A 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación - CVR, que estudió a profundidad el período de conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y el 2000, la implementación de sus recomendaciones es una tarea pendiente.
A decir de Jennie Dador Tozzini, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todo proceso de búsqueda de la verdad, como fue la misión de la CVR, tiene un proceso posterior de oportunidad para implementar reformas y recomendaciones, tiempo tras el cual hacerlo resulta más difícil.
Para el caso peruano – sostiene – ese período pasó y se desaprovechó, pues la atención estuvo centrada en el diseño de cambios a nivel institucional como la nueva Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiamiento de Organizaciones Políticas, faltando trabajar en el componente de socialización del informe, para que su contenido sea conocido y aceptado por la ciudadanía, pues es el relato oficial de lo ocurrido durante 20 años de violencia.
“El informe no es la invención de un grupo que se sentó a redactarlo. Es la expresión de más de 20 mil personas que dieron su testimonio de lo que había ocurrido y habían vivido. Tenemos avances, sí, como los 101 casos sobre los que se ha dictado sentencia, pero no es suficiente respecto a las vulneraciones vividas. De las 21 mil personas desaparecidas, aún falta encontrar a 17 mil y no hay presupuesto ni tecnologías para buscarlas. Hay procesos pendientes, siendo uno de ellos la reforma policial y de las Fuerzas Armadas, que quedaron truncas. No haberlo hecho en su momento nos pasa hoy la factura, con las violaciones cometidas recientemente”, menciona.
Anota que en los últimos 20 años se han reportado más de 200 casos de ciudadanos que han muerto al participar en movilizaciones y protestas, no existiendo hasta el momento ninguna sentencia condenatoria.
“Lo que se está sosteniendo en el tiempo es la impunidad y eso hay que cambiarlo. En el afán de hacer algo se modificaron algunas normas, como la que permite la participación política de exintegrantes de las Fuerzas Armadas y policiales. Hoy tenemos cinco ex altos mandos del ejército y la marina en el Congreso, que casualmente son quienes corresponden justamente al período del conflicto armado interno. Ello hace más difícil que se pueda llegar a la verdad en todos los casos o los que siempre ponen en la agenda la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, enfatiza.
Salida de la CIDH
La salida del Perú del Pacto de San José para desvincularse de la jurisdicción y alcances de la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, es una de las banderas que cada cierto tiempo levantar ciertos sectores de la política, bajo el argumento que con ello se podría restituir – por ejemplo – la pena de muerte para violadores.
En el fondo – señala Jennie Dador – lo que estas voces buscan es desvincular al Perú de la jurisdicción de la corte, porque saben que es el escenario en el que se puede exigir justicia frente a la vulneración de derechos humanos y fundamentales.
“No solo piden que salgamos de la corte, sino también intentan modificar el currículo educativo y lo que se va a enseñar sobre la historia reciente del país en su afán de reescribir los hechos o contarlos según su conveniencia”, afirma.
Añade que en la CIDH no solo se han ventilado casos de derechos humanos vinculados a la violencia terrorista o de las fuerzas armadas y policiales, sino también demandas laborales como es el caso de los despedidos de Telefónica; jurisdiccionales, como el de los jueces cesados por la dictadura de Alberto Fujimori tras el autogolpe del 5 de abril y que fueron repuestos por la corte, o de índole político, como la demanda pendiente de resolverse emprendida por el exalcalde de Chiclayo Arturo Castillo Chirinos, quien accionó contra el Estado Peruano luego que el gobierno de Alan García Pérez desconociera la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó su reposición como burgomaestre de la ciudad.
“Los críticos dicen que la corte ordenó pagar reparaciones a terroristas y eso es totalmente falso, porque el Estado nunca pagó ninguna reparación a sentenciados por terrorismo. En el único caso en el que hubo esa pretensión, el Estado se protegió haciendo efectivo el cobro de la reparación civil. Las narrativas que presentan quienes se oponen a la justicia supranacional en materia de derechos humanos representa un peligro latente para que el Perú salga de la corte, más porque existen intereses políticos del Parlamento y pactos con el Ejecutivo”, explica.
Gobierno de Boluarte
Dador Tozzini sostiene que es un hecho que luego de lo sucedido entre diciembre del 2022 y diciembre de este año, con la muerte de 43 civiles por impacto de armas de fuego, durante la represión policial y militar, los integrantes del actual gobierno de Dina Boluarte terminarán respondiendo ante la justicia.
“En el gobierno saben perfectamente que les espera la cárcel y eso es lo que en este momento los lleva a sumar al discurso para que el Perú salga de la CIDH o querer copar el sistema de justicia. No se trata únicamente de los implicados en las violaciones a los derechos humanos, también están los ‘mochasueldo’ y tantos otros que están involucrados en casos de corrupción. Hay un montón de gente que sabe que va a ir a la cárcel y todos están unidos con el único interés de mantenerse en el poder y no perder su libertad”, afirma.
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