Las polémicas declaraciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, respecto a que su sector asumiría la administración del Proyecto Olmos, causaron sorpresa y malestar en predios regionales, sobre todo porque con dicha afirmación el titular del Midagri dejaba sin piso al convenio tripartido firmado hace semanas en Palacio de Gobierno, con el cual se estableció un cronograma de trabajo para evaluar y resolver cuál era la mejor alternativa legal, económica y técnica para resolver la controversia generada en torno a la concesión del componente de trasvase de la megaobra.
El 25 de septiembre próximo se vence el contrato de concesión del trasvase, cuya operación y mantenimiento se encuentra en manos de la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO. De acuerdo a lo declarado por el ministro, no habría posibilidad de prolongar la concesión con la empresa, por lo que el Midagri asumiría la administración del Proyecto Olmos (no especificó si era solo el trasvase o todo el proyecto), y en ocho meses (mayo del 2026), tendría listo qué operador asumiría la conducción de las obras de trasvase.
"Sobre Olmos queremos decir transparentemente que finalmente no hemos llegado a un acuerdo con el gobierno regional respecto de iniciar un proceso inmediato para la contratación de un operador temporal. En ese sentido, ya se ha coordinado con el Ministerio de Economía. Hemos tenido una reunión con las empresas usuarias del proyecto y hemos acordado que el Ministerio de Agricultura va a asumir la operación temporal del proyecto u operación transitoria mientras Proinversión se encarga de seleccionar un operador", declaró el titular del sector el jueves pasado.
“Lo afirmado por el ministro no tiene sustento técnico ni legal, y va más bien por no respetar un convenio firmado. Habló de que no se ha llegado a ningún acuerdo y no sabemos a qué se refiere. El acuerdo que tenemos es el convenio firmado entre el Midagri, Proinversión y Gobierno Regional de Lambayeque, donde bien claro dice que la titularidad del proyecto es del gobierno regional representado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT. No nos explicamos el mensaje del ministro, esperamos el informe en el que se respalda y el sustento legal”, manifiesta Luis Piedra Núñez, gerente general del PEOT.
Seguir los procesos
El funcionario señala que, en representación del gobierno regional, el PEOT, como ente técnico, continuará con el cumplimiento de los términos del convenio tripartito, que cuenta con un cronograma y se encuentra en fase de evaluación de la situación actual del trasvase.
“Las declaraciones del ministro han sido desacertadas, la titularidad del proyecto la sigue teniendo el Gobierno Regional de Lambayeque, pues así se reconoce en el convenio que él mismo firmó delante de la presidenta de la República. Pareciera que hay un doble lenguaje, porque el convenio habla que las tres entidades firmantes se abstendrán de realizar acciones que contravengan dicho acuerdo, porque de lo contrario se atentaría contra su legitimidad”, señala.
Piedra Núñez cuestiona que el ministro Manero haya indicado que su sector asumirá la titularidad del Proyecto Olmos pese a haber reconocido que el Midagri no cuenta con presupuesto para ejecutar las obras de infraestructura menor de riego para las 5500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos, compromiso que el Estado tiene pendiente de ejecución desde hace más de una década.
“Justamente, porque nos ha indicado que su sector no tiene presupuesto es que le hemos pedido que elaboren el expediente técnico, pues el gobierno regional puede ejecutar ese proyecto a través del Ciprel. En virtud de ello, tenido como marco el convenio suscrito, el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, es el responsable de elaborar el perfil y el expediente”, indica.
El gerente del PEOT anota que también se han establecido coordinaciones con el Midagri para la realización del inventario de bienes del trasvase Olmos a septiembre del 2025, indistintamente de si la actual concesionaria continúa o no en las operaciones.
“Como equipo técnico estamos proponiendo una operación optimizada, sea quien sea el que lo vaya a hacer. En estos momentos estamos en una evaluación conjunta, de la cual aún no tenemos resultado final, por lo que sería ilegítimo cortarla sin fundamento legal. Estamos amparados en un contrato ley y más haríamos si damos mensajes apresurados ante cualquier inversionista, nacional o extranjero, demostrando que se rompen los convenios con solo declaraciones”, precisa.
Cumplimiento del cronograma
Piedra Núñez explica que el convenio tripartido dispone la implementación de una evaluación conjunta, en la que participan el PEOT, en representación del gobierno regional, el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Proinversión, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y la Contraloría General de la República. Dicha evaluación es el primer paso y analiza los aspectos técnicos, legales y económicos del trasvase Olmos.
“Cada entidad tendrá que emitir su opinión, pero las más relevantes son las del MEF y la Contraloría. Lastimosamente, debo decir que en las últimas dos sesiones el MEF no ha participado, por eso nos sorprende que el ministro Manero haya dicho que se ha reunido con el titular del MEF e incluso con las empresas del Valle Nuevo, que son usuarias del trasvase”, asevera.
De acuerdo al cronograma, la evaluación debe estar concluida en agosto próximo. Con ello se determinarán varios aspectos. Por ejemplo, si el operador actual puede continuar o no con la concesión. Si es así, en qué plazo, bajo qué condiciones y a qué costo.
“Por eso participa el MEF, para ver el tema financiero, y Contraloría porque es necesario asegurar la transparencia. Si el Midagri quisiera asumir la titularidad del proyecto, hasta el momento no ha presentado ningún plan o esquema de cómo hacerlo. Anteriormente, presentó un documento simple, con fechas erradas, y esa intención fue rechazada por el Consejo Regional de Lambayeque”, expone Piedra Núñez.
No hay capacidad
El gerente del PEOT enfatiza en que si la intención del poder Ejecutivo es asumir la conducción del Proyecto Olmos debería iniciar la adecuación de una serie de normas que facilite dichas operaciones, pues en el escenario actual es imposible.
Ello porque de pasar la administración del proyecto a manos estatales, cualquier entidad encargada como el PSI, la ANA o el Midagri, directamente (ninguna con experiencia en el manejo de obras como el trasvase Olmos), no podrían disponer de recursos públicos para la atención de contingencias, como eventos naturales, pues tendrían que someterse a los procedimientos y plazos que tiene la administración pública para ejecutar presupuesto. Contrario es lo que sucede cuando se tiene un operador privado, que ante situaciones de emergencia invierte directamente.
“No hay ninguna entidad en el Estado que se haga cargo de la operación y mantenimiento de este tipo de infraestructura. ¿Si el PSI se hará cargo? Primero que definan si va a desaparecer o no, porque se sabe que pasará a la ANIN. ¿Cuáles son las funciones de la ANIN? Formular y ejecutar obras, no operarlas. Ninguna institución del Estado está en capacidad para operar el Proyecto Olmos, porque no existen las condiciones y no están liberadas de los procedimientos de contrataciones del Estado. Los riesgos deben ser asumidos de inmediato, por eso es que se hacen contratos tipo APP, porque no se puede esperar a que ante una contingencia se pida dinero al MEF para después intervenir. ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Quieren parar Olmos?”, cuestiona el funcionario.
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Evaluación conjunta continúa
El proceso de evaluación conjunta de la solicitud de modificación contractual para la concesión de trasvase Olmos, derivado de la cláusula 3 del contrato de concesión, continúa desarrollándose con normalidad, y avanza conforme a un cronograma técnico definido y cuenta con el acompañamiento de consultores especializados y equipos técnico legales del Gobierno Regional de Lambayeque, el Proyecto Especial Olmos Tinajones - PEOT y de diversas entidades del Estado como Proinversión, Autoridad Nacional del Agua - ANA, Contraloría General de la República – CGR, y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
Desde la firma del convenio tripartito entre el GORE Lambayeque, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y Proinversión, el pasado 30 de abril, se ha reimpulsado esta etapa clave para garantizar la continuidad del servicio de trasvase y dar sostenibilidad a las áreas de cultivo de Tierras Nuevas y Valle Viejo de Olmos. Las reuniones más recientes se llevaron a cabo el 13 de junio en Chiclayo, y luego el 18, 19, 23 y 24 de junio en Lima, con la participación activa del MEF, Proinversión, CGR y los equipos técnicos, legales y económicos del PEOT; y si bien el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Midagri no ha estado presente en las últimas sesiones, la ANA ha participado como su brazo técnico en todas las sesiones.
En dichas reuniones se revisó en detalle la propuesta actualizada del concesionario, con énfasis en los aspectos técnicos del plan de dragado, la Operación y Mantenimiento - O&M del periodo ampliado y los presupuestos comparativos, y se analizarán a profundidad los costos proyectados para la remoción y eliminación de sedimentos, así como otros componentes operativos, económicos y financieros, parte de los cuales han sido observados o se ha requerido mayor sustento por parte del GORE Lambayeque.
Además, se han contratado consultorías especializadas en los ámbitos legal, económico y técnico, para fortalecer los fundamentos del análisis estatal. Las observaciones preliminares recogidas por las entidades serán ahora sistematizadas para el pronunciamiento formal del Gobierno Regional de Lambayeque, que servirá como base para una nueva reunión con el concesionario, en la cual se le trasladarán los comentarios oficiales que deberá incorporar a su propuesta.
Las próximas actividades incluyen nuevas sesiones en Chiclayo, así como una reunión de coordinación interinstitucional en Lima con presencia de las entidades estatales precitadas. Posteriormente, se prevé una cita final con el concesionario en la que se consolidarán los ajustes requeridos.
Se espera que la evaluación conjunta concluya en las próximas semanas, permitiendo recoger en julio las opiniones previas de las entidades participantes, que permitan facilitar la toma de decisiones para la probable extensión de la vigencia del contrato de concesión o su terminación contractual, asegurando una transición ordenada y la no interrupción del servicio de trasvase.
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