Sin duda, que los tiempos que hoy nos toca vivir no son nada buenos cuando vemos que la inseguridad crece, la corrupción se engrandece y los niveles socio económicos decrecen, todo ello devenido de la precariedad gubernativa y la írrita acción legislativa, ambas cada vez más ineficientes y muy cuestionadas al fin.
La falta de seguridad que hoy impera en el Perú es un lastre que crece inconteniblemente bajo el manto de una indefensión ciudadana que la clase política no puede impedir y por lo menos paliar. Los daños que esta lacra viene causando a la sociedad, no solo son una amenaza que ataca por doquier sin ser por lo menos perseguida, sino, causa terror cuando día tras día somos testigos de excepción de cómo las muertes se incrementan, el sicariato aumenta y la ladronería en todos sus niveles crece exponencialmente.
La corrupción que no deja de crecer
Históricamente, la corrupción en el Perú es aun mal endémico que no deja de crecer y por añadidura es cada vez más difícil de desterrar. La corrupción es el refugio de aquellos parias sin alma, que, aprovechándose del efímero cargo que ostentan, se apropian del dinero ajeno para engordar a su descendencia y contaminarla en toda su extención. Hoy en día, al margen de que esta forma de robar está casi normalizada y por qué no legalizada, está revestida de una impunidad pura que no permite – por lo menos – someter a un proceso célere a los involucrados y sancionarlos ejemplarmente.
La degradación de la política
A partir de la crisis sostenida que hoy sigue creciendo en el Perú, inherente por cierto a la degradación sustancial de la ética, la moral y la probidad de una zarta de políticos de baja monta y precaria calidad, son prevalentes para impulsar leyes bajo condiciones de acuerdos escondidos que apuntalan un interés personal, lo cual pone al descubierto que la descomposición de la política peruana no solo es cada vez más ancha, sino que sus actores que fungen de moralistas y luchadores por el bien común, son solo unos farsantes que se nutren de sus fechorías y los desatinos compulsivos que logran consumar a su favor.
El sistema de justicia
Reza el dicho popular que “justicia que tarda no es justicia”, en este sentido, la impericia y el retardo acusador y sancionador en el que se encuentra el sistema de justicia en el Perú, es en gran parte uno de los elementos fundamentales del deterioro en el que hoy se encuentra nuestro país, tal es así que, los acontecimientos delictivos crecen y se sostienen, debido a que el sistema de justicia que casi no impera en la nación, otorga la facilidad plena para que el delincuente común y corriente cometa sus fechorías y que aquellos que visten saco y corbata, que son los que más roban, hagan de las suyas con mayor impunidad.
La indefensión ciudadana
Sin duda que, el accionar de aquellos que deben prevenir la comisión de un delito, o en todo caso identificar al delincuente que lo comete, no está funcionando en sus niveles de efectividad, tal es así que, las extorsiones, el sicariato y la delincuencia común exponen un acelerado crecimiento cada vez más difícil de superar. Consecuentemente, el aumento delincuencial en el Perú viene alcanzando niveles insospechados, paralelamente con los actos de corrupción imperantes en casi todos los estamentos públicos que son como una olla fétida donde se cocinan los robos sistemáticos en mayor proporción.
¿Qué podemos esperar?
La crisis expansiva cada vez más invasiva en el Perú, está generando que la sociedad en su conjunto ya no quiera vivir en el país donde nació, por cuanto cada vez más percibe que la crisis socio económica, la delincuencia en sus diferentes modalidades y el desprestigio moral de la clase política, están haciendo que el Perú se esté yendo al vacio, sin visos – por lo menos – de un real cambio radical, por lo tanto, las ilusiones y expectativas de vida son cada vez más insostenibles y difíciles de hacerlas realidad.
Solución demagógica
En los últimos días, los trascendidos sobre un posible traslado de delincuentes comunes y corruptos funcionarios hacia una cárcel de máxima seguridad ubicada en El Salvador, ha encendido las alarmas en el ámbito gansteril, lo que de ser cierto no solo sería demostrativo que el Perú tiene ladrones para exportar, sino que pondría en evidencia que las políticas dictadas para luchar contra todo aquel que delinque no han sido eficientemente normadas y construidas sobre una base real y efectiva, lo que demuestra a carta cabal que, todos los involucrados en la lucha contra la criminalidad, han fracasado dictando normas disparatadas, las cuales como siempre no son efectistas y disuasivas para parar los actos delictivos que permitan a los peruanos vivir mejor. ----------------
(*) Especialista en contrataciones del Estado.
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