Durante las campañas electorales, las autoridades de turno pueden convertirse en un factor de ventaja para determinados candidatos cuando utilizan su influencia, relaciones y posición para construir respaldos políticos. En zonas donde existe una fuerte dependencia de las instituciones públicas, estas prácticas pueden generar presiones y condicionamientos que afectan la igualdad de la competencia y la libertad del voto.
Una elección democrática debería ser una competencia entre propuestas, ideas y candidatos. Sin embargo, no todos los aspirantes parten necesariamente desde las mismas condiciones. Quien ejerce una autoridad tiene una posición privilegiada: administra recursos públicos, mantiene contacto permanente con la población, participa en actividades institucionales y posee una red de relaciones construida durante su gestión.
El problema surge cuando las ventajas del cargo público se utilizan para favorecer a candidatos cercanos o aliados, convirtiendo la competencia electoral no solo en una disputa de propuestas, sino también en una lucha por conservar o ampliar espacios de poder.
El poder busca continuidad
Detrás de la intervención de una autoridad en una campaña puede existir una lógica política sencilla: ganar para no perder el espacio de poder construido durante la gestión.
La victoria de un candidato cercano puede significar la continuidad de una determinada corriente política, de relaciones construidas durante años y de una red de influencia que permite mantener presencia en las decisiones públicas.
Una elección no solo define quién ocupará un cargo, sino también qué grupos y alianzas conservarán influencia. El riesgo surge cuando esa búsqueda de continuidad se apoya en las ventajas del poder público para obtener respaldo electoral.
El empleo como instrumento de influencia
El clientelismo político no siempre implica dinero a cambio de votos; también puede manifestarse mediante empleos, contrataciones, cargos, obras o promesas de beneficios. En contextos donde las oportunidades laborales son escasas, estas prácticas pueden generar dependencia y condicionar la decisión del ciudadano. El voto debe responder a las convicciones y propuestas, no a la expectativa de recibir un beneficio.
Una mirada a las zonas altoandinas
Estas dinámicas merecen especial atención en zonas altoandinas de Lambayeque como Incahuasi, Cañaris y Salas, donde las relaciones entre autoridades, dirigentes y población pueden ser particularmente estrechas y donde el Estado tiene un papel importante en la provisión de servicios y oportunidades.
Esto no significa afirmar que en estas localidades exista necesariamente una práctica generalizada de clientelismo. Significa reconocer que, durante una campaña electoral, cualquier señal de presión, ofrecimiento o utilización de la función pública con fines políticos debe ser observada con especial atención.
Cuando estas prácticas se normalizan, el ciudadano puede terminar percibiendo que para acceder a una oportunidad necesita tener una determinada posición política o respaldar a determinado candidato. Y esa percepción, incluso cuando no exista una amenaza explícita, puede afectar la libertad con la que debería ejercerse el voto.
Neutralidad: el límite entre gobernar y hacer campaña
Una autoridad puede tener preferencias políticas y participar de la vida partidaria. Lo que no debería hacer es utilizar las ventajas derivadas de su cargo para alterar las condiciones de una competencia electoral.
La neutralidad electoral marca el límite entre gobernar y hacer campaña, evitando que los recursos públicos sean utilizados para favorecer candidaturas. Si bien el JNE y los JEE fiscalizan estas conductas, la vigilancia también corresponde a la ciudadanía, que debe observar, cuestionar y denunciar cualquier práctica que afecte la igualdad y libertad del voto.
El poder público no es patrimonio de nadie
La democracia no puede convertirse en un mecanismo para que quienes están en el poder utilicen las ventajas de su posición para asegurar su continuidad o la de sus aliados.
Una autoridad gobierna para todos, incluso para quienes no comparten sus preferencias políticas. Del mismo modo, un candidato debería conquistar el respaldo ciudadano por la solidez de sus propuestas y la confianza que genere, no por la cercanía que tenga con quien actualmente administra el poder.
El clientelismo puede comenzar con un favor, una promesa o una contratación, pero cuando estas prácticas se acumulan generan redes de dependencia que afectan la igualdad electoral. Por ello, no basta preguntarse quién puede ganar, sino también quién compite con sus propuestas y quién lo hace con las ventajas del poder.
Que el voto no tenga precio
Las elecciones no deberían convertirse en un intercambio de favores. Ningún empleo, contratación, obra, beneficio o promesa de futuro debería determinar la decisión de un ciudadano.
La democracia necesita electores libres y candidatos que compitan en condiciones de igualdad. Necesita autoridades que gobiernen sin utilizar el aparato público para favorecer intereses electorales y ciudadanos capaces de decidir sin presiones.
En esta campaña, la ciudadanía también tiene un papel clave: observar, cuestionar y rechazar cualquier forma de presión o condicionamiento del voto. El poder público pertenece a todos y el voto también; nadie debe comprar ni condicionar nuestra voluntad.
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(*) Politólogo.
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