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En un irregular procedimiento, un juez civil de Amazonas ordenó que se inscriba en Registros Públicos una Comisión Transitoria de Gobierno para la Universidad de Chiclayo – UDCH, pese a que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, ha reconocido a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios.
El pasado 4 de noviembre, el abogado Lito Becerra Angulo, en representación de los exdocentes de la UDCH María Zambrano de Bernal, Celinda Ortiz Prieto, Virna Layme Cáceres, Martha Piscoya Riojas, Ricardo Mendo Otero y Yanina García Puicón, presentó una demanda constitucional de amparo ante el Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, a fin de desconocer las resoluciones que acreditan a Danilo Escobar Gutiérrez como rector de la casa de estudios superiores.
El juez Edinson Polo Huamán emitió una medida cautelar, con la cual se dispuso la reposición de los docentes demandantes e incluso que se inscriba una Comisión Transitoria de Gobierno en la UDCH, desconociendo así la autoridad de Escobar Gutiérrez, pese a que desde el 8 de octubre fue reconocido como rector por la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502.
En virtud de ello, el área de Asesoría Legal de la UDCH presentó una demanda de excepción de incompetencia territorial ante el Juzgado Civil Permanente de Amazonas, la cual fue declarada fundada el 19 de noviembre, toda vez que tanto los demandantes como los demandados tienen su domicilio habitual en Chiclayo, con lo cual se dispuso que se remita el expediente al juzgado civil de esta ciudad.
Cuestionamientos
Nelson Espinoza Guerrero, asesor legal interno de la UDCH, explica que los exdocentes se "autoproclamaron" miembros de una Comisión Transitoria de Gobierno, en la que Ricardo Mendo Otero era el presidente y Yanina García Puicón la secretaria. Incluso empezaron a firmar resoluciones de nombramiento de decanos y directores académico y administrativos. Todo esto les obligó a tomar acciones en defensa de la estabilidad institucional.
Por esta razón, la universidad ha formulado una denuncia ante la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas contra los citados personajes y han denunciado también ante la Procuraduría General del Estado a Lito Becerra Ángulo por ejercer la defensa legal de los exdocentes, pese a que es procurador de Amazonas, lo cual no se condice con la norma que prohíbe a estos funcionarios ejercer el patrocinio, representación o mandato de particulares.
Proceso sancionador
Asimismo, la Oficina de Asesoría Legal Interna de la UDCH solicitó el inició de un proceso sancionador ante el Órgano de Control de la Magistratura - OCMA, contra el juez Edinson Polo Huamán, del Juzgado Civil Permanente de Chachapoyas, por presunta inconducta funcional.
El pedido se sustenta en que el magistrado, extralimitando el petitorio de reposición laboral presentado por el grupo de exdocentes, ordenó inscribir en Registros Públicos la Comisión Transitoria de Gobierno para la universidad, pese a que dicha medida no se encuentra dentro de los planteamientos de los demandantes.
“¿En qué extremo los demandantes solicitan la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿En qué extremo los demandantes solicitan la inscripción de una Comisión Transitoria de Gobierno? ¿Es los mismos vigencia, validez y eficacia de Acta de Sesión de Instalación de Asamblea Universitaria con la instalación de una Comisión Transitoria de Gobierno? Si bien se trata de una decisión jurisdiccional, tiene implícita una conducta funcional, pues, el quejado como juez tiene el deber de resolver en forma congruente, es decir, resolver solo los pedidos hechos por las partes y no más allá del petitorio. Por lo tanto, dicha conducta funcional, deben ser, por lo menos, investigados, pues, no nos explicamos tanta incongruencia procesal”, cuestiona Espinoza Guerrero.
Además, se cuestiona que el juez haya declarado admitida la demanda y emitido el proceso cautelar (medida de reposición provisional) conexa en un plazo de 24 horas, cuando todos los exdocentes son residentes en Chiclayo.
“En el sistema CEJ, se evidencia, que la demanda fue ingresada el 13 de octubre del 2020, al día siguiente fue admitida a trámite, el 14 de octubre del 2020 y, notificada a la parte demandante, el 15 de octubre del 2020. Es decir, que en menos de 24 horas la demanda fue admitida y en menos de 24 horas que fue admitida, se notificó a la parte demandante. Las preguntas que nos hacemos son las siguientes: ¿Cuántas demandas al 13 de octubre del 2020, tenía el Juzgado en calificación? ¿Cuántas demandas, el Juzgado ha calificado en 24 horas? ¿Cuántos admisorios, el juzgado ha notificado en 24 horas? Dichas conductas funcionales deben ser, por lo menos, investigados, pues no nos explicamos tanta celeridad procesal”, señala el asesor legal de la universidad.
Licenciamiento
Por otro lado, Espinoza Guerrero aseguró que esta situación no pone en riesgo el proceso de licenciamiento, toda vez que este se desarrolla "por cuerdas separadas" y hay una comisión encargada de cumplir con los requerimientos de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria - SUNEDU.
"Estamos convencidos de que vamos a obtener la ampliación de tres años para lograr el licenciamiento. De esto ya tiene conocimiento la SUNEDU, sabe que han querido detener el desarrollo de la universidad, nos han paralizado las cuentas, han querido asfixiarnos, pero no ha prosperado", aseveró.
Indicó que esta comisión de licenciamiento tiene avanzado a un 90 % el trabajo para acceder al plazo ampliatorio de tres años que da la SUNEDU, con lo cual tendrían el tiempo suficiente para subsanar todas las observaciones y obtener el tan ansiado licenciamiento.
Actualmente, la UDCH cuenta con un promedio de mil 500 alumnos. En los últimos meses cerca de 500 se han reincorporado, ante la esperanza de que la UDCH no sea cerrada definitivamente.
La sentencia emitida por el Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial que presentara el Poder Ejecutivo respecto al primer pedido de vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra sigue dando que hablar. El declarar improcedente la demanda por considerar que existe sustracción de la materia ha generado la crítica de un gran sector de la población que esperaba un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre el tema de fondo. Sin embargo, el docente y abogado Luis Fernando Falla Sayaverdi ha hecho hincapié en algo que pocos han reparado: los criterios que ha fijado el voto en singular de Marianella Ledesma Narváez sobre cómo debe desarrollarse el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente.
Falla Ssayaverdi señaló que Ledesma Narváez recomendó declarar fundada en parte la demanda competencial, pues a su juicio sí existe identidad en la materia entre el primer pedido de vacancia, motivado por el caso Richard Cisneros, y el segundo en torno a la gestión de Martín Vizcarra como gobernador de Moquegua, toda vez que ambos persiguen presuntos hechos de corrupción.
“Nos hemos centrado en la decisión final y no en el tema de fondo en el contenido de la resolución. La sentencia del Tribunal Constitucional fija criterios a futuro con sus votos en minoría. La doctora Ledesma, muy hábilmente, ha lanzado una suerte de salvavidas. Ella, al igual que Carlos Ramos Núñez, ha dicho que – si bien son votos en minoría – eso no significa que el tema de identidad no se dé. Marianella Ledesma, sobre todo, recomienda y establece criterios que deben tomarse en cuenta para saber qué contiene la expresión de vacancia por incapacidad moral permanente”, apuntó.
Los votos en mayoría fueron de Ernesto Blume Fortini, Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales y José Luis Sardón de Taboada. En tanto, los votos singulares fueron de Carlos Ramos Núñez, Marianella Ledesma Narváez y Eloy Espinosa-Saldaña.
Criterios
El letrado explicó que uno de los criterios fijados por Ledesma Narváez en la sentencia es que debe existir congruencia entre lo que se resuelve y lo que se pide en el Congreso. Para Falla Sayaverdi, eso no existió, pues todo se trató de una “vendetta política”.
Asimismo, apuntó que otro criterio fijado por la magistrada es que los documentos o medios probatorios que acrediten la supuesta incapacidad moral deben ser examinados por una comisión especial de investigación. Es decir, que la moción de vacancia pase por una primera instancia antes del pleno, tal como ocurre con los legisladores, cuyos casos se ven antes en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Además, la presidente del Tribunal Constitucional recomienda que se otorgue el tiempo y los medios necesarios para la defensa del presidente, lo cual – para Falla Sayaverdi – no se cumplió en la vacancia, toda vez que esta se hizo de forma “exprés”, sin reparar en la presunción de inocencia.
“El cuarto criterio que fija Marianella Ledesma es que no debería proceder la vacancia por incapacidad moral en el último año del ejercicio de la presidencia. A esto le agregaría que tampoco debería proceder en situaciones como la que vivimos de emergencia sanitaria. El quinto punto es que se requiera de una segunda votación en el pleno para consolidar la vacancia”, apuntó.
Explicación
Para Falla Sayaverdi, los magistrados del Tribunal Constitucional, que votaron en mayoría, no habrían querido comprometer su desarrollo profesional, toda vez que el período de seis de ellos ya venció. En virtud de ello, se habrían decantado por no opinar sobre el tema de fondo y argumentar la sustracción de la materia.
“Cuatro miembros del Tribunal Constitucional se han enmarcado dentro de un concepto totalmente positivista. Han sostenido que, habiéndose solucionado el problema por el cual se interpuso la primera demanda de acción competencial, ya no habría razón para pronunciarse. Tampoco lo habría sobre el segundo pedido, porque los elementos que dieron origen al primero eran totalmente distintos”, mencionó.
Paz social
Por otro lado, si bien el docente consideró que el Tribunal Constitucional ha perdido una gran oportunidad de resolver el tema de fondo, indicó que no le falta razón a Ernesto Blume cuando dice que la propuesta de Marianella Ledesma no contribuiría a la pacificación del país, pues si se declaraba fundada la acción competencial se hubiese generado una convulsión social. Anotó que en el derecho existe la figura del ‘consecuencialismo’, que hace referencia a que cuando un magistrado resuelve un problema entre dos partes debe evaluar la repercusión que esto tiene en la sociedad.
“No estoy a favor de la sentencia, pero hay que ser responsables. (Declararla fundada) hubiera azuzado a la gente y habría motivado que vuelva a las calles, proteste, y en poco tiempo tendríamos un problema inimaginable sobre la pandemia. El voto minoritario en la resolución expedida por el Tribunal Constitucional ya fijó criterios con los cuales el mismo presidente Francisco Sagasti podría proponer una reforma constitucional a efectos de que la vacancia sea evaluada a futuro con los criterios que ha fijado Ledesma, que a mi parecer son razonables”, comentó.
Inconstitucionalidad
Resaltó que para él la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra fue inconstitucional, pero ha sido avalada con la decisión emitida por el tribunal. Con ello, se abre la posibilidad de que incluso este parlamento pueda vacar al presidente Francisco Sagasti si en algún momento resulta incómodo para sus intereses.
“Esta es una espada de Damocles. Si yo hubiese sido miembro del Tribunal Constitucional, habría declarado infundada la demanda competencial para no generar más caos, pero me hubiese pronunciado sobre los criterios que deberían primar en el futuro para que quede como un precedente”, indicó.
Añadió que el Tribunal Constitucional pudo anexar en la resolución la precisión de que esta era de carácter vinculante, concepto jurídico que obliga a otras instituciones decisoras, entre ellas el Congreso, a aplicar la interpretación dada por este órgano.
“Parte de la culpa la tiene el mismo Martín Vizcarra al no cuestionar la decisión tomada por el Congreso. Él dijo que no interpondría ninguna acción judicial, aunque creo que con el paso del tiempo su postura fue la más salomónica porque hubiera sido rociar más gasolina al ambiente. No obstante, ello no quita que se ha generado un mal precedente. Los congresistas representan al pueblo, no puede dejarse llevar por apetitos personales o servir a grupos de poder”, manifestó.
Constitución
De otro lado, hizo hincapié en que la discusión sobre la conveniencia o no del cambio de Constitución debe desarrollarse en espacios académicos, a fin de determinar si el país necesita un cambio total de la carta magna o solo reformas puntuales.
“No es bueno decir quiero cambiar la Constitución porque sí, hay que ver en qué ha fallado, qué reformas se pueden hacer y si ahora resulta conveniente una nueva. Tenemos que ver si el sistema neoliberal es pertinente o no. Hoy nos regimos por una economía social de mercado, donde la oferta y la demanda mueven la economía. ¿Eso es malo? Habrá que discutirlo. No hay que actuar con el hígado, sino con el cerebro”, expresó.
Finalmente, opinó que el presidente que asuma funciones desde julio del próximo año deberá trabajar en cuatro ejes fundamentales: educación, salud, trabajo y familia. “Podemos tener la mejor Constitución, pero si no tenemos hombres probos e interesados en ponerla en práctica a favor de la población, de qué nos vale”, preguntó.
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Cada vez son más los jóvenes que se suman al clamor popular de un cambio de rumbo en la gestión municipal de Chiclayo, que hasta el momento no ha dado resultados. Una de estas jóvenes es Jessica Pérez Bravo, ingeniera industrial de profesión, quien resaltó la actitud de la ciudadanía de protestar contra la administración de Marcos Gasco Arrobas, pero hizo hincapié también en la importancia de ofrecer propuestas que acompañen las manifestaciones.
“Estuve presente en la marcha nacional que se realizó a raíz de la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y puedo dar fe de que la manifestación no era solo contra Manuel Merino, sino contra la corrupción en sí. Tampoco pasa solo por un tema nacional, sino que también es local. Es la indignación de muchos ciudadanos que ven que no se realizan las obras que necesita la ciudad. Lo que sí creo es que las protestas deben ir acompañadas de propuestas. Si se pide la salida de Marcos Gasco, sería bueno saber qué se hará después, que quien venga cumpla con lo que requiere la ciudad y realmente se haga una mejora”, mencionó.
Problemas
Pérez Bravo señaló que si bien el plan de gobierno de más de 90 páginas del alcalde Marcos Gasco contiene propuestas en cuanto a residuos sólidos, transporte, medio ambiente, informalidad y sistema vial, ninguna se ha cumplido. Por ello, invitó a los ciudadanos a cuestionar en las próximas elecciones a los candidatos sobre cómo piensan realizar los ofrecimientos que hacen en campaña.
“Este no es un problema solo de la actual gestión, sino de las anteriores. Creo que cuando uno se propone algo, debe cumplirlo. Si él sabía de esta situación, debió realizar propuestas viables. En todo caso, si él ve que su gestión no da para más, debe dar un paso al costado para que alguien con mayor capacidad lo haga. Hay muchos chiclayanos talentosos que se han ido a otros lugares porque aquí no les dieron las oportunidades. Yo converso con otros jóvenes y me cuentan que tienen proyectos en distintos temas, están allí, pero no se toman en cuenta”, acotó.
Asimismo, señaló que el burgomaestre propuso en su plan de gobierno trabajar con el presupuesto participativo (proceso en el que las autoridades y la población deciden la prioridad de los recursos), pero hasta ahora no se ha visto el diálogo con las organizaciones de base ni las juntas vecinales. A ello se suma que la actual administración solo ha ejecutado el 43 % de su presupuesto, pese a las carencias de la provincia.
“Uno sale a las calles y ve las deficiencias de la actual gestión. Hay muchas obras por hacer, pero las que sí se realizan, se hacen mal. Ejemplo de estos es el parchado de las pistas que nunca dura. Viene una lluvia y al día siguiente vuelven a su estado anterior. No queremos soluciones a corto plazo, sino que se invierta bien y las obras duren”, aseveró.
Anotó que el alcalde debe hacer un ‘mea culpa’ y, en caso de continuar al frente de la administración municipal, rodearse de un equipo técnico, especializado en cada tema.
Reciclaje
Por otro lado, la ingeniera industrial afirmó que los ciudadanos también pueden empezar a cambiar la ciudad desde casa, mediante actividades sencillas como minimizar el uso de bolsas plásticas y priorizar el uso de otras de material como la tela, el yute o el tocuyo. Asimismo, aconsejó usar un coche para hacer las compras en el mercado y tomatodos para evitar las botellas de plástico.
Del mismo modo, resaltó que muchas empresas también estén usando empaques de material biodegradable para la presentación de sus productos y que en general ahora se pongan en marcha propuestas ecológicas. Todo ello – aseveró – debe ir acompañado del esfuerzo municipal por poner tachos de basura en las calles e implementar infraestructura para darle el debido tratamiento a los residuos sólidos.
“La basura en sí es un negocio, lo que botamos se puede reutilizar en compostaje. Además, se le puede dar otro uso al plástico, al vidrio, al cartón. Creo que privatizar el servicio del recojo de residuos sólidos sería una solución espléndida. Si tuviéramos la cultura de segregar la basura, sabríamos que eso que botamos es insumo para el negocio de otra persona. No pagaríamos por la limpieza, nos pagarían a nosotros por nuestra basura. Me parece que esa mirada no la ha tenido Marcos Gasco, quizá porque su visión es muy micro”, manifestó.
Mencionó que la gestión municipal podría empezar con proyectos piloto de residuos sólidos en algunas urbanizaciones y – según su funcionamiento – replicarlo en más zonas.
Desde el 13 de septiembre pasado, Lambayeque atraviesa un estado de emergencia por déficit hídrico. Esta situación ha puesto en vilo a más de 30 mil usuarios del valle Chancay, que dependen del recurso para lograr las cosechas de sus cultivos. Al respecto, el jefe de la Autoridad Nacional de Agua – ANA, en Lambayeque, Luis Paz Veliz, afirmó que es necesaria la identificación y perforación de pozos, a fin de obtener el recurso hídrico subterráneo y no depender exclusivamente del agua superficial.
Precisó que el estado destinó un millón 800 mil soles para la identificación de 32 pozos en el norte del país, labor en la cual la ANA coadyuva. No obstante, si bien el gobierno nacional anunció que las autoridades regionales y locales podrían hacer uso del 10 % de su presupuesto para atender la emergencia por déficit hídrico, hasta el momento no se ha hecho efectivo por problemas administrativos.
Afirmó que la ANA ha identificado ocho pozos que deberán ser activados a través de Agrorural. Si bien con eso no alcanzará para cubrir la demanda, si ayudará a paliar el déficit hídrico.
En ese sentido, resaltó que la industria azucarera también se ha visto afectada por la escasez de agua, pero ha hecho uso de los pozos para atender su demanda. Así, por ejemplo, a la Agroindustrial Pomalca, que tiene seis mil hectáreas de caña instaladas, se le da dos mil 600 litros de agua por segundo, lo que no representa ni el 50 % de lo que requiere. Sin embargo, la empresa activó sus pozos y debido a ella cuenta con más de mil litros de recurso hídrico subterráneo.
“En el subsuelo tenemos más de 300 millones de metros cúbicos por explotar. ¿Por qué no pensamos en activar pozos como el propio Estado ha hecho? Ya hay pozos construidos a los que debemos darles mantenimiento, ponerlos activos para dotar a todos los agricultores de esa agua. No estamos hablando de un pozo para una hectárea, sino de varias hectáreas, que nos ayude a surtir en puntos estratégicos y verter al canal. Dada la situación, ¿por qué no tenemos una batería de pozos y vertemos todo al canal para que el usuario siga regando? Explotar esto nos ayudará a liberar el acuífero y mejorará la calidad del tipo de suelo que tenemos”, afirmó.
Racionalización y siembra
En línea con lo descrito, Paz Veliz señaló que desde agosto pasado se empezó una política de racionalización, según la cual cada 15 días se entregaba agua al valle para los cultivos y luego se cerraba, a fin de priorizar el uso poblacional. Esto se hizo también con la finalidad de evitar la sustracción del recurso por parte de las personas que se encuentran alojadas a lo largo del canal Taymi o incluso de los mismos usuarios.
Mencionó que la ausencia de lluvias ha hecho que se evalúe la fecha inicial estimada en el Plan de Aprovechamiento de Disponibilidades Hídricas para la campaña de arroz, la cual estaba planteada para el 1 de diciembre, pero podría extenderse hasta la quincena del mismo mes o incluso enero, según cómo se presente el panorama.
“Sería irresponsable hablar de una fecha ahora, en unos días se tomará la decisión. El escenario hídrico no nos ayuda a definir cuándo será, lo estamos evaluando con el Grupo PADH (Plan de Aprovechamiento de las Disponibilidades Hídricas). En cuanto tengamos el aporte necesario del río y una mayor cantidad de agua en el reservorio, empezaremos”, refirió.
Señaló que a diferencia de la selva, donde se hacen hasta tres campañas de arroz al año, la realidad hídrica de Lambayeque es diferente. Por ejemplo, en la costa se utiliza el 1.5 % del agua que hay en el país, proveniente de la vertiente del Pacífico, mientras que en la selva es el 98.2 % del recurso hídrico, que proviene de la vertiente del Atlántico.
“Las campañas de arroz obedecen a un plan nacional de siembra. En base al área que se nos designa es que debemos ser cautelosos, porque sino se sembrará más y se producirá una sobreoferta en el mercado, lo cual hará que el precio baje perjudicando al agricultor… En la selva es un escenario diferente, partiendo de la disponibilidad hídrica. Tiene tres cosechas, porque la cantidad de agua y el clima son apropiados”, mencionó.
Disponibilidad
Actualmente, el reservorio Tinajones cuenta con una capacidad de 93 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 60 son considerados reserva técnica, por lo cual el volumen útil es de 33 millones. Según Paz Veliz, el uso poblacional está asegurado no solo por el reservorio, sino por el aporte de los mismos ríos. La dotación que se le entrega a EPSEL para todo Lambayeque es de mil 780 litros por segundo.
Sin embargo, advirtió que el reservorio Tinajones fue diseñado para atender 68 mil hectáreas y actualmente se abastece a 118 mil, lo cual no se condice con el nuevo marco de gestión del agua, que establece su uso óptimo con riego tecnificado y con cultivos que no tengan tanta demanda hídrica.
A este problema se suma que hay 40 mil hectáreas que no cuentan con derechos de permiso. Son áreas para cultivo transitorio como el chileno, la menestra, el algodón o el maíz, que requieren de poca agua y se abastecen durante tres o cuatro meses al año, que forman parte del período de lluvias.
“Estamos evaluando el superávit hídrico, todo derecho que se viene dando está siendo evaluado según la disponibilidad hídrica del valle. Lo lógico es ya no ampliar la frontera agrícola. Hablamos de 118 mil hectáreas, con ello la demanda es bastante y se generan problemas. En cada estudio venimos midiendo y evaluando la disponibilidad que cada usuario nos sustenta para seguir otorgando estos permisos en coordinación con las juntas de usuarios, porque ellos nos indican hasta dónde van los cultivos, la infraestructura hidráulica, en suma, los requisitos para contar con este derecho”, aseveró.
Asimismo, indicó que las actividades de mantenimiento (descolmatación) de canales, las cuales ayudan a mejorar el sistema de captación, se realizan una vez al año, aunque hay canales internos en los que se desarrolla hasta dos veces al año, para la campaña grande y la chica.
Desorden
Por otro lado, comentó que la escasez hídrica también se agudiza por el desorden en la planificación y ejecución de las campañas agrícolas. Comentó que, cuando fue designado (febrero de este año), uno de los problemas que tuvo fue la capacidad del reservorio, pues se habían sembrado 55 mil hectáreas de arroz, pese a que se habían planificado muchas menos. Sin embargo, como ANA se vieron obligados a atender a todos los productores, a fin de evitar que tengan pérdidas económicas.
“Es un desorden. Si tenemos planificado 25 mil hectáreas, por qué sembramos 10 mil o 15 mil más. Eso debe sincerarse. Sé que el arroz es un cultivo con un mercado tan amplio que todos quieren sembrarlo, pero no reparan en si el suelo es apto o no, por ejemplo. Tenemos áreas de cultivo donde se gasta casi el doble de agua que en una apropiada. Si la dotación es de 14 mil litros por hectáreas, hay algunas que requieren de 20 mil o 30 mil”, cuestionó.
En tanto, apuntó que se autorizó el cultivo de dos mil 400 hectáreas de algodón, cuya instalación terminó el 15 de noviembre. Dichos cultivos demandan 20 millones de metros cúbicos de agua, pero aún no se conoce la cantidad exacta del área que se ha sembrado.
Otras medidas
En línea con lo expuesto, indicó que la ANA, a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos, trabaja articuladamente con la Junta de Usuarios en la reforestación de la parte media y alta de las cuencas.
Asimismo, realizan estudios hidrogeológicos en algunas cuencas para determinar el volumen explotable del agua subterránea en lo que corresponde a la Autoridad Local del Agua – ALA Chancay Lambayeque.
“Le digo a todos los agricultores que las decisiones que tomamos como ente rector no son por capricho, sino que obedecen al escenario hidrológico. Preferimos no aventurarnos en una campaña, antes de que inviertan dinero y luego les debamos decir que no tenemos agua para atenderlos. Estamos trabajando en la planificación responsable de la siembra y las decisiones que tomamos son técnicas, sin perder la mirada al tema social y económico”, concluyó.
Uno de los principales problemas para la agricultura familiar en Lambayeque es la falta de agua, toda vez que el recurso proviene directamente de Cajamarca. Este año, las lluvias estacionales del verano no cumplieron con las expectativas del sector, lo que originó que se declara la emergencia por déficit hídrico. Para el gerente regional de Agricultura, Juan José Chapoñán Sánchez, una alternativa de solución a esta problemática es la reforestación de cuencas, principalmente de los distritos altoandinos del departamento.
Chapoñán Sánchez señaló que a mediano y largo plazo se deben reforestar cuencas como las de Cañaris e Incahuasi, para lo cual la Gerencia de Agricultura cuenta con un proyecto de reforestación de más de 80 mil hectáreas, el cual estaba encaminado con el anterior ministro de Agricultura, Jorge Montenegro Chavesta, y que espera sea continuado por el actual titular de la cartera.
“Nosotros le presentamos al ministro anterior una propuesta para que en Lambayeque haya una entidad, ya sea la gerencia de Agricultura, el PEOT o el gobierno regional, que tome la batuta de un proyecto muy ambicioso sobre reforestación y forestación de nuestras cuencas. Debemos tener en cuenta que, si no trabajamos en ello, no vamos a tener el recurso. Siempre he discrepado ante el Ministerio de Agricultura y otras entidades en las que participo sobre el que no se puede estar reforestando por partes: Agricultura, 200 hectáreas; Agrorural, 300; SERFOR, 200; lo que se tiene que hacer es unir y que el gobierno regional conduzca un proyecto de esta naturaleza que mínimo empiece con 20 mil hectáreas”, destacó.
Otras alternativas
Asimismo, Chapoñán Sánchez comentó que otra de las alternativas es hacer reservorios, a fin de que el agua almacenada pueda servir para trabajar en las cosechas durante todo el año. Resaltó que ya se haya dado la luz verde para el reservorio Las Delicias, pero aún queda pendiente La Calzada, el cual ayudará a mitigar la ausencia de agua en el Valle La Leche.
“A esto debemos sumar otras acciones como el revestimiento de canales, las defensas ribereñas, lo mismo que los pozos, para lo cual con el gobernador ya tenemos un convenio con la Autoridad Nacional del Agua - ANA. Todo esto es a mediano y largo plazo. Se debió hacer hace muchos años, no se puede hacer de la noche a la mañana”, mencionó.
Adicionó la perforación de pozos como otra alternativa, pues cuando el río La Leche no trae agua los distritos de Mórrope, Íllimo, Pacora y Jayanca dejan de sembrar. Actualmente, EPSEL tiene cerca de 70 pozos a su cargo, mientras que la ANA, 40. El problema – precisó - es la falta de presupuesto para mantenimiento. A su juicio, todas las acciones para solucionar el déficit hídrico se resumen en la extensión agraria, que por lo mínimo demorará entre 15 y 20 años.
“Gracias a Dios esta vez sí tenemos un gobernador que apoya estas iniciativas, pero lamentablemente los políticos que han pasado no le han tomado la importancia porque saben que no podrán inaugurarlo en cuatro años, técnicamente es así. Este es un proceso que demora entre 15 a 20 años y en el Perú no hay un proyecto de extensión agraria hace 50 años”, apuntó.
Racionalización
Por otro lado, indicó que – si bien desde el 15 de noviembre se cerró la dotación de uso agrícola en algunos sectores por un período de dos semanas - desde hace dos días empezó a llover en la sierra, lo cual aumentó en un millón de metros cúbicos la capacidad del reservorio Tinajones.
“Hasta el momento estamos racionalizando para saber con todo el grupo del Plan de Aprovechamiento de disponibilidades hídricas – PADH, cómo viene la campaña de cultivo masivo, que está fija para el 1 de diciembre, pero iremos evaluando de acuerdo al volumen, sino lo postergaremos hasta la quincena”, anotó.
Indicó que el volumen ideal de agua para uso poblacional debe ser en promedio 70 millones de metros cúbicos.
Sobre la utilización del 10 % del presupuesto que autorizó el gobierno nacional para que los gobiernos regionales y autoridades locales atiendan la emergencia por déficit hídrico, señaló que en la práctica esto no se ajusta a las normas, por lo cual no se ha podido hacer uso de este recurso. A la fecha, lo destinado para el mantenimiento de pozos supera el medio millón de soles.
