El último 13 de mayo se cumplieron diez años desde que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata, en representación de la acreencia del Grupo Oviedo en Tumán, fue expulsada. La beligerante protesta que se registró en el distrito azucarero por aquel tiempo devino en el ingreso de Marcelino Llontop Suyón, cuya administración judicial dilapidó el plan de reestructuración que se había emprendido para sanear financiera, productiva y socialmente a la empresa.
Una década después de lo sucedido, Segundo Ordinola hace un recuento de lo que se avanzó del 2006 al 2015, período durante el cual se logró pagar 54 millones de soles de la deuda que inicialmente se encontró, que ascendía a 232 millones.
Saneamiento financiero
Ordinola Zapata recuerda que, cuando su administración ingresó el 6 de enero del 2006, halló que al 31 de diciembre del 2005 la empresa Tumán tenía una deuda de 257 millones de soles, es decir, estaba prácticamente quebrada. Por ello, solicitaron la ampliación de la Ley de Protección Patrimonial, promulgada de forma primigenia el 12 de marzo de 1996, a fin de suspender las medidas cautelares de embargo y permitir la reactivación de la empresa.
“Al Grupo Oviedo se le alude ser el promotor de esta ley, pero diez años antes de que ingresemos como administración a Tumán ya se había dado el primer dispositivo legal de protección patrimonial, que suspendía las medidas cautelares y de alguna manera permitía la recuperación de la empresa. Sin embargo, era injusta para quienes tenían deudas por cobrar, ya que se dejaban de pagar no solo las deudas comerciales, sino también las laborales y de beneficios sociales. Cuando solicitamos la ampliación en el 2006, el gobierno amplió el régimen con la condición de que se pagar a pagar esas deudas”, evoca.
Así, la administración judicial presentó tres programas: uno de reconocimiento de las deudas de la empresa, un programa de reactivación empresarial y un cronograma de pagos. De esta forma, se hizo un reconocimiento de la deuda que tenía la empresa y se precisó que esta era exactamente de 232 millones de soles, poco menos que la considerada a finales del 2005.
“Logramos que el Indecopi nos acepte un cronograma de pagos al 2030. Para el 2014 habíamos pagado 54 millones de soles, de los cuales los trabajadores y jubilados recibieron 40.5 millones. El pago se dividió entre impuestos a la Sunat, EsSalud, ONP y deudas comerciales. Todo se pagó a través de este programa”, recuerda.
La huelga
Sin embargo, la debacle empezó el 31 de marzo del 2015. Por aquel mes la empresa había iniciado un programa de reparación general de la fábrica, se había hecho una inversión importante, por lo que la administración judicial pidió a los gremios de los trabajadores que les dieran prórroga de una semana para abonar las remuneraciones.
“Pero a los ocho días llegó Marcelino Llontop con su gente, acompañado de miembros de construcción civil, y quisieron tomar por consigna la empresa. Hasta antes de eso nosotros no teníamos ninguna deuda, todos los sueldos se habían pagado puntualmente”, recuerda.
A su parecer, fueron cuatro las razones que motivaron la huelga, más allá del tema salarial. La primera era la consigna de no volver a tener otra administración judicial por considerarla perjudicial para la empresa, propósito que con el tiempo no se cumplió, pues -tras la salida de la administración de Ordinola Zapata - se instalaron seis administraciones judiciales, dos administraciones de hecho y otras tres no alcanzaron a tomar posesión de la empresa.
“La segunda razón es que Marcelino Llontop mostró una factura de que Tumán vendía las bolsas de azúcar al Grupo Oviedo a 75 soles y el mismo día las vendía 130 soles. Es decir, que se ganaba 55 soles por bolsa. Pero esa factura fue falsa, era adulterada. Lo descubrimos tiempo después. Sin embargo, la gente lo creyó. Luego la fiscalía nos dio la razón de que siempre vendimos el azúcar a precio de mercado”, comenta.
Una tercera razón -explica- fue el argumento de no haber podido pagar una deuda a Transportes Carranza por dos millones 100 mil dólares. Ordinola refiere que no existía una negativa por parte de la administración a honrar esta deuda, sino que se estaban priorizando obligaciones como las remuneraciones de los trabajadores, sus beneficios sociales y pagos tributarios.
“Lo que no se decía es que habíamos pagado 531 millones de soles en sueldos y gratificaciones, 85 millones en CTS, 11 millones en utilidades, 54 millones a Indecopi. De los 1100 millones que ingresaron, aproximadamente 670 millones se fueron en trabajadores (…) Cuando Marcelino Llontop entró puso millón y medio para pagar la deuda de Transportes Carranza y tuvieron que devolverle, porque la deuda real era de 500 mil soles nada más, pero la gente ya había creído otra cosa”, apunta.
Añade que la última razón que motivó la huelga fue la mentira sobre el supuesto desmantelamiento de la fábrica, pese a que los trabajadores eran conscientes de que estaba en reparación.
La violencia
“Así comenzó la huelga. La Policía no pudo contenerla porque allí estaban metidas huestes del Movadef, comandadas por Lavrenti Coronel Camino. La violencia fue extrema, tal es así que el 13 de mayo del 2015, mientras Aníbal Cruz iba en su mototaxi perifoneando para que comience nuevamente la huelga, con Percy Farro como su seguridad, desconocidos le quitaron la vida a este último. Para mí, este plan no fue para matarlo a Percy Farro, sino a mí”, sostiene.
Recuerda que ese día a las 5:00 p.m. salió con su madre a una consulta médica. Dos horas después, cuando regresaba, le avisaron que una turba enardecida estaba yendo a su casa, acusándolo de haber matado a Percy Farro. En ese momento, él llamo al comisario de Tumán para pedir apoyo, pero el agente le indicó que tenía a su personal resguardando la comisaría de otra turba que intentaba incendiarla. Hizo lo mismo con Víctor Rodríguez, entonces jefe de seguridad de la empresa, pero este tampoco pudo socorrerlo, porque también había otro grupo de gente intentando ingresar a la azucarera.
“Incendiaron mi casa. La mitad eran trabajadores y la otra mitad eran personas desconocidas. Gracias a Dios me demoré, sino nos habrían matado a mi madre y a mí. Nunca más pude regresar a Tumán. Tuve que encargar a mi madre en casa de un familiar y yo iba de hotel en hotel porque buscaban matarme”, rememora.
El futuro de Tumán
Segundo Ordinola estima que actualmente la deuda de la empresa Tumán supera los 1200 millones de soles, la cual se compondría de 820 millones de deuda tributaria, 200 millones de deuda laboral y otros 200 millones más de EsSalud y otros. Sin embargo, considera que esa deuda es revisable y podría disminuir considerablemente, incluso hasta la mitad.
“Esta deuda hay que revisarla, incluida la deuda laboral. En los últimos cinco años nadie trabajó en campo ni en fábrica, no puede haberse generado deuda. Del 2015 al 2019 sí ha trabajado gente y habrá que ser justos en reconocer cómo se pagan esas obligaciones. Hay una gran deuda también con los jubilados. Producto de la crisis se han jubilado aproximadamente 1300 trabajadores y a ellos no se les ha pagado nada del tiempo de servicio. Tuvieron que jubilarse para sobrevivir con la pensión mísera que paga la ONP, pero esos beneficios sociales sí hay que pagarlos, hablamos de 120 millones de soles aproximadamente”, indica.
De haber continuado la administración judicial del Grupo Oviedo -añade- o de haber ingresado otra administración incluso con mayor eficiencia, al 31 de diciembre del año pasado ya se hubieran pagado 170 millones de soles y solo se deberían 50 millones de soles. Esa hubiera sido la deuda actual.
“Pero Marcelino Llontop llegó y lo primero que dispuso fue no pagar nada de Indecopi, ya que eso lo dejaba el Grupo Oviedo. Mire las consecuencias. El perjudicado no solo fue el Estado con la falta de pago de impuestos, sino también los trabajadores, con quienes se ha generado una cantidad enorme de deuda”, indica.
Recuperación de Tumán
Ordinola Zapata explica que el Grupo Oviedo, si así lo decidiera, podría volver a la empresa Tumán, pues cuenta con el 30 % de las acciones y para convocar a junta de accionistas solo se requiere el 5 %. Sin embargo, antes sería necesario contar con seguridad jurídica, además de un diagnóstico real de la empresa.
Describe que debería contratarse a un grupo de expertos: un ingeniero mecánico eléctrico para saber el estado real de la fábrica, un ingeniero agrícola para conocer el estado de los campos, un contador para la reestructuración de los estudios financieros, un economista para proyectar los flujos de caja y todo un equipo legal de abogados.
“Creo que la situación de la empresa es bastante difícil, pero viable. Puede llegar un inversionista, pero confiamos en la capacidad del Grupo Oviedo, conocer de nuestra problemática, para regresar. Se ha buscado socios estratégicos en estos diez años, pero nadie se ha animado a invertir en Tumán, no tanto por la dimensión económica, sino por la complejidad del entendimiento con la clase trabajadora”, señala Ordinola, quien añade que se necesitarían 40 millones de soles para tener 4000 hectáreas sembradas de caña y unos 20 millones de dólares para la fábrica, aunque esto último es difícil de determinar porque no se sabe a ciencia cierta el estado del ingenio.
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