La corrupción, definida por la Secretaria de Integridad Pública de la PCM como el “uso indebido del poder para obtener beneficios personales, lo que afecta la confianza pública y el correcto funcionamiento del Estado”, es uno de los principales problemas que afecta el buen desempeño de las instituciones públicas y la vulneración de derechos fundamentales de las personas, y con ello no solo favorece el desorden social y erosiona la confianza pública, sino que también limita el desarrollo nacional y socava los pilares de la democracia. Los más afectados con este fenómeno son las poblaciones más vulnerables, quienes no pueden acceder a servicios básicos de calidad como salud, educación y justicia, perpetuando de esta forma la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

Según el informe del índice de riesgos de corrupción e inconducta funcional (INCO 2024) de la Contraloría General de la República, la corrupción y la inconducta funcional causaron un perjuicio económico de S/24 268 millones. Expertos señalan con el monto perdido se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1600 modernos colegios o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

Rol de la sociedad civil organizada

Frente al problema de la corrupción en los diferentes niveles de gobierno, es importante que la ciudadanía no solo conozca sus derechos sobre la participación ciudadana, sino también que debe buscar involucrarse en los asuntos públicos en donde se toman las decisiones sobre el desarrollo del país a cargo de los funcionarios de la administración pública. La participación de la sociedad civil en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados, pactos internacionales suscritos por el Estado y la Constitución Política, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos.

A pesar de la existencia de leyes que respaldan la labor de la ciudadanía, existe poco interés para asumir un rol protagónico de parte del ciudadano esto debido a factores como falta de confianza en las instituciones públicas, la percepción de que su participación no suma o no lo toman en cuenta, la falta de conocimiento sobre las normas y mecanismos de participación, y barreras económicas o logísticas; a esto se suma la falta de voluntad política de parte de las autoridades por brindar espacios de apertura que permita a los ciudadanos hacer efectivo su derecho a la participación ciudadana a través de los diversos mecanismos existentes: demanda de rendición cuentas, participación en los presupuestos participativos, acceso a la información pública, etc.

Rol fundamental

Cuando se trata de generar conciencia pública sobre el problema de la corrupción y la promoción de medidas frente a este mal, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo, la sociedad civil organizada juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública, teniendo en cuenta que la legitimidad de los funcionarios públicos deriva de la voluntad del pueblo (delegación del poder legítimo) y bajo los principios de igualdad deliberativa y participativa, que supone la necesidad de que todas las voces sean escuchadas por igual y consideradas en la toma de decisiones públicas.

Ante el escenario difícil por el que atravesamos, donde se evidencian actos de corrupción, es esencial la participación y la movilización de la sociedad civil organizada, para la lucha contra la corrupción mediante la promoción de las normas éticas exigidas para el desempeño de la función pública, tal como sostiene Transparencia Internacional, “las iniciativas de lucha contra la corrupción se hacen más evidente cuando se considera el papel de la sociedad civil organizada en la aplicación y el cumplimiento del aparato jurídico y administrativo contra la corrupción”. Bajo esta premisa, la sociedad civil organizada, impulsada por un compromiso con los valores democráticos y la justicia social, se encuentra en una posición privilegiada para monitorear, exponer y combatir la corrupción.

No solo basta la sola organización de los actores de la sociedad civil para hacer frente a la corrupción y exigir el buen desempeño de la función pública, es indispensable el permanente fortalecimiento de capacidades de sus miembros, en temas relacionados con los mecanismos de participación ciudadana y lucha contra la corrupción: monitoreo o veeduría ciudadana que busca realizar seguimiento a las acciones gubernamentales y exigir responsabilidades a los funcionarios públicos mediante las alertas sobre hechos de corrupción; transparencia y acceso a la información pública, implica que las entidades públicas tengan actualizado y de forma amigable sus Portales de Transparencia Estándar (PTE), atender y alcanzar información requerida por la sociedad civil a través de las Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) dentro de los establecidos, promoción de la denuncia ciudadana de presuntos actos de corrupción y la protección del denunciante; realizar un trabajo articulado, fomentar alianzas con diversos actores, líderes empresariales, medios de comunicación y colegios profesionales, para hacer frente a la corrupción de forma colaborativa, Iniciativas como pactos de integridad y alianzas público-privadas permiten la sociedad civil organizada ampliar su impacto y fomenta una cultura de acción colectiva contra la corrupción.

Buenas prácticas

La Red de Integridad de Lambayeque, espacio multiactor conformado por organizaciones de la sociedad civil, sector público y privado; desde el año 2021 promueve una cultura de integridad, lucha contra la corrupción a través de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de proyectos de inversión pública en la región Lambayeque. La fortaleza de este espacio radica en su forma de organización, que involucra al sector público que administra recursos públicos, el sector privado, que contrata con el Estado, y la sociedad civil con su rol de veedora del proceso de gestión de la inversión pública.

De esta forma se fomenta un espacio de colaboración en favor de la gobernabilidad y se fortalece la partición de la sociedad civil organizada. La red realiza su trabajo de veeduría ciudadana en obras públicas a través del cumplimiento de 15 estándares para reducir riesgos que afectan la integridad en la contratación pública. Estos estándares tienen como fuente a la ley de contrataciones, documentos de gestión de riesgos de la CGR y del OECE.

La Red de Integridad actualmente se encuentra alojada en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lambayeque, y está conformada por: Colegio de Ingenieros, GORE Lambayeque, Mancomunidad del Valle la Leche, ACIL, EMSOLAM, CEFOPROH Santa Ángela, COVAG, Red Interquorum, Jóvenes del Milenio, etc.

Llamado a la acción

Teniendo el impacto que genera la corrupción frente a la efectividad de Estado, es necesario que las autoridades políticas promuevan espacios de participación ciudadana en las decisiones públicas de esa forma aumentar la legitimidad de las políticas públicas y fomentando la transparencia y la rendición de cuentas, la participación ciudadana no solo debe ser un discurso, sino que se necesitan acciones concretas que garanticen una efectiva participación ciudadana.

La sociedad por su parte debe organizarse para hacer una participación articulada y colaborativa, capacitándose sobre los mecanismos de participación ciudadana, contar con instituciones aliadas como la Defensoría del Pueblo, que vela por la protección de los derechos de las personas y también involucrar en sus labores de veeduría ciudadana a los medios de comunicación y así poder visibilizar su esfuerzo frente a la lucha contra la corrupción.

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(*) Representante de la Asociación Civil Transparencia en Lambayeque.

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Cuando se trata de generar conciencia pública sobre el problema de la corrupción y la promoción de medidas frente a este mal, que afecta la gobernabilidad y el desarrollo, la sociedad civil organizada juega un rol fundamental en la formación de la opinión pública.

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