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FECOR ACUMULA CARPETAS EN CASO TUMÁN: Exadministradores de la azucarera son investigados por lavado de activos

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1317

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Leoncio Egúsquiza aparece en ambas carpetas fiscales.

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, tomó una decisión respecto al caso Tumán. Dos de las carpetas que involucran a los exadministradores de la azucarera han sido acumuladas al existir la presunta concurrencia de los actores en los delitos de lavado de activos y organización criminal. Se estima que el perjuicio causado a la empresa supera los 200 millones de soles.

Los trabajadores de la excooperativa denunciaron la lentitud con la que el Ministerio Público daba trámite a las carpetas fiscales existentes contra exadministradores de la empresa por diversos delitos, quienes de acuerdo a una pericia contable aplicada al período 2015 – 2022 arrojó un perjuicio económico superior a los 200 millones de soles.

Las carpetas

Son en total cinco carpetas fiscales, siendo la primera, la 18-2018, la que mayor avance ha tenido al pasar a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, a cargo del fiscal José Jaramillo Cubas. Esta comprende a César Sandoval Lozada, Paquita Pérez Vásquez, Euler Zuñe Montalvo, Alex Neira Guerrero y Helen Gonzales Sánchez, esto por la gestión que desempeñaron en la empresa Tumán como parte de una administración judicial en el año 2015, cuando se inició el proceso de crisis en la azucarera. Uno de los delitos imputados es organización criminal.

Otras carpetas son: la 2016-2021, en la que se encuentra Marcelino Llontop Suyón, Diomedes Bocanegra Irigoín, Jorge Paredes Delgado, Fernando O’phelan Pérez, Sergio Gavilán Montesinos y otras personas más (un total de 32 imputados), por los delitos de lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado; la 7-2022, en la que se involucra a Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros, así como la carpeta 20-2022, donde se investiga a Daniel Riojas Sánchez, Martín Martínez Valdiviezo y Salatiel Marrufo Valcárcel por hechos sucedidos en la administración judicial comprendida desde el 21 de marzo del 2017 al 24 de septiembre del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.

En la quinta carpeta es la 34-2022 se investiga a Erick Benavides y otros.

Exigencia de los trabajadores

Ante lo que consideraban como un retardo injustificado en las investigaciones, los trabajadores de Tumán, junto a su abogado Gilberto Carrasco Lucero, acudieron al despacho de la presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, demandando el accionar diligente de los fiscales responsables de las carpetas.

Días después, el 28 de junio, Miranda Vidaurre declaró a Expresión informando que se había solicitado los informes correspondientes y que había el compromiso de la institución de dar una respuesta al pedido de justicia de los trabajadores, hecho que finalmente se ha materializado en una primera fase.

Esto debido a que la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, ha dispuesto que la acumulación de las carpetas 18-2018 y 7-2022, a fin de agilizar las investigaciones contra los exadministradores, señalados de haber perjudicado a la empresa agroindustrial.

Con ello se unen las investigaciones contra Leoncio Egúsquiza Sánchez, César Sandoval Lozada, Alejandro Zevallos Gonzales y Marcelino Llontop, quienes tuvieron el control de la azucarera entre el 2015 y el 2018, iniciando la crisis que hasta hoy mantiene paralizadas las actividades productivas en Tumán y han ocasionado enormes pérdidas.

Los delitos considerados contra los exadministradores son: lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas y organización criminal.

Entre los hechos que se investigan están: la simulación de viajes fuera de Lambayeque, asesorías legales y comerciales, diligencias y trámites judiciales y otros gastos diversos, todo ello para argumentar el uso de recursos de la empresa.

Respecto a otras carpetas relacionadas al caso Tumán, se está a la espera del pronunciamiento de la fiscalía superior para determinar si corresponde o no su acumulación.

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