En el Perú existen un total de 69 establecimientos penitenciarios que albergaban a más de 100 mil reclusos, registrando una sobrepoblación del 156 % a agosto último, según el Instituto Nacional Penitenciario.
Con una capacidad real para apenas 41 764 personas, la sobrepoblación supera los 64 175 reos en exceso del total. De la población penal descrita por la institución, 100 241 corresponden a hombres y 5698 a mujeres, distinguiéndose además que 66 609 se encuentran sentenciados y 39 330 procesados.
Pese a los esfuerzos y a los megaoperativos simultáneos ejecutados por más de 380 efectivos policiales, decenas de agentes del INPE y representantes del Ministerio Público con respaldo de las Fuerzas Armadas en penales como Miguel Castro Castro, Ancón 1, El Milagro, Cochamarca y Challapalca, los centros penitenciarios continúan operando como bases del crimen organizado para planificar secuestros, extorsiones, robos y asesinatos. Cualquier medida seguirá cayendo en saco roto mientras la corrupción interna mantenga la provisión ilícita de celulares de alta gama, drogas e instalaciones de internet.
Penal de Chiclayo
El Establecimiento Penitenciario de Chiclayo no sería ajeno a este escenario de corrupción. En los últimos años, este penal ha llegado a albergar a seis exagentes penitenciarios con sentencia firme por delitos centrados principalmente en el tráfico ilícito de drogas, tras ser intervenidos por sus propios colegas intentando ingresar sustancias prohibidas. Asimismo, otros tres exagentes purgan condena en penales de Trujillo y Cajamarca, mientras que dos permanecen en la clandestinidad. Según el testimonio de un exagente con más de 30 años de servicio en la institución, el ingreso de droga y celulares ocurriría con total impunidad debido a la complicidad de malos elementos agrupados en el penal.
Se conoce que dentro de la estructura operativa del penal de Chiclayo conviven dos facciones marcadamente diferenciadas. Por un lado, se encuentran los agentes de la llamada vieja guardia, quienes en los últimos años han sido relegados a prestar servicios de seguridad en zonas periféricas o secundarias como hospitales, rotondas y tópicos. Por otro lado, opera un grupo de jóvenes agentes que trabaja de la mano con alcaides y supervisores en puestos clave de control. Algunos de ellos serían los que permiten el libre desplazamiento de droga y telefonía a cambio de los beneficios económicos proporcionados por los internos que manejan el establecimiento.
Las denominadas raquetas o requisas semanales en los diversos pabellones constituyen, según los testimonios recopilados, una puesta en escena ante los medios de comunicación para simular efectividad. Expresión recibió cartas escritas por internos, quienes relatan que los objetos decomisados como celulares, cargadores, memorias USB, armas blancas y drogas son devueltos posteriormente a sus propietarios o revendidos por malos agentes al mejor postor.
“Durante los operativos programados con presencia policial y fiscal, los agentes ingresan a las cuadras, destrozan el mobiliario, desnudan a los internos a altas horas de la madrugada y confiscan enseres personales, pero nunca presentan a los responsables de los ilícitos hallados e incluso incurren en la apropiación ilícita de prendas de marca y dinero pertenecientes a la población penal”, describen.
Problema profundo
Según los internos, en el penal de Chiclayo, el tránsito y la permanencia tienen tarifas fijas. Se dice que el traslado hacia el tópico o el área legal requiere el pago de 5 soles, mientras que dirigirse a registros, administración, talleres, al Consejo Técnico Penitenciario o a la dirección cuesta 10 soles. Pasar de un pabellón a otro tendría un cobro de 40 soles y permanecer en el canchón para hacer uso del teléfono tras la cuenta equivaldría a 5 soles.
Asimismo, la dotación de agua para los pabellones y cuadras costaría 50 soles, evitar el aislamiento en el cuarto de meditación tras agredir a otro interno entre 100 y 200 soles, y quedar libre de un informe penal perjudicial tras el hallazgo de droga involucraría montos de entre 5000 y 10000 soles, según la cantidad. Los trámites administrativos también tendrían costos fijos, solicitándose 50 soles por una copia simple de sentencia y 200 soles por registrar una visita extemporánea.
En el área legal, la tramitación de los beneficios penitenciarios de redención de pena por trabajo o estudio también formaría parte de un esquema de exacción económica.
“Malos abogados asignados al área exigen pagos de entre 2000 y 5000 soles por emitir el informe de cómputo diferenciado bajo las modalidades fijadas por ley según el delito. El cobro se condiciona a un adelanto del 50 % inicial y el saldo restante contra la emisión del documento ante el Consejo Técnico Penitenciario. Quienes rechazan la exigencia sufren represalias mediante la aplicación del beneficio mínimo de 5 por 1, extendiendo su permanencia en prisión. Adicionalmente, cuando el trámite se encuentra consolidado, se pretende imponer la contratación de letrados independientes vinculados a la red para la audiencia de liberación condicional, previo pago de entre 1500 y 2000 soles”, denuncian en sus escritos los reos.
Asimismo, afirman que el programa de Cárceles Productivas en el área de trabajo funcionaría como una fachada para obtener beneficios económicos.
“El ingreso a los talleres de carpintería, soldadura, zapatería y costura contempla cobros de entre 300 y 500 soles, sumado a la compra obligatoria de chaleco y carné por 15 soles con renovación trimestral, más el abono por reforma laboral de 45.20 soles. Quienes realizan labores manuales en los pabellones cancelan 50 soles de inscripción y una cuota diaria de un sol para figurar en la planilla de supervisión. A este escenario se suma la explotación laboral mediante convenios con empresas privadas, donde el interno percibe apenas 0.50 céntimos por la confección de un polo mientras los intermediarios reciben 1.50 soles. En carpintería, la salida de cualquier mueble confeccionado requiere el pago de 5 a 10 soles a los supervisores del área, además de la dádiva exigida por el agente penitenciario para reingresar el producto al pabellón”, denuncian.
El área del tópico refleja una grave crisis asistencial agravada por prácticas administrativas. Para una población de más de 4000 internos distribuidos en seis pabellones, el personal médico compuesto por dos médicos generales, un odontólogo, tres licenciadas en enfermería, un tecnólogo médico, dos biólogos y seis técnicas en enfermería resulta insuficiente, limitando la atención a solo 15 pacientes diarios por pabellón.
A la escasez de medicamentos se sumaría el desinterés hacia pacientes con diabetes e hipertensión, quienes sufren complicaciones severas, amputaciones y pérdida de la visión debido a la falta de reactivos para glucómetros y un control inadecuado. Mientras las gestiones para pacientes con tuberculosis logran la provisión de víveres e insumos, el acceso a consultas externas con especialistas en hospitales regionales requiere de trámites paralelos.
Denuncian también que el control de los economatos representaría otra fuente de ingresos ilícitos en el establecimiento. La concesión y renovación anual de los ambientes destinados a la venta de comida y productos de primera necesidad exige a los comerciantes aportes extraordinarios que oscilarían entre los 5000 y 8000 soles.
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