Quiero empezar citando dos mensajes acordes con la realidad que hoy vive nuestro país, el primero es la sabia reflexión de un ser entregado a sus ideales de servir y ser siervo de Dios, me refiero a San Agustín, quien en una de sus tantas reflexiones nos dejó un mensaje claro y real cuando con una simpleza ideológica nos dijo: “Un Estado sin justicia, es una banda de ladrones”, acepción que por cierto en el Perú, cada vez es más evidente.

La segunda reflexión está referida a lo dicho por el presidente de la hermana República de El Salvador, Nayib Bukele, quien en una de sus alocuciones, sin temor a equivocarse, dejó en claro que el enfoque de los derechos humanos de la gente honrada, es menos importante que el de los delincuentes que roban, violan o asesinan con total impunidad.

Trayendo a colación lo dicho por San Agustín, no podemos negar que la justicia en el Perú es pro delictiva, por cuanto no existe como un sistema defensivo de los derechos humanos para castigar con severidad al delincuente del estatus y la calaña que fuere, quienes cada vez mejoran sus estrategias delincuenciales, sin que estas sean sometidas al juicio formal y honesto de la justicia, que por su naturaleza misma debería ser diligente, severa e imparcial.

¿Qué tenemos?

En el Perú, tenemos una justicia cada vez más empobrecida en su ética, su moral y su solvencia académica para castigar ejemplarmente y con celeridad al que delinque, por eso es que, sin reparo alguno, la mirada ciudadana nota cómo la corrupción y la inseguridad ciudadana avanzan en forma incontenible; las bandas y organizaciones criminales aumentan, los robos callejeros se incrementan y las violaciones crecen, sin que para todos los que son sus actores inconsecuentes, el aparato judicial se imponga con sanciones ejemplares y equitativas, anteponiendo los derechos humanos que a cada uno de ellos les corresponde, teniendo en cuenta que los derechos humanos les asiste a las personas honestas, probas y consecuentes con la moralidad y el buen vivir, los cuales no deben ser conculcados.

Justicia que tarda, no es justicia

El accionar del aparato jurisdiccional encargado de impartir justicia en el Perú, es tardío, dilatorio y distractivo, por ende, no es eficaz ni eficiente, razón por la cual es inservible para frenar un flagelo compuesto por delincuentes de toda calaña dispuestos a seguir avanzando con total impunidad, sin que para ello el antídoto perfecto de la sanción ejemplar exista, cuando notan que sus fechorías y el tinglado delincuencial se perfecciona con celeridad y avanza con mayor alevosía y extremada temeridad criminal.

Lo insólito

El trastoque de los cuerpos normativos por parte de los entes encargados de sestear el delito, en este caso el Ministerio Público, amo y señor de la investigación, cada vez es más elefantiásico en su accionar, tal es así que los casos más sonados de corrupción, durante muchos años, siguen siendo materia de investigación a pesar de las pruebas encontradas y las delaciones recibidas.

Muchos de estos casos, por no decir todos, hasta hoy no son pasibles de una acusación técnicamente bien sostenida, lo que impide que el Poder Judicial, como ente sancionador, logre por lo menos dar inicio a los actos preparatorios para llevar a un juicio oral a los actores ya identificados, que le permita aplicar sanciones ejemplares que, como vemos, se dan en menor escala y quizás aún no se dan en su mayoría.

No hay justicia

La justicia no es tal cual, por lo tanto es inexistente y si convive en el país es incipiente, inhumana y circulada por presuntos actos de corrupción para favorecer al ladrón y al criminal, mas no para el que es víctima de un acto execrable que día a día sucede en el país, donde la justicia es pálida, incipiente e indiferente, más aun cuando la población es un espectador preferencial, cuando ve que muchos entran a la cárcel provisionalmente y salen cuando la justicia lo decide a gozar de la libertad concedida por un aparato judicial que predica honestidad, pero con sus hechos, demuestra que no es lo que ellos pretenden decir que son, por lo tanto, en el Perú no hay justicia plena y efectiva como condición natural.      

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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.

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