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Siendo alcalde de Olmos, a fines del 2013, Willy Serrato Puse – hoy investigado en el caso “Los temerarios del crimen” – celebró con siete consorcios contratos para la ejecución del mismo número de obras, todas ellas por un importe total cercano a los 120 millones de soles, sin la presentación oportuna de las respectivas Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, conforme lo establecían las bases de cada uno de los procesos convocados y la normatividad de las contrataciones del Estado. Por este caso es investigado hace cuatro años.
Los siete proyectos de inversión pública consistieron en la ejecución del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Olmos y los diferentes caseríos del distrito, para lo cual la municipalidad, liderada en ese entonces por Willy Serrato Puse, convocó a siete procesos de selección, los cuales luego de sendas postergaciones fueron adjudicados a consorcios que fueron conformados entre sí por siete empresas que al parecer pertenecían a dos grupos corporativos, quienes en forma proporcional fueron integrando los consorcios, siendo favorecidos con la buena pro de cada uno de los procedimientos convocados. Así tenemos:
CONSORCIO SAN GREGORIO
La Licitación Pública N° 02-2013-MDO/CE fue adjudicada el 8 de noviembre del 2013 al Consorcio San Gregorio, integrado por las empresas CEBA S.A., representada por César Muñoz Vera, e Ingenieros ABC Contratistas Generales S.A.C., representada por Gilberto Ramírez Acuña, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra “Mejoramiento de Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de la localidad de Olmos”, por un monto ofertado de 46 millones 499 mil 111.83 soles. El contrato fue suscrito por Serrato Puse y el representante común del consorcio, Gilberto Ramírez Acuña, el 18 de noviembre del 2013.
De acuerdo a la información y la imagen de la Carta Fianza que se registra en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, se puede advertir que la misma fue emitida por el Banco de Crédito con el N° D305-00105883 por el importe de cuatro millones 649 mil 911.19, equivalente al monto del 10 % del monto adjudicado garantizando el fiel cumplimiento del contrato.
La irregularidad se configura porque la mencionada carta fue emitida el 29 de noviembre de 2013, es decir, 11 días después de haberse suscrito el contrato, lo que evidencia que en la fecha de la suscripción del contraro el Consorcio San Gregorio no la habría obtenido ni presentado en el plazo previsto, condición que toma mayor relevancia y confirmaría la irregularidad punible, en cuanto en la Cláusula Séptima del contrato, referida a las Garantías, detalla textualmente el numero de la garantía, el importe, el beneficiario, en este caso la Municipalidad Distrital de Olmos, y el tipo de garantía, datos que son coincidentes con el documento valorado de garantía otorgada, el cual fue emitido con posterioridad.
Siendo el hecho expuesto materia de una presunta ilegalidad, se advierte de la misma manera, es decir con las herramientas de transparencia del SEACE que en los siete procedimientos contractuales restantes se habría incurrido en la misma modalidad: las cartas fianzas fueron emitidas en fechas posteriores a la suscripción de los respectivos contratos de obra y, a la vez, consignadas como tal en las cláusulas correspondientes de cada uno de los contratos suscritos.
OTRO CASO
En este sentido, el SEACE muestra imágenes del contrato suscrito por el ahora burgomaestre Willy Serrato Puse con el Consorcio Ejecutor Olmos, integrado por CEBA S.A., Ramca Contratistas SAC, representada por Henry Campos Zegarra, y J & J Sánchez Junior Contratistas Generales SAC, representada por Jorge Sánchez Yaranga, a quienes se les adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra de saneamiento en 30 caseríos del distrito por un importe de 18 millones 693 mil 396.06 soles, cuyo contrato fue suscrito el 19 de noviembre de 2013.
De la misma forma, el SEACE muestra la imagen de la Carta Fianza emitida por el Banco Interbank, signada con el N° 67799-2, garantizando el fiel cumplimiento contractual por el importe de un millón 869 mil 339.65 soles, en este caso emitida el 4 de diciembre del 2013, 15 días después de la firma del contrato.
El mismo día de la suscripción del contrato antes mencionado (19 de noviembre de 2013), también se formalizó la relación contractual con el Consorcio Nuevo Horizonte, conformado recurrentemente por CEBA SA, Ramca Contratistas SAC y J & J Sánchez Junior Contratistas Generales SAC, quienes en forma conjunta debían ejecutar la obra de agua y letrinas en 23 Caseríos del norte de Olmos, con un monto adjudicado de 15 millones 243 mil 892.94 soles.
El SEACE registra la imagen de la Carta Fianza N° 67812-1 emitida por el Banco Interbank con fecha 5 de diciembre de 2013, es decir 16 días después de la firma del contrato con el Consorcio Nuevo Horizonte.
IRREGULARIDAD SUCESIVA
La modalidad aplicada se muestra nuevamente cuando Serrato Puse firma el contrato con el Consorcio Palo Santo, integrado por un segundo grupo de empresas, en esta oportunidad Troncos Construcciones SRL, representada por Rocío Troncos Merino; Santa Lucia SAC Construcciones, Maquinarias, Equipo y Servicios Generales, representada por Óscar Marotazo Espinoza, y San Martín SAC Construcciones y Servicios Generales, que tiene como representante a César Marotazo Espinoza.
El contrato suscrito el 20 de noviembre del 2013 con el referido consorcio tenía como objeto la ejecución de la obra de saneamiento en 15 caseríos de Olmos, por el monto adjudicado de seis millones 879 mil 916.85 soles, para lo cual Palo Santo presentó la Carta Fianza N° 67810-1 emitida por el Banco Interbank con fecha 5 de diciembre de 2013, es decir, dos semanas después.
El portal del SEACE también muestra el contrato suscrito el 20 de noviembre de 2013 con el Consorcio Los Algarrobos, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra de saneamiento en 26 caseríos del noreste de Olmos, adjudicada en nueve millones 300 mil 348.81 soles.
El Consorcio Los Algarrobos intercaló sus integrantes con las empresas del primer y segundo grupo, ya que este fue conformado por las empresas Troncos Construcciones SRL, Santa Lucia SAC Construcciones, Maquinarias, Equipo y Servicios Generales, y Ramca Contratistas SAC, quienes a destiempo presentaron la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 67798-2, otorgada por el Banco Interbank recién el 4 de diciembre de 2013.
En una misma fecha (20 de noviembre de 2013), Serrato Puse firmó un sexto contrato, en esta oportunidad con el Consorcio San Cristóbal, conformado por Troncos Construcciones SRL, Santa Lucia SAC y la empresa que suscribió el primer contrato, Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC, para la ejecución de la obra de saneamiento básico rural en 33 caseríos del noreste de Olmos, ascendente a 13 millones 315 mil 745.80 soles, para lo cual el consorcio presentó una carta de garantía del Banco Interbank con el N° 67797-1, emitida el 5 de diciembre de 2013.
El séptimo contrato, también del 20 de noviembre de 2013, se firmó con el Consorcio Buenaventura, conformado por las mismas empresas que integraron el Consorcio San Cristóbal, con la finalidad de ejecutar la obra de saneamiento en 33 caseríos del noreste de Olmos, todo ello por importe de siete millones 48 mil 208.52 soles, presentando la carta fianza emitida por Interbank con N° 67809, de fecha 5 de diciembre de 2013, igualmente a destiempo.
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El 13 de diciembre pasado fueron detenidos, entre otros, el regidor Boris Bartra Grosso, así como el exfuncionario Nilton Monje Sampén, investigados por pertenecer a la organización criminal “Los temerarios del crimen”. Días antes fue capturado el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de la referida organización.
Ellos han seguido destinos diferentes. Boris Bartra Grosso se acogió a la Terminación Anticipada, por lo que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas, lo sentenció a cuatro de pena suspendida en su ejecución, obteniendo su inmediata libertad. El que no siguió igual suerte fue Nilton Monje Sampén, a quien la juez le dictó mandato de prisión preventiva por 36 meses.
Este efectuó declaraciones que, a diferencia de otras, se mantuvieron en reserva, pero para sorpresa de la misma Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada - FECOR, cuya coordinación está a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, lo relatado por el ex hombre de confianza de David Cornejo ha salido a la luz.
DELATÓ FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Cien días antes del operativo (el 3 de septiembre del 2018), el Diario Correo publicó que la FECOR tenía en la “mira” a una veintena de investigados, entre regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reseñando que “la información de esta investigación, realizada de manera reservada, logró filtrarse al entorno del alcalde David Cornejo Chinguel, lo cual propició el rumor y, a la vez, que los investigados estén alertas ante cualquier acción o requerimiento del Ministerio Público. Esto coincide con que, extrañamente, el alcalde David Cornejo, así como los regidores investigados y los funcionarios de confianza hayan suspendido sus números telefónicos, toda vez que la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones…”.
¿Quién filtró la información? La respuesta quizá se encuentra en la declaración de Nilton Monje Sampén, del 22 de diciembre del 2018, ante los representantes de la FECOR y de la División de Investigaciones de Alta Complejidad – DEVIAC de la Policía Nacional del Perú, a cargo del mayor Juan Carlos Paz Oyola. Monje Sampén señaló:
“Estando en casa del alcalde, este me comentó que tenía un amigo comandante de inteligencia de la Policía, de apellido Romel Díaz, y que este era el que le advertía de todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo; asimismo este tipo de comentario me lo realizaba esporádicamente, ya que andaba siempre paranoico respecto a intervenciones policiales y judiciales sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo…”.
En otro extremo de su declaración, el exjefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, señaló que a inicios del 2018 Cornejo Chinguel le narró que había llamado la atención a funcionarios de la Gerencia de Transportes en el sentido que tuvieran cuidado con los operativos realizados y que sospechosamente se habían frustrado, “… ya que dicha información habría sido obtenida por su amigo el comandante Romel Díaz que es de Inteligencia…”.
Monje Sampén continuó declarando y señaló que Cornejo Chinguel “… me manifestaba a mí y a los demás funcionarios que tuviéramos cuidado con lo que se conversara y hablara por celular, ya que él tenía conocimiento por su amigo, el comandante Romel Díaz, que estaban siendo chuponeados…”, lo que es concordante con lo señalado cien días antes y que generó que regidores y funcionarios cambien su número de teléfono celular.
Todo esto se complementaría con lo declarado en su momento por el exregidor el regidor Boris Bartra Grosso, quien manifestó que David Cornejo Chinguel “…habría pagado hasta 10 mil soles semanales a efectivos de Inteligencia para obtener información sobre las indagaciones en su contra…”.
¿ACCIONES?
Mientras otras declaraciones como las de Willy Serrato Puse, también investigado en el caso “Temearios del crimen” se hacían públicas, las que señalan al comandante Romel Díaz se han mantenido en reserva.
Lo que se desconoce, hasta el momento, es qué acciones ha emprendido la FECOR Lambayeque para corroborar que lo declarado por Monje Sampén y Bartra Grosso sea cierto, en relación a los nexos de David Cornejo con el agente de Inteligencia de la policía.
Lo que llama la atención de este caso es la relación familiar que existe entre el comandante Romel Díaz y el mayor Juan Carlos Paz Oyola, jefe de la DEVIAC y encargado de las investigaciones policiales en el caso “Los temerarios del crimen”, además de la conocida relación amical entre Díaz Paz y el fiscal Carrasco Millones, que se remonta a los trabajos que ambos realizaron en el caso “Limpios de la corrupción”.
DÍAZ Y “LOS LIMPIOS”
En la Edición N° 1069 de Expresión, el exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo e investigado del caso “Limpios de la corrupción”, Jorge Incháustegui Samamé declaró haber formulado una denuncia por los delitos de fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno contra los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones, Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; además del fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho Lili Díaz Gonzáles. Inchaustegui Samamé los denunció por presentar informes falsos para sustentar el proceso investigatorio y la medida de prisión preventiva en su contra.
El principal cuestionamiento que hizo fue al informe Nº 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAM, mediante el cual el entonces mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden solicitan a la Tercera Fiscalía Penal la detención preliminar contra 22 integrantes de la red criminal “Los limpios de la corrupción”, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La Fiscalía Suprema de Control Interno, en ese entonces a cargo de Víctor Rodríguez Monteza, mediante Resolución N° 2134, de fecha 28 de noviembre de 2017, dispuso abrir investigación preliminar contra los fiscales denunciados.
EL INFORME 136
El 29 de septiembre del 2014, la Oficina de Inteligencia Territorial Policial - OFINTERPOL de Chiclayo, emitió el Oficio N° 1593-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, remitiendo al fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones el Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH de la misma fecha, que “estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP; así como los audios provenientes de la medida limitativa de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se debería proceder a la ubicación y captura, así como allanamiento de su domicilio u oficina donde realiza su actividad laboral, empresarial o de otro tipo” de 22 personas, encabezadas por el exalcalde Roberto Torres Gonzales. Una de las primeras diferencias es que en este informe ya no se habla de la organización criminal “Los reyes limpios del diezmo”, sino de la organización criminal “Los limpios de la corrupción”.
Suscriben el informe el teniente Víctor Chafloque Oliden como Instructor, y el mayor Romel Díaz Paz, utilizando ambos los sellos de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial de Chiclayo.
NO TRABAJABAN ALLÍ
Mediante carta de fecha 3 de junio del 2015, la abogada Deissy Lorena Villanueva Velezmoro solicitó información documentada (copias certificadas) del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre de 2014.
El jefe de la de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (de Chiclayo, Coronel Luis A. Guerrero Balladares, mediante Oficio N° 1027-2015-REGION POLICIAL-LAMB/ORI.SEC, de fecha 4 de junio del 2015, respondió textualmente que “en los archivos de esta unidad no se encuentra documento alguno relacionado al caso, no obstante, al recibir la copia de dicho documento remitido por Ud., se puede apreciar los nombres de dos oficiales PNP que firmaron su autoría, que si bien es cierto trabajaban en la ciudad de Chiclayo, no han prestado servicios en esta jefatura, desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad; ante ello sugiero a Ud. se dirija ante el Sr. Comandante PNP Romel Díaz Paz, jefe de la DEPANDRO-CHICLAYO, quien en ese entonces ha firmado ‘es conforme’ del documento solicitado”.
OTROS CUESTIONAMIENTOS
En su denuncia, Incháustegui Samamé cuestiona lo señalado en el inciso “T” del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre del 2014, en el que se asegura que “…en la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del Fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, además de un pool de 30 fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque, para cautelar el debido procedimiento durante el desarrollo de todo el operativo…”.
De acuerdo a la información solicitada a las diversas dependencias supuestamente participantes de los actos de investigación se obtuvo respuestas negativas, señalando que la solicitud de participación fue posterior al operativo del 30 de septiembre de 2014, por lo que se concluye que los fundamentos de informe con el que se pidió la detención de Torres Gonzales y sus funcionarios eran falsos. Como se ha mencionado, quien suscribe dicho informe es Romel Díaz Paz.
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De los 15 integrantes del concejo provincial de Chiclayo, Andrés Puell Varas es quien tiene el conocimiento más cercano del sector transporte dada su condición de exdirigente. Sin embargo, en la última sesión ordinaria se le excluyó de formar parte de la Comisión de Transportes, encargando la presidencia de dicho grupo de trabajo al primer regidor Junior Vásquez Torres, quien también preside la Comisión de Asuntos Legales.
Puell Varas advierte que lo mismo hizo la gestión del ahora encarcelado exalcalde David Cornejo Chinguel, quien encargó la presidencia de ambas comisiones al también recluido y confeso corrupto regidor Alfredo Montenegro Bermeo, convirtiendo a ambos grupos de trabajo en “mesa de partes de proyectos ilegales”.
Expresión dialogó con el concejal, quien señala que si la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas se propone a dar resultados en la solución al caos del transporte en la provincia debe emprender un responsable proceso de formalización.
Se cumplen tres semanas de iniciada la gestión del alcalde Gasco Arrobas. ¿Cómo evalúa hasta ahora su desenvolvimiento?
Se está yendo equivocadamente y eso lo ha visto la ciudadanía, con decisiones erradas, una tras otra. Por ejemplo, aumentarse el sueldo del alcalde y los regidores en la primera sesión del concejo. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho una aclaratoria sobre la necesidad de que exista primero un Decreto Supremo para que proceda el aumento. Eso quiere decir que la aprobación que realizaron en la primera sesión no se adecuó legalmente.
A los regidores no se nos alcanzó el sustento financiero que avale el aumento de la dieta, tampoco el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el que se demuestre que estaban considerados los incrementos. Cosas como esa nos hacen pensar que los funcionarios no están asesorando adecuadamente al alcalde.
¿Coincide con el regidor Jony Piana sobre la negativa del alcalde para escuchar las opiniones de quienes no forman parte de su entorno? ¿Lo percibe así?
Eso se ha demostrado en las sesiones de concejo. En la última sesión de concejo, en la que se vio la conformación de las comisiones, tres regidores nos abstuvimos de votar y lo correcto era que el alcalde .nos permita el sustento de nuestra abstención. Sin embargo, a mí no se me dio la oportunidad de hacerlo.
Ese es un indicio de que al alcalde no le gusta escuchar las voces discrepantes con lo que él hace. Lo mismo pasó en la sesión del aumento del sueldo.
¿Hay exclusión en el manejo de los temas dentro del concejo municipal?
Sí, por ejemplo para la conformación de comisiones hubo una reunión previa entre la mayoría y tres regidores de oposición. No se invitó a los regidores Jony Piana, Percy Espinoza. Sí fueron invitados los concejales Randy Vega, Andrés Calderón y José Nakamine.
¿Considera que usted y los regidores Piana y Espinoza son incómodos para la gestión?
Considero que decimos lo que la población le pide al alcalde, llevamos la voz de quienes no son atendidos por la comuna de Chiclayo. Las actitudes y la poca apertura de la gestión y el oficialismo son lamentable.
¿Por qué no integra la Comisión de Transportes si es quien más conoce de ese sector en el pleno del concejo? Siendo transportes uno de los sectores más convulsionados de la provincia, pudo usted ser bisagra para que la comuna llegue a buenos acuerdos con los gremios.
Pareciera que hay una postura hacia el enfrentamiento. Recordemos que quien ocupa ahora la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes (Arquímedes Muñoz Zambrano), estuvo también en el 2003, año en el que durante tres días protestamos los transportistas en el Parque Principal en oposición a la política destructiva que había adoptado el alcalde Arturo Castillo. El personaje que estuvo en ese momento en la gerencia, es el que está ahora. Si a eso le sumamos la política de puertas cerradas, la situación se hace más compleja.
Transporte tiene serios problemas, porque existen aún rezagos de la corrupción que se acrecentó en la gestión anterior, que como sabemos involucró a regidores. Sobre esto quiero anotar lo siguiente: Hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo al Ministerio Público que esté bien alerta. ¿Por qué? El regidor Alfredo Montenegro, hoy investigado y preso por corrupción, fue presidente de la Comisión de Transportes y al mismo tiempo de la de la Asuntos Legales. Lo mismo está sucediendo hoy. Una misma persona preside ambas comisiones.
Es necesario que una de las comisiones sea presidida por otra persona, debido a que estas se pueden convertir en simples mesas de partes. Si un proyecto ilegal viene de la Gerencia de Transportes será aprobado, con los votos de mayoría, y luego pasará a la Gerencia Legal, donde el presidente tendrá la misma óptica. Se está poniendo en juego el equilibrio.
La Comisión de Transportes la preside el regidor Junior Vásquez y la integran los concejales Pedro Ubillús Falla y Randy Vega Díaz.
¿Teme que se repitan historias?
Lo que pido es que se haga todo el esfuerzo posible para que ello no ocurra y una manera de garantizarlo es poniendo a voces capaces de discrepar.
El transporte como sector tiene varios problemas, pero ¿cuál es el más urgente por resolver o por dónde se debería empezar?
Lo más urgente es acreditar a todos los transportistas formales. Hay un grupo de transportistas que desde hace mucho tiempo tienen sus autorizaciones para el servicio público, pero como esos documentos no son eternos y se vencen, han solicitado la renovación de los mismos. Sin embargo, pese a que han pagado sus derechos, hace tres años están esperando que el municipio les otorgue las debidas credenciales; es decir, las tarjetas de operatividad o la renovación de sus concesiones y autorizaciones.
¿Y cómo circulan entonces?
Esta situación los pone en el límite con la informalidad, porque solo portan un documento que dice “expediente en trámite”. ¿Dónde está el problema? En que la Superintendencia Nacional de Transportes – SUTRAN, ha emitido disposiciones para el retiro de placas de los vehículos informales y esta no considera válida la presentación de un documento que diga “expediente en trámite”. Varios transportistas formales han sido perjudicados con el retiro de sus placas.
¿Cuántos transportistas se encuentran con expedientes en trámite?
Aproximadamente cuatro mil 500, la gran mayoría del transporte urbano; es decir, taxistas.
¿Qué vendría después de la regularización de los formales?
Evidentemente la lucha contra la informalidad, que si se quiere puede hacerse en paralelo.
El municipio dejó varias reformas inconclusas, como la que estableció las nuevas zonas rígidas o la implementación de un mejor sistema de fiscalización en transportes. Otras las hizo mal, como el Plan Regulador de Rutas o el nuevo anillo vial para mototaxis….
Todas las disposiciones emitidas por la municipalidad deben ir acompañadas por el trabajo coordinado de gerencias como Fiscalización y Urbanismo. No se puede, por ejemplo, regular un paradero si no existe la estructura física que el usuario identifique para ahí abordar las unidades de transporte. Las ordenanzas por sí solas, sin acompañamiento, son imposibles de aplicar.
Otro caso es el de las zonas rígidas. En la gestión de David Cornejo se declaró 23 calles como zonas rígidas, pero no se habilitó espacios de parqueo para los usuarios. Antes, por ejemplo, la calle Manuel María Ízaga era rígida en un lado, con la ordenanza se dispuso que ambos márgenes y ahora, en la práctica, tanto a la derecha como a la izquierda se estacionan vehículos.
Además de la ya conocida ordenanza del nuevo anillo vial para mototaxis, ¿hay otras disposiciones municipales que son ilegales?
Sí. Por ejemplo, en la Gerencia de Transportes se han colocado unos letreros que indican que vehículos con más de 15 años de antigüedad no recibirán la renovación de permiso para el servicio público. De eso nadie dice nada, las comisiones de Transportes y Asuntos Legales no opinarán porque desconocen el tema, pero yo sí puedo decir que eso es ilegal.
Para que una disposición de ese tipo sea válida se necesita el procedimiento siguiente: el municipio elabora una propuesta y la eleva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este emite una resolución aceptándola o reformándola, el expediente regresa al municipio y este, a través de una ordenanza, reglamenta para que los transportistas sepan cuál debe ser la antigüedad de las unidades para el transporte público. Eso no ha ocurrido.
¿Cuál es su llamado al alcalde Gasco?
Que por lo menos, escuche.
Industrias Triveca S.A.C. es una empresa familiar dedicada a la venta e instalación de medidores para conexiones domiciliarias de agua potable y a proveer a las empresas prestadoras de servicios, lo que se denomina el servicio de gestión comercial, que consiste en efectuar notificación de recibos y resoluciones, corte y reconexión de agua potable, y otra veintena de prestaciones. La sociedad a junio de 2015 poseía un capital social de 12 millones 500 mil soles y estaba conformada por Segundo Vera Cóndor, accionista mayoritario con el 68.40 % de la participación, y por sus dos hijos: Marco Yván Vera Aragón y Hernán Fabrizio Vera Aragón; accionistas minoritarios con el 15.10 % de acciones cada uno.
De conformidad con el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, Industrias Triveca S.A.C., tiene una vigencia indeterminada para ser participante, postor y contratista en procesos de selección que convoca el Estado en los rubros de ejecución de obras, proveedor de bienes y proveedor de servicios, y de acuerdo al Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014, la referida empresa, obtuvo utilidades entre los años 2013 y 2014; fecha en que ocurrieron los hechos por los que se le investigó en el caso “Los limpios de la corrupción”, por la suma de 20 millones de soles.
INDUSTRIAS TRIVECA Y EPSEL S.A.
La relación comercial entre Triveca y EPSEL S.A. se inició en el 2006 con la adquisición de algo más de dos mil medidores por un monto aproximado de 150 mil soles. Con la aprobación del Plan Maestro Optimizado para el quinquenio 2009-2014, se establecía dentro de las “Metas de Gestión” el incremento de algo más de 97 mil medidores en el ámbito de las 26 administraciones de EPSEL S.A., estableciéndose la mayor carga entre los años 2013-2014, en que se debían instalar algo menos de 60 mil medidores.
En los años 2010, 2011, 2013 y 2014 (el 2012 se declaró nulo el proceso de selección), Triveca se adjudicó todos los procesos de selección para adquisición e instalación de medidores, suministrando a EPSEL S.A. un aproximado de 60 mil medidores, por una cifra cercana a los veinte millones de soles, lo que ameritó la denuncia pública por parte del Sindicato de Trabajadores (SUTSELAM) por un presunto favorecimiento a la empresa de Vera Cóndor.
En el marco de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014; caso “Los Limpios de la corrupción”, el entonces fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones solicitó a la Contraloría General de la República, con fecha 1 de diciembre de 2014, se sirva informar con carácter de “muy urgente” sobre las acciones de control realizadas en el caso de la empresa proveedora de medidores de agua a la empresa EPSEL, las veces en que fue postora, las empresas postoras de estas licitaciones, objetivos y metas, y plazos ampliatorios que se le otorgaron; así como también el monto de los contratos cancelados y por cancelar a Triveca.
CONTRALORÍA INFORMA
Mediante Oficio N° 01101-2015-CG/DC, del 29 de mayo de 2015, el entonces Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, se dirigió a Carrasco Millones para señalarle que se había procedido a elaborar la Carpeta de Control N° 045-2015-CG/EPSEL-3472-EE-CC, que “…contiene la información relacionada con hechos comprendidos en la investigación que vuestro despacho viene desarrollando a través de la Investigación Fiscal N° 2447-2014. Se adjunta la citada carpeta de control en un tomo, a fin de proceder conforme a su competencia funcional…”.
El único hecho evidenciado (hallazgo) informado por la Contraloría General de la República, respecto de lo solicitado por el fiscal fue que durante la ejecución del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, del 15 de agosto de 2013, para la adquisición e instalación de 20 mil medidores, meta del Plan Maestro Optimizado 2013, “se otorgó una segunda ampliación de plazo con Resolución de Gerencia General N° 026-2014-EPSEL S.A./GG, del 17 de febrero del 2014, que no tuvo sustentos justificatorios, lo que habría significado dejar de calcular penalidades por 416 mil 57.58 soles”, señalando que los hechos observados se han producido por la “negligencia” con la que actuaron el Gerente General, la Gerencia Comercial, la Gerente de Administración y Finanzas, el jefe de la Oficina de Asesoría, el subgerente de Facturación y Cobranza, el jefe del Departamento de Micromedición y el Supervisor de Conexiones.
DECLARACIÓN DE VERA CÓNDOR
En su calidad de representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y como firmante del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, Segundo Vera Cóndor se apersonó a brindar su declaración testimonial el 14 de septiembre del 2015, ante el fiscal adjunto provincial Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial penal Corporativa de Chiclayo, en el Caso N° 2447-2014, acompañado de su abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 30004, señalando su derecho de “abstenerse” a prestar declaración, pese a la oposición del abogado defensor del imputado Juan Miguel Valdivia Goycochea, en el sentido que la abstención solo procedía en el caso de imputados, más no de testigos, que era la condición por la que había sido citado a declarar Vera Cóndor.
COLABORADOR EFICAZ N° 17-2015
Ese mismo día brindó su declaración testimonial ante el despacho fiscal a cargo del caso N° 2447-2014 el aspirante a colaborador eficaz con clave CE-17-2015, ampliada el 2 de octubre de 2015 (por error reseñada 2014), en las que narra los detalles de un acto de corrupción (pago de coimas) entre el representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y funcionarios y servidores de EPSEL S.A., pactado en una reunión supuestamente sostenida en el Hotel Costa del Sol de Chiclayo en agosto de 2013, señalando que “…la persona que hizo el requerimiento (de la coima) fue Percy Quesquén Díaz, quien le manifestó al representante de la empresa de Industrias Triveca cómo se va a manejar esto, ya que de todas maneras tenía que haber un apoyo económico por cuanto todos los proveedores dejan algo, ese apoyo era por el tema de la deuda que le mantenían a Industrias Triveca S.A.C. (…) siendo que el representante de Triveca S.A.C. les manifiesta que tenía que pagar a la SUNAT y por eso fuera el 7 %, pero Percy Quesquén ha insistido en el 8 %, habiendo quedado en ese porcentaje…”, siendo así, que en distintas fechas, Industrias Triveca S.A.C., desembolsó la suma ascendente a 376 mil 819.56 soles, dinero que en virtud a la declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave CE-09-2014, del fecha 16 de enero dle 2015, entregó a Percy Quesquén Díaz en el edificio de su propiedad ubicado en el pueblo joven Diego Ferré.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CE-17-2015
Con fecha 27 de octubre del 2016, mediante Resolución N° 3 se aprobó el acuerdo de Beneficios por Colaboración del CE-17-2015, participando como abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, quien según declaraciones de Willy Serrato Puse es “amigo” de Sergio Lucio Zapata Orozco, y fue quien le solicitó intercediera ante Iván Noguera Ramos para la ratificación del fiscal ante el Consejo Nacional de la Magistratura. (Expresión Edición 1095-1096).
Al Colaborador Eficaz N° 17-2015 se le impuso una pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución de cuatro años y el pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil por los delitos de colusión 145 mil), cohecho activo genérico (145 mil) y falsificación de documentos (10 mil soles).
REPARACIÓN CIVIL ES IRRENUNCIABLE
La Ley 30737; Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos, establece en su Décimotercera Disposición Complementaria Final, primer párrafo: “[…] La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”.
Queda claro, entonces, que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, podía solicitar al juzgado la reducción de la pena del CE-17-2015, como así lo hizo estableciéndose en cuatro años de pena privativa de la libertad por tres delitos: colusión, cohecho activo y falsificación de documentos, pero en cuanto al monto de la reparación civil debió, por lo menos, respetarse el Informe de Contraloría General de la República que establecía que el daño patrimonial causado al Estado ascendía a 416 mil 57.58 soles, correspondiente al monto de la penalidad que se dejó de calcular por el incumplimiento de plazos en que habría incurrido Industrias Triveca S.A.C.
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1444), publicada el 11 de julio del 2014, vigente al momento de la emisión de la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, establece en su Artículo 11° los impedimentos para contratar con el Estado, incluyéndose específicamente en su inciso 11.1.n: “En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que: i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente...”.
Queda claro, entonces, que Industrias Triveca S.A.C., desde el reconocimiento de delitos y/o consentida la sentencia por parte de sus representantes legales, estaba impedida de contratar con el Estado. Sin embargo, el fiscal Sergio Zapata Orozco no informó al OSCE para que se procediera a su inhabilitación como proveedor del Estado, permitiendo que esta siga operando a nivel nacional.
Desde el 27 de octubre de 2016, en que se emitió la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, a la fecha, Triveca ha ganado 54 nuevos procesos de selección con el Estado, por un monto de 25 millones 361 mil 350.62 soles, lo que no hubiera ocurrido si se le hubiera informado oportunamente del reconocimiento de delitos de corrupción de funcionarios por parte de sus representantes legales.
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