A fines de agosto, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, con un monto total de S/257 562 millones, lo que representa un incremento de apenas 2.3 % respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025. Aunque el aumento parece moderado, varios economistas han advertido que el verdadero problema no está en el monto total, sino en la composición del gasto. El presupuesto proyectado para el próximo año revela un crecimiento significativo en el gasto corriente, especialmente en el rubro de personal y obligaciones sociales, que ascendería a S/93 538 millones, un 11.8 % más que en 2025. Esta tendencia genera preocupación, pues compromete recursos futuros y reduce el espacio fiscal para inversión pública, clave para el desarrollo territorial.

Los gobiernos regionales recibirían en conjunto un PIA 2026 mayor en 8.7 % respecto al año anterior, pasando de S/54 448 a S/ 59 164 millones. Sin embargo, este incremento no se traduce necesariamente en más inversión. De hecho, varios gobiernos regionales enfrentarán recortes en sus presupuestos de inversión pública, como Amazonas (-27.6 %), Huancavelica (-21.2 %) y Áncash (-20.2 %). A nivel de los gobiernos provinciales y distritales, la situación es aún más crítica: los gobiernos municipales verían una reducción de 3.3 % en su presupuesto total, con caídas significativas en regiones como Amazonas, San Martín y Ayacucho. En contraste, solo cinco regiones registrarían incrementos a nivel local Callao, Moquegua, Ica, Lima y Puno.

Lambayeque

En este panorama, Lambayeque no escapa a las tensiones presupuestales. El Gobierno Regional de Lambayeque recibiría un incremento de 4.5 % en su presupuesto total para 2026, alcanzando los S/2389 millones. No obstante, este aumento es engañoso. Si se observa la composición del gasto, el presupuesto destinado a proyectos de inversión se reduciría en 14.7 %, lo que equivale a una pérdida de S/119 millones, mientras que el gasto en actividades aumentaría en 15.1 %. Además, el componente de personal y obligaciones sociales crecería en 15.2 %, representando el 60.3 % del presupuesto total del GORE, por encima del promedio nacional. Esta tendencia refleja una creciente rigidez presupuestal que limitará la capacidad de las siguientes autoridades para ejecutar obras de impacto.

La situación es similar en los gobiernos locales de Lambayeque –municipalidades distritales y provinciales–, cuyo presupuesto se reduciría en 5.4 %, una reducción mayor al promedio nacional (-3.3%). A pesar de ello, el gasto en personal aumentaría en 11.5 %, representando el 42 % del total. Distritos como Cayaltí, Reque, Chongoyape, Eten Puerto y Monsefú destinan más del 55 % de su presupuesto a este rubro, lo que evidencia una estructura de gasto poco orientada a la inversión.

En este contexto, urge repensar la asignación presupuestal con una mirada estratégica que priorice la inversión pública como motor de desarrollo y no comprometa la estabilidad de las cuentas fiscales futuras. Lambayeque, como el resto de las regiones del país, necesita fortalecer su capacidad de gestión, articular mejor sus prioridades territoriales y explorar mecanismos alternativos de financiamiento, como las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas. Solo así será posible revertir la tendencia actual y avanzar hacia un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible.

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(*) Coordinador general de Videnza Instituto.

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