El exfiscal supremo Avelino Guillén Jáuregui llegó a Chiclayo para participar de un conversatorio organizado por Ojo Público sobre la importancia de la transparencia en el desempeño y patrimonio de los magistrados del país. El reconocido jurista que jugó un papel protagónico en el proceso seguido contra el exdictador Alberto Fujimori Fujimori, por los casos Barrios Altos y La Cantuta, remarcó que muchos jueces y fiscales se valen de las deficiencias del sistema de control para enriquecerse y vivir en impunidad.

 

Guillén Jáuregui señaló que es importante conocer el patrimonio de los magistrados porque un juez no es cualquier funcionario, sino uno dotado de mucho poder por la sociedad y al que la Nación le ha otorgado un título que lo enaltece. Añadió que el juez está en la obligación de ser absolutamente transparente, tener una conducta íntegra y ser estrictamente honesto.

 

“Pero, ¿qué ocurre ahora? El juez es una persona que vive aislada de la sociedad, que no tiene lamentablemente el respeto de la ciudadanía. El juez con su conducta y trabajo funcional tiene que ganarse la confianza. Se puede entrar fácilmente a analizar los niveles de aprobación del Poder Judicial y estos no alcanzan al 13 %. El índice de confianza del Poder Judicial está alrededor del 7 %, entonces con esos resultados tan bajos con qué legitimidad puede enfrentar, por ejemplo, a la delincuencia y el crimen organizado, o al narcotráfico. Es por eso que la delincuencia en el Perú crece, y a la inversa el Poder Judicial disminuye en sus niveles de aprobación. Es necesario que los jueces den una muestra de transparencia e integridad, mostrándose a la ciudadanía”, enfatizó.

“Es fundamental conocer el patrimonio de los jueces porque la ciudadanía tiene legítimo derecho de conocer de qué viven los jueces. Es legítimo que un periodista o persona le exija al juez que muestre cuáles son sus ingresos y que ha adquirido con estos y cómo. Pero lo que sucede es la presencia de una conducta de ocultamiento deliberado de los bienes, de disfrazar las cifras y disminuir los montos con la finalidad de evitar sorprender”, añadió Avelino Guillén, quien en febrero del 2011 renunció al Ministerio Público.

 

RESPETO CIUDADANO

Refirió que al negarse a dar mayores muestras de honestidad, los magistrados pierden el respeto de la ciudadanía y ello repercute en la imagen de las instituciones como el Poder Judicial. “El propio Código de Ética del Poder Judicial señala que uno de los valores resaltantes de los jueces es la transparencia, pero esa norma es letra muerta. Ese descrédito de ocultar las cosas es lo que produce una pérdida de legitimidad por parte del Poder Judicial. Es un tema que parece sencillo, pero el problema ético en el Perú es muy grave y acentuado. La población peruana no tiene una actitud de rechazo y repulsión al deshonesto, y los jueces deshonestos usualmente tienen mucha simpatía y liderazgo sobre los demás jueces. Por la conducta de esa minoría, que se replica por los medios, da la sensación que todo el sistema está podrido, y es una situación que se debe revertir. Lo que apena es que los jueces no hagan nada para cambiar esta situación. Existe una pasividad alarmante de la situación”, describió el exfiscal supremo.

 

Guillén Jáuregui señaló además que el sistema favorece las conductas irregulares entre los jueces, quienes no son evaluados en base a sus capacidades personales e integridad, sino a su producción y certificación académica, aunque esta no garantice idoneidad para el desarrollo de la función jurisdiccional.

 

“Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, reinició sus funciones a partir del 2001 tuvo una disyuntiva muy marcada: si para la selección de magistrados optaban por evaluar rigorosamente su historia de vida, su conducta ética y honestidad, o se basaba en su currículo académico. Como no se pusieron de acuerdo, hasta hoy la tendencia mayoritaria es basarse en el aspecto académico. Nosotros sabemos ya muy bien cómo se construyen los currículos académicos en el Perú y el tema de la trayectoria de vida no se toma en cuenta básicamente, es por eso que cuando alguien viene a reprochar el nombramiento, por ejemplo, de Juan Pérez, inmediatamente un consejero te responde con el currículo que lo respalda, pero no se toca la trayectoria de la persona”, mencionó.

 

El CNM

Avelino Guillén refirió que otro problema en el país es que la sociedad no es consciente aún del poder que concentra el Consejo Nacional de la Magistratura, institución autónoma que se encarga de la evaluación, designación y ratificación de jueces y fiscales.

 

“Esa es la gran institución. En el Perú cualquier conducta irregular no es materia de un reproche adecuado por parte de las instituciones. Para cada concurso el Consejo Nacional de la Magistratura saca un nuevo reglamento. Cada año van cambiando de acuerdo a las tendencias que se manejen, pero el Perú hoy se basa en certificaciones y documentos. Cuando no se evalúa la trayectoria de vida, la dedicación y entrega al trabajo. El consejo ha fracasado en lo que es la selección adecuada de los mejores postulantes, porque no evalúa ni conocen el mecanismo de trabajo de un juez o fiscal. Si analizamos lo que hace un juez o fiscal en su horario de trabajo es preparar sus clases de universidad, ponencias, discursos y artículos que va a significar a mejorar su currículo, y esto es lo grave, ya que no se dedican a la producción”, señaló.

 

El jurista citó casos emblemáticos como la matanza del cuartel Los Cabitos, cuyo juicio oral tiene más de cinco años sin que hasta el momento exista un fallo definitivo del Poder Judicial. “Es increíble que un juicio pueda durar tanto, porque hacen audiencias de 20 minutos y los testigos que vienen de zonas alejadas esperan días para declarar, pero nunca le toman su declaración. En el camino han muerto varios de los testigos y evidentemente ya sabemos cómo van a terminar estos juicios. Considero que si queremos cambiar esto, lo que tenemos que hacer es cambiar primero al Consejo Nacional de la Magistratura, porque es el organismo encargado de seleccionar nombrar, destituir y ratificar a los jueces y fiscales, y si ellos no cambian y no tienen otra mirada adecuada de cómo cumplir con la función, esto es el fracaso. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura no ha logrado hasta hoy conocer la realidad judicial. Si uno le pregunta al consejero qué opinión tiene sobre el perfil del fiscal Avelino Guillén, por decir hace diez años, no sabe. El segundo fracaso es que el Consejo no ha logrado incorporar a los abogados en ejercicio en los concursos de selección, ya que siempre postulan los mismos que son el cesto de la fruta podrida. Y, como tercer punto, advierto que en los últimos años no he visto a fiscales de provincia, conociendo el trabajo que realizan, que postulen a la máxima instancia. Si uno revisa la relación de candidatos de jueces y fiscales supremos en estos últimos concursos casi todos son limeños, interpretando que la capital es la única proveedora de candidatos para máximas instancias. Eso es lamentable”, cuestiona.

 

CONTRALORÍA

En otro momento, Avelino Guillén lamentó que la Contraloría General de la República opte por ocultar parte de la declaración jurada de bienes e ingresos que presentan los magistrados como servidores públicos todos los años. Dicha información – refirió – serviría para que la sociedad ejecute una profunda labor de fiscalización sobre los administradores de justicia.

 

“Creo que es legítimo que la opinión pública conozca a detalle el real patrimonio de un juez o un fiscal, y en la declaración, que debería hacerse pública, tendría que figurar no solamente  el valor comercial por la adquisición de un inmueble. ¿Por qué la Contraloría no cumple realmente con su función? Da la impresión que para esta la presentación de las declaraciones juradas de bienes y rentas es solamente un acto ritual, un formalismo que se cumple y no tiene asignado ni el personal ni la capacidad operativa para que se pueda afrontar esta enorme tarea de revisión. Por ejemplo, en agosto del presente año van a llegar miles de declaraciones juradas porque habrá cambios en el Ejecutivo y el Legislativo y esas declaraciones no serán rigurosamente evaluadas”, denunció el jurista.

 

Agregó que la Contraloría considera a la presentación de declaraciones juradas como un gesto ineficaz para determinar algún desbalance patrimonial. “Es por eso que no existe, hasta donde recuerdo, ningún caso de enriquecimiento ilícito proveniente de investigaciones o verificaciones realizadas por la Contraloría General de la República. La última sentencia dictada por el Poder Judicial a un ex juez civil es un hecho fortuito, debido a que una empleada limpiando clóset de un departamento se encontró un monto exuberante de dinero, lo que acarreó una investigación. Otro antecedente es el caso de la doctora Blanca Nélida Colán, que fue una denuncia periodística, también condenada por enriquecimiento ilícito”, remarcó.

 

EL PRETEXTO DE LA SEGURIDAD                                  

Asimismo, Guillén Jáuregui se refirió a las respuestas que ofrecen los magistrados para no declarar su patrimonio, cayendo en la contradicción de los temas de seguridad, cuando ellos mismos se encargan de hacer ostento público de la riqueza que acumulan.

“Se señala que no se puede publicar todo el patrimonio y las cuentas de funcionarios, jueces y fiscales, por una cuestión de seguridad por la delincuencia, pero eso no es tan cierto, porque si revisamos, por ejemplo, las redes sociales de jueces y fiscales estos muestran una ostentación grosera de los bienes que no guardan relación con sus ingresos. Por ejemplo, en Larcomar, en Lima, hay una discoteca muy famosa, y ellos se disputan por cerrar el local para celebrar los cumpleaños de sus hijos. Lo que cuesta eso es un mundo de plata, entonces este pretexto de la seguridad se desvanece con la propia actividad de muchos de ellos que permanentemente van difundiendo y mostrando, no solamente sus viajes y propiedades en el extranjero, sino la forma en cómo van gastando el dinero, y eso también va a contrapelo con la obligación que ellos tienen de una conducta ética. Qué ejemplo le dan a la sociedad, porque todo esto se sustenta en una conducta ética irreprochable y debe tener ciertas limitaciones. Un fiscal o juez no puede estar tomando licor por las calles, bajo mi punto de vista, y se tiene que ganar el respeto a base de sacrificio”, concluyó.  

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