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Fundado en 1900, el Club de la Unión es una de las instituciones sociales más representativas de Chiclayo, condición que es ampliamente comprendida por su dirigencia, liderada por su presidente, Carlos Ramírez Morales, cuya gestión se ha abocado a la promoción del quehacer cultural, sin descuidar el mejoramiento permanente de los servicios a sus asociados.
“Iniciamos esta gestión promovidos por el ideal de mantener el prestigio y la visión y misión que debe tener una institución como el Club de la Unión, con referencia a un concepto que hoy día se utiliza mucho como es la responsabilidad social, que va más allá de lo que significa gestionar un club privado. Si bien, el club es un espacio que propicia el encuentro de personas con la finalidad de buscar distracción, también tiene una responsabilidad con su entorno, más aún porque la institución se encuentra desde hace 122 años en el Parque Principal de Chiclayo”, manifiesta.
Señala que el club ha presenciado lo sucedido en la ciudad en más de un siglo, pero que aquella denominación de “testigo mudo” no le calza, pues la institución no ha estado ajena a las necesidades de desarrollo que tiene Lambayeque, ello sin entrar en política o incursiones de ese tipo, siendo sí promotor y orientador de buenas iniciativas que buscan el progreso.
Trabajo previo
Antes de asumir la presidencia del Club de la Unión, Carlos Ramírez fue integrante del Consejo Directivo encabezado por Rafael Aita Campodónico, ocupando la Dirección de Cultura, a través de la cual se organizó un plan de trabajo con el objetivo de abrir el club a la comunidad.
“Lo proyectamos con el afán de valorar el patrimonio cultural, nuestro pasado histórico, la identidad, de la que mucha gente dice que hemos perdido, sin embargo no la conoce. Somos cuna de una de las pocas civilizaciones, desde antes del incanato, que logró un gran desarrollo y nos ha legado historia y un patrimonio que asombra al mundo. Chiclayo ya se quedó corto con el lema de ‘Ciudad de la Amistad’. Queremos que el chiclayano responda al valor histórico, a su génesis”, refiere.
Oportunidades
Ramírez Morales menciona que otro de los aspectos en los que se tiene que trabajar en Lambayeque es en la generación de oportunidades para los nuevos profesionales que se forman en las distintas instituciones de educación superior y universitaria, para que no lleven sus talentos a otras latitudes.
“De las universidades egresan muchos jóvenes y van directamente a las agencias de viaje para buscar trabajo, porque nuestra región carece de la promoción clara de proyectos de inversión que signifiquen oportunidades de desarrollo. Tenemos que encarar todo ese trabajo y qué mejor que el Club de la Unión pueda aportar en esa tarea”, comenta.
El Club y la comunidad
Atendiendo a esa visión, el club suscribió un convenio con la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, para que a través de su Instituto de Cultura – ICUSAT, se implemente el programa denominado “Las caravanas culturales”, con la cual se han desplazado historiadores locales para hablar de la historia de los pueblos de Lambayeque.
También se instituyó el concurso de producción audiovisual dirigido a jóvenes estudiantes de Comunicaciones, al que se denominó “Saberes de mi tierra”.
“Este programa nos ha permitido difundir los valores y costumbres que muchos no conocen, lo que representa mucha valor para los habitantes de Chiclayo y la región”, acota.
Del mismo modo se editó la revista oficial del club, primero de manera virtual y ahora impresa, para tener un referente de lo que hacemos y de lo que sucede en la ciudad, colaborando con su historia.
“Hemos orientado todo este trabajo principalmente a jóvenes, hemos ido a los colegios y hemos alcanzado la participación de casi mil 200 personas en los seis primeros meses antes de la pandemia. Lamentablemente el avance se detuvo por la emergencia, porque nuestra meta era llegar a las tres mil personas, por lo menos. Sin embargo, lo logrado es algo nunca antes hecho por una institución privada sobre el ámbito cultural”, destaca.
Carlos Ramírez añade que el club no es una institución que nació para permanecer aislada de su entorno, sino para contribuir al mejoramiento de las cosas.
“No somos una isla, al contrario, tenemos que unirnos para trabajar por el bien común y no solo por el bien particular. Nosotros hemos logrado hacer estos convenios y encontrar mucho apoyo”, remarca.
Agenda común
Precisa que las condiciones locales obligan al establecimiento de una agenda común, en la cual es fundamental la participación de las autoridades y demás instituciones.
“Hemos logrado encontrar varias entidades que están trabajando, que tienen un bagaje de experiencia y proyectos importantes, pero constituyen una base cultural que está dispersa, por lo que habría que encontrar los mecanismos para que se unan, de tal manera que se diseñe una agenda cultural para que el departamento crezca. Lambayeque no solo es el museo de Sipán”, menciona.
Agrega que si las instituciones y la sociedad civil organizada tuvieran el peso necesario, se podría lograr puntos comunes y propuestas que sean atendidas por las autoridades.
“Nosotros en Chiclayo no tenemos un referente institucional que no esté politizado y es eso lo que queremos hacer con el club: convertirlo en una institución que abone netamente en la parte cultural”, señala.
La migración y la política mal ejercida son factores que han contribuido al deterioro cultural de Chiclayo, afirma Carlos Ramírez, señalando que de esto se debería aprender lecciones para reorientar.
Llegada de la UNESCO
“Estamos trabajando en dos frentes: interno y externo, y nos hemos dedicado a compartir esta nueva visión con los socios del club. Hicimos un Plan Estratégico que nos hiciera mirar qué debe ser el Club de la Unión en diez años. Eso nos ha permitido planificar debidamente a la organización, cambiando los elementos que tenemos para propiciar la participación de los socios y sus familias”, refiere.
En ese marco, el presidente del Club de la Unión hace un anuncio importante, al precisar por iniciativa de la institución un equipo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, llegará a Chiclayo.
“Nos hemos encontrado con UNESCO, que ha suscrito un convenio con el Estado denominado Paco por la Cultura al 2030. Uno de los objetivos, en diez años, es revalorar el patrimonio y el desarrollo de las regiones y de los pueblos a través de un hilo importante como es la cultura. Vivimos en un país diverso y nuestro común denominador se encuentra en la cultura, que nos puede unir, que bien puede convertirse en un aspecto sostenible”, acota.
Ramírez Morales explica que la delegación de UNESCO visitará lugares importantes de Lambayeque como Zaña y Túcume, se encontrará con las entidades culturales del departamento, todo ello entre el 1, 2 y 3 de junio.
“Hay muchos elementos dispersos que necesitamos promover”, resalta.
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En el ojo de la tormenta se encuentra desde tiempo la comuna de Olmos, donde sus exautoridades y algunos funcionarios vienen siendo procesados, investigados y privados de su libertad por haber incurrido en presuntos actos de corrupción en prejuicio de la entidad edilicia.
El 25 de mayo de 2022, la Municipalidad Distrital de Olmos, a través del Comité de Selección presidio por José Daniel Alvarado Roque e integrado por los miembros Ramiro Huanambal Pérez y Cecilia Huamán López, convocó el proceso de selección Adjudicación Simplificada N° 05- 2022 – MDO, cuyo objeto consistió en la “Creación del Servicio de Energía Eléctrica mediante Paneles Solares en el caserío de Vinguar Grande y Abra del distrito de Olmos”, valorizado en 777 mil soles.
La observación
De acuerdo al cronograma del procedimiento, las consultas y las observaciones a las bases fueron presentadas del 12 y 19 de abril del año en curso, habiéndose programado su absolución para el día 20 de abril, tal como así sucedió.
De acuerdo al pliego absolutorio, se evidencia que dos participantes presentaron cuatro observaciones, entre ellas la presentada por la empresa Ingenieros Constructores Electromecánicos S.A., que cuestionó las bases respecto a la acreditación de la experiencia en obras similares, la cual – según el observante – vulneraba el principio de libre concurrencia.
La solicitud del observante, versó fundamentalmente sobre los componentes y el objeto de las obras que deberían ser convalidadas para acreditar la experiencia requerida, tal es así que solicita se considere como obra similar, “Obras de Instalación de Redes Secundarias Convencionales menores a 500 voltios y/o Conexiones Domiciliarias”, todo ello – refirió el observante – con la finalidad de ampliar la libre competencia.
Respuesta del comité
En la fecha prevista para la absolución de las observaciones (20 de abril del 2022), el comité de selección emitió su pronunciamiento al respecto mediante el pliego absolutorio publicado en el Sistema Electrónico de las Contrataciones con el Estado - SEACE, en el cual decide “acoger” la observación propuesta por el observante, comprometiéndose en el mismo documento a incorporarla al momento de integrar las bases del procedimiento como regla definitiva, lo cual no ha sido así.
Como quiera que las bases primigenias requirieron en el Capítulo III acreditar experiencia en obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, como son: Instalación y/o construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción del servicio de Energía Eléctrica “mediante paneles solares”, el participante cuestionó dicho requisito en cuanto planteó su observación al respecto, solicitando que se convaliden contratos para acreditar experiencia con obras que contengan los procedimientos y componentes descritos en su observación, la cual a pesar de haber sido acogida por el comité de selección no fue considerada al momento de integrar las bases del proceso, pese a que el colegiado se comprometió -según el pliego absolutorio – a incluirlas en las bases integradas como regla definitiva del proceso.
Este hecho se corrobora en cuanto en el Capítulo III Numeral 45 de los Requerimientos Técnicos establecidos en el Literal B Experiencia del Postor en la Especialidad de las bases que fueron integradas, solo se consigna el requisito tal cual figuran en las bases primigenias, es decir, el requisito producto del acogimiento de la observación no fue considerado en las bases integradas.
La nulidad y adjudicación
En este sentido, la norma y la vasta jurisprudencia al respecto es clara y contundente para determinar un vicio de nulidad del proceso convocado por el inadecuado accionar del comité de selección al momento de integrar las bases del proceso, lo cual se configura como un vicio de nulidad de los actos procedimentales llevados a cabo, incluso el otorgamiento de la buena pro que para este caso prescribe.
La eficiencia y la eficacia en la gestión pública es determinante, máxime cuando se trata de utilizar los recursos que el Ejecutivo asigna a los gobiernos subnacionales, los cuales deben de ser empleados de manera correcta, de tal manera que permita mejorar la calidad de vida de la población de cada una de las jurisdicciones.
A través el Decreto Supremo N° 080 – 2022 – EF, publicado en el diario El Peruano, el Ejecutivo autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, transferir dentro de su Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal en el ámbito nacional, montos dinerarios millonarios y escalonados como incentivos a los municipios que cumplieron con las metas establecidas de gastar los presupuestos asignados a favor de sus ciudadanos hasta el 31 de diciembre del 2021.
Esto involucra también un bono adicional a su eficiente y eficaz gestión, estableciendo para tal fin, de acuerdo a los montos gastados proporcionalmente entregados para su utilización en el ejercicio 2021, niveles de clasificación variables identificados desde la letra A hasta la G.
Departamento de Lambayeque
De acuerdo al Anexo 1 de dicho decreto, la Municipalidad Provincial de Lambayeque - por segundo año consecutivo – logró ocupar el primer lugar en el orden de méritos elaborado por el MEF con una clasificación de nivel “A”, razón por la cual ha obtenido un incentivo de tres millones 867 mil soles y un bono adicional de 576 mil soles, que en suma hacen un total percibido como incentivo de cuatro millones 444 mil.
En el segundo lugar se ubica la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a la que únicamente se le ha otorgado un incentivo cercano a los tres millones 300 mil soles, mas no le ha sido asignado bono adicional. Asimismo, el tercer puesto lo ocupa la comuna de Ferreñafe, premiada con un incentivo de un millón 318 mil soles, más un bono por productividad equivalente a 521 mil soles, que en suma hacen un total de un millón 800 mil soles percibidos, asignándoles a cada una de ellas igualmente la clasificación “A”, todo ello de acuerdo a la proporcionalidad de los presupuestos asignados y a la evaluación por resultados realizadas por el ejecutivo.
En los distritos
El cuadro de méritos el MEF muestra también cómo diferentes ayuntamientos distritales de Lambayeque se han visto favorecidos con la entrega de incentivos en favor de la población de cada una de sus jurisdicciones. Por ejemplo, la comuna de José Leonardo Ortiz ha recibido más de un millón de soles; Pimentel 766 mil; el municipio de La Victoria 561 mil soles, igualmente el ayuntamiento de Monsefú obtuvo para sus arcas 650 mil; Tumán 577 mil; Pomalca 538 mil y el distrito de Pueblo Nuevo 227 mil soles.
Estos, por su capacidad de gasto respecto a los presupuestos asignados han sido calificados con el Nivel D.
Entre los municipios distritales lambayecanos que han podido obtener la calificación de nivel E se encuentran: Túcume, municipio al que se le ha otorgado un incentivo de 756 mil soles; San José 444 mil; Pátapo 356 mil soles y a las comunas de Oyotún, Nueva Arica, Reque, Santa Rosa, Zaña, Cayaltí y Lagunas un promedio dinerario de 250 mil soles, concordante con su capacidad del gasto de sus presupuestos asignados en el año 2021.
Clasificación F y G
Entre los municipios con clasificación F se encuentran el de Pítipo, al que se le ha otorgado un incentivo de 750 mil soles; Motupe con 783 mil; Jayanca, Mochumí, Pacora, San José y Pucalá con un estímulo promedio de 600 mil soles, como así también las comunas de Mórrope, a la que a pesar de haber obtenido un incentivo de un millón 800 mil soles, Incahuasi, Cañaris y Olmos, con un promedio de 600 mil, han sido clasificadas en el nivel G del cuadro de méritos de las metas alcanzadas en el año 2021.
Anastasia Calderón Manayay nació y creció en el distrito de Incahuasi, una comunidad indígena a 5 horas de la ciudad de Chiclayo, a más de 3078 m s. n. m., en la provincia de Ferreñafe. Allí, desde muy pequeña, aprendió una tradición milenaria: el arte de tejer.
Pero no cualquier tipo tejido, sino aquel que se practica en un telar de cintura, técnica que se practica desde hace más de 2000 mil años entre las mujeres artesanas de Ferreñafe, Incahuasi, Mórrope, Túcume, Monsefú y Ciudad Eten.
Ella aprendió todo de su madre Rosa Manayay Vilcabana, como antes su madre aprendió de su abuela Martina Vilcabana Sánchez. Cuando tenía 8 años aprendió a hilar la lana de oveja, luego a tinturarla para obtener distintos colores utilizando las hojas, tallos o flores de las plantas. Luego, como paso final, aprendió a tejer. Primero, pequeñas mantitas y luego productos más elaborados.
Ana, como la llaman sus amigos y familiares, es madre soltera y tiene la responsabilidad de sacar adelante a sus 3 hijos: Andhy de 7 años, Alex de 5 años y Yasemín de 2.
Beneficiaria de Juntos
Ella pertenece, desde el 2017, a Juntos, programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), que entrega a sus familias usuarias un abono de 200 soles, siempre y cuando cumplan con llevar a sus hijos a los centros de salud y enviarlos al colegio.
Gracias a estos abonos, Ana ha podido ahorrar un pequeño capital para iniciar un emprendimiento en lo que mejor sabe hacer: tejer. “Gracias a lo que recibo de Juntos he podido comprar los insumos que necesito para poder tejer mis productos”, cuenta orgullosa.
Talentosa artesana
Así, con su telar a la cintura, hace mantas, morrales, monederos, porta tablets y porta celulares, que vende todos los días para poder mantener a sus pequeños hijos.
Pero ¿cómo funciona un telar de cintura? Esta ancestral técnica permite elaborar diversos tipos de tejidos y consta de dos tablillas de forma rectangular llamadas konkallpu, cuyos extremos tienen la forma de una “Y”.
Una de las maderas está ubicada en la parte superior, la que amarran a un soporte que puede ser un árbol o un poste, como el que está al pie de la casa de Ana, de tal forma que sea un lugar que resista la tensión ejercida durante el tejido.
La otra madera, se ubica en la parte inferior, donde se coloca la abarina o emuque, una suerte de sujetador de cuero que la tejedora se coloca en la parte posterior de la cintura y sirve para dar tensión a los hilos de la urdimbre, los cuales han sido previamente ordenados en las estacas.
Sin embargo, la práctica del telar de cintura en Incahuasi solo tiene a 28 artesanas registradas, por lo que se considera que es momento de que las mujeres cultoras de este arte puedan formalizarse, ya que esto les permitiría contar con un documento de identidad como artesanos, facultándolas a participar de diferentes instancias, actividades económicas, capacitaciones, concursos, eventos oficiales, entre otros.
A sus cortos 23 años, Ana es consciente que la única manera de seguir creciendo es capacitándose, a fin de mejorar su técnica y hacer cada día mejores productos.
Ella tiene dos sueños a mediano plazo: el primero es abrir una pequeña tienda en donde pueda vender sus telares; el segundo, transmitir todo lo aprendido a su pequeña Yasemín, para que la tradición milenaria del telar de cintura siga viva.
(*) Programa JUNTOS.
Legisladora del Partido Morado, fiel a su estilo sostuvo que el sueldo de 15,600 soles no es apetecible para muchos parlamentarios, pues ellos están allí por el poder que adquieren y las influencias que les otorga el cargo. Dice que el votar a favor o en contra de una ley, allí está el negocio de ser congresista. Según Rafael Chanjan, el lobby es una actividad legítima que bien utilizada y regulada tiene un impacto positivo en la función pública en un estado democrático de derecho. Sin embargo, todo este tiempo no ha existido la voluntad política de hacer transparente y fiscalizar esta práctica, a fin de prevenir actos de corrupción en la función pública.
La congresista del Partido Morado, Susel Peredes Piqué, se caracteriza por ser directa, confrontacional, no tiene pelos en la lengua para decir su verdad. Sus declaraciones siempre provocan reacciones a favor o en contra, dependiendo del asunto que aborde. Hace poco, en el programa “Nada está Dicho” que conducía el periodista Jaime Chincha en RPP, puso en el tintero un tema que es un secreto a voces y que sería una práctica usual en el Parlamento: el controvertido tema de los lobbies. La legisladora señaló “que el sueldo es lo de menos para los congresistas, la plata estaría en eventuales y negados negociados no probados”.
Por ejemplo, dijo “si yo presento una ley para que se extienda por tres años el uso del plástico, eso le conviene a un sector empresarial; o si una universidad necesita una ley para que le den una segunda vez para licenciarse, allí está el negociado”.
Y para sustentar aún más su tesis, Paredes señaló: “Tú crees que el sueldo de 15,600 soles que percibe un congresista es lo que lo hace quedar en el cargo, ¡No! Ellos están allí por el poder que le da ser congresista, votas en contra o a favor de algo, allí está el negocio de ser congresista. Tú crees que es gratis votar por una ley a favor de una universidad o de determinadas empresas. Gratis es solo la leche de la teta de tu madre, todo lo demás se cobra de una u otra manera. La plata está en los lobbies, donde te dicen por esta ley 50 mil dólares, por esta otra 100 mil dólares, o te dicen no votes por esta ley y te envían de viaje al extranjero o piden licencia sin goce de haber”.
Lo revelado por la legisladora trae a la mente lamentables hechos que sucedieron recientemente en el Congreso, con la aprobación de cuestionados proyectos de ley con nombre propio. Uno de ellos trató de modificar la conformación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y dar una segunda oportunidad a las universidades con licencias denegadas, con lo cual buscaban traerse abajo la reforma universitaria.
Gracias a la presión social esto quedó en stand by. Otra decisión polémica es la modificación de la Ley Electoral para que los partidos políticos que no cumplieron con el plazo para inscribir a sus afiliados —potenciales candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022— tengan una segunda oportunidad. Otro proyecto que ha generado debate es el que presentó el 28 de abril la siempre discutida Patricia Chirinos, a través del cual busca derogar el DS 004-2022 Midagri, que establece que la leche evaporada solo podrá ser elaborada con leche fresca y se elimine la leche en polvo, como ocurre actualmente. Según ella, la norma del Ejecutivo degrada el nivel de la leche al hacerla “más aguada” y no aportaría “los nutrientes necesarios para el consumidor”. Sus detractores dicen que su proyecto busca beneficiar a la empresa Gloria, que elabora ese producto. Y para coronar la danza de proyectos objetados por la ciudadanía, está el referido a la modificación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que aprobó la Comisión de Energía y Minas para extender de 30 a 40 años la duración de los contratos petroleros. Estas son solo algunas perlas que se impulsan sospechosamente desde el Legislativo, y cuyos autores buscarían “apoyar” a ciertos sectores empresariales.
Razones de peso
De acuerdo a lo precisado por Susel Paredes, el sueldo de 15,600 soles que percibe un padre de la patria no sería el verdadero motivo para postular a ese cargo de elección popular, sino es el poder que obtiene y las influencias –positivas o negativas a nivel político, económico, mediático- que le da el ostentar ese título. Vamos a desmenuzar el tema. Para que el potencial candidato sea uno de los elegidos en la lista final, tiene que desembolsar una importante suma de dinero al partido o al líder de la agrupación. Luego durante la campaña electoral tiene que invertir otro monto significativo, que le permita llegar de manera contundente a los electores (por medios tradicionales y no tradicionales, con propuestas serias y razonables), para que tenga la opción de ser elegido en las urnas. Y si pierde esa plata se va al agua; pero si lo apoyan tiene muchas opciones para recuperar con creces ese dinero invertido en la campaña. Y no es precisamente solo con el sueldo mensual de parlamentario, sino promoviendo y apoyando lobbies empresariales que le serán más rentables. Claro, ese “apoyo” no será de manera abierta y descarada para evitar las críticas, pero sí buscarán guardar las formas. Incluso, algunos congresistas sin el menor desparpajo se han quejado de su sueldo y han pedido que por lo menos deben ganar como un ministro (30,000 soles).
El antecedente
Uno de los mayores lobistas en el Perú ha sido el expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, lo cual siempre le enrostraron por tener cercanía muy próxima con el poder político y económico (fue ministro de Economía y Finanzas, ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo de Ministros). Pese a tener esta imagen controvertida y antecedentes históricos no muy saludables, Kuczynski se convertiría en mandatario de la Nación el 2016. Una de las principales acusaciones que le hicieron durante la campaña electoral, fue precisamente su actividad previa como lobista de diversas empresas que contrataban con el Estado. Según Rafael Chanjan, en un artículo denominado: “El lobby en el Perú: apuntes para prevenir la corrupción” (https://idehpucp.pucp.edu.pe), este es sólo un caso emblemático y puntual de la extendida práctica nacional e internacional del lobby o gestión de intereses, como también se le conoce. Pero, ¿Es el lobby una actividad ilícita que debe ser erradicada? No. Chanjan refiere que el lobby es una actividad legítima que bien utilizada y regulada tiene un impacto positivo en la función pública en un estado democrático de derecho. Porque permite al público en general comprometerse con el proceso de toma de decisiones públicas, y mejora la calidad de las decisiones públicas.
De acuerdo a este estudio, diversos países han emitido leyes que regulan la actividad de gestión de intereses: EE.UU. (1946), Alemania (1951), Francia (2009), México (2010), Italia (2012), Chile (2012), etc. El Perú no ha sido ajeno a esta realidad y en julio de 2003 se publicó la Ley N° 28024, Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública. No obstante, en la práctica no se han adoptado las medidas suficientes para que esta ley pueda aplicarse de manera efectiva y se prevengan actos de corrupción. “La ley exigía que se implementara y operara un Tribunal Administrativo Especial para aplicar sanciones a los gestores de intereses que no cumplieran con las exigencias de registro y transparencia en su actividad; no obstante, dicho tribunal nunca se implementó y no hubo una sola sanción en la materia”. Chanjan señala que estos datos evidencian que todo este tiempo no ha existido la voluntad política de hacer transparente y fiscalizar adecuadamente la práctica del lobby, a fin de prevenir actos de corrupción en el seno de la función pública. Incluso, los funcionarios públicos están prohibidos de realizar actos de gestión en favor de privados, impedimento que se extiende hasta un año después de dejar el cargo, a fin de evitar que exista una mezcla de intereses privados y públicos en la toma de decisiones.
No hay enmiendas
Según la última encuesta del IEP, el 86% de peruanos desaprueba la gestión del Congreso de la República. Este altísimo rechazo refleja que no hay un propósito de enmienda por parte de los parlamentarios, que siguen empecinados en favorecer groseramente a grupos de poder económico, con leyes con nombre propio. Su desempeño es muy pobre en estos nueve meses, hay una escasez de iniciativas legislativas que redunden en beneficio de las mayorías, que sean promotoras de la generación de empleo y permitan a su vez la reactivación de la economía. Si no hay cambios sustanciales en el trabajo parlamentario, este Congreso atomizado y sin un norte claro, puede llegar a igualar al elegido en el periodo 2020-2021, que registró en su momento un 88% de desaprobación. La crisis política que atraviesa el país es responsabilidad de los partidos políticos, que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de los desafíos que la historia demanda. Los partidos expresan el pluralismo democrático y son esenciales para la participación política de la ciudadanía; pero si en cada proceso electoral insisten en presentar a personajes cuestionados, investigados por la justicia y con una catadura moral reprobada, la ciudadanía termina eligiendo las peores alternativas con consecuencias funestas. La pelota está en la cancha del Congreso, de ellos depende mejorar su alicaída imagen ante el pueblo.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
