Siempre hemos pensado que hay países que avanzan como quien camina sobre arena húmeda: cada paso parece firme, pero basta una ola para borrar la huella. El Perú, camino a 2026, da justamente esa impresión. Las cifras hablan de crecimiento, de estabilidad fiscal, de presupuestos robustos. Pero debajo de ese lenguaje técnico se mueve algo más frágil: una gobernanza exhausta.

La primera vuelta electoral se desarrolla en un escenario que no inspira certezas. La fragmentación del Congreso bicameral, la debilidad de los partidos y la alta rotación de presidentes y ministros de Economía han convertido la política en una sucesión de paréntesis. Se gobierna por tramos cortos. Se decide sin horizonte. Y esa intermitencia tiene costos reales: inversión privada que se retrae, gestión pública que se debilita y ciudadanos que aprenden a desconfiar.

La última elección, marcada por la rabia, dejó una herida institucional profunda. La informalidad, la ilegalidad y el descrédito del Congreso no solo erosionaron la democracia; contaminaron el resto del sistema. Desde entonces, el país funciona bajo una lógica de supervivencia política, donde la estabilidad es apenas un accidente y no un objetivo compartido.

Mientras tanto, el progreso social retrocede. En 2025, el Perú cayó al puesto 84 de 170 países, con una puntuación de 67,6 sobre 100. No es solo un número. Es una señal. Significa que amplios sectores viven peor, que la calidad de vida se deteriora y que la recuperación económica no logra traducirse en bienestar cotidiano. Crecemos, sí. Pero no avanzamos.

Aquí aparece una paradoja incómoda. El presupuesto público para 2026 alcanza los 257 562 millones de soles. Sin embargo, el 65 % se destina a gasto corriente, apenas el 22 % a gasto de capital y el resto al servicio de la deuda. Más aún, el 81 % del presupuesto se concentra en pocas funciones, desplazando a sectores sociales directamente vinculados con los servicios básicos. El instrumento central de la política pública termina reflejando una desconexión estructural con el desarrollo de mediano y largo plazo.

No es solo un problema de montos. Es un problema de sentido. La asignación presupuestaria carece de criterios técnicos claros, ignora brechas territoriales y no considera capacidades de ejecución ni costos diferenciados. La planificación camina por un lado; el presupuesto, por otro. Y cuando ambos no dialogan, el gasto deja de ser una herramienta de transformación para convertirse en rutina administrativa.

A ello se suma un clima político dominado por la polarización y la lógica transaccional del Congreso. Se discuten propuestas controversiales, como el uso de reservas internacionales para financiar proyectos, mientras persisten la corrupción y la inseguridad. El crecimiento potencial queda atrapado por la falta de predictibilidad. La productividad no despega porque nadie invierte en un país que no logra ponerse de acuerdo consigo mismo.

Lo curioso es que, en apariencia, todo está bajo control. Las variables macroeconómicas resisten. La política fiscal mantiene el equilibrio. Pero ese orden contable convive con una institucionalidad debilitada. Y ahí radica el verdadero riesgo: creer que la estabilidad fiscal basta para sostener una nación.

No basta

El próximo gobierno enfrentará un desafío que va mucho más allá de preservar cifras. Tendrá que reconstruir confianza, articular la planificación con el presupuesto y reorientar el gasto hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social. Tendrá que demostrar que gobernar no es administrar inercias, sino crear condiciones para una vida mejor.

Porque el crecimiento económico, cuando no se traduce en desarrollo real, termina siendo solo eso: un espejismo.

Y como ocurre con todos los espejismos, tarde o temprano, la realidad alcanza.

El escenario político y económico que enfrenta el Perú hacia 2026 evidencia una profunda desconexión entre el optimismo macroeconómico y la debilidad estructural de su institucionalidad. La fragmentación del Congreso, la alta rotación presidencial y ministerial, junto con la crisis de los partidos políticos, configuran un entorno de gobernabilidad frágil que desalienta la inversión privada y limita la capacidad del Estado para generar resultados sostenibles. A ello se suma un presupuesto público altamente concentrado en gasto corriente y en funciones que no responden de manera directa a las brechas sociales más urgentes, lo que revela una asignación poco alineada con criterios técnicos, territoriales y de desarrollo de largo plazo.

Este contexto se traduce en un deterioro del progreso social y en una creciente vulnerabilidad de amplios sectores de la población, lo que confirma que la estabilidad fiscal, por sí sola, no garantiza bienestar ciudadano. En consecuencia, el principal desafío del próximo gobierno no será únicamente preservar los equilibrios macroeconómicos, sino reconstruir la institucionalidad democrática, fortalecer la planificación articulada con el presupuesto y reorientar el gasto público hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social, condiciones indispensables para transformar el crecimiento económico en desarrollo real e inclusivo.

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(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

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El próximo gobierno enfrentará un desafío que va mucho más allá de preservar cifras. Tendrá que reconstruir confianza, articular la planificación con el presupuesto y reorientar el gasto hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social.

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 respuesta de Emilio Alcántara Sime el 2026-04-01.

 respuesta de erick el 2022-11-12.

 respuesta de luis angel becerra mora el 2022-11-11.

 respuesta de Gonzalo Coronado Peche el 2022-10-05.

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