Un año antes del que naciera Expresión, el presidente de entonces, Alberto Fujimori había dado un golpe de Estado que duraría ocho años. El país estaba convulsionado por este y muchos otros hechos políticos de corrupción y muerte que después se expondrían a la luz pública y judicial y darían como fin el encarcelamiento por 25 años del dictador.
La actual Constitución del Perú, que suplió a la de 1979, fue sancionada en 1993, año del nacimiento de Expresión; pero se dio como una salida política al golpe, que sugirió la OEA para romper el entrampamiento del gobierno de facto que, con la complicidad de los militares, implantó Fujimori.
Expresión sobrevivió a la dictadura, como ha sobrevivido a muchos otros acontecimientos que marcaron la historia del país y de la región Lambayeque durante estos últimos 30 años, incluidas las amenazas a la libertad de Expresión, que pendieron siempre sobre la cabeza de quienes desde esta tribuna formulamos alguna denuncia a pesar de que esta sea fundamentada, como debe serlo.
Aquí presentamos un recuento de las más importantes noticias que hicieron noticia a través de Expresión.
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LA TRAGEDIA DE CHICLAYO: Dos alcaldes detenidos y un Palacio Municipal quemado
Estas podrían ser las noticias que más convulsionaron a Chiclayo y el país en los últimos 30 años: Dos alcaldes de Chiclayo detenidos, hasta hoy encarcelados, y el mismo Palacio Municipal de esta capital en llamas y a punto de destruirse, en una provincia que tuvo que ser declarada en emergencia por el gobierno central dadas las rencillas políticas del momento.
Torres en el suelo
Entre el 30 de setiembre y el 1 de octubre del año 2014, cuando se celebraba el Día del Periodista, los profesionales de las comunicaciones tuvieron ardua tarea, tras conocer la decisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que ordenaba la captura del alcalde, Roberto Torres Gonzales y otras 20 personas, acusadas de corrupción de funcionarios y peculado en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, del Servicio de Administración Tributaria-SATCH y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento-EPSEL, así como de asociación ilícita y lavado de activos, cargos contra la red constituida por el entorno de poder que Torres Gonzales construyó desde su primer mandato como alcalde, entre el 2007 y el 2010.
La mañana del 30 de setiembre, unidades especializadas de la Policía Nacional y un equipo de 23 fiscales iniciaron el megaoperativo para detener a Torres.
Según la documentación que sustentó la decisión judicial de aprensión, demostrarían incremento patrimonial y que sus propiedades y empresas fundadas no guardaban relación con sus ingresos. Los investigados conformaron la organización denominada “Los limpios de la corrupción”, cuyo liderazgo era detentado por Roberto Torres Gonzales, secundado del abogado Martín Villanueva Velezmoro.
Depositados en el penal de Chiclayo (ex Picsi) los presuntos integrantes de la red criminal “Los limpios de la corrupción”, la labor del Ministerio Público -tras meses de arduo trabajo- permitió poner al descubierto a personajes que vinculados al alcalde Roberto Torres habrían amasado una fortuna superior a los 100 millones de soles, amparados en una red de corrupción organizada con testaferros y que utilizaba como modus operandi las compras fraccionadas, empresas fantasmas a nombre de familiares, buena pro a empresas cuestionadas y dinero que nunca ingresó a las arcas del municipio.
Al burgomaestre chiclayano, quien en su declaración jurada decía tener un patrimonio de apenas 45 mil soles, inicialmente se le decomisaron bienes por más de 10 millones de soles, entre dinero en efectivo, terrenos, oro y joyas.
La historia se repitió con Cornejo
Cuatro años después de la detención de Roberto Torres, en Chiclayo la historia se repitió cuando fue capturado el alcalde David Cornejo Chinguel, sindicado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada–FECOR, como cabecilla de una organización criminal dedicada a actos de corrupción en la administración municipal, formando parte de la misma regidores, funcionarios, terceros ajenos al aparato público e incluso el hermano del burgomaestre.
La noche del 28 de noviembre de 2018, la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, amparó el requerimiento fiscal, aprobando la detención preliminar, allanamiento, incautación, registro de personas y levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los investigados, presuntos integrantes de la organización denominada “Los temerarios del crimen”.
Se les imputó el delito contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios, colusión y cohecho, abuso de autoridad en agravio del Estado; contra el patrimonio en su figura de extorsión en agravio de empresas de transporte y contra la tranquilidad pública, en su figura de organización criminal.
Ese día, Cornejo se encontraba de licencia por motivos de salud. Sus problemas de diabetes se habían agudizado, por lo que decidió tomarse un descanso. Horas antes, habría recibido el aviso de una orden de captura en su contra, por lo que fue a Trujillo; pero agentes de la Policía Nacional lo interceptaron antes de llegar a la capital liberteña, para evitar la fuga.
La captura del alcalde y sus colaboradores se produjo como parte del megaoperativo denominado “Ciclón 2018”, en el que participaron 30 fiscales, más de 385 policías procedentes de otras ciudades y 62 unidades vehiculares.
La investigación se inició en julio de ese año, tomando como indicios las irregularidades presentadas en la comuna provincial. Se estableció que el alcalde, algunos regidores y funcionarios, se valían de sus cargos para emitir resoluciones de transporte a cambio de sobornos que iban desde los 40 mil hasta los 110 mil soles, para otorgar licencias de funcionamiento definitivo, y de 10 mil hasta 15 mil para darles el permiso provisional y se detectó irregularidades en los procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de rehabilitación en cuatro avenidas de la ciudad.
La lista de 19 imputados sobre los que se solicitó el mandato detención preliminar era solo la primera de una larga nómina que contiene hasta 100 personas, entre funcionarios, empresarios, operadores y hasta periodistas.
Un año antes de este acontecimiento, el periodista Ángel Vallejos Pasco, exeditor del diario La República en Chiclayo, confesó a Expresión que él ayudó a David Cornejo a concretar su candidatura provincial. “Soy responsable de la candidatura de Cornejo Chinguel por APP”, reveló entonces.
El incendio del Palacio
Doce años antes de las detenciones de los alcaldes David Cornejo y Roberto Torres, en el Palacio Municipal de Chiclayo había rondado la muerte. La madrugada del jueves 7 de setiembre 2006 la población chiclayana vio que el añejo edificio ubicado en el Parque Principal de Chiclayo se quemaba por completo.
El hecho derivó luego de una pugna interna luego que meses antes había sido vacado el alcalde Arturo Castillo Chirinos. Una diligencia judicial buscaba reponerlo. Vía el Tribunal Constitución, recuperaba la alcaldía.
El mencionado edificio, inaugurado en 1924 en conmemoración al centenario de la batalla de Ayacucho por el arquitecto italiano Giraldino, el 1 de julio de 1986 fue declarado como Patrimonio Cultural Inmueble de la Nación y quedó en ruinas a causa del incendio que se originó en la madrugada del 7 de septiembre de 2006, que consumió todo el salón consistorial construido de caña brava y madera, cuando se realizaba una diligencia judicial.
Ante este hecho, el alcalde interino, José Barrueto Sánchez, continuó despachando en las instalaciones de la Biblioteca Municipal “Eufemio Lora y Lora”, mientras que el alcalde Castillo Chirinos, repuesto, lo hacía en su casa.
Dos días después el gobierno declaró en estado de emergencia la provincia de Chiclayo, ante la disputa por la alcaldía que había sumido a esta ciudad en el desgobierno e inestabilidad y prácticamente destituyó a quienes pretendían representar a la ciudad: Arturo Castillo Chirinos y José Barrueto Sánchez. Se designó al prefecto del Departamento, doctor Guillermo Baca Aguinaga, como responsable político de Lambayeque y quien aceptó la conducción de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que recuperó el orden administrativo de la ciudad.
También dos gobernadores
En diciembre de 2013 el Primer Juzgado Laboral de Lambayeque ordenó la detención del gobernador regional, Humberto Acuña. La orden de detención preliminar se dio debido a una sentencia, respecto a una demanda de incumplimiento de las disposiciones y normas laborales que interpuso el trabajador del gobierno regional Manfredo Coronado Castillo.
Humberto Acuña sería sentenciado después, en primera y segunda instancia, por haber ofrecido sobornos a través de su cuñado para que no se le investigara desde la Policía Anticorrupción. Recibió una condena de 3 años de cárcel, suspendida en su ejecución.
En enero de 2021, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, fue detenido por presuntamente integrar una organización criminal como exalcalde del distrito de La Victoria, Chiclayo, donde estuvo al frente del municipio entre 1999 y 2018. Meses después fue liberado y volvió a su cargo de gobernador regional de Lambayeque. La fiscalía pide en su contra 21 años de cárcel.
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