La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú - ANP, Zuliana Lainez Otero, afirmó que el país atraviesa uno de los escenarios más complejos para el ejercicio del periodismo en las últimas décadas, debido al debilitamiento de las condiciones democráticas, la falta de garantías estatales y el incremento de agresiones contra comunicadores.
Durante su intervención en el conversatorio organizado por el Colegio de Periodistas de Lambayeque en el marco conmemorativo del Día del Periodista, Lainez Otero sostuvo que “sin libertad de prensa no hay democracia”. Añadió que esta afirmación no es una frase vacía, sino una realidad comprobada en distintos contextos autoritarios. “Uno de los signos más claros de debilitamiento democrático en un país es cuando se golpea la libertad de prensa”, dijo.
La presidenta de la ANP recordó que un reciente estudio de IDEA Internacional concluyó que América Latina atraviesa “el peor momento para la libertad de prensa en los últimos 50 años”. Explicó que el dato es relevante porque abarca incluso los periodos de dictaduras militares en la región.
En el caso peruano, señaló que la curva de agresiones contra periodistas es ascendente en los últimos 30 años. Precisó que solo en 2025 se han registrado más de 200 ataques, en su mayoría durante coberturas de protestas sociales. “Cuando se producen movilizaciones, el riesgo aumenta. El fin de semana en Lima, 18 colegas fueron agredidos y el 90 % de los casos fue responsabilidad de la Policía. Que el Estado, en lugar de proteger, sea el principal agresor es inaceptable”, indicó.
Acoso judicial y amenazas legislativas
La dirigente gremial advirtió que el periodismo peruano enfrenta un doble frente: las agresiones físicas y el acoso judicial. Explicó que cada año entre 30 y 35 periodistas son llevados a tribunales, principalmente por casos de difamación. “El Congreso insiste una y otra vez con proyectos de ley que buscan elevar las penas por difamación y establecer reglas inconstitucionales sobre rectificación”, manifestó.
Según Lainez Otero, el problema se agrava por la ausencia de equilibrio de poderes. “En otros momentos, el Ejecutivo o el Tribunal Constitucional podían frenar normas inconstitucionales. Hoy ese contrapeso no existe”, subrayó.
Agregó que también se intenta criminalizar la labor periodística mediante investigaciones fiscales que califican a reporteros como integrantes de organizaciones criminales o los acusan de delitos como lavado de activos y reglaje. “No es fácil recibir una notificación fiscal que te dice que estás siendo investigado por pertenencia a una organización criminal. Eso no es parte del escenario habitual del periodismo”, advirtió.
Uso limitado del acceso a la información
Zuliana Lainez destacó que la Ley de Acceso a la Información Pública sigue siendo una herramienta fundamental para la investigación periodística, pero denunció que las entidades estatales han incrementado el número de negativas. “Cada vez más se responde que todo es secreto o confidencial. Palacio de Gobierno, por ejemplo, negó información sobre consumos de la presidenta alegando que ponía en riesgo su integridad. Ese tipo de justificaciones vulnera el derecho ciudadano a la información”, señaló.
En ese sentido, recordó que diversos reportajes, como los referidos a los regalos recibidos por la jefa de Estado, se basaron en pedidos de acceso a la información. “El problema es que muchas veces esas solicitudes terminan rechazadas, obligando a procesos largos ante la autoridad de transparencia”, comentó.
Riesgos adicionales
La presidenta de la ANP también alertó sobre la normalización de medidas que afectan el secreto profesional. Citó el caso de la Procuraduría Anticorrupción, que solicitó levantar el secreto de las comunicaciones a periodistas. “El día que una fuente sepa que su identidad puede ser expuesta por decisión judicial, difícilmente volverá a confiar en un periodista. Y sin fuentes no hay periodismo”, subrayó.
Asimismo, denunció la creciente hostilidad de grupos radicalizados que hostigan a comunicadores en distintas regiones. “No solo ocurre en Lima. En Yurimaguas, por ejemplo, se han reportado visitas violentas a radios y domicilios de periodistas, en un intento de imponer líneas editoriales por la fuerza”, señaló.
El panorama actual se agrava por hechos extremos ocurridos en 2025: el asesinato de dos periodistas, uno en Ica, en enero, y otro en Iquitos, en mayo. Además de atentados explosivos contra viviendas de comunicadores en Huaral y Yurimaguas. “Estos hechos evidencian que ejercer periodismo en el país se ha vuelto una tarea de alto riesgo”, afirmó.
Responsabilidad del Estado
La presidenta de la ANP cuestionó la actitud de las autoridades frente a las agresiones. Criticó el silencio de la presidenta de la República frente a denuncias graves y el comportamiento de alcaldes y congresistas que incitan a la violencia contra periodistas. “Ni siquiera se abren investigaciones fiscales cuando hay incitación directa a la violencia. Ese nivel de impunidad solo agrava la situación”, sostuvo.
Para Zuliana Lainez, los periodistas no se victimizan, sino que describen una realidad respaldada por hechos y cifras. “Cuando decimos que el periodismo está bajo asedio no es un capricho. Es una lectura de lo que ocurre con los poderes del Estado, que en lugar de garantizar derechos los restringen”, afirmó.
La dirigente concluyó que el deterioro de las condiciones para la prensa refleja la fragilidad democrática del país. “El Perú vive hoy una democracia en mínimos, con recorte de derechos y libertades. Ese escenario es adverso para los periodistas y para la ciudadanía en su conjunto”, expresó.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades a respetar los marcos normativos, proteger el secreto profesional y garantizar la seguridad de los periodistas. “Un periodismo acosado y silenciado es el síntoma más claro de una democracia en retroceso”, puntualizó.
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