Desde que estalló el conflicto por el control de la Empresa Agroindustrial Tumán, los más afectados han sido los trabajadores y sus familias, quienes, en parte, propiciaron la salida de la administración judicial que en el 2015 tenía la conducción de la azucarera, a cargo de Segundo Ordinola Zapata, con el respaldo del Grupo Oviedo, como socio inversionista.
Nueve años antes, Tumán había iniciado un franco proceso de recuperación productiva, económica y social. En el 2005, la empresa se encontraba prácticamente quebrada, con una deuda de más de 254 millones de soles, sueldos impagos, campos sin cultivar y la fábrica sin operar.
Con la gestión de Ordinola Zapata, el V directorio, como órgano de gobierno y el Grupo Oviedo como inversionista, la azucarera logró despegar, al punto que entre los años 2010 y 2012 tuvo utilidades, llegando a distribuir nueve millones de soles entre sus trabajadores.
Los sueldos se pagaban de manera puntual, al igual que los demás beneficios laborales; los trabajadores recibían tres bolsas de azúcar al año; funcionaban los programas de responsabilidad social como la Academia Pre Universitaria, había siete mil hectáreas sembradas y la fábrica llegó a producir 10 mil bolsas de azúcar diarias.
Crisis empresarial
Sin embargo, la ambición de grupos liderados por los mismos personajes que antes habían llevado a Tumán a una situación de quiebra, forzó la salida de la administración de Ordinola Zapata y el Grupo Oviedo, iniciándose un período de caos y anarquía del que hasta el momento no se recupera la empresa.
“Tumán atraviesa una crisis agobiante, un camino sin salida, después de ser una de las mejores empresas azucareras del norte del país. A principios del 2015 se empezó a destruir todo lo avanzado. Hoy, Tumán es un desastre y aquí debemos decir que los culpables de toda esta situación somos todos los trabajadores, porque dimos pie a lo que no debió suceder, al escuchar a gente inexperta, aprovechada y oportunistas que lo único que han hecho es saquear nuestra empresa”, señala Vicente Castillo Nicolás, dirigente de los trabajadores.
Tras la salida de la administración de Segundo Ordinola y el Grupo Oviedo, se instaló la administración de Marcelino Llontop Suyón, impulsada por personajes como Fernando O’phelan Pérez y otros. Dicha administración fue designada por el Juzgado Mixto de José Leonardo Ortiz, a cargo del juez Erick Pérez Alquizar, quien luego fue suspendido por el Órgano de Control de la Magistratura – OCMA.
A esta administración le sucedieron la de Leoncio Egúsquiza, César Sandoval y Daniel Rioja, siendo la última la de Erick Benavides, designada en el 2019.
“Después de 36 meses en los que todo era pérdida en Tumán, con la administración de Segundo Ordinola se había logrado un momento de éxito para la empresa y todo se vino abajo cuando los oportunistas tomaron por asalto la empresa. Fueron los enemigos de Tumán los que prepararon todo el estallido del 2015, cuando la empresa se encontraba en la parada de fábrica por mantenimiento y dijeron que la administración la estaba desmantelando, y porque hubo un retraso de siete días en el pago de sueldos, algo que no se compara con lo que actualmente sucede en la empresa”, menciona.
Añade que los trabajadores se han visto forzados a buscar otro tipo de ingresos, algunos en las agroexportadoras ubicadas en Motupe y Olmos, mientras que mil 900 han optado por la jubilación para recibir la pensión de la Oficina de Normalización Previsional – ONP, pero sin haber recibido ningún pago como parte de la Compensación por Tiempo de Servicios – CTS de la empresa.
Deudas y pérdidas
Actualmente la deuda de la azucarera supera los mil 300 millones de soles, entre compromisos laborales, a terceros, la ONP, AFP y EsSalud, además de tributos municipales no cumplidos.
A ello se suma que las administraciones judiciales del 2015 a la fecha habrían ocasionado un perjuicio económico a la empresa que supera los 200 millones de soles.
De acuerdo a un estudio contable encargado por la Asociación de Defensa y Asesoría de Accionistas y Trabajadores Activos, Jubilados, Viudas y Herederos de la Empresa Agroindustrial de Tumán, S.A.A., la gestión de Marcelino Llontop Suyón habría ocasionado un daño de cuatro millones 358 mil 858 soles.
Asimismo, la administración de Leoncio Egúsquiza y Alejandro Zevallos, el perjuicio ascendería a tres millones 633 mil 796 soles; en el período de César Sandoval Lozada, 74 millones 19 mil 772 soles; en la gestión de Daniel Rioja Sánchez, 34 millones 578 mil 317 soles, en la administración de hecho de Leoncio Egúsquiza la suma de 18 millones 486 mil 547 soles y en la de Erick Benavides, el perjuicio económico habría llegado a 29 millones 245 mil 76 soles; lo que representaría la falta de rendición de 200 millones 322 mil 366 soles.
“La empresa necesita no menos de 100 millones de soles para volver a flote. En estos momentos no hay nadie que se haga responsable de Tumán. Un grupo, liderado por Leoncio Egúsquiza, tiene posesión de parte de la fábrica y la administración, otro grupo está en el Club Tumán y dice que sabe cómo recuperar la empresa, hay más de 700 hectáreas invadidas y lo único que se están dedicando es a depredar lo poco que queda, venden incluso la caña sembrada en el 2014 porque no han vuelto a sembrar”, afirma Castillo Nicolás.
Salidas posibles
En ese escenario, existen dos posibilidades para el reflotamiento de la azucarera. El primero es que se reúna el 5 % de los accionistas y se convoque a una Junta General de Accionistas para la designación de un nuevo Directorio, el mismo que designe a la gerencia general, pues las facultades del V Directorio ya no están vigentes.
Otra alternativa, en el mismo sentido, es que el Grupo Oviedo, como titular del 35 % de acciones; es decir, accionista mayoritario de la empresa, convoque a la junta y en esa se elijan a los órganos de gobierno.
El segundo escenario es la instalación de una Junta de Acreedores como resultado del inicio de un proceso concursal ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI. Esta situación supondría el reconocimiento de adeudos reales.
“Los trabajadores hemos realizado tres marchas, una última en marzo, pidiendo al Grupo Oviedo que retorne a la administración de Tumán. Hemos marchado trabajadores con nuestras familias, jubilados, huérfanos y herederos porque la situación es insostenible. Hay familias que no tienen siquiera para comer”, menciona.
Vicente Castillo demanda también el accionar del Ministerio Público, pues afirma que las denuncias presentadas contra los exadministradores de Tumán, desde el 2015 a la fecha, siguen entrampadas sin que se resuelven las investigaciones por lavado de activos, fraude de personas jurídicas y otros casos más.
Los casos
Una de las carpetas está referida a la administración judicial de Marcelino Llontop Suyón, Carpeta 2016-2021, a cargo de la fiscal Karim Ninaquispe Gil, que aún no se ha pronunciado sobre las diligencias realizadas por la Policía Anticorrupción, que ya concluyó con sus acciones investigativas y ha quedado a espera de la disposición de la representante del Ministerio Público.
Esta carpeta se encuentra en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción.
Otra carpeta es la que se mantiene abierta contra Leoncio Egúsquiza Sánchez, a cargo del fiscal Luis Jaramillo Cubas, quien ha recibido exámenes contables sobre el mal manejo de los recursos de la empresa, sin que hasta el momento se haya convocado al perito para que explique los resultados y dé elementos que favorezcan la investigación.
También está la investigación a cargo del fiscal Rodolfo Albújar Álvarez, quien tiene en su despacho denuncias por hechos prejudiciales a la azucarera. Aún no se emite la disposición de investigación preliminar, pese a que el caso se presentó a inicios de año.
En total son 50 investigados en las tres carpetas fiscales.
Deja tu Comentario