Como decía el pensador Manuel González Prada, el Legislativo es un cuerpo enfermo donde se pone el dedo, brota la pus; ello en referencia a todos los casos de presunta corrupción que se niegan a investigar. La frase “otorongo no come otorongo” tiene más vigencia que nunca, cuando vemos sanciones benignas que se imponen a parlamentarios con graves cuestionamientos. Pero también hay ambiciones desmedidas para consumar leyes que los beneficien, como fue el caso de la bicameralidad, la cual no rindió sus frutos por la valiente decisión de una de sus miembros que votó en contra, pese al hostigamiento que sufrió durante el debate.

Lo visto la noche del viernes 9 de este mes en el pleno del Congreso de la República, donde en una sesión acalorada se votaba por el retorno a la controvertida bicameralidad; es decir, al mismo sistema que había antes de la década del 90: una Cámara de Diputados con 180 miembros y otra de Senadores con 60 integrantes, expuso públicamente las ambiciones desmedidas de los legisladores por consumar este propósito y el mercantilismo en que han convertido a la política (la propuesta actual es de 130 diputados). Fujimoristas, acciopopulistas, apepistas y las bancadas de derecha, buscaban a como dé lugar que se apruebe esta norma en el Parlamento para evitar que sea sometida a referéndum, porque sabían que en este escenario no sería aprobado, por la repulsa que hay hacia ese poder del Estado, como ocurrió en 2018, cuanto el 90% de la ciudadanía dijo no a la reforma constitucional que establecía la bicameralidad. La temperamental congresista María del Carmen Alva hizo el papelón de su vida, en forma desesperada, casi al borde de las lágrimas, y en un claro acto de hostigamiento, presionó a su colega del Bloque Magisterial, Francis Paredes Castro, para que cambie su voto a favor del retorno a la bicameralidad y así puedan llegar a los 87 votos requeridos por ley. Pero no lo consiguió.

Posición principista

El voto de Paredes era esencial para el propósito de Alva y compañía; pero la parlamentaria natural de Ucayali no cedió a la conminación de la expresidenta del Congreso, quien ha demostrado no poder controlar su temperamento y sus emociones en circunstancias complejas (¿qué diría su tío carnal, el líder histórico de Acción Popular, Javier Alva Orlandini, sobre la conducta controversial de su sobrina?) y más bien ha exhibido muchas cualidades para el histrionismo. Pero lo destacable de este episodio ha sido la posición principista que mantuvo Francis Paredes respecto a su voto, que ya lo tenía definido desde hace mucho tiempo (recordemos que en la última sesión plenaria del Congreso, el 15 de julio de 2022, se aprobó el dictamen de reforma constitucional del retorno al sistema bicameral; pero se requería una nueva votación para que quede consumado). No se dejó intimidar y dio las razones para votar en contra de este proyecto: “Como madre y maestra siempre seré coherente en mi comportamiento y decisiones, cada quien responda por sus actos; ahora es el turno de la ciudadanía para decidir respecto al referéndum” (El Comercio 11/06/2023). Pese a que el Congreso parece un muladar, un lugar donde se pone el dedo y salta la pus -como decía Manuel Gonzales Prada-, todavía quedan parlamentarios que actúan por convicción e ideales, son pocos, pero hay. Como dice el periodista César Hildebrant, “de 130 legisladores, solo diez se salvan, son honorables, el resto es puro miasma”.

Falta de transparencia

Otro caso que ha generado el repudio ciudadano es el blindaje a cuatro congresistas de Acción Popular denominados Los Niños, acusados de integrar una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo. Una vez más, la frase “otorongo no come otorongo” se puso en vigencia, precisamente para señalar a los parlamentarios que se encubren y protegen mutuamente. Esta polémica decisión afectaría las investigaciones fiscales contra los parlamentarios, sindicados de ser los responsables de proteger a Castillo. Pero aún hay más. La Comisión de Ética ha mostrado mano blanda con las sanciones leves que viene aplicando a los legisladores denunciados por el recorte de sueldos a sus trabajadores. Los informes finales de los dos primeros casos -Heydi Juárez y Magaly Ruiz- contemplaban propuestas de suspensión por 120 días para las conocidas “mocha sueldos”, pero los congresistas de ese grupo de trabajo las cambiaron y redujeron a simples amonestaciones y el pago de 30 días multa. Ambos casos habrían sido investigados en forma deficiente y ahora servirán como referencia para los otros siete procesos en curso. La credibilidad y confianza en del Congreso sigue por los suelos, porque cada día sus propios integrantes se encargan de petardearlo y hundirlo, sus acciones de deshonestidad y falta de transparencia los coloca en una posición de rechazo masivo. La impunidad ha ganado terreno en este poder público peligrosamente, tienen una coraza a prueba de balas, tal es así que las criticas parecen ya no hacerles mella.

Es por estas acciones que la clase política está desacreditada y manchada por personajes que ven en la política un medio para enriquecerse del Estado y no para servir a la ciudadanía. La honestidad y la decencia son valores muy lejanos a su práctica diaria, hay una sarta de congresistas mediocres y avivatos que solo les interesa llegar al poder para usufructuar del sistema, y gobiernan de espaldas a las grandes necesidades del país. La alta desaprobación del Congreso, arriba del 90%, grafica el sentimiento de rechazo unánime del poblador de a pie, por actuaciones que lindan casi con lo delictivo. Un congresista es un servidor del Estado, elegido por el voto popular, pues su jugoso sueldo proviene de los impuestos que pagamos todos los peruanos; por lo tanto, debe ejercer sus funciones con absoluta transparencia, integridad, ética y moral, porque está al servicio de todo un pueblo que espera mucho de ellos.

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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.

 respuesta de StevlasK el 2019-08-31.

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