En una edición especial del programa Yaykuna JudicialTV, desde Chiclayo, se entrevistó al presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia, juez supremo Javier Arévalo Vela en su reciente visita a la sede de la Corte de Justicia de Lambayeque. En la entrevista presentada por el magistrado Ismael Rodríguez Riojas, el titular del Poder Judicial detalló las acciones que emprende en esta importante institución y las iniciativas legislativas que promueve a favor de sus trabajadores. La siguiente es la reproducción de la entrevista realizada.
Una de las principales líneas de gestión es la creación de las Unidad de Flagrancia ¿cuáles son los avances en su implementación y cuales serán los logros para la sociedad en la lucha contra la delincuencia y la ansiada búsqueda de la seguridad ciudadana?
Decirles a los ciudadanos que una Unidad de Flagrancia es un módulo donde participan el Poder Judicial, la fiscalía, policía y Defensa de Oficio que tiene por objeto el juzgamiento inmediato de aquellas personas que fueron detenidos en flagrancia. El logro será efectivo en la medida que estos cuatro agentes participen efectivamente, porque la policía captura al delincuente, la fiscalía incoa al proceso, el juez lo juzga y como vivimos en una democracia se tiene que garantiza el derecho de defensa.
Es decir, ¿asistir con un abogado defensor al detenido?
Así es. Muchas veces los detenidos no tienen abogados y en esos casos el Ministerio de Justicia los asiste con abogado de oficio, porque además debemos entender que hay una presunción de inocencia. Esa es la estructura de cómo funciona el módulo.
¿Cuál es la expectativa con estos módulos?
Esperamos crecer. Los Módulos de Flagrancia son básicamente habilitados en lugares donde, por ejemplo, las municipalidades de la zona. Por ejemplos municipalidad como Lima, San Martín de Porres, Callao, Lima Norte, Comas, Lima Sur entre otros, estamos implementando los locales para un adecuado trabajo. La idea es que los alcaldes se preocupen de ser garantes de la seguridad de su población y ¿cómo apoyan los alcaldes?, proporcionándonos ambientes para nuestra labor.
¿Hay una articulación con todos los estamentos del Estado, sean gobiernos distritales, provincial o regionales?
Efectivamente. Los tres niveles del Estado deben unirse porque la delincuencia es un problema nacional, no sólo es un problema de la Policía Nacional, Poder Judicial, Ministerio de Justicia, también es de los alcaldes, quienes tienen funciones para la seguridad ciudadana y muchos de ellos nos están apoyando. Por eso hemos venido aquí, para invocar el apoyo que lo estamos recibiendo, para lograr que el gobierno regional también nos apoye.
Toda sociedad se desarrolla a través del trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, uno de los grandes objetivos es el trabajo decente. En esa línea, ¿desde el Poder Judicial, qué acciones se vienen implementando para tener una justicia célere, tanto para el régimen laborar de la actividad privada como el del sector público y el importante sector de los pensionistas?
Como sabemos soy magistrados de la actividad laboral, toda mi carrera la desarrollé en esta especialidad y conozco el tema. Hemos tomados medidas; por ejemplo, en Lima, hemos reubicado en un solo local todos los juzgados de trabajo y salas laborales que estaban dispersas y en condiciones muy deprimentes de trabajo, realmente no eran condiciones dignas de un magistrado. En Chiclayo, estamos formando el módulo y en todos los lugares que se pueda, de acuerdo a las condiciones presupuestales, estamos organizando los módulos corporativos de trabajo. Además, a través de una prestigiosa universidad estamos capacitando virtualmente a los magistrados. Ahora hemos delegado a los presidentes de Corte la designación de los administradores de las sedes.
Importante la descentralización para una mejora en la toma de decisiones. El éxito del servicio de justicia implica que sus actores, magistrados, auxiliares jurisdiccionales, servidores administradores estén plenamente identificados y compenetrados con la misión que constitucionalmente se ha asignado al Poder Judicial y que también obtengan los derechos reconocidos por ley. En esa línea ¿cuáles son las acciones que ya tiene su despacho sobre implementación de reconocimiento de los derechos que corresponden a los actores?
Hemos propuesto en el Proyecto de Ley de Presupuesto un incremento para los trabajadores CAS que ganen menos de 1,900 soles, también los que ganan hasta 3,500 soles, incrementos remunerativos. Además, el tema para los trabajadores de la Ley 728, para continuar con su homologación; también hemos presentado un proyecto de Ley, que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de la República en la Comisión de Presupuesto, a fin de otorgar un bono de mil soles a los trabajadores CAS.
¿En lo que respecta a los magistrados?
Trataremos en Sala Plena un proyecto de ley sobre régimen pensionario, porque nos hemos dado cuenta que en el Poder Judicial los jueces tienen tres regímenes, que son la ley 20530, 19990 y la AFP. En el Perú, ninguna pensión es buena, pero quienes encuentran en el régimen de la Ley 20530 salen en este momento con una pensión de cerca a nueve mil soles, mientras que los otros regímenes no supera los mil soles. No es posible que un Juez, que se ha dedicado toda su vida a la justicia, no pueda trabajar en otras actividades y salga a recibir una pensión que considero no es decente.
¿Espera el apoyo de la Sala Plena?
Sin duda. Yo no soy el que decido, para poder llevar el proyecto al Congreso de la República y buscar el apoyo del Legislativo. Entiendo que puedan decir que estamos buscando comodidad, pero somos un caso excepcional.
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