El más reciente informe de Celag Data, titulado "Panorama Político Electoral Perú – Febrero 2026", arroja luz sobre una nación que parece haber agotado sus reservas de paciencia institucional. Basado en 2260 encuestas presenciales realizadas en 31 localidades de todo el territorio nacional, el estudio no solo ofrece cifras, sino que describe un estado de ánimo colectivo marcado por la desafección, la precariedad económica y una demanda latente de transformaciones estructurales. La confianza en el Congreso ha tocado niveles mínimos históricos y la economía doméstica se sostiene sobre el sobreendeudamiento, así el Perú se encamina a un proceso electoral decisivo con una sociedad fragmentada.
La macroeconomía, a menudo citada en círculos oficiales como un indicador de estabilidad, dista mucho de la realidad percibida en los hogares peruanos. El informe revela que la situación económica no es un concepto abstracto, sino una lucha cotidiana por la subsistencia. Un abrumador 87,6 % de los encuestados califica la situación actual del país de forma negativa. Esta cifra se desglosa en percepciones de "mala" (35,1 %), "muy mala" (30,7 %) y "regular mal" (21,8 %). Esta uniformidad en el descontento atraviesa diferentes estratos sociales y regiones geográficas.
El dato más alarmante, sin embargo, reside en la capacidad de consumo y ahorro de las familias. Según Celag Data, el 41,2 % de los peruanos declara haber tenido que contraer deudas en el último año para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda o servicios de salud. Esto indica que casi la mitad de la población está financiando su supervivencia mediante el crédito, lo que genera una vulnerabilidad financiera a largo plazo. A esto se suma un 34,6 % que, si bien no se ha endeudado, ha tenido que aplicar recortes severos en sus consumos esenciales. Solo dos de cada diez peruanos (21,4 %) manifiestan una situación de estabilidad que les permite cubrir sus necesidades sin recurrir a préstamos ni privaciones drásticas. Estos indicadores sugieren que el malestar político tiene una raíz económica profunda: la sensación de que el sistema actual no garantiza las condiciones mínimas de bienestar.
Inseguridad y corrupción
Al analizar las preocupaciones prioritarias, el estudio establece una distinción clara entre los problemas nacionales y las vivencias locales. A nivel país, la corrupción sigue siendo el "enemigo público número uno" para el 39,4 % de la población. La percepción de que los recursos públicos son desviados o mal administrados alimenta el cinismo hacia la clase política, que es identificada como el tercer problema principal con un 11,9 %.
No obstante, cuando el análisis se traslada al entorno inmediato del ciudadano —el barrio o la comunidad—, la inseguridad ciudadana y la delincuencia se disparan como la preocupación absoluta con un 52,1 %. Este fenómeno indica que la violencia cotidiana ha superado la capacidad de respuesta del Estado en el territorio. Junto a la delincuencia, el 16,8 % de los ciudadanos señala la falta de infraestructura básica (escuelas y hospitales) como el principal problema de su entorno. Este dato es crucial para entender la demanda de servicios públicos: el ciudadano no solo teme por su integridad física, sino que se siente abandonado por un Estado que no provee salud ni educación en su cercanía. Otros factores locales como la venta de drogas (7,8 %) y la falta de acceso al agua (7,5 %) completan un cuadro de abandono institucional en las zonas periféricas y rurales del país.
Colapso institucional
La crisis de representación política en el Perú ha alcanzado un punto de no retorno en la percepción pública. El Congreso de la República, tradicionalmente la institución más cuestionada, registra en este informe un rechazo del 89,8 %. Solo un 7,5 % de los ciudadanos tiene una opinión positiva de la labor legislativa, lo que arroja un saldo de opinión neto de -82,4 %. Esta deslegitimación total del Parlamento explica por qué gran parte de la población busca soluciones fuera del marco institucional vigente.
Esta desconfianza se traslada directamente al debate sobre la Constitución de 1993. El informe de Celag Data muestra que el statu quo constitucional ya no es una opción para la mayoría. Un 36,8 % de los encuestados se muestra a favor de redactar una nueva Constitución, mientras que un 42,1 % opta por realizar reformas parciales profundas. En total, el 78,9 % de la ciudadanía demanda cambios en la Carta Magna. Solo un 16,5 % considera que no es una prioridad.
Este consenso a favor del cambio sugiere que la población vincula sus problemas económicos y de seguridad con el diseño legal y político del país, viendo en la reforma constitucional una vía para reconfigurar el contrato social. Como dato adicional sobre la percepción de liderazgos externos, el estudio midió la imagen de Donald Trump, quien cuenta con un 54,9 % de imagen negativa, reflejando un rechazo generalizado a figuras de ese perfil internacional, aunque con un 27,8 % de opinión positiva que supera la de las instituciones locales.
Modelos de gestión
El estudio también explora las inclinaciones ideológicas de la población respecto a la gestión de sectores estratégicos. En el ámbito de la salud, existe una mayoría contundente (62,3 %) que prefiere un sistema público, gratuito y de calidad, donde el acceso sea igualitario para todos. Esta preferencia choca con el 37,7 % que se inclina por una administración privada bajo la premisa de una mayor eficiencia. Este dato es significativo, pues revela que, a pesar de las deficiencias históricas del Estado peruano, la ciudadanía sigue viendo en lo público la única garantía de equidad en derechos fundamentales.
En la misma línea, el sector agrario —motor económico de gran parte del país— muestra una fuerte demanda de intervención. El 64,7% de los peruanos considera que el país necesita una reforma agraria, frente a un 35,3 % que no la ve necesaria. Esta cifra cobra especial relevancia en las regiones fuera de Lima, donde la tenencia de la tierra y el apoyo a la pequeña agricultura son temas centrales. La demanda de una reforma agraria, sumada a la preferencia por la salud pública, delinea un electorado que, lejos de posiciones puramente liberales, busca un Estado más activo y protector en la gestión de recursos y servicios.
Electorado indiferente
A las puertas de un nuevo proceso electoral, el perfil del votante peruano se define por la apatía y el rechazo a las etiquetas tradicionales. Según Celag Data, más de la mitad de la población (50,9 %) se define como "indiferente" ante las corrientes políticas. No obstante, dentro de las identidades definidas, el "antifujimorismo" se consolida como la fuerza movilizadora más importante con un 21,9 %, superando ampliamente al "fujimorismo", que se queda con un 10,8 %.
La expectativa ante las próximas elecciones es una mezcla de escepticismo y esperanza cautelosa. El 49,8 % de los ciudadanos cree que, independientemente de quién gane, las cosas no cambiarán. Esta sensación de "gatopardismo" es un reto mayor para cualquier candidato que intente movilizar al electorado.
Sin embargo, un 40,9 % todavía cree que las elecciones pueden ser un catalizador para un cambio positivo. Esta brecha de casi 10 puntos entre el pesimismo y la esperanza será el campo de batalla comunicacional en los próximos meses.
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