Uno de los principales retos que afronta el Poder Judicial es sin duda la alta carga procesal. Lambayeque no es la excepción, tal como lo señala el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, César William Bravo Llaque, pues solo hasta junio de este año habían ingresado más de 60 mil expedientes entre demandas, denuncias y pedidos. Sin embargo -refiere- este distrito judicial ha logrado resolver más de 50 mil casos en este mismo período, evitando que la carga procesal siga incrementándose de forma escalonada.
“La carga procesal es cada vez más creciente. Lo que pasa es que siempre se arrastra un plus. Es más lo que ingresa que lo que sale, pero con mucho beneplácito puedo decirles que se han resuelto más de 50 mil casos entre enero a junio de este año y eso hay que celebrarlo. Estamos contentos porque las metas de producción se van cumpliendo, se está avanzando”, indica Bravo Llaque, quien agrega que solo hay cuatro juzgados que hasta la fecha no han alcanzado sus metas, pero se trata de órganos que no pertenecen al departamento de Lambayeque, teniendo en cuenta que este distrito judicial comprende también a las provincias cajamarquinas de Jaén, Cutervo y San Ignacio.
“El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque, con el doctor Parraguez, registra una producción de más del 200 % al mes de junio. Y así hay otros juzgados que van con el 60 %, 70 % y 80 %. Las materias de mayor carga procesal son penal y laboral, a pesar de que también tenemos una buena cantidad de órganos jurisdiccionales. Yo diría que el 60 % de la carga procesal es penal”, sostiene.
Unidad de Flagrancia
En esa línea, Bravo Llaque resalta que la Unidad de Flagrancia, inaugurada el 20 de mayo del año pasado, ha resuelto ya más de cinco mil casos en materia penal. Indica que, si bien se tratan de delitos menores, son estos precisamente los que aumentan la carga procesal.
“Si nos ponemos a pensar, esos cinco mil casos en los juzgados de investigación preparatoria, de juzgamiento normal, aumentarían enormemente la carga. Por eso es que la Unidad de Flagrancia está rescatando este tipo de procesos y ayuda a amortiguar la carga procesal”, afirma.
Bravo Llaque agrega que en Jaén ya está funcionando también una Unidad de Flagrancia desde el 1 de agosto, de la cual esperan obtener los mismos resultados que en Chiclayo.
“A ello tenemos que sumar que nuestros jueces civiles son de los que más producen a nivel nacional, eso ha hecho que el Consejo Ejecutivo presidido por Janet Tello Giraldi nos dé la confianza para iniciar la oralidad civil también en Jaén, de tal manera que los procesos civiles que antes demoraban cuatro o cinco años ahora con la oralidad demoren aproximadamente un año. La dinámica es así: El demandante llega, acá están sus pruebas; el demandado llega, acá están sus pruebas. Se da la audiencia, el juez confronta las pruebas y decide. Esa es la ventaja de la oralidad. Esperamos que siga implementándose en todas las materias”.
Virtualidad
Asimismo, menciona que la virtualidad ha coadyuvado al sistema de justicia desde el punto de vista de la economía y practicidad.
“El año pasado tuvimos la experiencia de un caso de violación sexual. La agraviada se encontraba en Francia y desde allá se conectó vía llamada de WhatsApp y pudimos recibir su versión acerca del delito del cual había sido objeto. Yo diría que la virtualidad se usa para algunos casos, dependiendo de las partes. En laboral y en civil las partes suelen pedir que la audiencia se realice de manera personal y no tenemos ningún inconveniente en que se haga así. El año pasado, que estuve en la Tercera Sala, desarrollamos incluso audiencias virtuales de segunda instancia en Picsi”, comenta.
Asegura que la virtualidad va acentuándose poco a poco, pues también es una modalidad económica que permite acceder a la justicia a aquellas personas que viven lejos y les cuesta desplazar a su abogado, solventar su traslado.
Magistrados
El titular de la Corte Superior de Justicia señala que el distrito judicial de Lambayeque tiene un promedio de 140 magistrados, de los cuales la provisionalidad se da mayoritariamente en jueces de primera instancia y en los jueces de paz letrado.
En cuando a los jueces superiores, precisa que 23 de los 25 son jueces titulares. La diferencia se cubrirá -asegura- con el nuevo concurso que está haciendo la Junta Nacional de Justicia.
Aunque no precisa cifra, Bravo Llaque revela que han sancionado a jueces con cuatro y seis meses por retardo en la administración de justicia.
Justicia y sistema penitenciario
Consultado sobre el hacinamiento en la carceleta del Poder Judicial, indica que esto depende mucho de las intervenciones policiales, siendo 110 el máximo número de detenidos que ha habido en una oportunidad.
“Una vez vine un domingo y solo había doce personas, quienes estaban cómodamente instaladas en la carceleta, pues se les da todas las facilidades para que estén allí. Sin embargo, hay veces que la Policía realiza bastantes intervenciones y hay 80 personas, hasta 110 hemos llegado. Cuando esto ocurre trasladamos a los detenidos a José Leonardo Ortiz e incluso a la Unidad de Flagrancia, donde hay otra carceleta. Y cuando ya son personas con imputaciones de delitos graves se quedan en la misma Divincri, donde hay mayor seguridad”, menciona.
Al respecto, señala que en el distrito judicial de Lambayeque no se ha dado ningún caso de liberación irregular de algún imputado, aunque reconoce que el sistema judicial como tal siempre es pasible de cuestionamientos.
“Recibimos críticas a nivel nacional, cuestionamientos, pero muchas veces estos son genéricos. Se cuestiona el resultado de la decisión, pero no se hace con la resolución donde están las motivaciones del juez. Sería interesante que quienes critican, que están en su derecho de hacerlo, lo hagan siempre viendo los fundamentos de las resoluciones”, indica.
Explica que el catálogo de penas que consigna el Código Penal es gradual, motivo por el cual los jueces tienen cierta contemplación cuando son personas primarias. Sin embargo, en la medida en que estas cometan delitos graves o sean reincidentes, las sanciones son mayores.
“Es verdad que hay muchos detenidos en las cárceles por omisión a la asistencia familiar, pero se trata de personas que ya van dos, tres, cuatro veces. ¿Qué podemos hacer ante ello? El proceso penal debe ser lo último que se aplique, pero si ya se le aplicó una vez y no pagó, sigue un segundo proceso y tampoco paga, la condena tiene que irse agravando”, indica.
Patrimonio
De otro lado, señala que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque solo tiene dos locales propios: la sede principal ‘Manuel Huangal Naveda’ y la de la calle Alfonso Ugarte. El resto son inmuebles alquilados, lo cual demanda una carga económica.
“Estamos procurando que en la esquina de Juan Cuglievan con Elías Aguirre se inicie el expediente técnico. Allí van a trabajar los juzgados de familia. En San José ya se terminaron todos los estudios previos. Calculo que el próximo año estaremos construyendo esos dos locales. Ahora estamos tocando puertas, hay ofrecimientos tanto en Lambayeque como en Cajamarca para ayudarnos en esta tarea, porque terrenos tenemos, pero presupuesto el Poder Judicial no tiene”, manifiesta.
Añade que construir un local público también implica superar muchas barreras, lo cual conlleva a que en promedio tarde cinco años la construcción de una nueva sede.
En cuanto al palacio judicial antiguo, que fue siniestrado en marzo del 2023, menciona que se están terminando los estudios previos para convocar, antes de fin de año, la realización del expediente técnico.
“Eso no lo va a costear el Poder Judicial, sino la aseguradora. En esta primera etapa ellos van a convocar y realizar el expediente técnico para que luego pase a revisión por la Gerencia de Infraestructura en Lima y su posterior ejecución”, enfatiza.
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