El Caribe ha vuelto a transformar en escenario de un conflicto que trasciende lo bilateral y amenaza el orden regional. De manera reciente, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha alcanzado niveles inéditos, marcada por un despliegue militar estadounidense en aguas cercanas y una movilización masiva de milicianos en territorio venezolano. Esta fricción no solo enfrenta a dos gobiernos, sino que también pone a prueba los límites del derecho internacional y la estabilidad de América Latina.
En los últimos meses, la administración de Donald Trump intensificó su campaña contra Nicolás Maduro, al que acusa de liderar un “cartel del narcoterrorismo”. Según Washington, el mandatario venezolano estaría al frente del Cártel de los Soles, responsable de tráfico de cocaína, minería ilegal y lavado de dinero. Estas acusaciones, rechazadas por Caracas, estuvieron acompañadas por una operación militar de gran magnitud en el Caribe: tres destructores AEGIS con misiles guiados, submarinos de ataque, aviones de reconocimiento P-8 Poseidón y más de 4000 efectivos navales y de infantería.
La operación fue presentada como parte de la lucha contra “los carteles latinoamericanos de drogas” y se amparó en la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional. Esta clasificación, compartida con el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, sitúa a estos grupos al mismo nivel jurídico que Al Qaeda o el Estado Islámico, lo que habilita sanciones financieras inmediatas, congelamiento de activos, extradiciones expeditivas y operaciones militares directas.
Además, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y confiscó más de 700 millones de dólares en activos supuestamente vinculados a su entorno. Se trata de una estrategia que combina presión judicial, económica y militar, constituyendo uno de los intentos más ambiciosos de aislamiento internacional contra un gobierno en el continente.
El trasfondo económico
Más allá del frente militar, la presión de Estados Unidos se ha hecho sentir con fuerza en el plano económico. Desde 2017, Washington cerró el acceso del gobierno venezolano a los mercados financieros internacionales, impidiéndole colocar deuda y congelando sus activos en el extranjero. Esto dejó al Estado prácticamente sin acceso a divisas, con recursos apenas suficientes para sostener la maquinaria política y militar del chavismo.
Aunque hubo un respiro con la autorización parcial para que Chevron operara en el país —inyectando hasta 200 000 barriles diarios en especie—, este alivio resultó insuficiente para compensar el colapso petrolero de la última década.
Las sanciones combinadas, junto con incautaciones, recompensas, aranceles y restricciones comerciales, redujeron drásticamente los ingresos petroleros. Incluso países como India y China, que representaban cerca del 50 % del mercado venezolano, disminuyeron sus compras. Si bien estas medidas no han logrado desalojar a Maduro del poder, sí han transformado la economía venezolana, forzando un éxodo masivo: millones de ciudadanos han abandonado el país y se proyecta que un millón adicional podría hacerlo en los próximos cinco años.
La respuesta de Caracas
Ante la presión de Estados Unidos, la reacción de Maduro fue inmediata: la movilización de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Aunque se trata de civiles armados y formados dentro de la Revolución Bolivariana, estos han sido presentados como pieza clave en la defensa integral del territorio. Más allá de su capacidad real para enfrentar un conflicto, su despliegue tiene un fuerte peso simbólico: mostrar unidad interna y dejar claro que están dispuestos a resistir cualquier intento de intervención.
El discurso oficial ha sido desafiante. Maduro aseguró que “ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela”, mientras su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que las bandas criminales ya estaban “desarticuladas”. A su vez, Diosdado Cabello acusó a la DEA de ser “el único cartel de drogas que opera a la vista del mundo”. Esta retórica, cargada de referencias al antiimperialismo, busca reforzar la legitimidad del gobierno ante su población y proyectar fortaleza hacia la comunidad internacional.
Un choque asimétrico
El enfrentamiento evidencia una desproporción evidente. Estados Unidos cuenta con la maquinaria militar más poderosa del planeta, mientras que Venezuela apuesta por una movilización numérica, pero con recursos limitados. En este contexto, la estrategia venezolana no busca derrotar a Washington, sino disuadirlo, incrementando los costos de una posible intervención.
El recuerdo de la captura de Manuel Antonio Noriega en Panamá en 1989 sigue presente. Es altamente probable que Maduro no descarte un desenlace similar siendo que la presión estadounidense podría apuntar a ese desenlace. Aunque Caracas cuenta con apoyos diplomáticos de Rusia, China e Irán, es poco probable que estas potencias se comprometan militarmente en su defensa. Incluso Cuba, debilitada por su propia crisis, apenas podría brindar cooperación en inteligencia.
El dilema del derecho internacional
Otro punto crucial es el marco legal de las acciones estadounidenses. Tanto el despliegue militar como la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista internacional se realizan al margen de organismos multilaterales. De esta manera, Washington privilegia su seguridad nacional por encima de la legalidad internacional, estableciendo un precedente que recuerda la intervención en Panamá.
Esta relativización del derecho internacional erosiona los principios de soberanía y no intervención que sostienen el orden global, y abre la puerta a futuras acciones unilaterales bajo el argumento de la “seguridad nacional”. En un mundo cada vez más multipolar, el poder duro se impone sobre el debate jurídico.
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(*) Politólogo | santacruzcarranza@gmail.com
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