La campaña de desinformación sobre la conducción de la Casa Comunal de la Juventud “Guillermo Baca Aguinaga” continúa, con el objetivo de tejer una serie de historias sobre un presunto mal manejo del patrimonio de la institución, que es de carácter privado. Recientemente, se difundió que la entidad debía más de un millón de soles por impuestos a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, lo cual no se ajusta a la verdad.
Los orígenes de la creación de la Casa Comunal de la Juventud se remontan a 1967, año en que el Congreso de la República aprobó por insistencia el proyecto de ley presentado por el diputado por Lambayeque, Guillermo Baca Aguinaga, dándose así la Ley n.° 16736, del 30 de noviembre de ese año.
La norma señaló en su artículo segundo que se declare de necesidad y utilidad la dotación de un local propio para la casa, en tanto en el artículo tercero se autorizó al Consejo Provincial de Chiclayo para destinar a la casa el inmueble que había pertenecido al Ferrocarril y Muelle de Eten. Además, en el artículo siguiente se autorizó la “expropiación de los inmuebles que se encuentren ubicados en la mañana comprendida entre la avenida Salaverry, la calle Leonardo Ortiz, la calle Manuel María Ízaga y la calle Larco Herrera (hoy avenida Grau), para destinarlos a la edificación de la Casa de la Juventud de Chiclayo”.
El terreno señalado es en el que hoy se erige el Centro Cívico de Chiclayo (Sunat, Banco de la Nación, Poder Judicial, Ministerio Público y Biblioteca Municipal), área a la que se le fue asignado un nuevo uso tras el golpe militar de 1968 y la llegada a la alcaldía de la ciudad de Gerardo Pastor Boggiano. La ley de 1967 fue derogada y los fondos asignados, que estaban en una cuenta intangible, revertidos al erario nacional.
En 1985, Guillermo Baca Aguinaga, elegido alcalde de Chiclayo, planteó al concejo municipal retomar el proyecto de la casa, iniciativa que fue aprobada por unanimidad por los 20 concejales de la provincia. El acuerdo incluyó la restitución del área a nombre de la Casa Comunal de la Juventud, asignándole la manzana contigua al Centro Cívico, transferencia que se hizo a título gratuito. Nunca se aprobó una cesión en uso o un convenio a plazo determinado.
La inscripción en registros públicos del predio fue hecha directamente a nombre de la naciente institución, otorgándole el carácter privado que desde el principio ha mantenido la entidad.
Exoneración
Dada la naturaleza educativa y cultural de la entidad, siendo alcalde de provincia Arturo Castillo Chirinos, la casa comunal, bajo la presidencia de Guillermo Baca, logró, tras un año de gestiones, que la Dirección Regional de Educación – DRE Lambayeque, le extendiera la certificación correspondiente, con lo cual la comuna local emitió la resolución por la cual se exoneró a la entidad del pago del impuesto predial.
Dicha disposición ha sido respetada por las gestiones municipales siguientes, pues la casa comunal no ha perdido ni se ha apartado de los objetivos para los que fue creada.
Lo que sí está obligada a cumplir la institución es el pago de arbitrios municipales, concepto por el cual la comuna provincial recauda lo destinado a limpieza pública, parques y jardines y serenazgo. Por dicha obligación, la casa comunal no tiene deuda pendiente con la MPCh.
“Cada cierto tiempo se hacen liquidaciones desde el Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo por el pago del predial y se reitera el expediente de exoneración. Si hubiera una deuda millonaria, como afirman algunos, el área de ejecución coactiva habría aplicado algún embargo sobre la casa y eso no ha sucedido”, explica Guillermo Pérez Sialer, presidente de la entidad.
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