El abogado Tito Esteves Torres comparte con Expresión sus reflexiones sobre la situación actual del sistema de justicia y también sobre la preocupante inacción de su orden profesional para sancionar al ahora congresista José Balcázar Zelada, a quien tuvo el manejo administrativo y económico de la misma, y estaría próximo a librarse no sólo de la acción penal, sino también de la disciplinaria.

Se han cumplido 15 años desde la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque, ¿qué avance significativo considera que se ha logrado a partir de este hecho en la administración de justicia en el departamento?

Ha constituido un cambio de paradigma en base a un sistema democrático. No hay que olvidar que el Código de Procedimientos Penales significaba un sistema un poco inquisitivo, por lo que se pasó a un sistema que apunta al respeto de los derechos de ambas partes, tanto de la parte investigada como agraviada.

El Nuevo Código Procesal Penal se sustenta en las normas de carácter constitucional y convencional, obligándose al respeto a la parte agraviada tantas veces olvidada. Hoy en día, cuando se procesa a una persona y se le condena, el órgano jurisdiccional cuida los derechos de la parte agraviada, algo que no sucedía con el viejo código.

¿Cree que es preocupante la situación del sistema de justicia en el Perú o se han registrado avances que permiten a la ciudadanía tener confianza en éste?

El sistema de justicia lamentablemente está contaminado, de alguna forma, por el aspecto político y vemos como consecuencia lo que sucede hoy en día. Miremos lo que pasa con la Junta Nacional de Justicia - JNJ, hoy sometida al poder político, lo mismo que el Jurado Nacional de Elecciones - JNE, y otras instituciones más. Son instituciones constitucionalmente autónomas, pero están sometidas y eso sí es preocupante, sobre todo en un sistema democrático tan débil como el que tenemos.

¿Lo sucedido con la Junta Nacional de Justicia, de la cual dos de sus miembros fueron inhabilitados por el Congreso y luego respuestos por el Poder Judicial, le resta legitimidad y peso a una entidad tan importante, responsable de evaluar, nombrar y ratificar a jueces y fiscales?

De ninguna manera, no olvidemos que la Junta Nacional de Justicia es una entidad autónoma reconocida por la Constitución. Me parece que frente a la decisión que tomó el Congreso, de inhabilitar a dos de sus integrantes, se puso en evidencia el rol controlador de Poder Judicial, que ha dictado una medida cautelar y ha ordenado volver la situación al estadio anterior.

Las decisiones judiciales se respetan, gusten o no, y a partir de ella los magistrados que fueron inhabilitados por el Congreso están debidamente legitimados para cumplir con su labor en la junta.

¿Quiénes son los llamados a revertir está situación crítica?

Los actores políticos, quienes están en la obligación de respetar y defender la independencia del sistema judicial. Hacerlo implica cautelar la seguridad jurídica de la nación. Que haya inseguridad jurídica aleja a los inversionistas y eso repercute sobre la economía.

¿Cuántos presidentes hemos tenido en los últimos años? ¿Qué nos garantiza que la actual presidenta pueda durar hasta el 2026? Tantas cosas han pasado en el país que la situación verdaderamente preocupa.

¿Cómo evalúa la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial frente a sonados casos que han tenido relevancia a nivel social?

Creo que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, a nivel local, hacen su mejor esfuerzo para de alguna forma sancionar no solamente a quienes cometen algún tipo de delito, sino también para generar situaciones preventivas y emitir mensajes a la poblaciones sobre las acciones dolosas que se cometen, advirtiendo que estas se sancionan con mano dura. Creo que ese es un buen mensaje de parte de ambas instituciones.

Desde luego, hay debilidades, pero en conjunto ambas instituciones hacen su mayor esfuerzo ante la responsabilidad que tienen. No hay que olvidar que en el caso del Poder Judicial tenemos juzgados especializados en diferentes materias, como corrupción de funcionarios, delitos ambientales, criminalidad organizada y otros aspectos.

¿Cree que el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones dejó alguna huella en el Ministerio Público de Lambayeque o en todo caso, cómo percibe a la institución después de su salida?

Juan Manuel Carrasco fue uno de los primeros fiscales que trabajó en temas como criminalidad organizada y corrupción de funcionarios, que son materias nuevas. Hizo un buen trabajo al comienzo.

¿Está de acuerdo con el desempeño que tuvo, por ejemplo, en el caso Limpios de la Corrupción, cuando salía a los medios que se trataba de una organización criminal y diez años después no se ha podido probar de la existencia de esta, o cuando aseguró que la investigación se sustentaba en informes de inteligencia y otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera - UIF, y después se supo que eso era falso?

Es cierto, se dijo que había una organización criminal y se ha terminado condenando a los involucrados por casos desacumulados y delitos específicos como colusión simple, colusión agravada o cohecho.

Como abogado soy muy crítico de esto que pasa de manera cada vez más frecuente: el Ministerio Público y la Policía Nacional muchas veces exageran al inicio de las investigaciones, poniendo etiquetas con el objetivo de generar allanamientos, detenciones, incautaciones y otras medidas contra los investigados. ¿De qué sirve pedir 36 meses de prisión preventiva contra un investigado si después será condenado por tráfico de influencias o colusión simple, delitos con penas menores, incluso suspendidas?

¿Y también es crítico del uso excesivo de la colaboración eficaz sin mayor elemento probatorio del dicho de una persona?

Desde luego y todos tenemos conocimiento de un colaborador eficaz que en un juicio oral le dijo al fiscal que lo había obligado a decir tales afirmaciones para incriminar a otros. Lamentablemente así se ha venido llevando muchos procesos de criminalidad organizada, en base a declaraciones de colaboradores eficaces y la creación de pruebas para involucrar indebidamente a personas que nada tienen que ver en los hechos denunciados.

Ha habido excesos por parte de algunos funcionarios del Ministerio Público. Debo mencionar que la Corte Suprema ya ha establecido criterios para determinar una detención preliminar, allanamiento o incautación. Se señala, por ejemplo, que antes de formalizar una investigación preparatoria el juez debe emitir una resolución doblemente reforzada, porque se emite sin conocimiento de la parte investigada. Debería tenerse cuidado, pero lamentablemente en la práctica no se ve que el Poder Judicial cumple ese mandato.

Lo que vemos es que frente a un pedido de detención preliminar, allanamiento o incautación, el Poder Judicial inmediatamente dicta una resolución admisoria. Se ha hecho costumbre  primero detener para después investigar.

¿Qué opinión le merece que el exdecano de la orden profesional de los abogados, José María Balcázar Zelada, haya recurrido hasta el Tribunal Constitucional para no ser investigado por su acciones al frente del ICAL?

Llama la atención también el accionar del colegio profesional. El Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque le inició un proceso disciplinario siendo decano el doctor Carlos Martínez Oblitas, siendo sancionado por la Comisión de Ética con la expulsión de la orden. El señor Balcázar Zelada presentó un recurso impugnatorio y la actual gestión, del doctor César Vargas Rodríguez, no agenda hasta ahora la revisión de dicho recurso.

Tenemos un Tribunal de Honor que hasta ahora no resuelve nada, lo cual es una lástima por es un mal ejemplo. El señor Balcázar Zelada está siendo procesado penalmente y estaría próximo a invocar la prescripción del único delito por el que se le ha procesado, que es apropiación ilícita, cuya pena es no mayor a cuatro años. Considerando su edad, los plazos de prescripción se reducen a la mitad y, por lo tanto, el caso quedaría en nada. Ni por la vía penal ni por la vía administrativa disciplinaria se le sancionaría.

¿Quiere decir que los abogados de Lambayeque tendrían que olvidarse de pedir cuentas por los casi tres millones de soles del ICAL que fueron depositados en cuentas personales del exdecano?

Efectivamente. El informe del decano encargado por la Asamblea, doctor Juri Díaz Jaime, dio cuenta de un faltante de casi tres millones de soles de los cuales no había informado el señor Balcázar Zelada. No se sabe qué se hizo con ese dinero y nadie se ha preocupado por preguntar al respecto. ¡Es dinero de todos los abogados!

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