Con 101 años de vida institucional, el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, es la orden profesional más antigua del departamento. Su decano, César Vargas Rodríguez, señala que el objetivo de la gestión que dirige es seguir mejorando los servicios a favor de sus agremiados, que suman más de 10 mil, apoyándose para ello en el uso de las tecnologías.
Precisamente el ICAL ha implementado, después de un largo proceso de preparación, su ventanilla de pagos digitales, a través de la cual los colegiados podrán realizar sus cotizaciones mensuales y obtener sus certificados de habilidad, así como consultar su historial de pagos y actualizar sus datos.
Con ello, se apunta a incrementar el número de abogados hábiles para el ejercicio profesional.
“Uno de los avances de la gestión es la implementación de la nueva plataforma de pagos virtuales, otro es la publicación de la revista jurídica del colegio, que se publicará en los próximos días y contendrá los artículos científicos de los colegas abogados, en tanto la revista institucional, El Foro, se está trabajando con el director de Comunicación y también se presentará en las próximas semanas. En paralelo, hemos priorizado la construcción de módulos en el Establecimiento Penal de Chiclayo”, informa el decano.
Vargas Rodríguez precisa que esto último resulta urgente, debido a que los abogados que revisan procesos penales con reos en cárcel tienen muchas dificultades para realizar su trabajo.
“Hay una mesa antigua, deteriorada y una silla en las mismas condiciones. Lo que queremos es que los abogados y sus defendidos puedan tener un espacio un poco más digno, para lo cual se ha proyectado la implementación de módulos y mobiliario”, menciona.
Capacitación profesional
Por otro lado, la gestión de César Vargas trabaja en la organización de un diplomado en Derecho Penal, para el cual están convocando a ponentes internacionales y nacionales.
“Tenemos programadas otras actividades de capacitación en materia Civil, de Familia, Constitucional y otras ramas del Derecho”, anuncia.
El ICAL, además de los diplomados, mantiene vigentes convenios para estudios de postgrado con universidades locales y se prepara para la suscripción de un convenio de cooperación académica con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, ahora que ya ha logrado su licenciamiento.
“Estamos dando los pasos para establecer una conexión más directa con las universidades. En ese sentido, hemos avanzado un poco más con la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y estamos próximos a la formulación de un convenio de apoyo institucional para la capacitación y el respaldo académico. Con la Universidad Señor de Sipán ya tenemos un convenio vigente y deseamos concretar lo mismo con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. El compromiso es seguir mejorando los servicios del ICAL”, indica.
Ética y desempeño profesional
Recientemente el Poder Judicial y el Ministerio Público establecieron un plazo perentorio para que los trabajadores de los diferentes órganos jurisdiccionales y fiscales presentaran sus certificados de habilidad profesional vigente, lo cual ha ayudado directamente a que el ICAL actualice su registro de abogados expeditos para el ejercicio.
A decir del decano, medidas de este tipo ayudan también a que el colegio pueda ejercer un efectivo control ético y deontológico de los hombres del Derecho, labor para la cual se ha dispuesto la actividad de los órganos correspondientes, sobre todo del Tribunal de Honor del ICAL.
“Se está trabajando en ello. El Comité de Ética se formó hace algunos meses y lo preside el doctor Hildebrando Coronel. En lo que hemos tenido un poco de dificultad es en el Tribunal de Honor, pues hay el caso de un abogado que ha sido sancionado judicialmente, el colegio tomó la determinación a través del Comité de Ética de separarlo y la decisión ha sido apelada, pero el Tribunal de Honor anterior no resolvió en el período anterior. Ahora recién se está revisando el caso y, mientras tanto, dicho colega está trabajando, porque la sanción está en suspenso”, explica.
Respecto al exdecano José María Balcázar Zelada, a quien también el colegio sancionó por las irregularidades de su gestión, César Vargas señala que el Tribunal de Honor actual tiene que pronunciarse y calificar.
“Existe un proceso judicial pendiente contra el exdecano y estamos a la espera de un informe oral en la Corte Suprema, pues el señor Balcázar Zelada interpuso un recurso de casación. Lo que sí lamentamos es que posiblemente se beneficie con la ley de prescripción dada por el Congreso. Estamos haciendo todo lo posible para que se aplique la sanción correspondiente, quedando la posibilidad de ir a la vía civil en caso en la penal no tengamos éxito. Lo que sí debo señalar enfáticamente es que mi gestión busca que los hechos que se le imputan se esclarezcan y si hay sanción que aplicar, así sea. Con nosotros no va el borrón y cuenta nueva”, afirma.
Inseguridad ciudadana
Ante el incremento de los índices de inseguridad ciudadana en el país, algunas voces, entre ellas el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, plantearon la posibilidad de aplicar en el Perú algunas estrategias del gobierno de El Salvador, dirigido por Nayib Bukele.
Ante ello, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL, cuestiona que algunas autoridades promuevan la aplicación de dicho modelo.
“Cada país tiene su propia particularidad, no podemos aplicar mecánicamente lo que se aplica allá, hacerlo igual acá. Tendrá que haber un estudio de expertos, mientras tanto creo que las autoridades no deberían emitir un juicio parcializado respecto a un hecho en concreto”, menciona.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es cuestionado por la aplicación de métodos que vulneran los derechos humanos e incluso se han denunciado desapariciones en dicho país.
El representante de los abogados señaló que es inviable la aplicación de las estrategias del gobierno de El Salvador en el Perú, “salvo que se hagan innovaciones sustanciales”.
“No olvidemos que son realidades muy diferentes y una de ellas es la extensión del territorio y nuestra diversidad. Además, se tiene que asegurar la defensa de los derechos humanos”, acota.
Añade que se hace necesaria una política adecuada del gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, pero apuntando a la prevención.
“El gobierno quiere implementar la presencia de la policía de orden y seguridad, con una capacitación de solo seis meses y eso genera reparos. Se sigue pensando en las consecuencias, olvidándose de las causas. A nuestro entender el principal problema está en la desigual distribución de la riqueza y la falta de puestos de trabajo. Mientras haya eso, seguirá habiendo delincuencia”, sostiene.
Sobre la corrupción en el Perú, César Vargas refiere que se trata de un problema generalizado, del que no escapan los propios administradores de justicia.
“Recuerdo que aquí teníamos a un presidente de la Corte que hablaba de luchar contra la corrupción y era un gran corrupto. Es un problema institucionalizado y se tienen que cambiar muchas cosas, entre ellas elegir de mejor manera a nuestros representantes en el Congreso para que tomen las medidas más adecuadas, porque el actual no da la talla”, asevera.
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