Acudiendo al refrán “lo que no se ordena, desordena”, nos permite resumir que esta acepción básica en el ‘modus vivendi’ de una sociedad organizada, es un recordatorio de que el ordenamiento en el quehacer ciudadano es fundamental para el buen funcionamiento de los sistemas necesarios para mantener el orden y no el desorden conducente al caos y la ineficiencia en todos sus niveles, que hoy en día son prevalentes en el Perú.

Hoy en día, en el Perú, las severas condiciones de precariedad moral que imperan son razones suficientes para colegir que los entes de control no están funcionando de la manera tal que las circunstancias lo exigen, tal es así que la Contraloría General de la República no propone por lo menos un sistema de control eficaz ni siquiera en la interna de su aparato funcional, ya que en razón de los hechos fácticos de su falta de control, ponen al descubierto que ni ellos pueden controlar sus procesos constructivos para refaccionar su infraestructura, necesaria para el desarrollo de su labor de administración y el planeamiento para la realización de sus sistemas de control.

La referencia mediata

La remodelación del inmueble ubicado en el casco central de Chiclayo, de propiedad del mismo órgano contralor, cuyos trabajos se encuentran paralizados, no solo causa una preocupación extrema del por qué  este organismo no es capaz de controlar los procesos constructivos de la infraestructura de su propiedad, sino también pone al descubierto la ineficiencia de su aparato funcional evidente que, al parecer, no es el idóneo y eficiente cuando se trata de cautelar los dineros del Estado en razón de su imperativa obligación de poner a buen recaudo los presupuestos asignados para cumplir con el objetivo final.

La insolvencia de su aparato funcional

En el ámbito laboral, la acepción referenciada como “lo que no se ordena, desordena” tiene una connotación sustantiva para sostener que un equipo sin reglas ni procedimientos claros, tiende a perder eficiencia y productividad, condiciones que a la luz de las evidencias se estarían dando en la funcionabilidad del sistema de control a cargo de la CGR, por cuanto, sino es capaz de controlar lo que es suyo, no es posible asegurar y garantizar que la labor de control en otros ámbitos, sean los que necesariamente deben ser realizados con total eficiencia y oportunidad, razones suficientes que siendo tal cual, ponen en extrema indefensión los presupuestos dinerarios y el fin que persigue su utilización.

Carencias recurrentes

Es sabido que una intervención de control tiene y debe de ser oportuna en su real dimensión, no hay forma ni justificación alguna para que estas líneas de acción no sean cumplidas, pero cuando la funcionabilidad del sistema de control carece de procedimientos para detectar las irregularidades y el incumplimiento reiterado de la aplicación de aspectos técnicos y normativos de un proyecto de inversión, los daños causados son constantes y más difíciles de reparar, más aun si estos no son advertidos por los sistemas de control simultáneos o concurrentes que suele utilizar el ente de control.

El descontrol en ciernes

Las razones de un descontrol del gasto público son evidentes, cuando diariamente los medios noticiosos y la sociedad civil en su conjunto advierten irregularidades en la compra de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras, donde los actores de los recurrentes hechos de corrupción se mueven como “pez en el agua”, haciendo de las suyas con total facilidad, sin que la acción disuasiva del sistema de control y el ente de investigación actúen con severidad y prolija actitud de impedir el desorden que hoy impera en la mayoría de estamentos públicos, donde reina la inmoralidad y el saqueo cuasi legalizado de los dineros del erario nacional.   

(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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