Mientras los candidatos prometen más policías, estados de emergencia y mano dura contra la delincuencia, evitan una pregunta incómoda: ¿de dónde sale el dinero que sostiene esa violencia? La respuesta no está solo en las calles de las ciudades, sino en territorios donde el Estado casi no existe. Allí, la minería ilegal no solo destruye ecosistemas: también mueve miles de millones de dólares fuera de control, erosiona la recaudación fiscal, distorsiona economías locales y precariza a miles de personas atrapadas en circuitos informales y violentos.
Según reportes periodísticos, la dimensión económica de la minería ilegal en el Perú es mucho mayor de lo que suele reconocerse. Solo en 2025, esta actividad habría movilizado más de US$ 11,500 millones, consolidándose como una de las principales economías ilícitas del país. Sus efectos sociales son igual de profundos: comunidades fragmentadas, aumento de la violencia, explotación laboral y expansión de redes criminales. Y, sin embargo, en plena campaña electoral, el tema permanece prácticamente ausente. Ignorarlo no es un descuido: es una omisión que debilita cualquier promesa real de seguridad.
Un problema reconocido fuera, ignorado dentro
En espacios internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la minería ilegal ya no se aborda solo como un problema ambiental, sino como una crisis de derechos humanos. Organizaciones han documentado daños irreversibles en ecosistemas, contaminación de fuentes de agua y afectaciones directas a comunidades indígenas, además de su vínculo con economías ilícitas.
En el Perú, sin embargo, el tratamiento sigue siendo fragmentado, como si se tratara de un problema aislado y no de un componente estructural del crimen organizado.
La desconexión entre ambiente y seguridad
En el debate electoral, la seguridad ciudadana ocupa un lugar central, pero casi siempre desde una lógica urbana: más patrullaje, más control policial, más sanciones. Esta mirada deja fuera una parte clave del problema.
La minería ilegal, junto con la tala ilegal y el narcotráfico, no solo genera daños ambientales: sostiene flujos económicos que alimentan redes de violencia, corrupción y control territorial. Son economías criminales cuya fortaleza radica en su capacidad de financiarse y expandirse.
Separar la agenda ambiental de la agenda de seguridad no es solo un error conceptual; es, en la práctica, una estrategia ineficaz.
Propuestas débiles frente a un problema estructural
La falta de claridad en los planes de gobierno es evidente. Diversos reportes periodísticos coinciden en que la mayoría de los partidos menciona la minería ilegal de forma superficial o no la aborda en absoluto. Cuando lo hacen, las propuestas suelen ser generales y carecen de estrategias para intervenir en las economías que la sostienen.
Más preocupante aún es que algunas iniciativas plantean debilitar la fiscalización ambiental o flexibilizar mecanismos de formalización sin mayores controles. En un contexto de expansión del crimen organizado, estas medidas no simplifican la gestión: abren espacios para la ilegalidad.
Si el Estado pierde capacidad de monitoreo, regulación y presencia territorial, pierde también su capacidad de ejercer autoridad.
El enfoque parcial de la agenda ambiental
La discusión ambiental tampoco está libre de vacíos. Gran parte del debate público —incluido el impulsado por algunas organizaciones— se ha concentrado en los impactos de la minería formal, especialmente de gran escala.
Este énfasis es necesario, pero insuficiente si no se aborda con igual intensidad la minería ilegal, cuyos efectos son más inmediatos, violentos y difíciles de controlar. La falta de equilibrio contribuye a una lectura incompleta del problema.
No se trata de elegir entre una u otra agenda, sino de reconocer que una de las principales amenazas actuales proviene de economías que operan fuera de todo control.
Territorios sin Estado y una promesa de seguridad incompleta
En varias regiones del país, la minería ilegal no es solo una actividad económica: es una forma de control territorial. Donde el Estado no tiene presencia sostenida, estas economías llenan el vacío, imponen reglas y articulan redes criminales. Los operativos esporádicos no revierten esta realidad. Sin una presencia institucional permanente que articule seguridad, gobernanza ambiental y desarrollo, las economías ilegales se adaptan y se fortalecen.
En este contexto, la fiscalización ambiental deja de ser un asunto técnico y se convierte en una herramienta clave de seguridad pública: permite identificar actividades ilícitas, cortar flujos económicos del delito y reducir incentivos para la ilegalidad. Debilitarla no reduce la criminalidad, la facilita.
De cara a las elecciones, la omisión es evidente. La minería ilegal sigue siendo un tema secundario en la agenda política, pese a su impacto directo en la seguridad, los derechos humanos y la institucionalidad. Por eso, el debate no debería centrarse solo en más policías, sino en cómo enfrentar las economías ilegales que sostienen la violencia.
Sin responder a esa pregunta, cualquier promesa de seguridad será, simplemente, incompleta.
(*) Politólogo.
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