Ante la justificada protesta de los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán, quienes demandan conocer el estado de las cinco carpetas fiscales en las que se investiga a los exadministradores de la azucarera, la titular del Ministerio Público en Lambayeque, Carmen Miranda Vidaurre, los recibió y solicitó informes a los fiscales a cargo de los casos, a fin de resolver las inquietudes de los denunciantes.
Como informó Expresión en la Edición 1306, las carpetas fiscales se originaron a partir de las denuncias presentadas contra quienes han manejado la empresa Tumán desde el 2015 a la fecha, amparados en administraciones judiciales cuyo otorgamiento también es materia de investigación.
Dichas denuncias versan sobre distintos presuntos delitos como lavado de activos, organización criminal, fraude de personas jurídicas y otros, y comprenden a personajes como Marcelino Llontop Suyón, Leoncio Egúsquiza Sánchez, César Sandoval Lozada, Daniel Rioja Sánchez y Erick Benavides Timaná.
De este modo, se mantienen en curso las carpetas 18-2018, a cargo de la FECOR, que es la única en la que se ha formalizado investigación preparatoria, 2016-2021, 7-2022, 20-2022 y 34-2022.
Información a denunciantes
“Hemos tenido una reunión con los dirigentes de la azucarera Tumán y su abogado, quien ha presentado un escrito en el que detalla los casos que se tienen sobre esta empresa, que en total son cinco carpetas, cinco en la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado – FECOR, y uno en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. He formulado pedido a los señores fiscales para que informen por qué es que los trabajadores argumentan de que se trata de casos paralizados”, comenta Miranda Vidaurre.
Refiere que en caso de la carpeta 2016-2021, la fiscal a cargo, Karin Ninaquispe Gil, ha manifestado que su plazo de investigación es de 36 meses, por lo que se encuentra en el período contemplado por la norma para la realización de las diligencias que estime pertinentes.
“En el caso de la FECOR, el fiscal a cargo de la carpeta 18-2018 menciona que el caso lo heredó del exfiscal Juan Carrasco Millones y que tras la actualización y calificación correspondiente ha formalizado la investigación preparatoria, estando dentro del plazo de ley. Los trabajadores de Tumán han presentado otras denuncias adicionales, que han sido derivadas a otros fiscales. ¿Dónde está el asunto? En que los señores fiscales consideran que por tratarse del caso Tumán, dichas carpetas deben acumularse con la carpeta 18-2018”, explica la fiscal decana.
Acumulación de carpetas
La situación ha generado una controversia que deberá ser resuelta por la Primera Fiscalía Superior Penal, a cargo, de manera transitoria, de la fiscal Ana Cabrejos, despacho que deberá decidir si corresponde o no la acumulación.
La defensa de los trabajadores de Tumán señala que las carpetas no deberían acumularse con la 18-2018, a cargo del fiscal José Jaramillo Cubas, pues los cinco casos tratan sobre personas y hechos distintos, que no tienen conexión entre sí.
La presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque refiere que ese argumento ha sido expuesto a los fiscales durante la reunión convocada por su despacho, informando, además, que se trata de administraciones judiciales distintas e incluso de parte de los denunciantes se han alcanzado al Ministerio Público pericias de parte como insumo de las investigaciones.
“Quien tiene que resolver si las carpetas se acumulan o no será la Fiscalía Superior Penal, considerando que estadio procesal es distrito. Una vez que su despacho reciba las incidencias, se tendrá una respuesta. Eso le hemos informado a los trabajadores, ellos han quedado conformes con la explicación dada y lo que toca es esperar el pronunciamiento. Si bien, la presidencia de la junta no puede interferir en las investigaciones o abocarse directamente sobre algún caso en particular, sí existe facultad para coordinar y procurar que las partes reciban la información necesaria. Los trabajadores han expresado temor por la posible prescripción de los delitos denunciados y lo que se les ha señalado es que, conforme a ley, es muy difícil que eso suceda pues se trata de hechos que en el Código Penal tienen penas altas”, señala.
Falta de personal
Carmen Miranda sostiene que una de las limitaciones que tiene el Ministerio Público para resolver sus casos con mayor celeridad es la falta de recursos humanos. Actualmente – indica – hay fiscales con hasta mil carpetas a su cargo, lo que genera cierta demora que genera inquietudes en las partes comprendidas en los procesos.
Comenta que, entre enero y junio de este año, han ingresado al Ministerio Público de Lambayeque 27 mil 586 denuncias en las diferentes fiscalías donde se investigan casos comunes. Respecto a las fiscalías especializadas, explica – por ejemplo – que en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Violencia contra la Mujer se han generado dos mil 585 solo en Chiclayo, mientras que en José Leonardo Ortiz, mil 63.
“Esas cifras revelan la alta cantidad de casos que diariamente ingresan al Ministerio Público. Debemos tener en cuenta que el número de fiscales no se ha incrementado. Por ejemplo, para crear las fiscalías contra la violencia se han reconvertido dos fiscalías civiles y una de familia, con lo cual ha quedado solo una Fiscalía de Familia en Chiclayo, cuya capacidad está superada”, expone.
Las fiscalías provinciales deben estar conformadas por seis fiscales provinciales y dos fiscales adjuntos. Sin embargo, existen fiscalías incompletas por falta de personal, esto debido a que las plazas creadas son provisionales, lo que impide que sean cubiertas por fiscales titulares o llevadas a concurso. La razón principal es la diferencia remunerativa entre un fiscal titular y uno provisional.
“La provisionalidad es alta en nuestro distrito fiscal, bordeando más o menos el 35 %. Para la convocatoria a concursos, la Junta Nacional de Justicia pide un registro de las plazas disponibles y nosotros tenemos, pero son plazas provisionales. Habría que reconvertirse en fiscalías permanentes para que se les asigne el presupuesto necesario. Todo esto depende del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF”, acota.
Presupuesto limitado
El asunto presupuestal es bastante complejo. Recientemente la unidad ejecutora del Ministerio Público de Lambayeque ha recibido el presupuesto para cubrir las plazas CAS para lo que resta del 2023. En los primeros meses del año, al no tener ese aseguramiento de recursos, la renovación de contrataciones se hacía cada 30 días, generando un escenario de inseguridad para los trabajadores y limitación para la gestión institucional.
Para el funcionamiento óptimo de las fiscalías se necesita no menos de 40 fiscales con sus respectivos adjuntos.
Otra situación crítica es la que se tiene en el Instituto de Medicina Legal. La presidenta de la Junta de Fiscales indica que cerca de dos mil casos no se pueden resolver por la falta de insumos.
Según explica, esta situación se presenta desde hace año y medio, lo que impide la realización de pruebas de ADN, dosajes, pruebas toxicológicas y otros procedimientos necesarios para las investigaciones fiscales. A ello se suma la falta de personal.
Precisa que, al haberse creado la Unidad Ejecutora del Instituto de Medicina Legal, el Ministerio Público de Lambayeque ya no puede destinar recursos de su presupuesto para atender estas necesidades, dependiendo directamente del nivel central.
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