El crecimiento del producto bruto interno se revisa al alza de 3.1 % a 3.2 % por el dinamismo de la demanda interna que alcanzaría un crecimiento del 5.1 %, producto de la evolución observada en el consumo, que crecería (+3.5 %) y la inversión privada (+6.5 %), como principales motores de la economía peruana, sustentada en las actividades económicas principalmente de la minería metálica y la manufactura no primaria en el segundo trimestre del 2025.

En paralelo, en el país se vive una de las mayores crisis de inseguridad que alcanza los 4583 homicidios a mayo del 2025 de acuerdo a cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), lo que evidencia que las políticas adoptadas por el gobierno no han calado para revertir la situación de forma definitiva en el corto y mediano plazo.

Costo económico de la inseguridad ciudadana

De acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 el costo que recae por la inseguridad alcanzaría el 1.2 % del PBI, es decir representa 13 900 millones de soles y que es uno de los principales riesgos que enfrenta tanto el sector público y privado en desalentar la inversión y el empleo, provocando incertidumbre de los agendes económicos tras impactar de forma negativa en el funcionamiento de las actividades empresariales, genera barreras para la apertura de nuevos negocios, provoca el cierre de empresas y limita las jornadas laborales, entre otros, lo cual unido a las 15 mil denuncias de extorsión del primer semestre del 2025, genera un potencial riesgo de la economía peruana, que compromete el 32 % de la población a nivel nacional en el funcionamiento de los negocios por el menor incentivo a invertir y el incremento de los costos asociados a inseguridad y por ende afecta de forma directa al empleo, consumo, productividad y competitividad y al bienestar de la población en su conjunto.

Considerando la encuesta de Ipsos (2025) los crímenes son parte del día a día en un Perú que convive con el sicariato y la extorsión, donde destaca que los principales responsables de inseguridad son la  Policía Nacional (37 %), los fiscales (32 %), el Ministerio del Interior que lidera Juan José Santiváñez (29 %), los jueces (29 %) y los alcaldes (19 %), donde definitivamente la institucionalidad ha perdido un 70 % de desconfianza.

Dos curvas que no se encuentran

La paradoja peruana se sintetiza en dos curvas que avanzan en direcciones opuestas. La curva del PBI asciende con un 3,2 % previsto en 2025 y 2,9 % en 2026, mientras que la curva de homicidios y delitos violentos sigue una trayectoria ascendente, sin proyecciones de reversión a corto plazo, que alcanza en los niveles socioeconómicos que más reportan este impacto son los segmentos AB (42 %) y C (42 %), mientras que en el DE (24 %) la afectación es menor.

Entonces surge la controversia del divorcio entre la macroeconomía y microeconomía que cuestiona la sostenibilidad del progreso o chorreo económico a partir ¿De qué sirve mejorar las cuentas fiscales, elevar exportaciones o controlar la inflación si los ciudadanos no sienten un impacto positivo en su calidad de vida?

El dilema del futuro inmediato

El Perú necesita garantizar que los beneficios del crecimiento se traduzcan en seguridad y bienestar social, donde la expansión económica puede generar recursos fiscales adicionales, pero si estos no se canalizan hacia políticas públicas integrales fortalecimiento policial, justicia eficiente, prevención del delito y recuperación de espacios públicos el crecimiento será frágil y desconectado de las urgencias ciudadanas.

Es por ello la necesidad de aplicar reformas estructurales en cinco argumentos relevantes que trascienden al quehacer de la política monetaria que tienes sus límites en cuanto a la efectividad de lograr disminuir la crisis de la inseguridad ciudadana; siendo las reformas las siguientes:

Fortalecimiento institucional y de la gestión pública: Resulta necesario incrementar la capacidad institucional que permita coordinar y ejecutar políticas públicas de manera articulada entre las distintas entidades del aparato estatal y los niveles de gobierno, así como disminuir de forma efectiva las trabas burocráticas que obstaculizan la actividad empresarial.

Educación: Es fundamental mejorar tanto la calidad como la cobertura de los servicios educativos, a fin de potenciar el capital humano y elevar la productividad laboral, procurando que la formación técnica se ajuste a las demandas del sector productivo.

Infraestructura: La reducción de brechas en transporte, logística y conectividad constituye una prioridad, no solo para sostener el crecimiento interno, sino también para dinamizar el comercio exterior, lo que exige acelerar la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad.

Gasto público: Se requiere garantizar una administración del gasto que sea eficiente, transparente y moderna. El objetivo es ampliar la cobertura y elevar la calidad de los servicios públicos, generando a su vez un impacto positivo en la productividad del sector privado.

Mercado laboral: Es necesario promover condiciones de mayor flexibilidad y formalización, eliminando las restricciones en los procesos de contratación y despido que frenan la generación de empleo de calidad, de modo que se logren incrementos en la productividad de los trabajadores y una mejor asignación de los recursos.

El Perú se encuentra frente a un dilema histórico: mientras la macroeconomía proyecta estabilidad y crecimiento sostenido con tasas cercanas al 3,2 % en 2025, la inseguridad avanza a un ritmo alarmante con más de 4500 homicidios y 15000 denuncias de extorsión solo en el primer semestre del año. Esta coexistencia de curvas opuestas revela un país de dos rostros, donde los beneficios de la expansión económica se diluyen bajo el peso de la criminalidad, la desconfianza institucional y la precariedad del entorno social.

La salida de este laberinto no pasa únicamente por mantener las cuentas fiscales en orden o acelerar la inversión privada, sino por canalizar el crecimiento hacia la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo.

La única manera de revertir la paradoja del “Perú de dos rostros” es transformar el crecimiento económico en un instrumento tangible para combatir la violencia y la inseguridad. Solo cuando el dinamismo de la economía se traduzca en calles seguras, empleos formales y servicios públicos de calidad, se podrá hablar de un progreso auténtico que abrace tanto a las cifras macroeconómicas como a la vida cotidiana de los ciudadanos.

(*) Magíster en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión Pública, economista e investigador Renacyt. Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.

(**) Economista de Esan, egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.

 respuesta de María elena el 2024-07-29.

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