“La deuda pública es uno de los instrumentos más poderosos de la política económica y, como si fuera una herramienta motorizada, puede utilizarse para alcanzar de manera eficiente las metas propias, pero también puede causar graves daños”, (Borensztein et al., 2007). Este trabajo realizado hace algunos años es considerado como uno de los pioneros en enfatizar los riesgos vinculados a las volatilidades macroeconómicas previas a la crisis del 2008, tras el análisis tan profundo realizado en los llamados ‘fundamentos’ de varios países latinoamericanos.
Según las cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), hoy el Perú tiene un 24 % del PBI endeudado, con un crecimiento que galopa al 22.8 % año a año en la última década, principalmente por el incremento descomunal del gasto público que surge a partir de la pandemia, duplicando la deuda en cosa de un año. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2023), el sistema de gestión de las finanzas públicas en Perú presenta una combinación desafiante: un presupuesto que crece constantemente año tras año, pero que es rígido en su uso, es decir continúa estructuralmente con los mismos porcentajes de participación tanto para gasto corriente como para el gasto de capital, lo que limita la capacidad de respuesta del Estado. Solo para comparar, según cifras presentadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el gasto corriente en el 2005 representa el 72 % del presupuesto total mientras que, en el 2025, casi invariante con un 70 %.
Sin embargo, bajo la mirada de algunos expertos latinoamericanos, nos encontramos en una situación fiscal estable, por ejemplo, según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) el déficit fiscal peruano del 2024 se sitúa en 3.5 % del PBI, por debajo del promedio de América Latina (4.7 %) y de las economías emergentes (5.5 %).
Perú cuenta con cuatro reglas fiscales que buscan mantener el orden en las finanzas del Estado: i) la deuda pública no debe superar el 30 % del PBI; ii) el déficit fiscal debe mantenerse por debajo del 1 %; iii) la tasa de crecimiento real del gasto no financiero debe ser como máximo un punto porcentual mayor al promedio de 20 años del crecimiento real económico; y iv) la tasa real de crecimiento del gasto corriente no puede ser mayor a la tasa real de crecimiento del gasto general (Decretos Legislativos N.º 1276 y 1621).
En los últimos 50 años, el Perú registra solo dos períodos de superávit fiscal en el resultado económico del sector público no financiero – SPNF (2006 – 2008 y 2011 – 2013). Sin embargo, en los últimos diez años esta presenta una tendencia negativa clara y preocupante, tornándose cada vez más aguda. Solo el 2024, el déficit supera a los últimos tres años, reflejando un patrón de gasto al parecer insostenible. Pero ello podría parecer una ilusión como un oasis en el desierto, porque en el último reporte trimestral de la situación de Perú emitido por el BBVA Research (2025), señala que, pese al deterioro fiscal, las principales calificadoras de riesgo mantienen su calificación crediticia de país “estable”, destacando la baja deuda pública, reservas suficientes para afrontar choques adversos a la economía y formulación de políticas económicas que garantizan estabilidad.
¿Buen manejo de la deuda pública?
En 2024, casi la mitad de las obligaciones totales del Estado peruano son emitidas para acreedores internos (48 %) las cuales se utilizan para financiar principalmente el presupuesto público. Debemos enfatizar que la deuda tiene como fuente de financiamiento tanto bonos como deuda contratada con diferentes entidades internacionales. En ese sentido, el 84 % de la deuda corresponde a bonos emitidos; mientras que el 16 % corresponde directamente con Multilaterales (12.1 %), Club de París (2.1 %) y otros (2 %). Del mismo modo, la amortización de la deuda pública tiene en su mayoría como vencimiento a 15 años. El esfuerzo fiscal de varios períodos presidenciales hizo que la deuda en dólares disminuya constantemente. Es así que, en el 2005, el 59 % de la deuda peruana se componga en moneda extranjera; mientras que en el 2025 se reduzca al 4 8%. Nada mal hasta el momento.
Sin embargo, amigos lectores, una elevada dependencia de la deuda pública es, bajo una mirada minuciosa, muy perjudicial si es que esta se utiliza para el gasto corriente del presupuesto público. Constantes déficits fiscales anuncian la llegada de riesgos financieros, encarecimiento del crédito, financiamiento privado limitado y exposición a crisis externas. La incertidumbre es el peor enemigo para los inversionistas. Por ende, si deseamos tener una mayor estabilidad como país, es de suma importancia contar con políticas claras hacia adelante. El Perú se merece una estabilidad hacia adelante.
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(*) Director de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
(**) Alumnos del IX ciclo.
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