Nos jactamos, con justa razón profesional, de que la información que aquí se publica es producto de una corroboración de fuentes fidedignas y, sobre todo, fundadas en la verdad. De todos modos, hay quienes se sienten posiblemente afectados por esa verdad que, en lugar de digerirla, arremeten contra ella y contra nuestro semanario, al que muchas veces querellan y al final se tropiezan con el justo criterio o un Poder Judicial que, de acuerdo a ley, nos da la razón.
El ahora difunto congresista Gerardo Saavedra Mesones, aquel que en el Congreso había jurado ¡por Dios y por la plata!, entabló una demanda millonaria a Expresión, acusándonos de mentir y difamarlo por acciones que él había realizado, incluida la presentación en el parlamento de una ley con nombre propio a favor de otra persona o empresa.
Las pruebas, totalmente documentadas que llevamos al Poder Judicial y llegaron hasta la Corte Suprema, refutaron por completo sus dichos y, tras un largo proceso que nos demandó tiempo y dinero, salimos airosos de esa querella, a pesar de que Saavedra era congresista y tenía el poder político y todos los recursos con los podía haber ganado. Y es que todo lo informado fue verdad y por eso la justicia de nuestro país falló a favor de lo que dijimos en Expresión.
En su tercer gobierno, el exalcalde Arturo Castillo Chirinos hizo declaraciones irresponsables hacia Expresión, sobre un supuesto favorecimiento municipal que nunca demostró. Lo anecdótico es que, a una demanda de este ante el Poder Judicial, el juzgador admitió una pretensión para que nuestro semanario se abstuviera de informar todo lo relacionado con su administración edil; sin tener en cuenta que el alcalde de la ciudad era una figura pública y que nada personal se decía en su contra; y que aún, haciéndolo, seguía siendo una figura pública.
Entonces, una alerta informativa fue tomada por la Sociedad Interamericana de Prensa–SIP, que entonces dirigía Gustavo Mohme Seminario, entidad que sesionaba en México y que publicó un pronunciamiento para que el administrador de justicia de Chiclayo corrigiera su resolución, hecho que finalmente sucedió. También finalmente Castillo pidió disculpas a Expresión.
El excongresista Virgilio Acuña Peralta también demandó millonariamente a Expresión por haber dizque ofendido su honor al publicar un caso que fue noticia nacional, pues reclamaba como suyo un caserío del distrito de Cayaltí. Su pretensión no prosperó y la querella fue archivada porque en pleno proceso se desistió.
Un fiscal
Hace una veintena de años, lejos de buscar aclarar, lo que al parecer no podía, y que con responsabilidad periodística habíamos publicado en Expresión, el entonces todopoderoso fiscal Juan Manuel Carrasco Millones nos envió una carta en la que no solo nos insultaba, difamaba, amenazaba, sino que mentía sobre lo publicado.
Nos pareció periodístico dar a conocer un caso de Ripley, que generaba todo tipo de suspicacias, documentos que fueron presentados por el fiscal Carrasco Millones en su apelación a la sentencia absolutoria que dictó un juez por el presunto delito de insolvencia fraudulenta; toda vez que en ella, el representante del Ministerio Público empleaba textualmente los mismos argumentos, con las mismas palabras e incluso los mismos errores, que los presentados por el abogado de la supuesta parte civil afectada.
Por conducto notarial también le respondimos que en ningún momento Expresión propaló información falsa, menos difamatoria contra su persona, porque demostramos nuestra fuente y, además, lo extraído de un expediente judicial que obraba en la Corte Superior de Justicia y que contenía los documentos que exponíamos.
En esa oportunidad expresamos nuestra preocupación por la actitud del entonces fiscal Carrasco Millones, que lejos de constituir un ejercicio regular de un derecho de rectificación y conocer perfectamente que lo publicado correspondía a la verdad, su Carta Notarial contenía una amenaza encubierta contra nuestro medio, situación que pusimos de conocimiento a la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público, al Consejo Nacional de La Magistratura y la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque, al Consejo de la Prensa Peruana, a Instituto Prensa y Sociedad - IPYS, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Colegio de Periodistas de Lambayeque, al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL y a las direcciones de los medios de comunicación regional.
La Fiscalía de Control Interno de Lambayeque dejó prescribir el caso, hecho que fue observado y amonestado por la Fiscalía Suprema de Control Interno.
Pero no fue la primera ni la última con el fiscal Carrasco. Fue después que Carrasco Millones dijo, en una actividad académica realizada en el Colegio de Abogados, que si existen retrasos en el trabajo del Ministerio Público no es por culpa o ineptitud de los fiscales, sino por responsabilidad de los jueces que no atienden con celeridad los requerimientos presentados. A Carrasco le enmendamos la plana aclarándole la serie de casos que habían surgido en el Ministerio Público y que año tras año, tras año, todavía no llegaban al Poder Judicial o volvían a la fiscalía para que se enmienden.
Una secretaria de juzgado
Karin Sánchez Mendoza, secretaria del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, remitió una carta notarial a Expresión, firmada además por su abogado y pareja sentimental Amador Nicolás Mondoñedo Chávez, en la cual calificó de difamador un informe de nuestras páginas, advirtiendo que iniciaría acciones legales.
Publicamos que la servidora judicial habría declarado por muerto a su hijo para inscribirlo con otra identidad. En tal sentido, estaría involucrada en un presunto delito contra la fe pública. Pero, según Karin Sánchez, lo informado “era una noticia distorsionada, tendenciosa, humillante y con evidentes actos dolosos y mala fe”. Sin embargo, no explicaba en qué sentido la investigación había tergiversado los hechos publicados o la información contenida en documentos oficiales, que se encuentran, además, en el sistema del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil–RENIEC y que fueron sometidos al filtro correspondiente.
Sánchez Mendoza y Mondoñedo Chávez señalaban que Expresión cometió una práctica difamatoria al dar cuenta de los procedimientos seguidos por la trabajadora del Poder Judicial en el registro de su hijo, nacido en febrero del 2002, el que presuntamente falleció dos años después, sin aclarar cómo es que pudo alumbrar (según se entiende) a dos niños el mismo día, en el mismo año, en diferentes localidades y circunstancias, lo que aparentemente le permitió el registro de un segundo hijo en el año 2004 en la ciudad de Lima.
Al respecto, el abogado Rolando Manayalle Sánchez señaló que no se puede considerar una práctica difamatoria debido a que la documentación a la que accedió Expresión es real, existe en el RENIEC y ha sido validada como tal por el jefe de la dependencia en la Oficina Chiclayo, Pedro Merino León, quien accedió a ofrecer una entrevista en la que –de acuerdo a su análisis– sugirió la posible ocurrencia del delito contra la fe pública supuestamente cometido por Sánchez Mendoza.
Lo que llamó la atención de la Carta Notarial dirigida a Expresión es que los firmantes no negaron los hechos y tampoco requirieron la rectificación o derecho de réplica que constitucionalmente les asiste y solo tenía amenazas de denuncia.
El caso fue al Poder Judicial, el mismo que absolvió a este medio de la presunta difamación. La secretaria y su abogado pedían 100 mil soles de reparación.
¡Patán!
No acababa de ser designado alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, cuando volvió a mostrar su comportamiento autoritario y volvió a enfrentarse a los medios de comunicación. Antes de asumir el cargo se negó en tono altisonante a responder a los periodistas cuando se le preguntaba por los funcionarios que convocaría en su administración y echó de una conferencia de prensa convocada por la Subgerencia de Imagen Institucional de la comuna al equipo periodístico de Expresión, atribuyéndole un registro fílmico no realizado. Gasco se portó como un patán.
Pero también durante su administración mostró el mismo comportamiento, según lo prueba un video, en el que no solo se niega a responder el derecho de Expresión a saber por qué decía que la municipalidad estaba en quiebra, sino que además señalaba que en nuestras páginas lo difamábamos, negándose a argumentar tal afirmación.
Como hemos visto, no es la primera vez que autoridades municipales se enfrentaban a los periodistas de Expresión. En mayo del 2012 el entonces regidor oficialista Marco Arrascue Pasapera agredió físicamente a uno de nuestros periodistas cuando intentaba entrevistar al alcalde Roberto Torres Gonzales, que había sido sentenciado por peculado de uso. En la administración de David Cornejo Chinguel este hizo saber a través de las trabajadoras de Imagen Institucional que Expresión “no era bienvenido en la municipalidad”.
También EPSEL, ¡faltaba más!
En un informe, Expresión expuso los detalles de la contratación, ascendente a más de 24 millones de soles, suscrita por la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque–EPSEL SA, con Veolia Servicios Perú SAC para la compra e instalación de 80 mil medidores. Para la siguiente edición, EPSEL envió carta notarial demandando la rectificación a ese informe y amenazaba: “lo contrario implicaría el inicio de acciones legales que reviertan la afectación del daño”, supuestamente generado.
Según EPSEL, el informe publicado por Expresión “afirma de manera inexacta, tendenciosa y sin los medios de prueba debidamente corroborados por la autoridad competente, que la actual gestión de EPSEL SA habría ‘adecuado’ las bases del Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 001-2019-EPSEL SA, para presuntamente favorecer a la empresa Veolia Servicios Perú SAC”. Al respecto, Expresión rechazó lo señalado por los funcionarios de EPSEL, toda vez que el informe se sustentaba en documentos de alcance público que obran en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado– SEACE, y en ningún extremo de la noticia difundida se mencionaba el presunto favorecimiento.
Este medio se limitó a la narración cronológica y detallada de los actuados en la empresa de saneamiento para arribar a la contratación, cuya buena pro fue otorgada a Veolia, única postora que se presentó a la licitación, obteniendo un contrato ascendente a 24 millones 849 mil 809.54 soles.
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