Actualmente, el Ministerio Público de Lambayeque tiene en su poder cinco denuncias presentadas hace más de un año contra los exadministradores de la Empresa Agroindustrial Tumán, por delitos que van desde crimen organizado hasta lavado de activos. Sin embargo, los fiscales han entrado en una suerte de “ruleteo” al pasar y derivarse las carpetas, pretendiendo acumular casos que no se relacionan entre sí, dilatando plazos, con el riesgo de que los delitos prescriban.
De las cinco carpetas fiscales, cuatro están en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – FECOR, y una en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Estas carpetas datan de los años 2021 y 2022.
Primera carpeta
La primera Carpeta Fiscal es la 18-2018, que es la que tiene mayor avance, al haber pasado a la etapa de formalización de la investigación preparatoria, a cargo del fiscal José Jaramillo Cubas. Esta se encuentra bajo revisión del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
“En dicha carpeta fiscal están denunciados los señores César Sandoval Lozada, Paquita Pérez Vásquez, Euler Zuñe Montalvo, Alex Neira Guerrero y Helen Gonzales Sánchez, esto por la gestión que desempeñaron en la empresa Tumán como parte de una administración judicial en el año 2015, cuando se inició el proceso de crisis en la azucarera”, explica el abogado Gilberto Carrasco Lucero.
En letrado señala que contra los denunciados se imputa el delito de organización criminal, toda vez que habrían incurrido en una serie de actos que afectaron directamente a la empresa, como la extracción de dinero y el reconocimiento de presuntas deudas y acreencias. “Estos hechos fueron denunciados y motivó que el Ministerio Público asuma la tesis que la denuncia tiene sustento, por lo procedió a formalizar la investigación preparatoria”, refiere.
Segunda Carpeta
La segunda carpeta es la 2016-2021, en la que se denuncia a Marcelino Llontop Suyón, Diomedes Bocanegra Irigoín, Jorge Paredes Delgado, Fernando O’phelan Pérez, Sergio Gavilán Montesinos y otras personas más (un total de 32 imputados), por los delitos de lavado de activos, organización criminal, usurpación agravada y hurto agravado.
“Los hechos se remontan al 2015, cuando encabezados por Marcelino Llontop tomaron el control de facto de la Empresa Agroindustrial Tumán sin tener ningún cargo ni responsabilidad delegada, asumiendo la conducción de la azucarera desde marzo de ese año hasta septiembre, cuando recién logran obtener una administración judicial de un juzgado de José Leonardo Ortiz. En ese lapso, entre marzo y septiembre, se produjo fuga de capitales e incluso se comenzó a pagar a terceros con bolsas de azúcar por montos que superaban las supuestas prestaciones. Es decir, se pagó por servicios no realizados, principalmente de asesoramiento, por personas que no tenían ni la preparación ni la idoneidad para ser asesores o brindar algún servicio profesional a la empresa”, comenta el abogado.
Carrasco Lucero refiere que dicho caso se conoce como “Los incas del azúcar”, cuya investigación está en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Karin Ninaquispe Gil.
“La denuncia fue presentada el 13 de mayo del 2021 y comprende al período de administración judicial que se instaló en la empresa desde el 12 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2016. Recién el 21 de septiembre del 2021 se abrió la investigación, estableciéndose un plazo de ocho meses. Sin embargo, han pasado 20 meses desde la denuncia y hasta el momento no hay mayor avance de la fiscalía. La fiscal no se ha pronunciado si archiva la denuncia o formaliza la investigación preparatoria”, expone el abogado, señalando que con la evidencia recabada existen los elementos de convicción suficientes para que se formalice la investigación.
Tercera carpeta
La tercera carpeta es la 7-2022, que obra en la FECOR Lambayeque. La denuncia se presentó el 1 de diciembre del 2021 y estuvo inicialmente a cargo del fiscal Rodolfo Albújar Álvarez, estando comprendidos Leoncio Egúsquiza Sánchez y otros por el delito de organización criminal.
“Aquí se exponen actos irregulares e ilícitos que se cometieron durante su período de administración del 16 de septiembre al 31 de octubre del 2016. En este caso el fiscal Rodolfo Albújar, el 12 de septiembre del año pasado emitió una disposición declarando complejo el caso y estableciendo un tiempo de investigación de ocho meses. El 5 de diciembre el caso pasó a otro fiscal, habiendo transcurrido en exceso el plazo, sin que existan actos de investigación realizados por el fiscal a cargo. Esta carpeta lleva casi seis meses sin que se programe ningún acto de investigación”, manifiesta.
El 13 de junio de este año, el fiscal Rodolfo Albújar derivó la carpeta al fiscal José Luis Jaramillo Cubas para que la acumule a la Carpeta 18-2018, en la que se investiga a César Sandoval y otros, la misma que se encuentra formalizada, es decir, más avanzada.
“Sin embargo, no existe conexión entre las personas y los hechos denunciados en ambas carpetas, por lo que no debería acumularse, sino seguir cada una su curso. Se pretende acumular carpetas que están en etapas procesales distintas, lo que va a acarrear retrasos en su tramitación”, explica Gilberto Carrasco.
Cuarta carpeta
Similar situación es la que se tiene en la cuarta carpeta fiscal 20-2022, que también estuvo a cargo del fiscal Rodolfo Albújar. La denuncia que dio nacimiento a la carpeta fue presentada el 8 de abril del año pasado contra Daniel Riojas Sánchez, Martín Martínez Valdiviezo y Salatiel Marrufo Valcárcel, por hechos sucedidos en la administración judicial comprendida desde el 21 de marzo del 2017 al 24 de septiembre del 2017 y del 13 de octubre del 2017 al 30 de enero del 2018.
“Se ha denunciado ahí el delito de organización criminal, estafa agravada, hurto agravado, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita y lavado de activos. Esta investigación, que inicialmente estuvo a cargo del doctor Rodolfo Albújar, también ha sido enviada al despacho del fiscal Jaramillo Cubas, para ser acumulada en la carpeta18-2018, pese a que tampoco existe conexión entre los hechos ni las personas. Esto va a generar que el fiscal que ha recibido la carpeta la devuelva al fiscal de origen y en ese lapso no se realice ninguna investigación”, acota.
Manifiesta que el 28 de octubre del año pasado se emitió la Disposición 1 de dicha carpeta, estableciendo un plazo de cuatro meses para la investigación preliminar. “Es decir, se inició la investigación después de más de seis meses de presentada la denuncia, pues la denuncia se presentó en abril del año pasado y se inició la investigación en octubre. Ha pasado más de un año y no hay ningún acto de investigación por parte del Ministerio Público”, señala.
Quinta carpeta
La quinta carpeta es la 34-2022, también obrante en FECOR, siendo derivada por el fiscal Albújar Álvarez al fiscal Jaramillo Cubas, estando comprendidos Erick Benavides y otros.
“La prescripción de alguno de los delitos podría ocurrir. Sin embargo, lo que yo percibo es la falta de interés del Ministerio Público, a través de los fiscales que están a cargo de las investigaciones, para determinar la existencia de los delitos y llegar al fondo de la verdad. Eso de ir y venir de una fiscalía a otra, querer desprenderse de una investigación, acarrea perjuicio para las partes. Ha transcurrido más de un año de presentadas las denuncias y no hay un acto de investigación que permita distinguir que hay voluntad de investigar y conseguir sanción”, advierte.
Gilberto Carrasco menciona que el fiscal Rodolfo Albújar no ha mostrado disposición de atender a los representantes de los trabajadores de la azucarera, quienes exigen celeridad y resultados en el procedimiento del Ministerio Público, en tanto desde la Presidencia de la Junta de Fiscales de Lambayeque solo han recibido el ofrecimiento de consultar sobre el porqué de la demora en la tramitación de las carpetas, sin que haya resultado concreto.
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