En los albores del Bicentenario de nuestra independencia todos esperábamos con ansias esta fecha histórica e importante para la patria, sobre todo con una expectativa de cambios institucionales y democráticos. Han pasado ya 4 años de aquella memorable ocasión y el resultado que tenemos es desolador. Un país totalmente devastado por la inseguridad, el crimen organizado, la extorsión, y un gobierno que cree aún que está gestionando las mejores condiciones de vida para sus ciudadanos. Nada más contradictorio a una realidad que día a día evidencia la corruptela desde las instancias más privilegiadas del poder y de una clase política a la que llamo “putrefacta”, que ha contaminado instituciones cuyo deber y objetivo es atender las necesidades y defender los derechos más urgentes de todos nosotros, que vivimos en constante vulnerabilidad, terror, miedo y desesperanza.
Ese es el panorama real que nos presenta una república bananera como la nuestra, en donde el poder absoluto es compartido por el Ejecutivo y un Congreso que funciona como abogado defensor de la presidenta de la República, para protegerla de cada exabrupto que comete y al que mayoritariamente no le interesa los intereses colectivos, sino los personales y familiares, generando no solo inestabilidad y repudio ciudadano (Poder Ejecutivo y Legislativo con menos del 3 % de aprobación nacional), provocando una terrible brecha de desigualdad y debilidad institucionalidad democrática.
Debilidad que genera un efecto progresivo y sistemático en todo nuestro país, afectando a toda la administración pública, a los ciudadanos, a la propia sociedad y, finalmente, nuestra propia proyección hacia el futuro, más aún que transitamos por estas épocas posteriores al Bicentenario, sin que haya algo para celebrar.
¿Verdaderamente representativa?
Por ello, resulta apropiado realizar un análisis y cuestionamientos a la “Representación Parlamentaria” y proponer mejoras frente a una de las cuatro funciones más importantes del parlamento, como son la función legislativa, fiscalizadora, de investidura y representativa, por cuanto esta lamentablemente ha sido afectada a un nivel que hoy el grueso de la población lambayecana no puede identificar a los cinco congresistas de la república como sus representantes y próximamente diputados y senadores, en el marco de la reforma constitucional y el retorno después de un poco más de 30 años a la bicameralidad.
Consideramos que uno de los elementos de la compleja espiral de problemas que nos aqueja como sociedad en formación, desarrollo y sostenimiento democrático, es la desvinculación entre los actores políticos de nuestro firmamento político institucional con la ciudadanía y ello permite el surgimiento de representantes políticos sin “legitimidad” a pesar de que su nombramiento es “legítimo”.
Explicamos este punto, por cuanto es necesario comprender que no cuestionamos el proceso democrático, el cual avalamos; criticamos el procedimiento para poder flexibilizar exigencias y condiciones para el acceso al poder como congresista de la república, que actualmente existe.
Los aspirantes y elegidos
Problema material que ha permitido que personas sin un vínculo partidario, sin una línea de trabajo y representatividad puedan ser elegidas congresistas y con ello, el “clamor popular” de cualquier condición o necesidad social no pueda ser atendido en las máximas entidades públicas, porque el Congreso de la República no puede tener una mayor participación por medio de su propio representante.
Esta condición negativa descrita es el resultado de un complejo proceso de evolución y desarrollo social que proviene de épocas posteriores a la II Guerra Mundial y que se ha degenerado a lo que actualmente se observa.
Por ello, resulta interesante que a partir de verdaderas reformas y no contrarreformas electorales sobre aspectos tan importantes como la “Representación Parlamentaria”, que lamentablemente este Congreso se ha encargado de desnaturalizar, se permita generar una mayor vinculación entre el congresista de la república con una determinada circunscripción electoral, que no solo posibilite que la ciudadanía tenga una mejor representatividad, sino que además pueda ejercer una mejor fiscalización de la labor parlamentaria, la cual será útil al momento de una próxima elección parlamentaria.
Finalmente, considero que existen alternativas que podrían mejorar la “calidad” de la representación parlamentaria, (llámese diputado o senador) a partir del próximo 12 de abril del 2026, para que así los ciudadanos de todas las regiones del país no tengan un representante nominal en el Congreso de la República sino un verdadero representante.
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(*) Abogado, especialista en Derecho Electoral y docente universitario.
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Uno de los elementos de la compleja espiral de problemas que nos aqueja como sociedad en formación, desarrollo y sostenimiento democrático, es la desvinculación entre los actores políticos de nuestro firmamento político institucional con la ciudadanía y ello permite el surgimiento de representantes políticos sin “legitimidad” a pesar de que su nombramiento es “legítimo”.
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