¿Quieres que tu anuncio se vea en nuestra web?, Contáctanos!
Ubicada en el kilómetro 7 de la carretera Chiclayo-Chongoyape se encuentra la Agroindustrial Pomalca, empresa azucarera de la cual dependen directa e indirectamente miles de familias del distrito homónimo. Desde el 2005, el Grupo Oviedo es el accionista mayoritario de la empresa y trata de sacar a flote esta industria, que durante la primera mitad del siglo XX se erigió como una de las más poderosas en el norte.
Sin embargo, la sequía, sumada a la pandemia por el COVID-19, hicieron que el 2020 sea un año bastante complicado para la empresa. Pese a ello, el presidente del directorio de la agroindustrial, Carlos Andrade Villar, afirma que Pomalca se mantiene al día en el cumplimiento de las remuneraciones de sus dos mil 130 trabajadores, situación que no ocurre con otras empresas del corredor azucarero.
“No hemos recurrido a la suspensión perfecta de labores, como otras empresas de este rubro, que también han disminuido sueldos. Eso nos llena de orgullo y renueva el compromiso para seguir asumiendo este reto, ya que estamos totalmente al día con nuestras planillas. Lamentamos mucho lo que les sucede a nuestros hermanos trabajadores de otras empresas azucareras, porque de ese salario dependen sus hogares”, apunta.
Andrade Villar señala que la planilla mensual de Pomalca significa un desembolso promedio de tres millones 700 mil soles, cifra que le demanda arduos esfuerzos al directorio para poder honrarla, ya que -además de la sequía- Pomalca no ha sido beneficiada con los fondos de Reactiva Perú.
“El Perú ha destinado 64 mil millones de soles para el Reactiva Perú, ha dado la suspensión perfecta de labores, el bono universal, el bono familiar y nosotros que hemos tenido sequías, embargos de la SUNAT, de las municipalidades, no hemos sido beneficiados. Está bien, si no quieren ayudarnos, que no nos ayuden, pero que tampoco nos ataquen en estos momentos de dificultades”, sostiene.
Producción
El directivo refiere que el 2020 fue un año muy malo para la cosecha de la caña de azúcar, debido a la falta de lluvias. Este año, las cosas no han cambiado. Apunta que para mayo la producción es de 86 toneladas de caña por hectárea, cuando antes se alcanzaban los 120 y hasta más. Sin embargo, señala que en los próximos meses se llegará a cerca de 100 toneladas, aunque hay que tener presente que la cantidad no siempre determine un mejor rendimiento, pues mucho depende de la calidad de la caña.
“El 2020 ha sido muy malo. El presente digamos que es malo porque todavía estamos cosechando las dificultades de la sequía del año pasado, pero estamos trabajando para que el 2022 sea mejor para la empresa, los trabajadores, jubilados, y toda la comunidad, porque directa o indirectamente dependen del negocio principal que es el azúcar”, manifiesta.
Indica que la capacidad de molienda oscila entre las dos mil 500 y tres mil toneladas por día, pero actualmente por la falta de caña en el norte a consecuencia de la sequía, se está llegando a moler apenas dos mil toneladas y la poca caña que se logra obtener no es solo propia, sino también de pequeños, medianos y grandes cañicultores de Pomalca, que la llevan a la agroindustrial para su procesamiento.
“Tenemos competencia de otros valles, competencia a la que no voy a llamar desleal, pero la verdad es que es ilegal, ya que transportan caña por encima de la ley de pesos y medidas. De otros valles vienen y llevan más caña de la que deberían en los camiones transportadores, que además deterioran las pistas. Pero nosotros vamos a seguir fidelizando a nuestros sembradores de los valles de Lambayeque. Vamos a hacer una campaña intensiva de asesoría técnica y de fidelización con ellos”, anuncia.
Comenta que este año se han planteado como meta alcanzar 2 mil hectáreas de caña para el futuro, para cuyo propósito se lanzó a inicios de este año, una campaña intensiva de siembra que involucró la participación de los trabajadores de todas las áreas; “Con una inversión que superó los 6.5 millones, en esta primera etapa llegamos a sembrar 1000 hectáreas de enero a marzo, logrando alcanzar nuestra primera meta propuesta en tiempo récord, ello gracias al compromiso que asumieron voluntariamente trabajadores y funcionarios, que indistintamente de la actividad que normalmente desarrollan, se sumaron a esta campaña. Tanto personal de seguridad, administración, campo y fábrica, participaron activamente y con mucho optimismo, de las arduas jornadas de siembra en el campo, lo cual es una importante muestra de unidad y solidaridad de nuestros trabajadores”.
Jubilados
Enuncia que Pomalca tiene entre jubilados, viudas y herederos cerca de cuatro mil personas, con quienes la empresa sostiene una deuda, que se acarrea desde hace muchos años. Precisamente, refiere que desde el 2005, en que ingresó el Grupo Oviedo, hasta el 2020, se han pagado 190 millones de soles por este concepto.
“Con los trabajadores hay una deuda laboral, pero es una deuda no exigible porque podrán cobrarla recién cuando renuncien o se jubilen, pero la deuda de los jubilados sí es más o menos de 53 millones de soles. Esta deuda se ha acumulado durante varios años. Estamos viendo la forma de pagarla y hemos encontrando algunas maneras como el programa Lote Propio, a partir del cual se están haciendo pagos importantes de esta deuda laboral”, asevera.
Sobre el cronograma de deudas aprobado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, refiere que la empresa venía cumpliendo con exactitud estos pagos, pero debido a la crisis sanitaria y los problemas de sequía no han podido honrarlo en su totalidad.
“Igual las seguimos cancelando mes a mes, periódicamente venimos pagándoles una parte para que tengan un ingreso adicional a la pensión que tienen estos señores jubilados. Se les está haciendo un pago a cuenta de las deudas que se han acumulado y mientras tanto estamos reprogramando el compromiso laboral que tenemos”, afirma.
Trabajadores
En tanto, informa que el año pasado, de los dos mil 130 trabajadores, cerca de mil 400 estaban dentro del grupo de riesgo de contagio del COVID-19, a quienes igual se les canceló sus honorarios, pese a que no podían trabajar. Hoy la situación es distinta y solo hay 17 servidores que están realizando sus labores de forma remota.
Indica que la actual gestión ha implementado lavatorios en cada área, así como zonas para comedores y baños, todo lo cual ha demandado de una importante inversión que ha valido la pena para asegurar el retorno de los trabajadores con todos los protocolos necesarios.
“Estamos haciendo trabajos programados para que no se junte la gente en los ómnibus y utilicen las mascarillas, las cuales entregamos permanentemente. Hace más o menos 15 días hemos vuelto a entregar un kit donde tienen su alcohol, mascarilla y protector facial. Estamos cumpliendo con todas las leyes y queremos ir más allá aún”, grafica.
Añade que como directorio se gestiona también la compra de vacunas contra el COVID-19 para todos los trabajadores. Si bien la ley que autoriza la compra de vacunas por parte de los privados fue promulgada a fines de abril, apunta que ya vienen coordinando con la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, que es el ente gremial que liderará estas compras empresariales en el departamento.
+ NOTICIAS:
Conforme se acerca el 6 de junio, fecha de la segunda vuelta electoral, más personas van tomando posición respecto a los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para el abogado y empresario Lucas Rodríguez Tineo, ambos postulantes son populistas, uno de izquierda y la otra de derecha, pero igualmente perversos para la economía del país. Por ello, advierte que el criterio diferenciador a tomar en cuenta es la dimensión humana.
“Mientras en un candidato hemos observado una clara expresión de amor por su familia, su vocación por el trabajo, que no tiene líos con la justicia y que demuestra sencillez y humildad, por el otro lado vemos a una candidata que no tiene historia de vida laboral, cuando es en el trabajo que uno aprende cómo es la vida, lo difícil que es conseguir un sol, a tener la entereza mental y moral, para no caer en las tentaciones de la corrupción. Además, observamos líos internos entre hermanos, de hijo a padre y viceversa”, asevera.
Populismo
Sobre Pedro Castillo, advierte que su propuesta de destinar el 20 % del Producto Bruto Interno – PBI, a salud y educación, denota un desconocimiento de cómo funciona la economía nacional, pues eso significa quitarles recursos a otros sectores como seguridad e infraestructura.
“En conjunto, para las labores propias del Estado como seguridad, infraestructura, educación, salud, entre otras, se destina alrededor del 20 % del PBI. Si le damos 10 % a educación y 10 % a salud, entonces nos vamos a quedar sin nada para los otros temas. Cómo se va a atender a la Policía, a las Fuerzas Armadas, a las necesidades de los gobiernos locales, cómo se van a construir mejores pistas, carreteras. Sería maravilloso tener ese presupuesto, pero ni siquiera hay una proyección a cinco o diez años. Eso es populismo. Fortaleces un lado y destruyes otro”, apunta.
En cuanto a Keiko Fujimori, alerta que su propuesta de construir tres mil colegios al final de un posible gobierno es populista, lo mismo que el ofrecimiento de regalar cinco mil tractores a los campesinos.
“Construir tres mil escuelas en un período de cinco años equivale a construir dos diarias, 50 mensuales. Eso sería maravilloso, pero es irrealizable, es una gran mentira”, asevera.
Idoneidad
Rodríguez Tineo cita un artículo del especialista en gerencia estratégica Carlos Villajuana, quien señala que el elector peruano en esta segunda vuelta está más preocupado por el qué (propuestas) y el cómo (forma), antes que por el quién (candidato).
“Soy gerente de Operaciones de una empresa y cuando asimilamos a personal nuevo lo primero que hacemos es indagar sobre su historia de vida, que nos acredite que es una persona honesta, porque la técnica se aprende en el camino, incluso le podemos enseñar en el campo, pero hay cosas que se aprenden en casa, como los valores. Esto no te lo enseñan en ninguna universidad”, indica.
En ese sentido, apunta que, frente a tanta incertidumbre, sí le daría un voto de confianza a Pedro Castillo, pues visualiza en él a un hombre sencillo y trabajador, que se ha forjado desde abajo en un instituto pedagógico y conoce la realidad, pues ha sido profesor de un colegio de nivel primaria y es a la vez agricultor.
En cambio, sostiene que Keiko Fujimori se educó en los mejores colegios del Perú y reconocidas universidades de Estados Unidos, pero sin que eso le haya demandado algún mérito personal.
“En lo económico y político ambos son populistas y no tienen una clara fundamentación de cómo resolverán los problemas del país. Frente a tanta incertidumbre tenemos que cogernos de alguna rama y esa es la dimensión humana y allí sí hay diferencias entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori”, advierte.
Manifiesta que no tiene plena confianza en Pedro Castillo, ya que sus propuestas son populistas e irrealizables, pero en base a su experiencia de vida sí consideraría la opción de apoyarlo
“Tengo experiencia como conductor de personas y también en el quehacer político, pues fui dirigente de la Federación Universitaria de Lambayeque en la década del 80. Por experiencia de vida sostengo que las personas que evidencian honestidad, sencillez y espíritu de trabajo para fajarse merecen nuestro aprecio y posible respaldo”, apunta.
Equipos
En tanto, critica que Keiko Fujimori presente dentro de su equipo de trabajo a personas cuestionadas por actos de corrupción. Por ejemplo, menciona a Jorge Baca Campodónico, ex ministro de Economía del segundo gobierno de Alberto Fujimori. Él fue sentenciado por cohecho pasivo propio, ocultamiento de documentos y falsedad ideológica en la creación del RUC sensible; además de haber sido extraditado desde Argentina por participar en los actos de corrupción del fujimorato, lo que le valió una condena a tres años de prisión suspendida.
Asimismo, cuestiona también la presencia de Luis Carranza Ugarte, ex ministro de Economía de Alan García, dentro del equipo técnico. Si bien resalta que es un gran economista, hace hincapié en que su gestión como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina – CAF, no estuvo exenta de denuncias.
“Él (Luis Carranza) ha tenido que salir por la puerta trasera porque fue denunciado por acoso laboral y abuso de poder. Estos son los mensajes que a uno le generan desconfianza (…) Como decía el profesor Villajuana, prefiero a un bruto que a un inteligente, pero inmoral”, asevera.
Sobre Pedro Castillo, refiere que urge que el candidato presente públicamente a las personas que lo acompañarán en su equipo técnico.
Modelo económico
Por otro lado, explica que el modelo de la Economía Social de Mercado tiene dos dimensiones: una que es estrictamente económica, en la que se debe velar por la competitividad y el sostén de la actividad empresarial para la generación de riqueza, y otra social, que está orientada a la redistribución de los recursos, según corresponda.
“El que hace actividad empresarial tiene el legítimo derecho de ganar lo que corresponde en forma transparente, pero también tiene que haber un impacto en la sociedad en forma positiva, que signifique reducir las desigualdades como la falta de acceso a los hospitales, a la atención médica, a la educación, seguridad, vivienda, agua y desagüe. Esa es una Economía Social de mercado, no es una economía liberal ni socialista, populista o estatista”, indica.
Refiere que este modelo económico reivindica el papel importante que juegan las reglas del mercado, pero también advierte que esas reglas tienen que estar reguladas para que la política social que se establezca sea para beneficio de todos. Allí es donde ha fracasado la aplicación del modelo.
“Es cierto que en los últimos 30 años hubo crecimiento económico, pero ¿a dónde se ha ido esa riqueza? a unos cuantos. Soy de los miles de pequeños de empresarios que predominan en el país y puedo dar fe de que este modelo ha privilegiado exclusivamente a una pequeña élite de los grandes empresarios, a un grupo muy reducido a los que el Estado les ha dado todos los favorecimientos para que consoliden oligopolios y monopolios, que le han hecho un enorme daño al país”, considera.
Incide en que realmente no ha existido libre mercado ni libre competencia en las últimas tres décadas, sino que más bien ha predominado el abuso de poder. Esta situación ha generado enromes brechas de desigualdad social, las cuales se han expresado en la votación de la primera vuelta.
“En cualquier momento se iba a generar una nueva explosión social, pero en buena hora que se haya generado a través de un proceso electoral y no con derramamiento de sangre. Esta vía de escape electoral ha permitido que la gente se exprese y que aparezca un profesor Castillo como expresión de descontento de la ciudadanía, no solamente de los pobladores del campo, sino también de la ciudad, de los sectores E, D y también del C”, enuncia.
Monopolios
Remarca que en el sector salud existe un monopolio en la industria farmacéutica y otro en proceso de consolidación con el oxígeno. De igual forma, refiere que en el sector de alimentos hay otro con la leche y también con los productos de panllevar como fideos y aceites. En este último caso, sindica al Grupo Alicorp como dueño del monopolio.
“Cómo es posible que durante 30 años de supuesto crecimiento económico en todo el país solo haya habido 100 camas UCI, cómo van a poder atender. Hay muchos peruanos que deben haber muerto por otras enfermedades, no solo por COVID-19. Como no había pandemia, nadie se daba cuenta de esto, pese a que los médicos, enfermeras y obstetras hacían sus huelgas, peleando por un mayor presupuesto”, enfatiza.
El ex regidor y ex alcalde interino de Chiclayo, Guillermo Segura Díaz, militante fundador de Alianza Para el Progreso, precisó que el apoyo anunciado por su líder César Acuña Peralta a la candidatura de Keiko Fujimori en la segunda vuelta es a título personal, pues no representa el sentir de las bases.
¿Cuál es su impresión después de conocerse la postura de respaldo de César Acuña a la candidatura de Keiko Fujimori, en la segunda vuelta?
En primer lugar, yo respeto la opinión personal que mi amigo César Acuña, presidente de Alianza Para el Progreso, ha emitido a través de las redes sociales para todo el país. Creo que estamos frente a una decisión que no involucra a todo el partido, conforme a su naturaleza democrática y a los estatutos de Alianza Para el Progreso y, en consecuencia, su posición personal es respetable. Reitero mi respeto a su decisión y estoy convencido que él también va a respetar la opinión personal de sus militantes a nivel nacional.
Un partido democrático no ejerce una dictadura contra sus militantes. Un partido democrático respeta la libertad que tienen cada uno sus miembros para decidir situaciones como, por ejemplo, la que nos plantea este proceso electoral. Al generarse una segunda vuelta, los ciudadanos están en la obligación de tomar una posición frente a las dos candidaturas que quedan, eso es apoyar a la democracia, fortaleciéndola con nuestra participación activa.
Creo que hay muchos militantes de Alianza Para el Progreso que van a optar por votar conforme al entendimiento y a la comprensión que ellos tienen de las dos candidaturas que quedan en competencia.
¿Al señalar que se trata de una opinión personal de César Acuña quiere decir que esta no se ha consultado a las bases?
No es una situación secreta que no ha habido ningún tipo de convocatoria a nivel distrital, provincial, regional y menos nacional, o que se haya convocado a una asamblea o reunión, por lo menos, de los coordinadores y responsables políticos de las provincias y regiones para decir que se trata de una posición institucional.
Además, él (César Acuña) ha sido muy sincero, él señala que va a ser la posición del partido, pero no que se trata de una decisión colegiada. Es la posición del presidente del partido, la cual es respetable y está en todo su derecho de hacer.
¿Tiene César Acuña la capacidad de endose para que los militantes apepistas disciplinadamente voten por Keiko Fujimori en esta segunda vuelta?
Estamos hablando que los peruanos siempre hemos escogido vivir en democracia, en el trasfondo más lúcido de lo que estamos viviendo se está defendiendo la libertad, estamos defendiendo la democracia y rechazando toda forma de dictadura, de imposición y arbitrariedad, y creo que la mejor manera de demostrarlo es la integridad, y esa integridad nos dice que a la palabra se le debe acompañar de acción.
Por lo tanto, los defensores de la libertad y de la democracia tenemos que actuar coherentemente con esos valores y no podemos estar pensando que en pleno siglo XIX haya un partido en el que el militante discrepante sea liquidado, algo propio de los partidos fascistas.
Creo que Alianza Para el Progreso es un partido respetuoso de lo que señala su presidente, pero también de la libertad que tiene los militantes y simpatizantes a lo largo y ancho del país, a quienes creo que se debe escuchar.
En consecuencia, la posición de César Acuña no representa el sentir de las bases apepistas. Dicho esto, ¿cuál es su análisis de la presentación de Pedro Castillo y Keiko Fujimori en el debate de Chota?
Los peruanos de ahora somos distintos a los peruanos de hace 30 años, ya hemos aprendido algo de los continuos procesos electorales democráticos y de la importancia de la alternancia política en los gobiernos, lo que nos ha dado cierta madurez para entender lo que está pasando.
Muchos discrepamos con quienes están presentando a esta segunda vuelta presidencial como el Apocalipsis. La democracia en el Perú, como en el mundo entero, se ha convertido en parte de la cultura ciudadana, así que nadie puede estar pensando que a estas alturas puede suceder una dictadura de derecha o de izquierda o un terrorismo de derecha o de izquierda.
Lo que estamos viendo en este siglo es que derechas e izquierdas, en su mayoría, respetan los regímenes constitucionales democráticos, se alternan en el poder y contribuyen al desarrollo de su nación.
Me parece una actitud infantil el pretender, por ejemplo, analizar la candidatura de Pedro Castillo como una opción comparable con lo que actualmente sucede en Venezuela, pero no con lo que sucede en Bolivia o México. Me parece infantil, y creo que ese fue el error que cometieron algunos partidos en la primera vuelta, llevarnos a una polarización de izquierda y derecha, cuando los peruanos no necesitamos polarizarnos si vemos que el país se derrumba y el modelo no acertó nada, sino que nos ha convertido en una de las naciones que ocupa los últimos lugares en el manejo eficiente del Estado.
Además, según las encuestas el 86 % de los peruanos quiere cambio del modelo económico en democracia…
Entonces no podemos seguir creando fantasmas para debatir con fantasmas, para refutarle a los fantasmas. Por ejemplo, cuando hablamos de Pedro Castillo yo no encuentro razón ni motivo para que tengamos que referirnos a Vladimir Cerrón, porque si decimos que Castillo tiene a Cerrón detrás, entonces también debe decirse que Keiko Fujimori tiene detrás a más de 200 asesores que han sido sentenciados por corrupción.
¿Con qué autoridad moral y ética una candidata a la presidencia y sus seguidores pueden desarrollar una campaña permanente diciendo: Castillo no por Cerró? Keiko Fujimori tiene atrás a una organización criminal probada, y lo digo como abogado.
¿Cuál cree que ha sido el punto de encuentro entre Pedro Castillo y el electorado para alcanzar los resultados del 11 de abril?
Cuando nos habla de privilegiar salud y educación, ¿eso es acaso terrorismo? Cuando habla de aplicar un reajuste tributario a la riqueza, como lo está haciendo ahora Estados Unidos, ¿es acaso terrorismo? ¿Podemos decir que la reforma constitucional es terrorismo? ¿Plantear la revisión de los contratos de explotación de los recursos naturales por parte de las transnacionales, es acaso terrorismo?
Lo que hay es una suerte de intención de manipular al electorado, señalando que Pedro Castillo, por tener a Vladimir Cerrón y a izquierdistas detrás, representa al Apocalipsis. Eso es faltarle el respeto al pueblo, decirle que va suceder algo que nunca ha pasado. Utilizan la utopía del comunismo para confundir las mentes en las que, obviamente, falta cultura política.
El equipo técnico de Castillo es todavía una gran incógnita pero en redes más de uno se ha preguntado qué es más peligroso: que Castillo no diga quiénes lo acompañan o los personajes que acompañan a Keiko Fujimori. ¿Cuál es su opinión?
En política tenemos que aprender a contextualizar los hechos. Estamos en un contexto en el que debemos evaluar a los candidatos según la situación en la que nos encontramos. ¿Pedro Castillo ha pasado a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori porque representan ambos a la mayoría de los peruanos? No. 18 candidaturas han fraccionado al electorado y en virtud de ello que lo debemos exigirles a ambos candidatos es que restructuren sus propuestas, que convoquen y busquen consensos.
En esa línea, tenemos que pedirles que se convoque a un frente nacional para sacar al país del estado en el que se encuentra a nivel sanitario, económico y social. Los seguidores de Keiko Fujimori deben pedirle que no llame a gente con prontuario, y los seguidores de Pedro Castillo deben exigirle técnicos capacitados y dispuestos a trabajar por el país.
Bernardo Diómedes Rosario Peralta, nació en Salpo- La Libertad, el 20 de agosto de 1923 y falleció hoy, 30 de abril del 2021, a los 97 años de edad.
Fue hijo de Genaro Rosario Flores y Carmen Marina Peralta Gastañadury. Era el cuarto de 11 hermanos.
Desde pequeño y en ansias de superación emigró a Trujillo a estudiar primaria y secundaria. Se graduó de profesor primaria y luego de secundario, llegando a ser Doctor en Pedagogía.
Siendo profesor y director de la Escuela Normal en Piura, continuó estudios de Derecho, graduándose de Abogado en la Universidad Nacional de Trujillo. Se dedicó a la defensa libre en Chiclayo y en la década del 70 ingresó al Poder Judicial como Juez de Primera instancia en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.
A principios de los 80 ganó el concurso de Vocal de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, donde llegó a ser presidente, destacando por la capacidad de impartir justicia y ordenamiento de la Corte.
Casado con la dama Zoa Camacho Cabanillas, deja a sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.
Perteneció a instituciones como el Club de Leones, el Colegio de Abogados de Lambayeque. fue el primer Decano de la Facultad de Derecho en la UNPRG, integró el Club de la Unión y la Gran Logia Masónica.
Mientras continúan las deficiencias por la cobertura, calidad y optimización del servicio de saneamiento, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, enfrenta una serie de denuncias al interior de la institución, las cuales son formuladas por el Sindicato Único de Trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque - SUTSELAM.
Expresión tuvo acceso en exclusiva al documento elevado por el secretario del sindicado, Marco Castañeda Serrano, a la nueva gerente general, la contadora Gisela del Rocío Zelada Cortez, a raíz de la reunión sostenida el último 29 de abril, en la que develó un rosario de denuncias por incumplimiento de los pactos colectivos e irregularidades de las anteriores gestiones, que deben ser investigadas y, de ser el caso, sancionadas.
Personal y maquinaria
Castañeda Serrano señala que EPSEL necesita contratar más personal operativo, debido a que al menos unos 50 trabajadores por distintas razones (jubilación, fallecimiento y enfermedades degenerativas) ya no prestan servicios. Sin embargo, a lo largo de los años solo se ha incorporado personal administrativo innecesario, aumentando la carga laboral en perjuicio de la economía institucional.
Indica que las maquinarias de balde enviadas a Lima para ser reparadas permanecieron más de dos años en la capital, por las cuales se pagó por el uso de una cochera, pero retornaron en las mismas condiciones, situación que evidencia un gasto negligente en su transporte y estadía.
“Esto nos obligó a solicitar a la empresa que disponga el inicio de investigaciones administrativas de forma urgente, a fin de determinar la identidad de los funcionarios responsables y de iniciar los procesos administrativos disciplinarios. Sin embargo, hasta la fecha nada se ha hecho”, remarca el dirigente sindical.
También pide investigar la adquisición de equipos de electrobombas sumergibles de tableros eléctricos y sistemas de cloración, compra dispuesta mediante Contrato de Gerencia General N° 134-2019-EPSEL SA/GG. La empresa contrató con el Consorcio ESBOÑA el servicio de reposición de los equipos mencionados, a fin de repotenciar las estaciones de bombeo de los pozos tubulares de agua.
Sin embargo, algunas máquinas presentan un funcionamiento deficiente, hecho particularmente relevante, por cuanto el contrato con el consorcio ESBOÑA ya no se encuentra vigente y no existe la posibilidad de emitir la conformidad correspondiente, puesto que la empresa contratista no ha cumplido con levantar plenamente las observaciones, acota.
En tal sentido, revela que un profesional ha sido desvinculado por no firmar la conformidad correspondiente. Se trata del ingeniero Luis Santiago Tello Gonzales, quien en diversas oportunidades informó sobre las irregularidades que sucedían en el presente contrato, pero fue retirado del cargo.
Inclusive, detalla que, en el marco del contrato antes referido, se adquirieron 11 electrobombas, de las cuales una fue destinada al distrito de Ferreñafe. A los pocos días de su instalación, este equipo presentó desperfectos que hicieron imposible su operatividad, por lo que se tuvo que destinar una electrobomba adicional (de las 11 previamente adquiridas) para su reemplazo.
“Sin embargo, este nuevo equipo también presentó problemas en su funcionamiento, siendo necesario retornar a la antigua electrobomba, la misma que solo fue reparada”, acota.
En el marco del referido contrato, apunta que se ha invertido una importante cantidad de dinero, razón por la cual la fiscalización de la compra del material deficiente es urgente y necesaria, “en salvaguarda del patrimonio de la empresa y de su correcta administración”.
También solicita el inicio de las investigaciones administrativas y las correspondientes sanciones sobre quienes resulten responsables por hechos irregulares como la pérdida de un motor de 25 HP.
De igual modo, devela el adicional de un millón de soles por la obra de descolmatación de las lagunas Boró I y Boró II, hecho que debe ser investigado para saber si se justifica o no dicho desembolso.
También pone en evidencia las deficiencias en la instalación de la línea de impulsión de Villa Hermosa, donde se precisan acciones de control sobre la misma. Agrega que los problemas que aquejan a la empresa son innumerables, debido a las nefastas gestiones que han pasado por la entidad, dejando de lado acciones inaplazables y prioritarias.
Incumplimiento de pactos colectivos
En materia de pactos colectivos (2009-2019), el dirigente del sindicato precisa que urge la construcción de servicios higiénicos en los pozos, las cámaras, plantas de agua, las lagunas Boró y las lagunas de estabilización.
Asimismo, señala que es necesaria la contratación de un supervisor para el turno de noche, cuya plaza deberá ser cubierta por un profesional de ingeniería, que permita velar por el cumplimiento de las medidas tanto técnicas como de seguridad y salud en el trabajo.
De igual forma, advierte que la actual gerencia deberá reparar los hidrojets y demás vehículos de la empresa en talleres de reconocido prestigio, que garanticen la operatividad por un período razonable.
Demanda también la construcción e implementación del tópico médico establecido en el Pacto Colectivo 2010-2011. Además, considera prioritaria la contratación de un técnico mecatrónico en la Subgerencia de Mantenimiento Electromecánico, teniendo en cuenta la adquisición de nuevos equipos y unidades móviles de moderna tecnología que requieren de conocimientos especializados.
Señala que la empresa deberá honrar la cancelación de una bonificación especial para dicho trabajador por el equivalente al 30 % de su remuneración, por el cumplimiento de los 25, 30 y 35 años de servicios.
De igual manera, apunta que EPSEL debe cubrir las plazas vacantes del Cuadro de Asignación de Personal – CAP, con los trabajadores permanentes que cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operaciones y Funciones - MOF, así como evaluar y promover ascensos, de acuerdo a los estudios obtenidos, para lo cual se conformará una comisión mixta.
Enfatiza la necesidad de realizar exámenes médicos a las familias de los trabajadores que laboran en contacto permanente y directo con aguas residuales, previo informe médico y de la asistente social.
También demanda la integración de dos miembros de la junta directiva del sindicato para participar como observadores en los procesos de adquisición, regulados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado - OSCE.
En el pliego de reclamos se plantea además la conformación de una comisión mixta empresa- sindicato para elaborar un programa tendiente a disminuir el número de conexiones clandestinas, sincerar la tarifa catastral y reducir el índice de agua no facturada. De acuerdo a las metas obtenidas, los trabajadores involucrados percibirán un plus como incentivo.
En otro aspecto, plantea el apoyo a los hijos de los trabajadores afiliados al SUTSELAM para la realización de prácticas preprofesionales, reservando 10 vacantes que serán administradas y coordinadas por el sindicato, teniendo en cuenta que se cumpla con la necesidad de las especialidades que requiera la empresa.
Además, pide también la contratación de un hijo (a) del trabajador que quede incapacitado para laborar, como resultado de un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional o proceso de enfermedad degenerativa.
Víctimas del COVID
Castañeda Serrano revela que desde el inicio de la pandemia han fallecido 16 trabajadores víctimas de la COVID-19, a cuyas familias el sindicato ha venido asistiendo a los trabajadores en su batalla contra la pandemia.
“El SUTSELAM asistió a los compañeros aquejados por la COVID-19. Se les brindó atención con las consultas, los exámenes médicos (rayos X, resonancias, tomografías), medicamentos, entre otros (…) Se siguen perdiendo vidas humanas y hasta la fecha la empresa no implementa un verdadero plan”, puntualiza el dirigente, quien se pregunta cuánta responsabilidad tienen la empresa y sus funcionarios ante dichas perdidas.
Añade que desde el inicio de la pandemia el sindicato ha solicitado de manera reiterada la conformación de una comisión paritaria entre EPSEL y SUTSELAM, la que esté encargada de monitorear el cumplimiento de la normativa de prevención referente al Plan COVID-19.
“Hasta la fecha hemos visto cómo los sistemas de gestión han brillado por su ausencia. Como se podrá constatar, ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas que el Plan COVID requiere”, puntualiza.
Por otro lado, indica que desde el 29 de abril de 2020, fecha del fallecimiento de Pilar Cabrera Zelada, asistente social de EPSEL, todavía no ha contratado a una nueva trabajadora social.
“Su deceso ocurrió hace más de un año, pero hasta ahora no se ha hecho nada para encontrar su reemplazo, situación que genera incertidumbre y malestar en la institución, dado que se trata de un cargo indispensable por el número de trabajadores”, remarca el dirigente sindical.
También revela que desde que OTASS asumió la administración de EPSEL en el año 2017, los exámenes médico ocupacionales han quedado suspendidos, incidiendo negativamente en la calidad de vida y salud de los servidores.
Según establece la propia Constitución Política, ninguna relación laboral puede desconocer ni rebajar la dignidad de los trabajadores (artículo 23). Asimismo, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), es deber del empleador adoptar todas las medidas de prevención que resulten necesarias para garantizar que la vida y salud de los trabajadores no sufra daño alguno, remarca Castañeda Serrano.
“Dado que EPSEL ofrece servicios considerados riesgosos (exposición prolongada a sustancias agresivas, condiciones de trabajo anormalmente hostiles, entre otras), la prevención de cualquier enfermedad, a través de la detección oportuna de su existencia, es una obligación prioritaria e improrrogable del empleador, por lo que los exámenes médico ocupacionales nunca debieron ser suspendidos” acota.
Inclusive, detalla que a la fecha existe una investigación en la fiscalía contra EPSEL por no haber adoptado medidas de prevención de seguridad y salud.
“Por la inactividad de EPSEL respecto a sus obligaciones de seguridad y salud en el trabajo a favor de sus servidores, el sindicato presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de atentado contra la seguridad y salud en el trabajo, la misma que se encuentra en trámite”, anota.
Hay procedimientos con hasta un año de retraso.
La Contraloría General de la República identificó demora en actos registrales que realiza la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, en su sede de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, que en algunos casos se aproxima a un año, lo que pone en riesgo la oportunidad y eficiencia de la inscripción registral que se brinda a los ciudadanos.
Por ejemplo, se evidenció que existe una demora de hasta 334 días para realizar el registro de títulos de propiedad vehicular, a pesar que el plazo máximo establecido por norma es de 48 horas para este tipo de “actos priorizados”. En “actos registrales comunes”, el retraso administrativo también es recurrente, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que la SUNARP debe garantizar en la ciudadanía, evitando un posible perjuicio a los usuarios, quienes podrían iniciar procesos legales contra la entidad.
Entre el 17 de febrero y el 31 de marzo de este año, Contraloría verificó que los usuarios de las oficinas de SUNARP en Chiclayo, Cajamarca, Jaén y Chota, presentaron reclamaciones con relación a la calificación de títulos.
Informe
Mediante el Informe de Orientación de Oficio N° 001-2021-OCI/0643-SOO, que comprende la revisión de reclamos presentados entre el 17 de febrero y el 31 de marzo de 2021 por los usuarios de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, se identificó que en las Oficinas Registrales de Chiclayo, Cajamarca, Jaén y Chota; no se cumplió con calificar los títulos registrales de manera oportuna, superando en exceso los plazos establecidos, uno de ellos el registro vehicular. Esta situación se observó durante el año 2020 y en lo que va del 2021.
De esa manera, la SUNARP no habría tomado en cuenta lo establecido en la Resolución N° 127-2019- SUNARP/SN, de junio de 2019, que señala como plazo máximo de atención 48 horas para la calificación de “actos registrarles priorizados”. El informe de control también consigna otros siete “actos registrales comunes” que, de acuerdo con los reclamos presentados por los usuarios, tampoco fueron atendidos oportunamente.
Con la Resolución del Superintendente Nacional de los Registro Públicos N° 079-2005-SUNARP/SN, se aprobó el Texto Único Orientado del Reglamento General de Registros Públicos donde se establecieron los plazos en la calificación y vigencia de presentación de los títulos registrales. De igual manera, mediante Resolución de Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 127-2019-SUNARP/SN.
Existen títulos registrales preferentes en su atención, tales como los relacionados al Cambio de Característica y Otorgamiento de Poder, entre otros, cuyos plazos de revisión (48) han sido excedidos de manera exponencial por la SUNARP Chiclayo.
“La situación expuesta genera incertidumbre a los usuarios de las Oficinas Registrales de la Zonal N° II – Sede Chiclayo, respecto a la oportunidad y eficiencias de la prestación de los servicios de inscripción en los plazos de atención registral que deben proporcionar las Oficinas Registrales, poniendo en riesgo la seguridad jurídica que otorga la Superintendencia Nacional de Registros Públicos a la ciudadanía, así también, al fortalecimiento de sus derechos, como lo establece la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 166-2012-SUNARP/SN, del 27 de junio del 2012, afectando un posible perjuicio a los usuarios, quienes podrían iniciar acciones legales contra la entidad”, señala el informe de Contraloría.
Acciones
El Informe de Orientación de Oficio fue puesto en conocimiento del titular de la Zona Registral N° II - Sede Chiclayo, con el fin de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones. Tales acciones a implementar deberán ser comunicadas al Órgano de Control Institucional - OCI, a fin de que se corrijan las situaciones adversas identificadas.
La SUNARP es un organismo descentralizado autónomo del sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, y tiene como misión la inscripción registral y la publicidad de actos, contratos, derechos y titularidades de las personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente.
Según el reporte de la Gerencia Regional de Salud, en Lambayeque, al 4 de mayo, se han contagiado 51 mil 33 personas de COVID-19, de las cuales fallecieron cinco mil 221. La Sala Situacional del Ministerio de Salud apunta que el índice de letalidad en el departamento es de 5.06 %, siendo el segundo más alto en el país, solo por detrás de Ica. Para la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad de Lambayeque – ADOSCIL, el gobierno regional no ha asumido con responsabilidad la estrategia sanitaria para hacer frente a la pandemia.
“Denunciamos que el manejo de la estrategia frente a la pandemia del COVID-19 y sus secuelas no están siendo entendida ni asumida con responsabilidad por parte de las autoridades y organismos regionales creados para tal fin. Los ciudadanos desconocemos realmente cuál es el trabajo del Comando COVID-19, a pesar de nuestra solicitud para transparentar y dimensionar su accionar. Han preferido mantenerse en el silencio y el trabajo improductivo”, se lee en un comunicado de ADOSCIL, del 1 de mayo.
Funcionarios
Al respecto, Jorge Alarcón Gasco, coordinador regional de ADOSCIL, cuestiona que en lo que va de la pandemia hayan desfilados cinco gerentes por la cartera regional de Salud: María Esther Collantes Santisteban, Jorge Ordemar Vásquez, Víctor Echeandía Arellano, Félix García Ahumada y Alipio Rivas Guevara. Sobre este último, quien es el actual titular, critica su falta de especialización en temas administrativos.
Asimismo, critica la permanencia del general del Ejército Walter Bracamonte Merino al frente del Comando COVID, pues considera que quien debe liderar la estrategia sanitaria es un médico.
“Cuando el gobernador quiso asumir la conducción de la estrategia sanitaria frente a la pandemia, nosotros pedimos públicamente la instalación del Comando COVID. Pero vino la ministra (Pilar Maazzetti) y colocó al general, que puede ser muy bueno para elaborar estrategias de guerra, pero acá requerimos otro tipo de acciones. Al frente de la pandemia tiene que estar gente que maneje la salud, profesionales técnicos”, asevera.
De igual forma, Alarcón Gasco critica que no se haya activado al Consejo Regional de Salud, organismo técnico donde participan los colegios profesionales y los gremios de la sociedad civil, pese a la situación de emergencia por la que atraviesa Lambayeque.
Autoridades
Por otro lado, reprueba que los alcaldes no hayan sido capaces hasta ahora de instalar plantas de oxígeno, como sí lo han hecho burgomaestres en otros departamentos. Hace hincapié en que, además de ser escasos, los recursos que llegan desde el gobierno central se dilapidan en actos de corrupción.
“Lambayeque es considerado como el segundo departamento más corrupto del país. La plata, que es de todos los lambayecanos, no se dirige a la atención de salud. Es lamentable que Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe no tengan la capacidad de poner una planta de oxígeno, pero sí para gastar los recursos en otras cuestiones. Todos los días nos enteramos por los medios de comunicación cómo salen a la luz nuevas denuncias por corrupción. Sin duda, las autoridades están de espaldas a la población”, indica.
Exhorta a la Contraloría y al Ministerio Público a ser más diligentes en las investigaciones, mientras que a la Defensoría del Pueblo le pide que -además de emitir alertas- también hagan las denuncias de las mismas.
“Vemos cómo constantemente la gente forma colas para obtener oxígeno, cómo más de 200 personas están en lista de espera para acceder a camas de Cuidados Intensivos. Esto no puede seguir así. Para las autoridades parece que no pasara nada en Lambayeque. Por eso estamos alzando nuestra voz de protesta. En Lambayeque no existe atención primaria y eso no solo es por falta de recursos que vienen del gobierno central, sino por incapacidad de gestión”, anota.
Finalmente, según se lee en el comunicado del 1 de mayo, ADOSCIL valoró que el Obispado de Chiclayo haya podido gestionar la adquisición de dos plantas de oxígeno (una ya instalada y otra por instalar) con los aportes de la sociedad civil.
