La muerte de un niño de 10 años de edad, producto de una bala perdida durante un tiroteo entre delincuentes y personal de seguridad de un empresario, en pleno centro de Chiclayo, fue el detonante para que se convoque a una reunión de emergencia del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec).
Producto de ello, el gobernador regional de Lambayeque, y presidente del Coresec, Jorge Pérez, pidió al Ejecutivo declarar en emergencia a Lambayeque por el creciente nivel de inseguridad y que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles en apoyo de la Policía Nacional.
Sin embargo, esta solicitud ha generado la incomodidad del jefe de la II Dirección Territorial de la PNP, general Marlon Anticona, quien señaló que particularmente no está de acuerdo con que el Ejército patrulle las calles, porque constitucionalmente para eso está la policía. “Yo no me enfrento con ninguna autoridad, cada uno asume su responsabilidad”, afirmó.
Por su parte, Pérez dijo que el alto oficial PNP obedece a una línea de sucesión, entiende su posición (de estar en desacuerdo con su pedido), él es un policía y la respeto; pero no la comparto, pues la posición política del gobierno regional es que el Ejército salga a patrullar las calles y ayude a la Policía en la lucha contra la criminalidad en la región.
La decisión de aprobar la emergencia está en manos de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Hubo intentos, pero no prosperaron
Como antecedente de una solicitud de esta misma naturaleza, ocurrió el 28 de enero de 2022, cuando el alcalde de la provincia de Trujillo, José Ruiz Vega, encabezó un plantón para exigir al Gobierno central la declaratoria de emergencia, debido a la ola de criminalidad en La Libertad (solo en ese mes se habían contabilizado 27 muertos).
Ruiz pedía convocar a las fuerzas armadas para realizar un patrullaje conjunto. El Ejecutivo no dio luz verde a la solicitud del burgomaestre; por el contrario, fortaleció a la PNP con más hombres y vehículos para hacer frente a esa problemática.
Otro argumento que se ha esgrimido es que las fuerzas armadas no están preparadas para realizar intervenciones a civiles o contener una marcha, su perfil es más de una fuerza de choque y no de disuasión, para lo cual los agentes PNP si han sido entrenados.
En 2022 se alcanzó la cifra máxima de 58 crímenes en Lambayeque, a un promedio de 4.5 por mes, mientras que en 2021 se llegó a 49 homicidios. En lo que va del año se ha registrado un promedio de 25 homicidios, entre delitos cometidos por arma blanca o arma de fuego. Entre los casos más sonados figura el de dos personas asesinadas y calcinadas en Pomalca.
Sustenta su pedido
En el documento enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros, el gobernador regional sustenta el pedido del Coresec para la declaratoria de emergencia. Al Ministerio del Interior le requiere reforzar el sistema de inteligencia de lucha contra el crimen organizado, el sicariato, la extorsión, y al Ministerio de Defensa, para que de una vez por todas tome la decisión para actuar en dos frentes.
“Hablamos de la presencia contundente de personal de Ejército en puntos estratégicos, como en el centro de Chiclayo, mercados Modelo, Moshoqueque y Los Patos (ambos en José Leonardo Ortiz), en La Victoria, en la zona adyacente al aeropuerto José Abelardo Quiñones, el Real Plaza y el Mall Aventura, en la salida al norte. No hablamos de una militarización”, subrayó.
Pérez Flores dijo que poner una tanqueta con dos soldados del Ejército, acompañados de efectivos policiales, va a generar un impacto muy importante, porque la población va a sentir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se unen para garantizar una mejor seguridad.
“Tenemos la responsabilidad de mitigar el daño que se ha causado a esa familia con la muerte de su hijo, de nada sirve decirle te acompaño en tu dolor, cuando en realidad no lo haces y eres parte del problema. Nosotros no podemos ser parte del problema, sino de la solución y lo que estamos pidiendo están en nuestro justo derecho, por eso se convocó a los miembros del Comité Regional de Seguridad Ciudadana”, refirió.
No es algo fuera de lo común
Al hacerle la pregunta de rigor de que los militares no han sido entrenados para la intervención de civiles y que podían ocasionar un riesgo mayor en una operación, precisó que siempre habrá el acompañamiento de un policía.
“No estamos haciendo algo fuera de lo común, en ciudades liberales de Europa como España, Italia y Francia hay piquetes del Ejército que garantizan la seguridad de sus ciudades. ¿Eso es un delito? Por qué decir que en Perú el patrullaje de las calles por los militares es un problema, si en otros países lo hacen para mejorar su seguridad ciudadana”, estimó.
Tal es la diferencia de opiniones entre la autoridad regional y el jefe policial que no tienen una cifra exacta de cuántas sesiones del Coresec se han realizado en el año. Según el general PNP Marlon Anticona, las citas han sido tres; pero Jorge Pérez señala que han sido cinco.
“Creo que no debemos llegar a ese nivel, lo que quiero es que la PNP no se sienta menoscabada y por eso hemos sido enfáticos en no dejar la responsabilidad solo a esta institución. En Lambayeque existe un policía por cada 300 habitantes, se necesita más presencia de efectivos, y ni aun sacando a todos los agentes de la parte administrativa, no se va a llegar a los niveles que realmente son necesarios”, manifestó.
Red de cooperantes de seguridad
Asimismo, el gobernador instó a los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana (Codisec) hacer un planteamiento de injerencia para poder trabajar en este tema. “En pocos meses vamos a entregar 150 patrulleros nuevos y 50 motocicletas, pero no hay un plan de cómo se van a usar esos vehículos. En ese marco, los Codisec son fundamentales para hacer la intervención por sectores, para garantizar que un patrullero va a dar guardianía a un sector y el policía va a firmar el cuaderno de la red de cooperantes o del vecino vigilante”.
La autoridad lanzó una propuesta para fortalecer la lucha contra la inseguridad desde diferentes frentes. “Entre Chiclayo, La Victoria y Leonardo Ortiz hay unos 20 mil mototaxistas, si de ellos se formalizan y empoderan a cinco mil, con sus chalecos, se los incorporaría como parte de la red de cooperantes de seguridad ciudadana. Esas son formas de ganar espacio a la inseguridad”, subrayó.
Asume responsabilidades
Por su parte, el general Marlon Anticona indicó que el accionar delictivo no está ganando al trabajo de la institución policial, pues ante un hecho criminal reaccionan de inmediato. “Es competencia de cada autoridad asumir las funciones encomendadas, y en mi caso es mi responsabilidad garantizar la seguridad ciudadana, con el apoyo de las autoridades regionales y locales”, expresó.
Puntualizó que de los últimos seis hechos de sicariato que se han producido en Chiclayo, cuatro han sido resueltos y dos están en etapa de investigación. “Constitucionalmente la función de la seguridad ciudadana la corresponde a la Policía Nacional, es la única institución a la que le compete el tema del orden interno, más no al Ejército”, subrayó.
El oficial informó que tienen un parque automotor de 521 vehículos, entre menores y mayores, de los cuales están inoperativos 245 por motivo de uso, tienen una antigüedad de más de ocho años. “Nosotros trabajamos con los recursos humanos y logísticos que tenemos asignados. Tenemos 4600 policías; pero en forma activa son 3800. Nosotros trabajamos con la visión de investigación criminal las 24 horas del día”, detalló.
Dijo que el gobernador anunció la compra de patrulleros y motocicletas en enero, pero hasta el momento no hay nada porque los procesos de licitación demoran meses, y van a ser entregados cuarenta por mes, porque ningún postor tiene la capacidad para abastecer.
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