El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, insiste en acentuar sus diferencias con la Autoridad Portuaria Regional – APR, al punto que esta semana anunció que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la desactivación de dicha entidad, que desde el 2013 gestiona la ejecución del Terminal Portuario. Sin embargo, es incompetente para plantear tal medida, debido a que la APR responde únicamente a los lineamientos y quejarías de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

“Las autoridades portuarias, no específicamente esta, sino todas, se crean y se desactivan por ley. En este caso la Ley de Presupuesto del año 2013 creó la Autoridad Portuaria Lambayeque, entonces ningún alcalde o gobernador u otro funcionario público puede crear o desactivar instituciones, ni suspenderlas. Quien sí puede hacerlo es el Congreso de la República, en este caso él (Anselmo Lozano) no podría. Es más hay una Ley del Sistema Portuario que describe los componentes del Directorio y el funcionamiento propio del gerente general y las competencias que tienen las autoridades portuarias. Este es un tema que depende del congreso nacional”, explica Jorge Nakazaki Servigón.

ACCIONES Y RESULTADOS

Lozano Centurión se ha reunido en Lima con funcionarios del Ejecutivo, quienes le han explicado que la gestión de puertos y aeropuertos es competencia netamente nacional, por lo que se crea (para el caso de puertos) una autoridad que, a nombre del Estado Peruano, realiza los estudios necesarios a fin de desarrollar un concurso público que permita la ejecución del proyecto, el cual tampoco se maneja en el ámbito local o regional.

De la gestión encargada a la Autoridad Portuaria Regional se tiene como resultado la formulación del Plan Maestro para el Terminal Portuario de Lambayeque y la inclusión de este en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, proceso que finalizó en el 2016. Desde ese año, la APR buscó la autorización del Estado para iniciar los trámites hacia el concurso público internacional a fin de conseguir un ejecutor del proyecto, autorización que recién se ha materializado el 22 de enero de este año.

EL LOCAL

Otro hecho que llama la atención de la postura del gobernador Anselmo Lozano es la pretensión de desalojar a la Autoridad Portuaria Regional del inmueble que actualmente ocupa, en la calle Arequipa, de la Urbanización Libertadores. El recinto es propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cedido en uso a la APR a través de un convenio cuya vigencia se renovó año a año.

Sin embargo, ha trascendido una circular aún no notificada en la que Lozano Centurión otorgaría diez días a Nakazaki Servigón para que desocupe las instalaciones junto a los otros nueve trabajadores de la entidad, cuyo número incluye al chofer, al guardián y a la persona encargada de la limpieza.

El problema radica en que el gobierno regional y el PEOT no han renovado la vigencia del convenio de cesión de uso a favor de la APR, negligencia que puede atribuirse a la gestión saliente del gobernador Humberto Acuña Peralta.

FACULTAD DEL DIRECTORIO

Jorge Nakazaki señala que si presentara su renuncia como gerente de la Autoridad Portuaria Regional lo haría ante el Directorio de la entidad, que no es conformado por Anselmo Lozano, toda vez que sus integrantes son designados por la Autoridad Portuaria Nacional.

“En el caso de que yo decida renunciar lo haría ante el Directorio, no ante el gobernador. Y este Directorio por ultimo elegiría a otro gerente, pero jamás otra autoridad que no sea el Directorio.  Es decir, el gobernador regional no podría elegir al próximo gerente del APR, porque incluso por ahora él ni siquiera es miembro del Directorio”, enfatiza.

En ese sentido, el funcionario refiere que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional las entidades que tienen la potestad de calificar si el trabajo desempeñado hasta el momento es o no eficiente, quedando el gobernador regional limitado a coadyuvar políticamente.

Nakazaki Servigón indica además que es falso que la APR haya demorado en el saneamiento de las tierras necesarias para la construcción del Terminal Portuario, debido a que estás están registradas a nombre del Estado, representado por la Fuerza Aérea del Perú y del Gobierno Regional de Lambayeque. El trámite seguido ha estado orientado a definir en qué condiciones la FAP transferiría las tierras a la región, si a título gratuito o con el pago de una compensación.

“El puerto necesita 67 hectáreas, no cinco mil 131. El puerto del Callao, que es el tercer más grande de Latinoamérica, tiene 200 hectáreas, entonces decir que el proyecto portuario necesita cinco mil hectáreas es una imprecisión. Lógicamente, la idea de potenciar a Lambayeque es generando mayores puestos de trabajo, colocando alrededor del puerto industrias, una zona franca, parques eólicos y complejos logísticos, obras que deberá hacer la región con los ministerios, no con la autoridad portuaria”, explica.

PROPUESTA DE INVERSIÓN

Finalmente, refiere que existen dos mecanismos para atraer a la inversión hacia un proyecto como el Terminal Portuario de Lambayeque, la cual puede ser pública o privada. En este caso, se opta por la segunda opción, a través de una iniciativa de inversión que debe ser evaluada por la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Transportes y Proinversión.

“Hay un consorcio coreano-norteamericano que ha presentado sus credenciales para acceder a esto. Ha enviado el 24 de enero una documentación, en la cual hay una iniciativa privada. Esa es una iniciativa tangible. Pero nosotros también tenemos un plan b, en caso no se presentara la iniciativa privada hay que hacer un concurso internacional, a través de Proinversión. También hay otro documento emitido el 22 de enero de este año, enviado por el director de concesiones del Ministerio de Transportes a Edgar Patiño Garrido, presidente de Autoridad Portuaria Nacional, solicitándole la autorización para iniciar proceso promoción de inversión privada del Terminal Portuario de Lambayeque”, informa.

La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque cumplió 118 años al servicio de Lambayeque, siendo la voz más representativa del empresariado regional, defensora de los grandes proyectos, promotora del crecimiento socio económico. “La Cámara de Comercio y Producción no es una institución vieja. Por el contrario, es cada vez más dinámica, más activa, más plural, más abierta y moderna, porque esa fue la visión de nuestros hermanos mayores, fundadores del gremio de gremios en Lambayeque”, manifestó durante su discurso el empresario Olivio Huancaruna Perales, presidente del gremio empresarial en su condición de presidente.

La centenaria institución alberga en su seno alrededor de 1,000 agremiados  en el ejercicio empresarial de diversos rubros. ”Es un alto honor representar a la CCPL poder expresar mi emoción personal por este nuevo aniversario de la institución que nos acoge, sino también para manifestar mi profundo agradecimiento por su permanente colaboración e identificación en cada una de las acciones que como cámara hemos desarrollado en los últimos tres años a favor de los asociados y de la comunidad departamental. Dijimos hace tres años que acercaríamos el gremio a la gente y considero, sin lugar a equivocaciones, que lo hemos logrado”, preciso Huancaruna Perales.

El empresario agregó “Esta noche, que es especial para todos nosotros, quisiera hablar de cuatro aspectos fundamentales sobre los que urge poner atención por las circunstancias especiales que atraviesa Lambayeque, no solo con el ascenso de nuevas autoridades al gobierno regional y los gobiernos municipales, sino también por los acontecimientos lamentables de corrupción que una vez más nos ponen en vergonzosa vitrina a nivel nacional.

En principio debo señalar que Lambayeque no está para ensayos. Como departamento no podemos permitirnos que nuevamente el gobierno regional distraiga su atención en obras de tipo municipal. Necesitamos una visión regional, holística del desarrollo, capaz de concretar en el mediano y largo plazo proyectos que afiancen el crecimiento que los agentes privados procuramos impulsar desde nuestras actividades. Pero ello no implica únicamente avanzar en infraestructura, sino también en cerrar las brechas de desigualdad que pesan sobre nuestra población”, mencionó.

El presidente de la CCPL durante su discurso pregunto “¿Es difícil construir una agenda común regional al 2035, año en que se conmemora el bicentenario de la provincia capital? No, no es difícil. Es necesario que todos los actores sociales de Lambayeque nos comprometamos, por ejemplo, en la reducción de la desnutrición infantil y la anemia, de la accesibilidad a los servicios básicos de agua, desagüe y energía trifásica, en la eliminación del analfabetismo, de la informalidad laboral en general, de la informalidad dentro de la formalidad, de la deserción escolar, del desempleo y la conectividad física y digital. La región a las tareas regionales, sin perder la capacidad de diálogo, coordinación y apoyo con los gobiernos municipales en las provincias y distritos”, asentó.

“Dicho esto, es necesario también que de una vez por todas entendamos que las instituciones están por encima de las personas. No podemos concebir divorcios entre las instituciones, ni que los asuntos y discrepancias personales de las autoridades se trasladen al escenario de gobierno, porque eso solo genera división, postergación y debilita enormemente las aspiraciones que como departamento tenemos. Las instituciones se respetan, ya sea para luchar por la reconstrucción o para exigir al gobierno nacional que dé el énfasis necesario que nuestro Terminal Portuario de Lambayeque necesita para hacerse realidad. No estamos en condiciones de aceptar que la intromisión política ponga trabas o zancadillas al trabajo de los técnicos”, relató Huancaruna.

El líder gremial agregó “en esa línea, es pertinente que la sociedad civil y sus organizaciones entienda también que el rol no solo es el de la crítica, sino también el de la propuesta, el acompañamiento y la participación real. Es absurdo asumir que las autoridades solo pueden recibir críticas y encargarse por sí solas de las soluciones que demandamos. A estas nos corresponde ayudarlas, fiscalizarlas y sumarnos a sus buenos propósitos”, explicó. 

También Huancaruna Perales en otro acápite de su discurso dijo “el cuarto aspecto sobre el que quiero reflexionar se refiere a la judicialización del escenario regional. Está bien la lucha contra la criminalidad y la corrupción, eso ayuda a limpiar las instituciones y a generar confianza en el accionar de nuestros organismos tutelares, pero no podemos concentrar toda nuestra atención en ello, porque mientras estamos pendientes de las investigaciones y los juicios, Lambayeque se sigue quedando en el atraso frente a otras regiones del norte, por no decir del país. Corresponde pues liberarnos de la carga que los asuntos judiciales representan para orientarnos a los otros aspectos que también son importantes y nos garantizan crecimiento y bienestar. Las investigaciones y los juicios que queden en manos de los fiscales y los jueces. El resto de la sociedad, sin perder el rol de vigilancia, debe apostar por el consenso para hacer realidad las mejoras que nos hacen falta para tener más empleo, más producción, más industria, más riqueza”, expresó. 

Finalmente señaló  “quiero referirme a lo que han significado estos tres años de gestión al frente de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Como bien sabemos, nos tocó un escenario complejo no solo por la retracción de las inversiones y el impacto negativo del Fenómeno El Niño Costero sobre la economía y la producción, pero aún así la gestión que me honro en presidir alcanzó los objetivos trazados al asumir la conducción del gremio.

Logramos, por ejemplo, la renovación de los estatutos poniendo fin a las reelecciones indefinidas y la vieja y nociva práctica de votaciones por carta poder. En el próximo proceso eleccionario de marzo de este año cada socio será un voto y así, en ejercicio de real democracia, decidiremos a quiénes se confiará el liderazgo de la cámara de comercio.

Avanzamos en la validación y sinceramiento de asociados, atrayendo nuevamente a quienes por diversas razones se alejaron del seno institucional e incorporando a más empresarios a las filas de la centenaria cámara de comercio, garantizando para ellos mejores servicios, representación efectiva y, sobre todo, capacitación permanente.

Mantuvimos activos, dinámicos y permanente trabajo a los comités gremiales, a cuyos dirigentes debo expresar mi profundo agradecimiento por su interés e identificación con los sectores que representan; dimos nacimiento al Comité Cívico de Lambayeque para que la voz y propuesta de la sociedad civil se haga sentir en defensa de los intereses departamentales y elevamos la presencia de la cámara a los más altos niveles de gobierno, cruzando incluso las fronteras nacionales.

Nos comprometimos a promover el desarrollo y así lo hicimos, siendo promotores de la conexión internacional de Chiclayo a través de su aeropuerto, logrando que seamos la primera ciudad del país, después de Lima, en tener vuelos internacionales directos; defendimos la posición de Lambayeque frente al Terminal Portuario, a la reconstrucción post Niño y a las obras del Plan Hidráulico, logramos que se implemente el Consejo Regional de Competitividad y desarrollamos una permanente política de capacitación y actualización a favor de los socios y la comunidad en general”, explicó durante la ceremonia de aniversario de sus 118 de la centenaria institución empresarial.

En dialogo con Expresión, Huancaruna Perales refirió que la institución que representa ha dado un paso histórico, con aval de la asamblea, hacia la adquisición del nuevo local de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, objetivo que esperan concretar antes de concluir la gestión.

“Hemos trabajado de manera concertada y siempre con el afán de darle a la institución el prestigio que le corresponde, por ser el más antiguo gremio de Lambayeque y en cuyo seno se han gestado los más importantes proyectos de nuestro departamento.

Huancaruna Perales concluye en los próximos meses su mandato institucional y aprovechó de nuestro medio para agradecer infinitamente a los directivos, a los trabajadores y colaboradores, a los gremios empresariales, a los socios y a las demás instituciones que han ayudado a los directivos de la CCPL  consolidar los propósitos de la Cámara de Comercio en este 118 aniversario institucional.

+ NOTICIAS

La Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque cuyas funciones concluirán en los próximos días  está conformada así:

Olivio Huancaruna Perales                          Presidente

Walter Alva Alva                                             Primer Vicepresidente

Raúl Valencia Medina                                   Segundo Vicepresidente

Lupe Fernández Castillo                              Tesorera

Carlos Burgos Montenegro                        Pro Tesorero

Luis Gasco Arrobas                                        Vocal

Pablo Fernández Díaz                                   Vocal

Lindon Vela Meléndez                                Vocal

Carlos Querevalú                                             Vocal

El regidor Percy Espinoza Gonzales tiene una amplia experiencia en gestión pública. Por mucho tiempo dirigió el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales. Además, es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque y por sus conocimientos sostiene que lo mejor que podría pasarle al municipio provincial de Chiclayo es que se sienten las bases para su adecuación al Servicio Civil. Solo así, refiere, podría garantizarse que el recurso humano responda a las exigencias de una administración moderna y con metas claras.

En la primera sesión del concejo provincial de Chiclayo se aprobó la reorganización de la municipalidad. Considerando que en la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel se emprendió un proceso similar con la supresión de gerencias y la creación de nuevas subgerencias, ¿qué implicancias tendría la modificatoria planteada por la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas?

La reorganización obedece al cambio de la finalidad y el objetivo de la institución. En la reestructuración la finalidad y el objetivo se mantiene. Es decir, la municipalidad tiene un objetivo y propósito que no ha sido variado por ley y por tanto debemos definir ese objetivo en el marco de los principios propios de la modernización municipal.

En ese marco tenemos dos caminos. Uno es si promovemos una reestructuración en el marco de un enfoque que ha sido aprobado el año pasado, el enfoque de gestión por procesos en la administración pública. Dentro de la administración pública hay una directiva y un decreto supremo que es el 054 – 2018 PCM, que establece una nueva forma de reorganización y dice qué documentos se deben elaborar y estructurar.

El otro elemento es que promovamos algunos cambios, pero la reestructuración tiene que ir por el proceso de adaptación del modelo y ese modelo es el SERVIR, el de implementar el principio de meritocracia como parte de la gestión municipal, lo que implica tener un perfil de puestos. Este dice: esta área requiere un personal de esta calificación. No lo dice la municipalidad ni el asesor, lo dice SERVIR a través de la reglamentación que ha establecido para esos puntos. Pero además de eso, es porque permite una gestión en mérito a toda la experiencia que pueda haber de algunos servidores públicos que han podido desarrollar sus capacidades en todo este proceso.

Le sirve al Estado porque permite contar con personal calificado para responder a los requerimientos de la institución.

¿Conviene la adecuación al Servicio Civil a una administración que en tres semanas ha dado muestras de no contar con personal calificado? La mayoría de este carece de experiencia en gestión pública, son profesionales que han alcanzado los grados académicos en años recientes y no necesariamente pueden garantizar alcanzar las metas y las exigencias que supone SERVIR.

Justamente por toda la problemática, eso significa una oportunidad, pero no necesariamente para esta gestión, porque el tránsito a SERVIR es largo. La primera etapa dura no menos de un año. La segunda y la tercera fase un año y entonces vemos resultados en la próxima gestión.

La idea es sentar las bases. Cuando Cornejo ingresó, tras la crisis de Roberto Torres, era una oportunidad para generar una situación como esta porque teníamos las condiciones elementales para poder sustentar que era necesaria una nueva modalidad de hacer la gestión, pero el proceso de reestructuración que se promovió en esa época no fue en ese sentido. Simplemente se hizo cambios de denominaciones, porque los procesos de reestructuración como ese, que se promueven en muchas municipalidades, sirven para adaptar los instrumentos al equipo municipal.

Tenemos el ejemplo del SATCH por el CGT, solo cambió de denominación, porque el resultado de la deficiencia en la recaudación es el mismo de hace cuatro años. Entonces no se han generado resultados. En la primera sesión yo voté en abstención, porque el proceso de restructuración que se plantea le da la potestad básicamente a la municipalidad para que haga todos los cambios y nosotros no tengamos como consejo municipal un involucramiento directo en la conformación de la comisión de restructuración.

¿Se aprobó una restructuración municipal sin tener un diagnóstico previo de la situación institucional?

Yo creo que es necesario conocer los procesos administrativos propios de cómo funciona la gestión municipal. Hay un principio de legalidad. Este dice que el poder público se basa en el marco de normas  y que no está a disponibilidad del criterio del servidor. Hay un procesamiento que se debe respetar.

Si su propuesta es que la comuna avance hacia la Ley del Servicio Civil, ¿qué hacer con la situación de vulnerabilidad que tiene esta norma frente a la oposición de ciertos sectores políticos y sindicatos que exigen su derogatoria?  

El Perú ha suscrito acuerdos internacionales. Este planteamiento y esta política que forma parte de la modernización del Estado se dio no porque se le ocurrió al gobernante de turno, sino porque es una necesidad. Traerse abajo el Servicio Civil es difícil. Es como decir que nos traeremos abajo el InviertePe.

¿Es un proceso irreversible entonces?

Definitivamente. Lo mismo se hablaba cuando tocábamos el tema de la educación. Al margen de la oposición de los sindicatos, estos procesos se han determinado. Finalmente es bueno y la población debe entender que es bueno. Todo cambio siempre choca, todo cambio significa un temor a enfrentar algo nuevo, cómo va a desarrollarse eso y se ha malinterpretado asumiendo que significa el despido del personal. Lo que se busca es unificar las diferentes modalidades de contratación, que haya una sola modalidad de contratación y velar por el desarrollo de capacidades del recurso humano.

Incluso si nosotros queremos una mejor remuneración del personal esto es posible con la Ley SERVIR. La ley de presupuesto permite el incremento pero solo, de manera exclusiva, para aquellas entidades que están incorporadas al SERVIR.

¿Cómo quedaría el anunciado incremento de remuneraciones para los funcionarios de la comuna?

No se puede generar la expectativa de un aumento de las remuneraciones del personal porque la ley de presupuesto es clara. Dice: prohíbase el incremento de las remuneraciones, salarios, dietas, viáticos, beneficios sociales, y eso incluye al propio alcalde.  

El planteamiento es respetar la ley de presupuesto. El artículo octavo de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que nosotros nos regimos en el marco de las disposiciones de la Constitución Política del Perú y de las leyes generales de los sistemas administrativos. Al margen de que tengamos autonomía administrativa, hay una ley general de un sistema, en este caso es el sistema de presupuesto.

Además de regidor usted es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque. El alcalde Gasco dijo que tendría una política de puertas abiertas hacia las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una gestión trasparente. Sin embargo, lo que se ve hasta ahora es su resistencia a escuchar a las voces discrepantes, tal como lo hizo el exalcalde Cornejo. ¿Se puede repetir la historia?

Espero que no. Sería contraproducente para el desarrollo de Chiclayo. El objetivo es recuperar el principio de autoridad colocando las normas y estableciendo parámetros. Para que ese principio tenga la legitimidad de implementarse requiere de la participación de distintos actores, no solo de los colegios profesionales, también de los transportistas o de los comerciantes ambulantes. Necesitamos establecer un acuerdo.

Como sociólogo, considero que es necesario articular una agenda de trabajo en donde los que están en contra de los procesos tengamos que llegar a concertar y establecer los puntos sobre los que estamos de acuerdo, todo por el bien de la ciudad.

• Una de ellas tiene como gerente general al flamante alcalde de Mochumí.

Las investigaciones que día a día realiza la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, sobre el accionar de la organización criminal denominada “Los temerarios del crimen” y las delaciones de los colaboradores eficaces, evidencian modalidades y presuntos corruptores impensables.

Entre las tantas versiones brindadas ante el responsable del caso, fiscal Juan Carrasco Millones, el colaborador eficaz identificado como “El moralista” ha revelado que las empresas constructoras Jorigar Inversiones y Servicios EIRL y H & J Rodríguez Alvarado, representadas, la primera de ellas, por José Alberto Rodríguez Alvarado, flamante alcalde del distrito de Mochumí y, la segunda, por el ex Director de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes de Lambayeque, Hildomaro Rodríguez Alvarado, también incurrieron en el pago de diezmos.

Según “El Moralista”, las empresas entregaron “el diezmo” ascendente a 50 mil soles, el cual fue repartido con el hermano del parlamentario fujimorista Héctor Becerril Rodríguez y hoy prófugo de la justicia Wilfredo Becerril, todo ello por la adjudicación y la suscripción del Contrato N° 027-2017-MPCH-GM, firmado el 31 de julio del 2017 por el exgerente municipal, abogado José Williams Pérez, y el representante legal común de las empresas José Alberto Rodríguez Alvarado, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra del “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Nacionalismo, Cuadras 1, 2, 3 y 4; Sarmiento de Gamboa Cuadra 5, Huamán Poma Cuadra 5 y Bernabé Cobos Cuadra 4 del pueblo joven 9 de Octubre II, Sector UPIS Cruz del Perdón”, valorizado en más de un millón de soles.

El postor ganador de la obra fue el Consorcio Virgen de la Puerta.

POSTOR CON SENTENCIA

Luego de otorgada la buena pro, el 16 de junio del 2017, y consentida la misma el 19 del mismo mes, la suscripción del contrato tuvo serios inconvenientes, debido a que en ese entonces Hildomaro Rodríguez Alvarado, gerente de uno de los integrantes del consorcio, en este caso H&J Rodríguez Contratistas Consultores SAC, se encontraba con sentencia vigente por peculado de uso, delito cometido cuando fue procesado y sentenciado cuando desempeñó el cargo de Director de Caminos en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, en la primera gestión del gobierno de Humberto Acuña Peralta.

La vigencia de la sentencia al parecer lo imposibilitaba para contratar con el Estado, generando controversia legal por varios días. La imagen del contrato obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, muestra que el contrato fue suscrito muchos días después del plazo previsto en la normatividad  de contrataciones vigente (31 de julio), es decir, después de 20 días del plazo máximo establecido, incluyendo inclusive posibles ampliaciones por si hubiera habido alguna subsanación de los documentos presentados para la firma del contrato, hecho que habría vulnerado el artículo N° 119° del D.S. 350-2015-EF, que reglamenta la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

La norma establece lo siguiente: “Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativa firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados, la Entidad debe suscribir el contrato”.

En esta misma línea, el referido artículo otorga la prerrogativa, de ser el caso, que la Entidad otorgue un plazo adicional para subsanar los requisitos el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad, lo cual al parecer no habría sido así, ya que de haberse aplicado lo establecido en el mencionado cuerpo normativo, la formalización contractual no debería haberse realizado y, por ende, la adjudicación podía haber sido revocada bajo la fundamentos expresados, condición que permite presumir la existencia de prerrogativas para la firma del contrato, las cuales se evidencian con la tardía suscripción del mismo.

SIMILAR CONTRATACIÓN

En las mismas condiciones la empresa H&J Rodríguez Contratistas Consultores SAC formalizó el Contrato de Servicios N° 035 – 2017-GR. LAMB. /GRTC con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, cuyo objeto fue la prestación del servicio de la “Actividad por Emergencia para la Recuperación de la Transitabilidad de la Ruta LA-533: Tramo Piedra Víctor –Caracha, Distrito de Salas”, suscribiendo el mismo el día 9 de agosto del 2017, a pesar que el proceso había sido adjudicado 20 de junio de ese año; es decir, después de aproximadamente 40 días de habérsele adjudicado la buena pro, contratación que igualmente habría sido formalizada transgrediendo lo prescrito en el artículo precitado de la reglamentación de la norma de las contrataciones del Estado.