La minería ilegal en el Perú representa un desafío complejo y grave desde la perspectiva ambiental, económica y social, registrando una pérdida del 2.5 % del Producto Bruto Interno - PBI, que equivale a cerca de 22 700 millones de soles anuales; detectando, de acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, una brecha de 46 toneladas de oro exportado sin registro fiscal, equivalente a US$?3500 millones, lo que refleja la magnitud de la evasión fiscal.
La minería ilegal ya no es exclusiva de Madre de Dios; actualmente, al menos 32 distritos y 22 ríos están afectados, desde la Amazonía hasta Huánuco y San Martín (El Comercio, 2025), siendo las dragas las que operan en ríos como el Nanay, Napo, Putumayo y Marañón, expandiendo la huella del saqueo. La contaminación con mercurio y el dragado de lechos fluviales dañan irreversiblemente ecosistemas amazónicos y la biodiversidad. Mientras para las comunidades nativas, esto implica la alteración de fuentes de agua y amenazas por mafias que dominan territorios como La Pampa.
En cuanto a la mano de obra que genera, la minera ilegal representa más de 400 000 trabajadores mineros que son principalmente no calificados y desempleados por la mediana minería, pero con conocimientos netamente empíricos y que operan al margen de la ley, sostenido en una clara ausencia del Estado e incapacidad de construir una política minera diferenciada y la inexistencia de institucionalidad capaz de enfrentar a través de la regulación a la minería ancestral.
El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en un escudo del crimen de miles de operadores que extraen el oro sin las mínimas condiciones ambientales necesarias y que son el refugio del catastrófico 44 % del oro exportado de forma ilegal, según el Instituto Peruano de Economía (2024), siendo los principales destinos de exportación India y Emiratos Árabes Unidos.
Problema complejo
El problema se complica al atraer redes criminales que ingresan en un círculo vicioso mal llamado minería ilegal, que ha traído consigo graves impactos de ríos contaminados, intoxicación, deforestación y un daño ambiental incalculable.
En un escenario de elecciones crítico para el año 2026, el oro parece corroer la democracia, cuyo panorama nada alentador en la arista económica. Se espera, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, que las campañas electorales reciban financiamiento por diversos canales de la minería ilegal, que buscan a toda costa favorecer sus intereses en el marco de la economía criminal a costa de obtener el poder, socavando la alicaída institucionalidad.
Es por ello que el Perú, sentado en el banco de oro, evidencia que hasta ahora las medidas adoptadas tanto por el sector correspondiente como desde las políticas públicas no han generado un cambio para combatir la minería informal, que no es resuelto con esfuerzos aislados, sino que requiere un análisis integral, que deje de lados los intereses políticos y económicos, considerando que la contaminación de las cabeceras de los ríos de sus zonas está generando efectos negativos no solo para los ecosistemas, sino para la salud de los pobladores y también a sus actividades de sustento que realizan diariamente, como la ganadería y la agricultura.
La clara causalidad de los factores de la minería ilegal son la pobreza, la falta de empleo en las áreas rurales, los precios caídos de los productos agrícolas tradiciones, la débil fiscalización, la alta rentabilidad por los precios de los metales, la falta de educación, la desigualdad social, así como la ausencia de títulos de propiedad y la clara corrupción gubernamental.
Soluciones a medias
La reciente negada aprobación de la Ley MAPE, que no logró un consenso, no alcanza como una solución viable al solo mirar el problema de un nuevo esquema de formalización, para los más de 50 500 inscritos excluidos y eliminando facultades de fiscalización ambiental por parte de los gobiernos regionales. Lo más crítico es la vulneración de los derechos de los titulares de las concesiones al ser forzados a ceder derechos a terceros, asociándola a prácticas insostenibles y dañinas, que no promueve la trazabilidad y eliminación de beneficios tributarios para aquellos que no cumplen los estándares de responsabilidad ambiental.
En este contexto repensar la política pública para solucionar el problema, debería venir acompañada de correctos incentivos para que los mineros informales se sienten atraídos a cumplir con el mismo; reglas claras de los requisitos aplicables y la oportunidad en que estos deben cumplirse; así como la ejecución de un verdadero y real filtro de quiénes van a poder formalizarse y quiénes no; así como los estrictos estándares ambientales y sociales, que junto a la certificación de metales preciosos puedan ser extraídos de forma responsable y segura a los consumidores, como el esquema de la Iniciativa Oro Responsable (Better Gold Initiative) apoyada por la Cooperación Suiza y la Asociación Suiza de Oro Responsable, promueve una minería de oro artesanal y de pequeña escala que sea sostenible y responsable, abriendo oportunidades para un negocio más rentable y formalizado.
La minería ilegal ya no es un crimen aislado, ni solo un costo ecológico o fiscal: es un desafío político, ambiental y de seguridad nacional. Detenerla exige más que operativos ocasionales; demanda una estrategia integral, persistente y multisectorial que recupere nuestras selvas, defienda a las comunidades, recupere ingresos y destruya las bases del crimen organizado.
(*) Magíster en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión Pública, Economista-Investigador Renacyt y Especialista en Inversión Pública del Centro Nacional de Planeamiento Estratégica.
(**) Economista de Esan, Egresada de la Maestría en Inteligencia Estratégica.
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En un escenario de elecciones crítico para el año 2026, el oro parece corroer la democracia, cuyo panorama nada alentador en la arista económica. Se espera, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, que las campañas electorales reciban financiamiento por diversos canales de la minería ilegal, que buscan a toda costa favorecer sus intereses en el marco de la economía criminal a costa de obtener el poder, socavando la alicaída institucionalidad.
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