradójico —y alarmante— que un proyecto que nació bajo una iniciativa privada, con esquemas claros de cofinanciamiento y riesgos distribuidos, haya sido asumido posteriormente por el Estado, con promesas de continuidad (en el gobierno anterior) que hoy parecen diluirse. Se ofreció seguridad, pero se está generando incertidumbre. Se habló de garantía estatal, pero lo que emerge es un vacío financiero.

La pregunta que plantea la autoridad regional es incómoda, pero necesaria: ¿quién asumirá la responsabilidad si el proyecto entra en crisis? ¿Quién responderá por los daños económicos, por la pérdida de empleos, por la fuga de inversiones? No se trata de una advertencia alarmista, sino de una proyección lógica ante la ausencia de decisiones firmes.

Más preocupante aún es la intención de impulsar una licitación internacional sin definir previamente el compromiso financiero del Estado. Pretender atraer inversión bajo condiciones inciertas no solo es técnicamente cuestionable, sino que envía una señal peligrosa: la de un país donde las reglas pueden cambiar sobre la marcha.

El planteamiento de trasladar esta carga al Gobierno Regional de Lambayeque no resiste el menor análisis. Pretender que una administración subnacional asuma un financiamiento de tal magnitud —144 millones de soles— no solo es inviable, sino irresponsable. Se estaría comprometiendo la capacidad de atención de otras necesidades urgentes de la población.

Olmos es, en esencia, una lección de lo que el Perú puede lograr. Pero también corre el riesgo de convertirse en un ejemplo de cómo el desorden estatal puede erosionar incluso los logros más sólidos.

Este no es un problema técnico; es un problema político y de gestión. Y como tal, exige decisiones inmediatas. El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú no puede permanecer en silencio ni dilatar definiciones. La credibilidad del Estado está en juego.

El llamado del gobernador a los gremios agroexportadores, a los agricultores y a la sociedad en su conjunto no es exagerado. Porque cuando un proyecto como Olmos tambalea, no solo se pone en riesgo una infraestructura, sino el futuro de una región.

El Perú no puede darse el lujo de destruir lo que sí ha funcionado. La historia reciente está llena de proyectos fallidos, de promesas incumplidas y de oportunidades desperdiciadas. Olmos, precisamente, era la excepción.

Y las excepciones, en un país como el nuestro, no deberían ponerse en riesgo por negligencia.