Así de enfático se mostró el empres-ario Olivio Huancaruna Perales, luego que la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, a cargo de la fiscal Anita Cabrejos Barrios, decidiera que la investigación sobre la presunta existencia de una organización criminal enquistada al interior de las empresas AgroPucalá S.A.A. e Industrial Pucalá S.A.A., la cual se sigue en la carpeta fiscal 46-2008, en la que se le involucra pase a revisión de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Esto luego que la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada - FECCOR, resolviera el 15 de noviembre del 2022, mandar al archivo la denuncia presentada por el abogado Edmundo Gálvez Rodríguez, presidente de la Junta de Acreedores de la empresa Agro Pucalá, la cual comprende a 40 personas naturales y más de 25 personas jurídicas, por los presuntos delitos de or-ganización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, defraudación tributaria y lavado de activos en agravio de dichas empresas azucareras.
Según Gálvez Rodríguez, los denunciados habrían creado varias empresas y ahora ostentan un gran poder económico e ingentes cantidades de dinero y patrimonio, generados desde agosto de 2002, verificándose una clara y presunta organización criminal formada con la intención de depredar económicamente a la azucarera.
El denunciante afirma a la fiscalía que la empresa de Huancaruna tiene relaciones comerciales con Agro Pucalá e Industrial Pucalá, a través de la empresa San Juan, dedicada a la siembra, cosecha y producción de caña de azúcar, y cuyos vínculos comerciales se acrecientan con Industrial Pucalá, ya que ésta le brindaba el servicio de industrialización de la caña.
No hay razones suficientes
En la indagación que efectuó la FECOR se determinó que de la revisión de los actuados se advierte que la denuncia presentada por Gálvez Rodríguez versa sobre los mismos hechos que son materia de investigación en la carpeta fiscal Nº 46-2008, a cargo del Segundo Despacho Especializado contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, habiendo emitido la Dispo-sición Fiscal Nº 12 del 01 de diciembre de 2021, en la que se dispone formalizar investigación contra Maxs Ayora Inoñán, Luis Dávila Dávila, Alex Neira Guerrero y José García Vílchez, por el delito de organización criminal en agravio del Estado.
El fiscal señaló que no podría pronunciarse sobre la existencia o no de una presunta organización criminal enquistada en Agro Pucalá e Industrial Pucalá, por cuanto dicha estructura es investigada en la carpeta fiscal Nº 46-2018. “No obstante, de manera alguna ello significa que el hecho de haberse formalizado la investigación preparatoria contra estas cuatro personas, no significa que el resto, que tiene la calidad de investigados, deban ser consideradas como integrantes de dicha organización”.
De acuerdo a la investigación preliminar y ampliación, las empresas Agrícola San Juan SAC, Perales Huancaruna SAC y Verdum Perú SAC (antes Altomayo), empresas familiares de Olivio Huancaruna, están involucradas en esta indagación. Sin embargo, el fiscal señaló que ello no es razón suficiente para sostener que las personas mencionadas formarían parte de dicha organización.
Pocos elementos de convicción
El fiscal refirió que para poder atribuir a una persona la condición de integrante de una organización criminal, no basta la mera sindicación -sin que obren de por medio elementos de convicción suficientes- que dichas personas formarían parte de una estructura criminal.
“Tampoco es suficiente señalar que existirían vínculos familiares o amicales entre dichas personas, para atribuirle a alguien dicha condición, ni siquiera las solas relaciones contractuales o comerciales entre las partes pueden dar suficiencia probatoria, para que el Ministerio Público sostenga en un proceso penal dichas imputaciones. Para ello, tiene que haber suficientes elementos de convicción que permitan demostrar que un investigado ostenta la condición de miembro de una organización criminal”, precisa.
En el caso concreto, aña-de, el denunciante no ha logrado realizar una clara imputación concreta conta los investigados, notándose que solo realiza meras sindicaciones de contenido vago o impreciso, indicando que habría cometido el delito de organización criminal únicamente por sus familiares, amigos cercanos, empresas, gerentes o accionistas de empresas que habrían realizado actividades comerciales con la azucarera, sin adjuntar o citar elementos de convicción para que el despacho fiscal pueda tener indicios que los imputados serían integrantes de la orga-nización criminal.
El fiscal señaló que aunado a ello, Edmundo Gálvez en su declaración no ha logrado realizar una clara imputación concreta contra los investigados, advirtiendo que únicamente declara con relación a las empresas Perhusa SAC, Verdum Perú SAC y San Juan SAC, que éstas tendrían vinculación con el presunto líder de la organización criminal Maxs Ayora, debido a que en algún momento dicha empresas realizaron actividades comerciales con la azucarera, de las cuales habría obtenido grandes beneficios económicos.
No se ha entregado ningún pago
Gálvez Rodríguez afirma que Olivio Huancaruna sería accionista o socio fundador de alguna de ellas, y al ser quien contribuyó en la designación de Ayora como gerente general de Agropucalá e Industrial Pucalá, las empresas Perhusa SAC, Verdum Peru SAC y San Juan SAC formarían parte de la presunta organización criminal.
Según la Fiscalía, el apoderado de Perhusa SAC, abogado Felipe Rodríguez Ricetti, informó sobre las relaciones comerciales y contractuales de su representada con las empresas Agropucalá e Industrial Pucalá en el período 2005-2021, indicando que en dicho tiempo la única operación comercial que tenían registrada con alguna de las azucareras es la que se relaciona con el alquiler de un remolque por parte de Agropucalá a favor de Perhusa, operación registrada en la factura Nº 005-00579, del 10 de marzo de 2009, por el monto de S/ 500.
Precisó que Perhusa SAC no ha recibido ni entregado ningún pago o caudales en general de las mencionadas empresas en ese periodo, ni registra acreencias por cobrar o deudas por pagar entre el 2005 y 2021, lo que desvirtuaría lo señalado por el denunciante. Además, ninguno de los representantes legales, gerentes o directivos de Perhusa han ocupado cargos gerenciales, administrativos o financieros en AgroPucalá, Industrial Pucalá y el Consorcio Líder Azucarero del Norte SAC (CLAN).
Nunca ha sido accionista mayoritario
En tanto que el abogado de Verdum Perú SAC, Luis Chafloque, adjuntó el registro de ventas y compras de los últimos cinco años, así como el registro de las transacciones comerciales que mantuvieron con las empresas azucareras de Lambayeque, visualizándose que en el período 2005-2021 registra diferentes transacciones comerciales con AgroPucalá, Industrial Pucalá, empresa Tumán y Pomalca.
Precisó que los pagos realizados a AgroPucalá e Industrial Pucalá se hicieron en efectivo, debido a que dichas cantidades no excedían el monto a partir del cual debía utilizar medios de pago según la normativa vigente en ese momento. Mediante escrito, el 22 de agosto de 2022 aclaró que Huancaruna Perales nunca ha sido accionista mayoritario y el cargo de gerente lo ejerció junto a sus hermanos.
Recalcó que la actividad económica de su representada es la comercialización de café instantáneo y molido a través de la marca “Altomayo”, no siendo una empresa vinculada al rubro azucarero. Subrayó que Verdum Perú ha realizado 21 transacciones con AgroPucalá e Industrial Pucalá, detallando: el 2006 por un monto de S/ 16,500; el 2007 por S/ 24,300; el 2008 por S/ 6,000 y el 2009 por S/ 100, lo que permite concluir que entre Verdum y AgroPucalá e Industrial Pucalá, no ha existido transacciones millonarias que hayan ocasionado la evasión o incum-plimiento del pago de tributos a la Sunat, tal como denuncia el accionante.
Denuncian a AgroPucalá por incumplimiento
En tanto, el abogado de la empresa San Juan SAC, Percy García Cavero, cumplió con informar que su representada mantuvo operaciones con AgroPucalá desde enero de 2017 a mayo de 2019, las cuales consistieron en la molienda de caña por parte de AgroPucalá.
Desde mayo de 2019, San Juan ya no tiene operaciones de maquila con AgroPucalá, debido al in-cumplimiento en la entrega de bolsas transformadas que le correspondían a ellos, indicando que por ello han iniciado un proceso civil de obligación de dar bienes muebles contra AgroPucalá, requiriendo le devuelva 31, 652 bolsas de azúcar, pro-ceso que se tramita en el Primer Juzgado Civil de la Corte de Lambayeque.
Además, precisó que ninguno de los representantes legales de San Juan, gerentes o directivos, ha ocupado cargos gerencia-les, administrativos o financieros en AgroPucalá, Industrial Pucalá y el CLAN, en el período 2005-2021. Por último, informó que Olivio Huancaruna es socio minoritario de las acciones de la empresa, no teniendo capacidad societaria para decidir sobre las actividades y operaciones de San Juan.
Explicó que Maxs Ayora nunca ha trabajado ni ha tenido alguna relación de servicios con su representada, por ende nunca ha ejercido la defensa legal de San Juan, quedando desvirtuada la afirmación de Gálvez en la cual se pretendía vincular a Ayora con dicha compañía.
No hizo imputaciones concretas
Luego de los actos de investigación realizados, añadió la Fiscalía, se puede concluir que las imputaciones realizadas por el denunciante contra las empresas Perhusa SAC, Verdum Perú SAC y San Juan SAC, carecen de respaldo probatorio, por cuanto las mencionadas han cumplido con informar y adjuntar la documentación necesaria para sustentar las relaciones comerciales que han mantenido con las empresas azucareras en mención.
“De dichas relaciones comerciales, no se advierte ningún indicio que pueda indicar que se hayan realizado en el marco de una organización criminal y que producto de ello las empresas denunciadas hayan obtenido beneficio económico ilícito. En ese sentido, teniendo en cuenta lo que motivó el inicio de las diligencias preliminares contra Perhusa SAC, Verdum Perú SAC y San Juan, a la fecha ya han sido desvirtuadas en su totalidad”, estimó.
Manifestó que, si bien el denunciante ha solicitado la realización de una pericia contable para demostrar el presunto beneficio económico obtenido por estas empresas, ello carece de susten-to legal por cuanto, a la fecha, no existen indicios suficientes de conductas delictivas por parte de las mencionadas empresas. Por el contrario, se ha podido advertir que las actividades co-merciales que realizaron Perhusa SAC, Verdum Perú SAC y San Juan SAC con las azucareras, se ha mantenido dentro del marco legal; por tanto, no resulta procedente dicha solicitud.
En conclusión, señala el fiscal, de los actos de investigación realizados, y teniendo en cuenta que Gálvez Rodríguez no cumplió con precisar las imputaciones concretas, tanto de las empresas antes indicadas como del resto de investigados, el despacho fiscal provincial no ha podido determinar que los mismos tengan la condición de integrantes de organización criminal, por lo que en cumplimiento del artículo 334 del Código Procesal Pernal, ordenó el archivo de los ac-tuados contra 33 personas y 26 personas jurídicas, entre ellas Perhusa SAC, Verdum Perú SAC y San Juan SAC.
“¿Quién o quiénes están detrás de las denuncias del señor Edmundo Gálvez? Si su objetivo es que se esclarezcan los hechos en AgroPucalá, ¿por qué no denuncia a todos los que han manejado a esa empresa? ¿Por qué le es tan fácil enlodar el prestigio de empresas que tienen marcas reconocidas y generan cientos de puestos de trabajo? Esto es muy dañino a nivel empresarial y comercial, es una práctica destructiva para la formalidad, generando un daño económico incalculable”, cuestiona Huancaruna Perales.
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