En marzo del 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia sentenció a 25 años de prisión al expresidente Alberto Fujimori, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato, lesiones graves y secuestro. Años después, por otros motivos, su hija, Keiko, se enfrentaría a la justicia.

La corte falló condenando a Alberto Fujimori Fujimori, o Kenya Fujimori, como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de las víctimas de la matanza de Barrios Altos y de La Cantuta. Se le impuso 25 años de pena privativa, por lo que Fujimori saldría en libertad el 10 de febrero de 2032.

La sentencia precisa que los delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad, según el derecho internacional penal; a lo que se suma el de secuestro agravado, en relación con el caso del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

El fallo establece también una serie de pagos por reparación civil de 62,400 nuevos soles a hermanos de fallecidos en el caso Barrios Altos y otros 20 mil dólares a favor de los herederos legales de las víctimas del caso La Cantuta. Asimismo, indemniza por daño extrapatrimonial o inmaterial a Gorriti y Dyer con la suma de 46,800 nuevos soles cada uno. Fujimori fue hallado culpable por los casos de la matanza de La Cantuta y de Barrios Altos; así como el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Antes de darse a conocer la pena, la sala, presidida por el magistrado César San Martín, dispuso la lectura de los fundamentos de hecho de su decisión. La corte señala en la sentencia que de los indicios y evidencias analizados se concluye que la responsabilidad de Fujimori está acreditada más allá de toda duda razonable. Indica que Fujimori, sustentado en sus potestades de mando, decidió constituir un aparato de poder desde el desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo en la práctica de su exasesor Vladimiro Montesinos.

Es así, según la sentencia, que el exmandatario centralizó la labor de inteligencia en el SIN y en Montesinos, y es a partir de ellos que se forma el grupo Colina, que materializó los crímenes denunciados. En ese contexto, la corte precisa que Montesinos rendía cuentas y mantenía informado al exjefe del Estado, por lo que se descarta que Fujimori desconociera lo sucedido, más aún cuando sus potestades de mando no fueron simbólicas, sino efectivas, directas y de ejecución diaria.

Apelación

Alberto Fujimori presentó un recurso de nulidad para apelar la sentencia de 25 años de cárcel. La apelación se elevó para que una segunda instancia judicial revise los alcances de la resolución emitida contra el exmandatario por delitos de violación de los derechos humanos cometidos durante su gobierno (1990-2000). Tras escuchar por casi tres horas la lectura de la sentencia, el exmandatario consultó con su abogado defensor, César Nakazaki, durante unos segundos, y respondió al tribunal presidido por César San Martín que presentaría el recurso de nulidad.

Durante toda la sesión de lectura, el expresidente no cesó de tomar notas sobre los alcances del fallo en un cuaderno y, al momento de la sentencia, se mostró con el rostro adusto, pero sereno. Al ser preguntado por el juez San Martín sobre su conformidad con la resolución judicial, Fujimori resumió su posición en una sola frase: “Señor presidente, interpongo recurso de nulidad”. Como respuesta, el presidente del tribunal manifestó que, conforme a la ley, el juzgado concedía el recurso de nulidad interpuesto. Por su parte, el fiscal José Peláez Bardales expresó su conformidad con la sentencia de cárcel efectiva, pese a que pidió la aplicación de la sentencia máxima de 30 años. “La Fiscalía encuentra arreglada a la ley la sentencia y sustentada en los hechos probados, y está conforme con la sentencia”, señaló.

Contra la impunidad

La condena a 25 años de prisión contra el expresidente Alberto Fujimori por delitos contra los derechos humanos constituyó un “hito fundamental” en la lucha contra la impunidad en el Perú, sostuvo el asesor especial de Amnistía Internacional (AI), Javier Zúñiga. A través de un comunicado que difundió el organismo internacional, Zuñiga destacó que es era “día histórico” ,porque no todos los días se ve a un exjefe del Estado siendo sentenciado por delitos contra los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la desaparición forzada de personas. “Esto demuestra que nadie está exento de rendir cuentas. Esperamos que este sea el comienzo de muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como en el mundo”, recalcó.

En diciembre del mismo año la Corte Suprema de la República confirmó la sentencia de 25 años de prisión para Fujimori.

Prisión a Keiko

En octubre de 2018 el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, tras aceptar la tesis fiscal que le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó un millón de dólares entregados por Odebrecht en el 2011.

El juez indicó que existía un alto grado de probabilidad de que se habría cometido el presunto delito de lavado de activo dispuesto por Fujimori Higuchi, quien ordenó la conversión, transferencia, ocultamiento, y tenencia del dinero ilícito.

Fujimori ya había cumplido dos períodos de prisión preventiva entre 2018 y 2020, pero desde mayo de 2020 enfrentaba el proceso en comparecencia restringida. Eso le valió para postular por tercera vez a la presidencia de la república, que perdió en segunda vuelta ante Pedro Castillo.

Ahora, Keiko Fujimori enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años y 10 meses de cárcel por lavado de activos y otros delitos, por supuestamente recibir aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011 y aportes de empresarios peruanos para sus campañas de 2011 y 2016. El juicio se iniciará en los próximos meses.

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