La Defensoría del Pueblo instó al Estado peruano a fortalecer el Mecanismo Intersectorial de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos. Ello supone, indicó, que el mecanismo sea dotado de los recursos necesarios y se capacite a sus autoridades. Asimismo, consideró que se debe garantizar el monitoreo de las medidas de protección, medidas urgentes de protección y garantías personales.

De acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, que contiene información recogida y desarrollada por las oficinas y módulos en todo el país, entre 2020 y 2024 se han documentado 21 asesinatos de defensores de derechos humanos en el ejercicio de su labor.

Durante el 2023, la Defensoría del Pueblo conoció 117 casos de amenazas contra personas defensoras de derechos humanos. De ellos, aproximadamente el 63 % de los casos fueron reportados en los departamentos de la amazonía, donde los defensores están principalmente comprometidos con la protección del medioambiente y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Este año

Además, en el transcurso del 2024, mediante la base de datos de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 39 casos de afectaciones a personas defensoras en diversas regiones y localidades como Loreto, Tingo María, Amazonas, Madre de Dios, Ucayali y Cajamarca. De esta cifra, 22 defensores han señalado que su labor se centra en la protección del medio ambiente y 2, en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, siendo estas actividades las más afectadas y amenazadas.

Además, se han identificado 28 casos de riesgos y vulneraciones, donde los responsables estarían presuntamente vinculados a actividades ilegales. Entre estos, 11 defensores denunciaron haber recibido amenazas, 2 señalaron el incumplimiento de medidas de protección, y 6 más enfrentaron inconvenientes con las garantías personales que se les habían otorgado. 

En lo que va de 2024 se han registrado dos presuntos asesinatos de defensores del medioambiente en Madre de Dios, casos que aún están siendo investigados por el Ministerio Público.

En ese sentido, se dio a conocer que, tras un monitoreo realizado en las regiones de Ucayali y Huánuco, se ha constatado una serie de deficiencias en la implementación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, entre ellas la falta de personal, presupuesto, logística y el desconocimiento de las normativas que deberían garantizar la protección de quienes arriesgan sus vidas por la justicia social y ambiental.

Los riesgos

Estas deficiencias limitan la capacidad de respuesta del Estado frente a las amenazas que enfrentan las personas defensoras. Así lo sostuvo el adjunto de Derechos Humanos, Carlos Fernández, quien resaltó que resulta imperativo que el Estado priorice el seguimiento del caso Saweto, un símbolo de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la defensa del medioambiente. Cabe indicar que este caso emblemático, ocurrido en el año 2014, sigue pendiente de justicia, lo que pone en evidencia la falta de compromiso del Estado con la protección de los derechos fundamentales en contextos de alta vulnerabilidad.

“Desde la Defensoría del Pueblo venimos exigiendo una respuesta eficaz para garantizar que se haga justicia en este y en todos los casos de crímenes y amenazas, por lo que exhortamos a las autoridades a desarrollar planes estratégicos regionales que aborden las causas estructurales de los riesgos que enfrentan las personas defensoras, adoptando un enfoque integral que contemple los derechos humanos y la sostenibilidad”, sostuvo Fernández.

El representante de la institución, además, reiteró el respaldo y compromiso con las personas defensoras de derechos humanos, haciendo un llamado a la acción para que el Estado asuma su responsabilidad en proteger a quienes, con valentía, luchan por la justicia social, la conservación del medio ambiente y la protección de nuestra diversidad cultural.

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