Yehude Simon Munaro está convencido de que sí postulará al Gobierno Regional de Lambayeque. No tiene antecedentes penales, no le debe una reparación civil al Estado y el indulto que le permitió recobrar su libertad tras ocho años de encierro, acusado de apología al terrorismo, fue dado por error judicial. Es decir; el Estado reconoció que en su caso se había cometido un exceso. Estas razones le dan la seguridad de que la ley que prohíbe la participación política de sentenciados por terrorismo, violación sexual, narcotráfico o corrupción no le alcanza. Si el Jurado Nacional de Elecciones - JNE no llegara a inscribir su candidatura, afirma que iniciará una huelga de hambre junto a sus partidarios.

“Yehude va”, afirma el dos veces presidente regional de Lambayeque, con el ánimo de transmitir un mensaje de confianza a sus seguidores, agrupados ahora en el partido Juntos Por el Perú, una fusión del Partido Humanista Peruano que él fundó y de otras organizaciones de izquierda.

“Que la gente lo sepa: ¡Yehude va! Voy para retornar a la región con alma, no para perseguir a nadie. No es mi estilo y no podemos perder el tiempo, como lo han hecho los otros gobiernos, persiguiendo a los que han pasado. Estamos seguir construyendo, para fortalecer las cosas buenas que se están dejando y si es que hubiera casos de corrupción encargarle la tarea al Ministerio Público”, señala Simon Munaro.

Directo, el también expresidente del Consejo de Ministros asevera que existen retos para Lambayeque por proyectos que no se han culminado o que ni siquiera se han empezado, uno de ellos la construcción de la represa La Calzada, sobre el río La Leche.

En su primer gobierno regional, Simon Munaro consiguió que la cooperación norteamericana financie los estudios de factibilidad para la ejecución del proyecto, los mismos que fueron culminados con una valiosa información técnica y que – lamentablemente – fueron dejados en el olvido, pese a su importancia.

“La Calzada es de tal impacto que con su ejecución podríamos tener un nuevo Olmos, con la diferencia de que este beneficiará a la población ya asentada en el valle La Leche”, indica.

LAS OBRAS

A modo de reflexión sobre sus dos períodos como gobernante regional, Yehude Simon reconoce que le dio poca difusión a las obras o avances que se lograban para beneficio de Lambayeque, siguiendo la consigna de que los proyectos de inversión no los hace la autoridad, sino la ciudadanía a través de sus impuestos.

“Las obras las hace el pueblo, como decía Belaunde, porque la plata no sale de nuestro bolsillo sino de los impuestos que paga la población. Yo recuerdo todos los esfuerzos que hicimos para construir el Hospital Regional, desde la recuperación del terreno hasta los estudios, y no lo inauguramos nosotros. Igual los puentes que hicimos en Cañaris, las escuelas y muchas otras obras. Nunca quisimos promocionarlas, me da vergüenza que me pongan medallas por cumplir con mi obligación”, señala.

Simon Munaro anota que la continuidad del Proyecto de Irrigación Olmos es otro de los retos para el departamento, sobre todo por la no ejecución de las obras de infraestructura menor para el Valle Viejo, que corresponden al Estado Peruano y por las cuales “no se ha concretado gestión alguna”.

“Hay que ejecutar la segunda etapa de Olmos, levantar la presa Limón y aprovechar las aguas de Cajamarca. Olmos todavía no ha terminado. La gente se olvida pronto, muy rápido, que Olmos era un desierto, que se luchó 80 años para que se ejecute el proyecto, y que a pesar de las discrepancias que existen con la visión de nuestros ingenieros hoy es un realidad y es el único proyecto que se tiene. Tinajones ni siquiera terminó su primera etapa, Olmos sí”, menciona el también excongresista por Lambayeque, añadiendo que “existen políticos acostumbrados a tirar estiércol con ventilador creyendo que así pueden alcanzar la gloria”.

LA LEY QUE LO AMPARA

Al aprobarse la ley que impide postular a cargos de elección popular a los sentenciados por terrorismo, violación sexual o delitos de corrupción se encendió la polémica respecto a los indultados por la Comisión Lanssier, la gran mayoría inocentes que habían sido encarcelados por el gobierno de Alberto Fujimori acusados de pertenecer a las organizaciones subversivas. Entre ellos se encuentra Yehude Simon, a quien en 1993 se le sentenció por apología al terrorismo.

En consecuencia, de acuerdo a la norma aprobada en enero de este año, el líder de Juntos por el Perú quedaría imposibilitado de participar de la contienda electoral de este año, lo que ha despertado una serie de posiciones a favor y en contra.

“Los congresistas Javier Velásquez y Héctor Becerril dicen que yo estoy aprovechando la controversia para hacerme promoción y se equivocan. Ambos hicieron los esfuerzos para obviar una ley que reconoce el error judicial. El indulto que se me concedió no fue humanitario, político, de pena o por enfermedad terminal, sino un indulto razonados; es decir, que reconoce el error judicial”, explica.

Simon Munaro recuerda que en 1994 el propio Alberto Fujimori reconoció que hubo errores en su política antisubversiva, entre ellos el juzgamiento de inocentes.

“Carlos Torres y Torres Lara, el excongresista fujimorista, fue quien presentó el proyecto para que se promulgue una ley por única vez para que se aplique el indulto razonado. Salieron 550 personas, a mí me sacaron al último y con ello desaparecieron todos los antecedentes. A mí no me dijeron que tenía que pagarle una deuda (reparación) al Estado, el Tribunal Constitucional falló diciendo que era una ley para inocentes y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a que los Estados paguen una reparación a todos los que han sufrido carcelería injusta. La ley que han dado es justa para los violadores, los narcotraficantes, los corruptos y los verdaderos terroristas, pero no para los inocentes. Esa es una ley con nombre propio”, afirma.

Refiere que ha solicitado un informe a la Defensoría del Pueblo para conocer si la ley lo afecta o no en sus derechos ciudadanos y que en función de ello iniciará las acciones ante el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

“Si nos inscribimos y pretenden sacarnos iniciamos una huelga de hambre. Vamos a pelear por el justo derecho que nos corresponde. No tengo nada pendiente con el Estado y es por eso que digo: ¡Yehude va! Yo me voy a inscribir y seguramente habrá alguien que intente tachar mi candidatura, pero el poder electoral es autónomo y se pronunciará en función de lo legalmente válido. He sido presidente del Consejo de Ministros y es gracioso que Velásquez Quesquén respalde una ley que no diferencia entre culpables e inocentes, porque si él considera que yo fui culpable entonces fue copartícipe de poner a alguien con antecedentes como primer ministro”, manifiesta.

CANDIDATOS

Yehude Simon confirma que la exregidora provincial Janet Cubas Carranza será la candidata de Juntos por el Perú a la alcaldía de Chiclayo, acuerdo al que se llegado tras una serie de conversaciones.

“Es una mujer valiente, defensora de los derechos de todos, y ella será nuestra candidata. Juntos por el Perú agrupa a los colectivos, a gente que quizá no tiene nada que ver con la izquierda pero que quiere aportar a su región, a su pueblo”, destaca.

Anota que Juntos por el Perú llevará como candidatos a dirigentes sindicales, de organizaciones populares, profesionales y ciudadanos con activa participación en organizaciones de diferente tipo.

“Cuando uno participa en un proceso electoral sabe lo que eso significa. No me asusta el costo de las campañas, yo camino, quizá ya no tan rápido como antes, pero llego. Aquí no repartimos millones como en otros partidos, andamos a pie, comemos en menú y estoy convencido de que muchas personas querrán colaborar con nosotros. Sobre nosotros no existe ninguna denuncia de corrupción, mis rivales dicen lo contrario, porque es la única forma que tienen para hacerse conocidos”, precisa.

Finalmente, Simon Munaro refiere que entre sus planteamientos están buscar la ejecución de La Calzada, darle a Lambayeque un teatro regional y un centro de convenciones, ayudar en la recuperación de Chiclayo trabajando con el municipio provincial, avanzar en la segunda etapa de Olmos y hacer realidad el Terminal Portuario de Eten.

“La gestión no se hace tocando las puertas de vez en cuando, se hace como la pulga: picando y picando todos los días. Nosotros sí vamos a hacer Puerto Eten y vamos atender a José Leonardo Ortiz y a Ferreñafe, que son los lugares más olvidados”, menciona.  

La intención del médico de cabecera y excongresista Alejandro Aguinaga Recuenco de participar en las elecciones regionales de octubre próximo, postulando a la gobernación de Lambayeque, han alcanzado eco en el parlamentario Marvin Palma Mendoza, ahora alejado de Fuerza Popular. La cercanía entre ambos no es nueva. Aguinaga promovió la postulación de Palma en las elecciones del 2016 y lo apoyó para que el joven político alcance una curul, incluso con mayor votación que el número 1 del partido naranja, Héctor Becerril Rodríguez.

En diálogo con nuestro medio, Palma Mendoza comparte sus puntos de vista sobre el momento político y también sobre lo que sucede al interior de Fuerza Popular, partido que hasta hace poco decía admirar.

Existen versiones que señalan que Kenji Fujimori, quien hace poco renunció a Fuerza Popular, tiene en mente la creación de un nuevo partido político. ¿Está usted interesado de participar en esta nueva organización?

En realidad son cosas que se dicen, todavía nosotros no hemos tomado una decisión, no hay una decisión de formar un partido político todavía. En su momento, si es que se decide, el mismo Kenji Fujimori lo dirá.

Usted fue apoyado por el excongresista Alejandro Aguinaga en las elecciones del 2016, quien forma parte del grupo de Kenji Fujimori y es muy cercano al expresidente. ¿Apoyaría la candidatura de Aguinaga al Gobierno Regional de Lambayeque?

Tengo entendido que el doctor Aguinaga tiene las intenciones de poder postular a la región, pero lamentablemente no tiene un partido político, porque en Fuerza Popular el candidato es el señor Antonio Becerril.

Más allá de que pueda postular, no lo sé. Si él se anima a hacerlo, lo evaluaría.

Como lambayecano me corresponde evaluar los planes de gobierno y también la hoja de vida del candidato.

¿Por quién tiene más afinidad, por Antonio Becerril o por Alejandro Aguinaga?

Para la región, tengo más simpatía por Alejandro Aguinaga.

¿Y existe la posibilidad de que Perú Patria Segura, que lidera Renzo Reggiardo y que formó con exintegrantes de Cambio 90, el partido originario de Alberto Fujimori, pueda concretar la candidatura de Alejandro Aguinaga?

Perú Patria Segura, como otros partidos, tiene las mejores intenciones de poder ser liderado por Kenji Fujimori, pero él no ha tomado una decisión aún.

¿Pero lo está evaluando?

No, en realidad esto aún no está en nuestros planes. Nosotros nos reunimos y en lo que estamos concentrados es en ayudar al proceso de reconstrucción del país. Por eso yo he estado en José Leonardo Ortiz, en Túcume, en Pimentel y en Santa Rosa.

Nosotros estamos impulsado la reconstrucción. En Tumbes está trabajando Bienvenido Ramírez, en Piura Maritza García, aquí en Lambayeque yo y en La Libertad Luis Yika García.

¿Qué opinión le merece la denominada Ley Mulder sobre la propaganda estatal?

Es observable, porque, por ejemplo, si el municipio de Túcume quiere difundir el inicio de un programa de vacunación, ¿cómo va a informar a la población? Obviamente que tiene que contratar a los medios locales, pero la Ley Mulder dice que todas las entidades estatales solo pueden hacer propaganda a través de sus propios medios, ¿cómo haría entonces un alcalde distrital?

Pienso que sí se debe ejercer un control de los recursos económicos, porque son cantidades abismales, pero de ahí a prohibir la propaganda contratada creo que no.

¿Y sobre el cambio del reglamento del Congreso de la República para interpretar la denominada crisis total del gabinete ministerial ante un pedido de confianza?

Como joven demócrata creo y defiendo el control político entre los poderes del Estado, pero no comparto lo que se acaba de aprobar en el Congreso.

Un reglamento no puede condicionar a un poder del Estado. Si se quería regular el control político se debió hacer mediante una reforma constitucional y esta se aprueba en dos legislaturas y con mayoría calificada; es decir, 87 votos.

Alejado de la bancada de Fuerza Popular, ¿cuál es su opinión sobre el rol que esta viene desempeñando?

Pienso que hay cosas que se debe tomar con pinzas y se debe de evaluar bien lo que se aprueba. Yo estoy en contra de lo que se acaba de modificar en el reglamento del Congreso.

Todo lo que se aprueba, las leyes o los cambios de los reglamentos, tiene que tener un mejor criterio. Respecto a lo recientemente sucedido, las bancadas se están reuniendo para plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

¿Los congresistas renunciantes a la bancada de Fuerza Popular son ahora los nuevos aliados del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Somos vigilantes de las cosas se hagan bien y en ese sentido es que hacemos observaciones a lo que está haciendo la mayoría.

Hace unos meses usted señaló a Expresión que sentía admiración por Fuerza Popular. ¿Se ratifica?

Yo puedo seguir afirmando que Keiko Fujimori es una lideresa, ella creó el partido Fuerza Popular y hasta el día de hoy sigue teniendo la bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Para lograrlo se necesita de liderazgo y de la aceptación del pueblo.

Lamentablemente el señor Jorge Barata con sus declaraciones ha puesto en preocupación no solo a uno sino a varios partidos políticos. Él ha declarado en portugués y todo lo que se comenta hasta ahora son trascendidos.

Deberíamos esperar la traducción oficial para ver qué es lo que realmente ha dicho.

No ha respondido a la pregunta, ¿sigue admirando a Fuerza Popular?

Respecto al partido político, que ahora es cuestionado por recibir aportes de Odebrecht, ya no tengo admiración. Si se llega a la conclusión de que recibió dinero de la empresa perdería legitimidad y respaldo de la población.

Dice que habría que esperar a conocer las declaraciones de Jorge Barata en su totalidad. ¿No le dice nada el allanamiento de la fiscalía a las casas de Jaime Yoshiyama y Jaime Bedoya? ¿No cree que sí hay indicios para dar validez a los transcendidos, como usted le llama?

Claro, es un proceso. Los fiscales han hecho el allanamiento y esto se encuentra en investigación. Ellos ya deben tener la traducción oficial de las declaraciones y ahora hay que esperar los resultados.

¿La congresista Rosa Bartra garantiza imparcialidad como presidenta de la Comisión Lava Jato?

No. Las bancadas deberían reunirse y reorganizar esa comisión. Si se ve desde un punto de vista político puede decirse que no hay imparcialidad.

¿Qué postura van a adoptar los congresistas no agrupados frente al nuevo pedido de vacancia contra el presidente de la República?

Por nosotros no ha pasado el pedido de vacancia puesto que no somos bancada parlamentaria. La moción solo ha sido revisada por las bancadas.

Respecto al voto, los 10 congresistas que en el primer pedido de vacancia nos abstuvimos, aún no nos hemos reunido. Es un tema muy importante, hay que evaluar los fundamentos que ahora se tienen y tomar una decisión.

¿Cree que el presidente Kuczynski ha perdido más legitimidad que la que tenía en diciembre del año pasado cuando se le sometió al primer proceso de vacancia?

El presidente, ante este nuevo pedido de vacancia, debe argumentar su defensa ante el pleno y en función de ello sacaremos una conclusión.

Es muy cuestionable lo que se ha conocido respecto a la vinculación de su consultora con Odebrecht, pero hay que evaluar una posición.

¿Qué opina del silencio que mantiene sobre el particular el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra?

El silencio es porque está fuera del país. Si estuviera aquí ya habría emitido opinión. Sin embargo, pienso que está bien, porque el cuestionamiento no es contra él sino contra el presidente de la República. 

Que el Poder Judicial incumpla sus propias resoluciones es quizá una de las más grandes paradojas del país y aunque parezca mentira es lo que sucede en la Corte Superior de Lambayeque. Más de una decena de trabajadores tiene sentencias de reposición o medidas cautelares, pero la gestión del actual presidente, Aldo Zapata López, se niega a reincorporarlos. En el siguiente informe comentamos algunos de los casos.

CASO HEREDIA CIEZA

Rustmery Heredia Cieza ingresó a laboral a la Corte de Lambayeque el 1 de marzo del 2012 y se mantuvo, desempeñando diferentes funciones, hasta el 28 de febrero del 2014, siendo su último puesto el de auxiliar jurisdiccional percibiendo una remuneración de dos mil 212 soles mensuales.

Ante ello, Rustmery Heredia demandó a la Corte con la pretensión de ser repuesta como trabajadora de plazo indeterminado, más el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, así como costas y costos del proceso. Postuló la nulidad de despido y la desnaturalización de los contratos modales celebrados.

Dentro del proceso de demanda, el 11 de junio del 2014, el Tercer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo, a cargo del juez Manuel Mendoza Zavaleta, admitió una medida cautelar de reposición provisional con la cual Cieza Heredia retornó a su centro de laborales. El 18 de septiembre del año pasado, el Octavo Juzgado Laboral de Chiclayo (a cargo de la causa) declaró improcedente la demanda de la trabajadora, por lo que la cautelar que amparaba la continuidad de la prestación de sus servicios quedó sin efecto. Un mes después, la trabajadora apeló.

Rustmery Heredia fue notificada por WhatsApp de la caída de la cautelar que la mantenía como trabajadora de la Corte, laborando únicamente hasta el 4 de octubre pasado.

APELACIÓN

Con la apelación, el caso llegó hasta la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, la que advirtió que el último contrato de trabajo entre Heredia Cieza y la Corte de Lambayeque tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre del 2013, por lo que al laborar entre enero y febrero del 2014 se produjo la desnaturalización de los contratos modales suscritos. Para el colegiado “hubo simulación en la contratación para ocultar una verdadera relación laboral de duración indeterminada”.

Además, porque la labor de auxiliar judicial, que fue la que desempeñaba Heredia Cieza, tiene naturaleza de labor permanente conforme al Manual de Organización y funciones de la Corte.

La sala consideró que se trató de un despido incausado, “lesivo del derecho al trabajo”, lo que da lugar a la reposición de la demandante.

Con esos criterios, el 4 de diciembre del año pasado, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque, con Resolución N° 15 del Expediente 01032-2014-0-1706-JR-LA-03, revocó la decisión del Tercer Juzgado Laboral que declaró improcedente la demanda y, reformándola, reconoció la existencia de una relación laboral indeterminada, por lo que ordenó a la Corte reponer a Rustmery Heredia Cieza en el puesto de auxiliar judicial o en uno similar, condenando a la entidad al pago de costos a favor de la trabajadora por la suma de tres mil soles, más el 5 % de dicho monto para el Colegio de Abogados de Lambayeque.

Refutando los argumentos de la Segunda Sala Laboral, el procurador público del Poder Judicial ha interpuesto el recurso de casación.

CASO GAYOSO VARGAS

La historia de Kelly Gayoso Vargas es la siguiente: Ingresó a trabajar a la Corte de Lambayeque el 1 de enero del 2012, suscribiendo un contrato de naturaleza especial (por suplencia), modalidad que se prolongó hasta el año pasado con la firma de contratos a plazo fijo y adendas, señalándose en todos estos que la contratación se daba en suplencia de la trabajadora Gloria Prado Cabrejos.

Gayoso Zevallos se desempeñó primero como auxiliar judicial y luego como asistente de comunicaciones (notificadora).

El año pasado, la trabajadora demandó a la Corte de Lambayeque la desnaturalización de contrato, caso que recayó en el Primer Juzgado Laboral de Chiclayo, a cargo del juez José Alfaro Sotomayor.

En su demanda argumentó que los contratos de suplencia habían superado el límite máximo de cinco años previstos para la contratación modal y que la Corte había incurrido en la causal de simulación o fraude a las normas establecidas, por lo cual contaba ya con un contrato a plazo indeterminado.

Valorando las exposición de motivos presentada por la trabajadora, el juez Alfaro Sotomayor admitió la medida cautelar de no innovar solicitada por Gayoso Vargas, disponiendo que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque mantenga la prestación de servicios por parte de la trabajadora, “debiendo abstenerse de variar o modificar dicha relación laboral hasta las resultas del proceso principal (la demanda de desnaturalización de contrato)”.

La decisión, contenida en la Resolución N° 1, del 13 de diciembre del 2017, consideró además que si la Corte incumplía sería sancionada con la imposición de una multa ascendente a cinco unidades de referencia procesal.

La Corte Superior de Justicia y el procurador público del Poder Judicial fueron notificados de la decisión el 21 de diciembre del año pasado. Sin embargo, siete días después, el 28 de diciembre, la trabajadora fue informada de la culminación de su contrato, yendo en contra de la medida cautelar. Desde entonces fue separada del cargo.

CASO CASAS RODRÍGUEZ

El 1 de enero del 2010 ingresó a laboral a la Corte de Lambayeque el servidor Joel Casas Rodríguez para desempeñar el cargo de auxiliar administrativo III, estableciéndose una relación laboral por tiempo indefinido al ser contratado bajo el régimen laboral de la actividad privada al amparo del Decreto Legislativo N° 728.

Sin embargo, Casas Rodríguez tuvo que recurrir al propio Poder Judicial para demandar la desnaturalización de los contratos desde el 2 de enero del 2015. Y es que resulta que el Poder Judicial le reconoció a varios trabajadores la condición de indeterminados por condiciones similares a las de Casas Rodríguez, pero cuando emitió un listado de quiénes calificaban para sostener una labor ininterrumpida con la entidad no se le incluyó.

Algunos trabajadores fueron beneficiados con tal decisión teniendo tres años de servicios. En el caso de Joel Casas, el Poder Judicial le había reconocido siete años de labor ininterrumpida. La lista fue elaborada atendiendo lo señalado por la Resolución Administrativa de la Presidencia del Poder Judicial N° 317-2017-P-PJ.

El 28 de diciembre del 2017, el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo, admitió una medida cautelar de no innovar a favor de Casas Rodríguez, ordenando a la Corte que mantenga la prestación de servicios por parte del trabajador, debiendo abstenerse de variar o modificar dicha relación laboral hasta que se resuelva el proceso principal. La Corte fue oficiada al día siguiente de la decisión, pero no acató el ordenamiento y lo despidió el 31 de diciembre.

Tras la revisión de la demanda, el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo, a cargo de la juez Yessica Pupuche Senador, resolvió declararla fundada, reconociendo que el contrato que Casas Rodríguez suscribió con la Corte de Lambayeque es de duración indeterminada. La sentencia se emitió el 19 de enero de este año.

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• Otros trabajadores que se encuentran en situación similar son Martha Vílchez, Omar Pantoja, Manuel Vásquez, Waldir Zevallos. 

El jefe de la Fiscalía Suprema de Control Interno, Víctor Rodríguez Monteza, concedió una entrevista exclusiva a Expresión a propósito de su reciente visita a la sede del Ministerio Público en Lambayeque, a la que llegó acompañado de un equipo de fiscalización para conocer cómo se desarrolla el trabajo institucional.

En septiembre del 2016 Rodríguez Monteza asumió la titularidad de la Fiscalía Suprema de Control Interno, desde la cual vela por el correcto desempeño funcional de los fiscales y por el respeto a los principios que estos deben garantizar en sus investigaciones.

A la fecha, ha propuesto una serie de modificatorias a los dispositivos que norman el control fiscal a fin de hacerlo más eficiente y que la ciudadanía perciba que el control entre los integrantes del Ministerio Público es verdaderamente una garantía para la correcta administración de justicia.

En buena parte de la ciudadanía existen dudas sobre el trabajo del Control Interno por cuanto en el Ministerio Público son los fiscales quienes investigan y sancionan a otros fiscales. ¿Qué cambios se han dado desde que asumió esta fiscalía suprema para generar mayor confianza sobre el trabajo que cumplen?

La Fiscalía Suprema de Control actúa en el aspecto correctivo, preventivo y en última instancia como órgano sancionador. Dentro de estas tres funciones hemos logrado, en primer lugar, acercarnos a todas las instancias fiscales generando confianza y, a la vez, acercarnos a la población para generar lo mismo. La confianza es el objetivo primordial, sin ella nada de lo que se quiere hacer para mejorar la institución se puede lograr.

La puesta en vigencia de nuevos dispositivos como la Ley Contra el Crimen Organizado o el Decreto Legislativo 1307 demanda de los fiscales una actuación mucho más diligente e imparcial, aspectos que a veces no son garantizados. ¿Las quejas contra los fiscales se han incrementado considerando que ahora se exige un trabajo mucho más minucioso de parte de estos?

A nivel de control se han detectado cuatro razones que pueden estar motivando en actuaciones incorrectas en la labor de los magistrados. La Fiscalía Suprema de Control y las oficinas que nos representan en los distritos fiscales tenemos dos funciones: la parte de la infracción administrativa contra fiscales y la parte penal por la comisión de delitos de función en fiscales y magistrados del Poder Judicial.

¿Cuáles son esas razones?

Una de ellas es la incapacidad. Es decir, hay magistrados que no tienen las competencias para asumir determinadas funciones. Eso no significa que sean malos profesionales, pero hay funciones que por su especificidad y su naturaleza demandan algunas competencias. Este es el factor de menor trascendencia, porque se corrige con preparación. Es algo superable.

El segundo factor es el desinterés y la desidia. Hay magistrados que no les importa si hacen o no hacen. Esta falencia también es corregible a través de medidas correctivas, con sanción o labor preventiva particular. La desidia a veces obedece a una cuestión cultural. Los magistrados se toman el tiempo que creen necesario sin ver que los casos tienen que ser atendidos oportunamente o aplican la famosa frase de: “Siempre se ha hecho así”.

La tercera falencia es la tendencia mediática. Muchos magistrados trascienden el límite o la línea de la prohibición de informar sobre hechos que están en investigación, lo que se conoce como la reserva.

¿Hay fiscales que vulneran la reserva de sus propias investigaciones?

Sí, hay fiscales que lo hacen y lo curioso es que no los quejan porque muchas veces estos excesos son promovidos por la propia prensa. A la prensa le interesa que el fiscal hable porque eso genera titulares, pero las partes tampoco quejan y eso se toma como una situación que vulnera las investigaciones.

¿Lo sucedido con el allanamiento a la vivienda de Jaime Yoshiyama en el marco de investigaciones a Fuerza Popular, es un ejemplo de ello? En este caso la propia fiscalía repartió los videos a los medios de comunicación.

Hemos pedido que se investigue eso. Me imagino que ya están pidiendo los informes.

En Lambayeque hay quejas contra algunos magistrados que filtraron audios de interceptaciones telefónicas a los medios de comunicación, concretamente en el caso “Limpios de la corrupción”.

Ya lo vamos a ver, seguro que sí.

¿Cuál es la cuarta causa?

Esa es la más grave, ya son los intereses que traspasan lo incompetente, lo irresponsable o lo vanidoso. Cuando ya hay otro tipo de intereses que por lo general se convierten en delitos de corrupción. Hemos separado a cuatro fiscales en Tumbes y en otras varias zonas.

Hay un quinto factor y este lo hemos advertido a raíz de una literatura procedente de Buenos Aires. Este es el encubrimiento, el afán de querer dilatar innecesariamente las cosas o taparlas.

Frente a estos factores tenemos que actuar de manera objetiva, no por lo que pensamos o creemos, sino en función de una prueba que acredite la comisión de una infracción o de un delito.

¿Los órganos de control del Ministerio Público deben tener a un representante de la sociedad civil como sucede en las cortes de justicia?

Sí, eso está en la ley.

¿Y existen?

No, pero está en la ley. No ha habido un proceso que conlleve a que esto se concrete y tiene que ver con el aspecto presupuestario.

¿Eso quiere decir que el Ministerio Público, que es el defensor de la legalidad es quien a su vez la incumple?

Desde esa perspectiva podría decirse que sí, pero es que no se han hecho las gestiones para hacerlo.

¿Y quién tiene que hacerlas, el Fiscal de la Nación o usted como Fiscal Supremo de Control Interno?

Yo tengo que promoverlo. Todos los fiscales que estamos en control tenemos que promoverlo. Los colegios de abogados y las universidades ya han presentado sus reclamos.

El primer escollo que se dio, cuando se quiso implementar, es que los representantes querían percibir igual que un magistrado titular; es decir, el sueldo y el gasto operativo, pero ellos no ejercen función fiscal.

En el Poder Judicial se acordó que solo sea el sueldo. La función de la sociedad civil es la de un veedor, supervisa los procesos disciplinarios. En el caso de nosotros no interviene en las investigaciones penales, solo en las de procedimiento disciplinario y emite opinión al final. No vota.

Ya se presentó el pedido de su implementación, se ha enviado para su presupuesto pero se ha observado. Estamos a la espera de que se subsane y se tome la iniciativa de implementarlo.

La participación de la sociedad civil es necesaria para combatir dos serios problemas que tiene el control interno: la percepción de que existe del espíritu de cuerpo entre los fiscales y evitar que las investigaciones prescriban. Para Expresión resulta lamentable haber recibido una resolución firmada por usted en la que precisa que la actual presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque dilató una investigación cuando era jefa de control interno. Si hubiera un representante de la sociedad civil este podría alertar sobre casos como este.

El interés es de la sociedad civil. Vivimos en una etapa de democratización y participación de la sociedad en todos los estamentos. Para muchos esto quizá no sería útil porque sería una intromisión de alguien que no es parte de la institución para ver si el comportamiento del fiscal es bueno o malo. Si es útil o no eso no importa, aquí lo que importa es que está en la ley y tenemos que cumplirla.

¿Usted lo considera necesario?

Para mí es necesaria la participación de la sociedad dentro o fuera. La sociedad civil debe participar en la función de fiscalización y control.

Entonces, ¿cómo hacerle entender a los fiscales que la sociedad, sin ser parte de un proceso particular, puede ayudar a la fiscalización? El fiscal Juan Carrasco Millones, que es al que quejó la directora de Expresión, señala que nos inmiscuimos en un proceso en el que no somos parte y se atreve a insinuar que existen intereses subalternos en un rol que como sociedad civil nos asiste.

A nosotros nos interesa que la sociedad nos ayude al control. Existen dos formas de actuación para el control interno, una es de parte, cuando quien queja es el interesado parte de un proceso, y la otra es de oficio, donde no importa de dónde venga la denuncia si se trata de una afectación pública.

¿Qué reflexión le deja que una queja no se haya resuelto porque al no dársele el trámite correspondiente termina prescribiendo?

Lo que se debe saber es que la nueva ley nos acorta los plazos. Hasta octubre del 2016, nosotros por ley y nuestro reglamento teníamos cuatro años para que las causas no prescriban, entonces el procedimiento tendía a hacerse con plazos largos. Pero entró en vigencia la Ley de la Carrera Fiscal y esta dice que ya no son cuatro, sino dos años.

Por mandato de la Constitución, cuando en un procedimiento penal y disciplinario una norma es más beneficiosa que la anterior se aplica de manera anterior.

¿Cuántos casos de control han prescrito?

Muchos casos.

¿Cuántos casos maneja control interno a nivel nacional?

Un promedio de tres mil casos al año.

Aproximadamente, ¿cuántos han prescrito?

Entre el 10 y el 15 %. Cuando se dio la nueva ley nos tomó en una situación de confianza. Control está pasando por un proceso de reforma para ser más eficiente y eficaz en toda su estructura y también nos hemos sincerado en nuestras necesidades.

Estamos ahorita repotenciando y reformando Control Interno del Ministerio Público. Cuando entramos encontramos casos del 2011.

Hemos presentado una propuesta de reglamento para regular la prescripción, debido a que existen algunos vacíos a diferencia de lo que rige al Órgano de Control de la Magistratura – OCMA, donde se señala que una vez apelada la causa, en segunda instancia, la prescripción ya no corre. La fiscalía no tiene esa norma, hemos sacado recién un acuerdo para regular eso y estamos elaborando una propuesta legislativa para que se promulgue la ley.

¿Cuántos fiscales tiene dedicados al Control Interno a nivel nacional?

Aproximadamente 128. Esto es insuficiente porque con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal se incrementó el número de fiscalías, pero no el de fiscales dedicados al control.

¿En el Ministerio Público aplica aquello de “otorongo no come otorongo”?

No, que yo sepa no. Sin el ánimo de ufanarnos si se constatan los pedidos de destitución que presentamos nosotros en comparación a los de la OCMA, el 90 % son aceptados.