Asegurando una vez más que la institución que dirige en Lambayeque cumple con su rol en la persecución del delito, la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovanna del Río Carreño, señala que el Ministerio Público enfrenta la dificultad de carecer de personal, pero además de no contar con presupuesto para tener a disposición plena peritos que ayuden en las investigaciones que se realizan.
La producción del Ministerio Público en el distrito fiscal es del 82 %, significando esto un avance importante en la resolución de las denuncias que se presentan. El 18 % restante lo constituyen los casos que se encuentran a la espera del inicio del juicio oral o que están en el control de acusación. Esta última fase depende más del Poder Judicial, de la asistencia de los imputados o de sus abogados.
Aproximadamente hay 500 carpetas fiscales que se encuentran listas para el inicio de los juicios, pero las audiencias se reprograman constantemente, la mayoría por falta de coordinación de los abogados con sus defendidos.
Entre enero y abril de este año, las fiscalías penales de Lambayeque recibieron 13 mil 674 denuncias, dos mil más que las ingresadas en el mismo período del 2015, de las cuales fueron resueltas 10 mil 674. Los fiscales lograron 94 fallos de prisión preventiva y mil 906 sentencias condenatorias. Asimismo, en los cuatro primeros meses del 2016 se obtuvo cuatro sentencias a cadena perpetua y 27 penas privativas de libertad superiores a 15 años.
Las fiscalías de familia, por su parte, acumularon un total de 396 expedientes, sobre los cuales han emitido 288 dictámenes, en tanto las fiscalías civiles revisaron mil 261 expedientes, emitiendo mil ocho dictámenes.
“Hemos avanzado bastante y el número de audiencias frustradas se ha reducido considerablemente desde mediados del año pasado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que han aumentado los casos, lo que ha originado que se programen audiencias ya no solo para dentro de tres meses, sino a más tiempo. En materia penal nuestras programaciones son relativamente próximas, si se revisan las programaciones judiciales en materia laboral hay audiencias fechadas para el año que viene, incluso para después del segundo semestre”, menciona la magistrada.
MÁS FISCALES
Refiere que las fiscalías de Chiclayo y José Leonardo Ortiz son las que presentan mayor carga de expedientes, sobresaliendo la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, donde se investigan carpetas complejas como la 2447, que corresponde al caso Limpios de la Corrupción, aun cuando esta tiene un equipo de siete fiscales, dos provinciales y cinco adjuntos, dedicados a exclusividad.
La creación de la fiscalía especializada para casos de corrupción si bien aborda las investigaciones respecto a ilícitos cometidos en perjuicio de la administración pública, no ha representado una reducción significativa de la carga existente en las demás fiscalías de Lambayeque. “Por más que anticorrupción se encargue de estos casos, que son grandes, pesados y demandan de muchas diligencias, las fiscalías penales siguen teniendo una alta carga”, señala Del Río Carreño.
Por otro lado, la aplicación de la Ley de Flagrancia ha puesto en apuros al Ministerio Público por el problema que desde ya hace años arrastra, que es básicamente la falta de personal.
Giovanna del Río explica que Lambayeque tiene 150 fiscales para casos penales, entre provinciales y adjuntos, pero la situación actual demanda de la creación de nuevos despachos. Por ejemplo, se requiere de una fiscalía provincial corporativa para Chiclayo, una para José Leonardo Ortiz y otra para el distrito de La Victoria, cada una con 16 fiscales.
“Se ha pedido la creación de las plazas. El año pasado casi todas las fiscalías en el Perú se declararon en emergencia, sobre todo las que tienen las cargas más fuertes como Trujillo y Arequipa, y si bien aquí no se hizo noticia nacional saliendo a la prensa, los fiscales provinciales también se declararon en emergencia, estableciendo los puntos en los cuales había mayor requerimientos y esto se elevó al Fiscal de la Nación”, comenta.
La magistrada reconoce que es complejo resolver la falta de fiscales, debido a que esto depende de la disponibilidad presupuestal del Ministerio Público. “Lo que se está haciendo a través de la Secretaría Técnica del Nuevo Código Procesal Penal es evaluar las zonas de las que se puede hacer el desplazamiento de la plaza fiscal a las sedes que se requieren. Por esto, hace un mes se trasfirieron cinco plazas, tres para Chiclayo, una para Leonardo Ortiz y otra para La Victoria. Con esto ha sido posible armar un despacho más en la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado”, precisa.
CASOS EMBLEMÁTICOS
Menciona que otro de los aspectos en los que se trabaja constantemente es en la coordinación de la presidencia con las fiscalías que revisan casos emblemáticos como el de los Limpios de la Corrupción, Los Wachiturros y Los Intelectuales de Lambayeque.
“La dedicación exclusiva de siete fiscales al caso Limpios de la Corrupción ya es bastante, porque de por sí nosotros estamos recargados. En esta investigación se está trabajando con la Contraloría General de la República, que nos está apoyando en la recopilación y organización de los documentos de cada uno de los imputados para poder realizar la pericia”, señala la presidenta de la junta de fiscales.
Respecto al sector azucarero, algunas investigaciones las ha tomado la fiscalía anticorrupción, al tratarse de casos en los que están involucrados los administradores judiciales de las empresas agroindustriales en conflicto, en tanto las fiscalías penales revisan otros casos.
“Nosotros tenemos un registro de peritos, a los que convocamos de acuerdo a las acciones que necesitamos, pero no contamos con peritos a disponibilidad completa y exclusiva, no contamos con presupuesto para ello. En Lima, por ejemplo, la fiscalías especializadas si tienen peritos a dedicación que se dedican a trabajar los casos de manera permanente. Eso sería un gran alivio, pero lamentablemente presupuesto no tenemos y en materia de contratación de personal también estamos limitados por las leyes que prohíben mayores convocatorias”, anota.
FILTRACIONES
En relación a las fiscalías que trabajan casos emblemáticos y cuyas investigaciones se han iniciado basándose en los testimonios de colaboradores eficaces, Del Río Carreño sostiene que existe la responsabilidad del Ministerio Público de corroborar las declaraciones para con ello establecer las imputaciones penales.
Ligado a esto está la filtración de declaraciones a los medios de comunicación, lo que ha originado incluso quejas contra algunos fiscales ante la Fiscalía Superior de Control Interno, que ha abierto investigaciones al respecto.
La titular del Ministerio Público en Lambayeque expone que en el primer caso los beneficios que reciben los colaboradores eficaces son decididos por el juez de investigación preparatoria de acuerdo a los aportes que estos brindan a las investigaciones. Sobre lo segundo, afirma que la situación es preocupante.
“Nos preocupa porque las investigaciones deben ser en la medida de lo posible reservadas, lo que buscamos siempre es un control sobre el rol que debe ejercer el fiscal y las personas que trabajan con él, porque si sale una información de las investigaciones caben muchas posibilidades, o es el fiscal o la gente que trabaja con él. Hay un factor especial que es la dificultad de mantener en custodia todo lo que nosotros tenemos, las fiscalías no tienen espacios, aunque se supone que si se trata de casos especiales la documentación debe guardarse bajo llave. Sin embargo, otra posibilidad de filtración de la información son los abogados, porque estos tienen derecho a exigir copias de todos los actuados. Siempre hacemos la recomendación a los fiscales”, comenta.
Giovanna del Río no descarta la posibilidad de realizar un barrido electrónico a la sede del Ministerio Público de Lambayeque, a fin de detectar cualquier dispositivo que permita la filtración de la información reservada que se maneja en los despachos fiscales. Asimismo, descarta que haya equipos de interceptación telefónica al interior del edificio.
“Todo el mundo ha escuchado esa versión, pero es poco probable. Yo he consultado a las personas que conocen del tema y me han indicado que los equipos para realizar ese tipo de acciones son muy costosos y que evidentemente es muy poco probable que alguien se dedique a eso porque no le representa mayor beneficio. No se ha hecho un barrido electrónico en el edificio, pero sí es una buena idea, sí lo solicitaría. La población puede tener la seguridad que todas nuestras acciones se realizan de acuerdo a ley, yo descarto cualquier práctica de chuponeo en las fiscalías”, asegura.
Por otro lado, la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque refiere que el Ministerio Público sí recibe el apoyo de las instituciones cuando se solicita información documentaria para las investigaciones que realiza, aunque asegura que no siempre esta llega en los plazos más breves.
“Las instituciones sí están cumpliendo con los requerimientos del Ministerio Público, pero cuando la documentación se necesita con suma urgencia los fiscales mismos se encargan de ir a recabarla directamente. Cuando nosotros solicitamos la información existen dos posibilidades: que la envíen o que nos respondan diciendo que está desaparecida o algo similar. En el caso de la Municipalidad de Chiclayo, por ejemplo, está cumpliendo con informarnos, pero si se detectara que hay documentos falsos se tendría que tomar las acciones correspondientes. Sin embargo, sí forma parte de la respuesta decir que la información no está”, asevera.
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