La terquedad, falta de visión, responsabilidad, sensibilidad y un largo etcétera es lo que al parecer primó en el Gobierno Regional de Lambayeque, cuando el 26 de diciembre del 2022, el regresado gobernador, Anselmo Lozano Centurión, a través de la  Resolución Ejecutiva Regional N° 000635-2022- GR.LAMB/GGR, declaró nulo el Contrato de Bienes N° 004-2022-GR.LAMB/GE, derivado de la Contratación Directa N° 004-2022-GR. LAMB/GERESA-L-1, para la “Adquisición de Ambulancias Urbanas y Ambulancias Rurales en Treinta y Cuatro Establecimientos de Salud I-4, Establecimiento de Salud I-2, Establecimiento de Salud I-3 a Nivel Departamental”.

En medio de la pandemia global de la COVID-19, la compra de las ambulancias se realizó con el propósito de mejorar la atención médica y la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en Lambayeque. Sin embargo, la negativa del exgobernador Anselmo Lozano Centurión a aceptarlas puso en peligro y riego la salud de los lambayecanos, bajo argumentos de haberse encontrado una serie de vicios antes, durante y después del procedimiento de adquisición.

Recordamos que con fecha 10 de junio del 2022 se suscribió el contrato para la “Adquisición de Ambulancias Urbanas y Ambulancias Rurales”, pero ante la cerrada negativa de Anselmo Lozano, el 27 de diciembre del 2022, el Consorcio Grupo Médico Lambayeque formuló su solicitud del inicio del proceso arbitral ante el Centro de Arbitraje CEAR-CIES. Sin pena ni gloria y mucho menos sin importarle la salud de los lambayecanos, Anselmo Lozano dejó la gobernación regional el 31 de diciembre, y sin ambulancias que sirvan para el traslado y transporte para atención médica a los sufridos lambayecanos, especialmente a la gente de bajos recursos económicos.

El primer día hábil del 2023 Lambayeque estrenaba nuevo gobernador regional, el turno era para Jorge Pérez Flores, en quien la ciudadanía no solamente había puesto sus ilusiones para mejorar la región, sino también encontrar mejor atención a su salud y cuidado a la vida.

Esperanzados a que pueda conciliar y el lote de ambulancia puedan entrar en operatividad, el 30 de enero de 2023 Pérez Flores dio tremendo golpe a la salud de los lambayecanos y siguiendo con la misma obstinación que su antecesor, por medio de la Procuraduría Pública formuló oposición al proceso arbitral, la que fue declarada infundada por carecer de argumentos objetivos.

Uno de los puntos de la controversia fue la formulada por funcionarios del Gobierno Regional de Lambayeque, precisando que dichos vehículos no cumplen con los requisitos exigibles, al margen de su implicancia e importancia, lo que ahora ha quedado demostrado que no era real y, por dicha irresponsabilidad, ahora los lambayecanos debemos pagar no solo las consecuencias, sino también los “platos rotos”.

Para ninguna de las partes es desconocido que, desde el primer trimestre del año 2020, en el Perú se produjo el brote de la pandemia del COVID-19, que implicó la emisión de regulaciones por parte del Estado, para evitar su contagio y propagación, lo cual implicó la emisión normativa de restricciones y medidas que se consideraron pertinentes para atender la situación generada por el brote del COVID-19.

Es así que desde el 11 de marzo de 2020, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se determinó la emergencia sanitaria en todo el territorio de la República, estado de emergencia sanitario que fue ampliándose en sucesivos decretos supremos, estando en juego la salud los peruanos y los lambayecanos.

Sin embargo, es bueno aclarar que, para declarar la nulidad del proceso de selección, Anselmo Lozano y Jorge Pérez se basaron enfáticamente en el supuesto desconocimiento de las regulaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 010-2020-SA, la Ley N° 31365, Ley Anual de Presupuesto Público del año 2022 y el Decreto de Urgencia N° 102- 2020, argumentando que la contratación directa por emergencia sanitaria declarada por la autoridad rectora de salud, sólo era que podían adquirir bienes y servicios autorizados, detallados en el anexo II del D.S N° 010-2020- SA.

A lo anterior, es necesario precisar que una contratación directa por la causal de emergencia implica necesariamente cierta flexibilidad en las actuaciones y gestiones necesarias para que se concreten, puesto que se trata de una situación excepcional, lo que implica, por lógica, el favorecimiento de la contratación por encima de formalismos y rigurosidades, las cuales podrán ser posteriormente formalizadas, ello obviamente por el carácter sumamente excepcional de la necesidad ocurrida.

La compra de las ambulancias tenía un costo de doce millones 660 mil soles. Ahora, más costas y costos e interés legales, los lambayecanos tendrán que pagar una cantidad superior a favor del Consorcio Grupo Médico Lambayeque y todo por una terquedad, falta de madures política y administrativa; así como de responsabilidad.

Lozano y sus funcionarios deberían ser denunciados por el perjuicio causado al Estado, que se cuantifica no solo por los miles de soles a pagar, sino también por el daño a la salud.

Sin duda, es otra mala noticia para Lambayeque. Se ha perdido el arbitraje de las 34 ambulancias que se adquirieron en el corto gobierno regional de Luis Díaz Bravo. La joven procuradora regional, los asesores, quienes han trabajado esta situación, no estuvieron a la altura de la defensa de los intereses lambayecanos, porque es obvio no les asistió el derecho. ¿Y ahora quién podrá salvarnos?