Después de casi 3 años de proceso judicial, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus presentada por el abogado y empresario Maxs Ayora Inoñán contra la fiscal Ana Zegarra Azula con relación a la investigación N° 3984-2015, iniciada en su contra por el supuesto delito de lavado de activos.
Mediante sentencia de última instancia expedida en el proceso N° 04911-2022-HC/TC, el máximo intérprete de la constitución determinó que la actuación de la fiscal Ana Zegarra en la investigación seguida contra Maxs Ayora configura un “encauzamiento sin base constitucional”, en detrimento del derecho al plazo razonable del demandante.
Accionar de la fiscal es inadmisible
Tras calificar la actuación de la fiscal Ana Zegarra como un “accionar inadmisible” que vulneró los derechos fundamentales del demandante, el Tribunal Constitucional estableció que debido a la “trascendencia constitucional de la demanda” promovida por Maxs Ayora contra la fiscal Zegarra y a la “magnitud del derecho vulnerado”, correspondía emitir un pronunciamiento sobre el fondo a fin de evitar que en el futuro se vuelvan a cometer similares vulneraciones.
En ese sentido el TC declaró fundada en parte la demanda presentada por Ayora y exhortó enfáticamente a los órganos del Ministerio Público que no vuelvan a incurrir en las conductas cuestionadas mediante la acción de habeas promovida contra la fiscal Ana Zegarra Azula. No obstante, declaró improcedentes otros extremos de la demanda porque a la fecha de la sentencia ya habían sido atendidos por los tribunales inferiores, o corresponden ser resueltos por la justicia ordinaria.
Desacato fiscal
La sentencia constitucional estableció que a la fecha de la demanda, la fiscal Ana Zegarra mantenía abierta la investigación iniciada contra el demandante durante más de 7 años, a pesar de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque le había ordenado que emitiera la respectiva disposición de conclusión de la investigación por su excesiva demora.
Sin embargo, la fiscal demandada lejos de cumplir con el mandato judicial dispuso se reciba un peritaje contable extemporáneo a cargo de los peritos Ricardo Malca Munaico y Jannina Hurtado Cerna, desvirtuando lo ordenado por el Poder Judicial; por lo que ante la renuencia de la fiscal Zegarra se ordenó remitir copias al Órgano de Control del Ministerio Público para los fines pertinentes.
Conducta lesiva
El Tribunal Constitucional enfatizó en que durante la extensa investigación seguida contra Maxs Ayora, que a la fecha tiene casi 10 años en trámite, el investigado nunca mostró algún comportamiento obstruccionista que haya sido advertido por el Ministerio Público o el Poder Judicial, y que justificara la demora excesiva de la fiscal.
Ante esta situación, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse fue más contundente aún al emitir un fundamento de voto adicional calificando la actuación de la fiscal Ana Zegarra como “lesiva”, afirmando que el deber de acumulación probatoria de la fiscalía así como el derecho del investigado a poder articular su defensa quedan diluidos cuando los plazos se alargan por años.
Pérdida de relevancia y contundencia
En ese sentido el magistrado Gutiérrez Ticse enfatizó que en tales condiciones “la acusación ya pierde relevancia y contundencia”, lo que debe observarse a fin de garantizar que la justicia sea implacable con quienes corresponda, pero garantista con quienes sea necesario, imperando en todo momento el derecho a la presunción de inocencia.
En el caso en mención, la fiscal demandada presentó una improvisada acusación en la que solicitó al Poder Judicial que se impongan más de 16 años de pena privativa de libertad contra Maxs Ayora por una supuesta omisión de pago de tributos; sin embargo, dicho requerimiento acusatorio ha quedado completamente debilitado, tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional.
Acciones legales
Tras conocer el sentido de la decisión del TC, Maxs Ayora dio a conocer que solicitará el apartamiento de la fiscal Ana Zegarra del proceso tramitado en su contra, por haberse demostrado fehacientemente que carece de objetividad para investigarlo, y porque ha incurrido en causales de exclusión previstas en la ley procesal penal.
Asimismo, anticipó que iniciará acciones civiles y penales contra la fiscal Ana Zegarra por lo que considera un evidente abuso en su contra. “Desconozco los intereses que tenga la fiscal Zegarra para acusarme falsamente de delitos que no he cometido, pero no voy a tolerar más abusos”, enfatizó Maxs Ayora, a la vez que anunció que presentará una denuncia por prevaricato y desobediencia a la autoridad, así como una demanda de indemnización por todos los daños y perjuicios -que sostiene- se le han ocasionado.
Reveló que, durante la investigación, la fiscal Ana Zegarra expidió disposiciones y providencias con presunto contenido falso y contradicciones entre sí sobre la realización del peritaje contable que habría sido elaborado extemporáneamente, para que -según su parecer- no se valorara ninguna de sus pruebas de descargo.
Pérdidas millonarias y cierre de cuentas bancarias
Maxs Ayora afirmó que los reiterados requerimientos de levantamiento de su secreto bancario y a la permanente filtración a la prensa de información reservada de la investigación a cargo de la fiscal Ana Zegarra, le han causado graves perjuicios, como el cierre de sus cuentas bancarias y la cancelación de sus líneas de crédito, ocasionándole pérdidas económicas millonarias que considera deben ser indemnizadas por la justicia.
Recordó que debido a la sobreexposición de la investigación en su contra en los medios de prensa y redes sociales, en el año 2016 el Banco Continental cerró unilateralmente su cuenta de pago haberes, por lo que tuvo que iniciar un proceso de amparo que concluyó en el Tribunal Constitucional con la sentencia del Exp. 2124-2017-PA/TC en la que se ordenó la inmediata reapertura de su cuenta y se fijó una línea jurisprudencial que fue destacada en la memoria anual del año 2021 del máximo intérprete de la Constitución como una de sus sentencias más relevantes.
Pago de impuestos
Con documentos en mano Ayora sostuvo que a causa de las presiones ejercidas por la fiscal Zegarra y la SUNAT se vio obligado a pagar más de medio millón de soles de impuestos por el período investigado correspondiente al año 2010, pese a que no le correspondía pagar un importe tan considerable.
“Siempre he cumplido con mis obligaciones tributarias, y en todo momento he colaborado con las investigaciones, por más maliciosas que sean las acusaciones en mi contra, por lo que confío que todo esto se resolverá de acuerdo a ley, y se me resarcirá por todos los daños causados”, enfatizó Maxs Ayora.
Prescripción y archivo
Otro aspecto que destaca Maxs Ayora en su defensa es que el supuesto incumplimiento de pago de tributos que le atribuye la fiscalía corresponde al año 2010. Por lo tanto, la imputación en su contra por supuesto delito tributario habría prescrito y corresponde el archivo definitivo de la investigación.
Esto se debe a que, según la legislación vigente, el plazo para procesarlo venció en el año 2024, al haber transcurrido el plazo de la pena máxima de 8 años, más la mitad y un año adicional. Pese a lo cual, se le mantiene investigado irregularmente hasta la fecha.
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